La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2011, Recurso 3539/2007, plantea el interrogante señalado en el título del presente trabajo. La cuestión radica en que habiéndose pignorado el crédito resultante de la devolución del IVA en garantía de una operación bancaria de crédito concertada por una sociedad mercantil, titular del derecho a la devolución, a pesar de haberse notificado fehacientemente la existencia de la prenda a la A.E.A.T., se acuerda por la Administración, a instancia de la sociedad mercantil pignorante, la compensación del crédito correspondiente a la devolución del IVA con las deudas tributarias concurrentes de dicha sociedad.

               Para llegar a esta conclusión se basa la Sentencia en el principio de indisponibilidad contenido en la anterior Ley General Tributaria, cuyo artículo 17.4 disponía que “la posición del sujeto pasivo y de los demás elementos  de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no surtirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídicas privadas”, añadiendo el artículo 18 que el crédito tributario es indisponible salvo que se establezca otra cosa. La  Resolución del TEAC de 26 de junio de 1997 siguió un criterio semejante.

               Existe un importante voto particular de dos Magistrados que discrepan de la anterior doctrina, pues si bien el actual artículo 36 de la Ley Tributaria recoge el principio de la indisponibilidad de las situaciones jurídicas subjetivas, no resulta aplicable a este caso, ya que no hace ninguna alusión a la imposibilidad de los particulares de disponer mediante pacto o contrato, no de sus obligaciones tributarias, sino de los eventuales derechos de crédito que puedan tener frente a la Administración Tributaria.

               Por su interés transcribimos los puntos esenciales de dichos votos particulares:
               “Solo pueden calificarse como créditos tributarios lo que derivan de una obligación tributaria, aquéllos de los que es acreedora la Hacienda Pública. La otra cara de las obligaciones de contenido económico de la Administración Tributaria --los créditos en los que el acreedor es el particular frente a la Hacienda Pública-- no puede calificarse como crédito tributario.
Sentadas las precisiones conceptuales que anteceden, el artículo 36 LGT no impide al particular disponer de sus créditos frente a la Administración tributaria y que ésta satisfaga sus obligaciones de contenido económico a un tercero en virtud de un pacto de éste con el particular acreedor originario, siempre, claro es, que la Administración tributaria conozca dicho pacto.”

               “Así lo entendió la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo en sentencia de 12 de diciembre de 2002 (casación 967/1997) al condenar a la AEAT a efectuar una devolución tributaria a un tercero al que el acreedor originario había cedido su crédito en garantía de una operación entre ambos, entendiendo la Sala de lo Civil que el deudor --la Administración Tributaria en este caso-- una vez había tenido conocimiento de la cesión de crédito entre particulares (la constitución de una prenda de un crédito es una verdadera cesión de crédito), solamente quedaba liberada mediante el pago al acreedor cesionario.