UNA PROPUESTA PARA AFRONTAR LA CRISIS: EL EMPLEO 

Medidas: Las medidas 22 y 23 acordadas en el Consejo de Ministros del pasado 14 de agosto han sembrado de profunda preocupación al conjunto de personas que trabajan al servicio de las oficinas notariales y registrales y sus familias, pues adelantan un futuro incierto tanto desde el punto de vista de las funciones que desarrollan como económico.

Crisis en las Oficinas: Se recibe su anuncio cuando más está azotando la crisis en la labor cotidiana de notarías y registros, con una drástica reducción en la actividad y en los ingresos, lo que hace peligrar muchos puestos de trabajo.

Modelo cuestionado: Pero todavía la preocupación es mayor al interpretarse que se está cuestionando el modelo de seguridad jurídica preventiva. Ponerlo en la actualidad en solfa, puede resultar muy peligroso, pues, si algo nos está enseñando esta crisis, es la importancia de los controladores. La labor de notarios y registradores, cada uno desde su función -que se equilibran y complementan-, es vital para extender la confianza en el mercado inmobiliario y para apoyar con esa confianza a nuestras entidades financieras, cuyos créditos hipotecarios gozan de muy superiores garantías a las que otros sistemas conceden. Y por un coste sensiblemente inferior.

Objetivo número 1: el empleo. Por otro lado, el objetivo número uno del Gobierno en la presente situación es la salvaguardia del empleo, -como en diversos discursos recientes ha puesto de relieve José Luis Rodríguez Zapatero-, al constatar el crecimiento exponencial de las colas con nuevos parados en las Oficinas del INEM con sus graves consecuencias de todo tipo (dramas humanos, crecimiento de la tensión social o  aumento del gasto).

Propuesta: Ante esta coyuntura, considero que es razonable plantear que se pudieran reconducir las dos medidas anunciadas –y que sólo pueden acarrear más paro e incertidumbre en momentos que precisan de lo contrario- hacia un PACTO SOCIAL del Gobierno con los responsables de ambas corporaciones para sustituir el desarrollo de estas medidas por un COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DURANTE LA CRISIS.

Antecedente: Este Pacto propuesto tiene un antecedente en el compromiso asumido por los dirigentes de ambas corporaciones ante el Gobierno de que resulte gratuita para el ciudadano la ampliación del plazo de la hipoteca recaída sobre su vivienda habitual. Se está cumpliendo razonablemente y no ha habido ningún decreto en el Boletín Oficial del Estado que lo imponga.

Beneficios: Estimo que los beneficios de este pacto serían indudables:

            1º.- El primero y fundamental, derivado del mantenimiento de los puestos de trabajo, supondría favorecer un clima de paz social en el sector en tan difíciles momentos.

            2º.- El Estado no perdería más capacidad recaudatoria (recordemos que aproximadamente la mitad de los ingresos de una notaria o de un registro acaban en las arcas del Estado fundamentalmente por tres vías: IVA, IRPF y cotizaciones sociales).

            3º.- El Estado no incrementaría sus gastos pues tendría que pagar menos salarios de desempleo.

            4º.- Cambios en el actual equilibrio de funciones podría perjudicar en estos momentos todavía más al maltrecho sector inmobiliario y a las entidades financieras.

            5º.- El consumidor se podría ver gravemente afectado si la seguridad que actualmente dan notarios y registradores se viera sustituida, aunque sólo fuese parcialmente, por los seguros de títulos de origen anglosajón, claramente mucho más ineficientes y caros.

Votantes. Las medidas a adoptar han de tener en cuenta una lectura política, pues los afectados y nuestras familias (alrededor de 100.000 personas) también somos ciudadanos con derecho a voto, y evidentemente, su sentido tendrá mucho que vez con nuestra percepción de si en la preparación de las reformas que tanto nos afectan, hay o no déficit democrático (si se hacen con, sin o contra el sector), si se nos maltrata o si se nos da un trato justo.

Ambos colectivos: Para que esta propuesta sea viable, conviene en muy buena medida que sea abordada por los miembros de ambas corporaciones y que se distribuya de una manera equitativa la carga que pueda suponer el mantenimiento de excedentes laborales. Cómo plasmarlo, sería un problema interno y ciertamente complejo de cada colectivo, pero cara al Estado, los puestos de trabajo en el sector deberían de ser mantenidos.

            La Orotava, a 18 de septiembre de 2008.

            José Félix Merino Escartín, Registrador de la Propiedad.

desde el 18 de septiembre de 2008.