EL SECTOR PÚBLICO Y LA CRISIS
 

Daniel Iborra Fort, Notario de Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Creo excesiva la atención que, en determinados círculos políticos y mediáticos, se da al tema del reparto de los impuestos dentro del sector público, como si de ello dependiera, únicamente, la solución a los problemas y a las carencias sociales de la población.

Por culpa de esta obsesión, se puede estar descuidando el mantenimiento de las fuentes donde se generan la renta y el empleo de los ciudadanos y la atención a otro factor fundamental, la disciplina del gasto público.

Una mala gestión de los recursos públicos es la garantía de que la ciudadanía no encontrará nunca satisfacción a sus necesidades. Si no se administran rigurosamente y con austeridad, con un plan de prioridades basado en el interés común y con una especial dedicación a la economía, base del bienestar general, los ingresos se perderán por resquicios, cada vez más numerosos, sin que nunca lleguen a su destino final.

Los impuestos son un recargo, un tanto por cien de la producción. Y, esta, se genera conjuntamente, por la clase empresarial y la dirección eficiente de la clase política.

Si al empresario, los dirigentes políticos le mejoran la rentabilidad y el marco legal de sus actividades económicas, están asentando los fundamentos de una expansión económica.

El gestor político, pues, puede ampliar la renta de sus ciudadanos y, con ello, los ingresos públicos, potenciando la actividad productiva.

No se puede tener un país competitivo sin una gerencia competente atenta a adaptar la política económica a los cambios cíclicos, con una visión a largo plazo, única manera de acometer reformar estructurales que precisan un amplio período, más largo que el de 4 años, para su maduración y pensando en el bienestar de toda la población, sin discriminación y en las generaciones futuras.

Y esto es lo que ha sucedido, por ejemplo en uno de los países  que últimamente ha tenido un mayor crecimiento, la INDIA, A principios de los 90 apostó por una educación técnica de calidad, utilizando como idioma general el inglés, racionalizó y simplificó el marco legal y fiscal empresarial y redujo la protección arancelaria para mejorar la competitividad.

Y, al contrario, si al colectivo empresarial no se le dota de financiación suficiente, de infraestructuras eficaces, no se mejora la calidad de la educación técnica para proporcionar a la economía trabajadores cualificados, si no se da solución al abastecimiento de recursos energéticos en cantidad y precio, si el suelo industrial tiene un coste desproporcionado con otras zonas geográficas, si el desarrollo de las actividades económicas encuentra más problemas que soluciones en el sector público, si la presión fiscal y los problemas técnicos se acentúan en lugar de reducirse…y si las demandas y ayudas del sector productivo son habitualmente desatendidas, se estará creando un futuro desesperanzador.

La falta de generación de nuevas empresas y la deslocalización de las anteriores, buscando zonas más favorables, desequilibrarán los presupuestos públicos por la falta  de trabajo y rentas y la ampliación de las ayudas sociales.

Por eso, hemos venido insistiendo en artículos anteriores, en que, la consolidación de la producción, es básica para el mantenimiento del empleo, de la renta, de las prestaciones sociales y de los presupuestos de todo el sector público, que se han elaborado en base a un crecimiento que se está evaporando continuamente y que, para ello, debíamos reconvertir nuestra economía, con un sector de la construcción en crisis, potenciando la producción competitiva, para mantener la facturación general. 

Si desciende el consumo, se producirá, en paralelo, un ajuste de la producción y, con ello del empleo. Los desempleados dejarán de aportar y pasarán a ser receptores de prestaciones sociales y la recaudación  irá descendiendo, ya que los valores y transacciones, al reducirse, devaluarán la base imponible de los impuestos.

Si la  caída de ventas se produce en sectores básicos como los de la construcción y del automóvil, el daño será mayor, ya que, son intensivos en la creación de empleo en otros sectores y, sus transacciones, tienen los valores fiscales más elevados y afectan a los ingresos de todos los segmentos de la administración pública.

Y, después de la imposición indirecta, vendrá la reducción de la directa por el decrecimiento de las rentas de trabajo y de las actividades profesionales y empresariales.

Si no se ataja la reducción de ingresos fiscales, tendrán que ajustar todos sus presupuestos las administraciones públicas a este nuevo nivel de facturación o, posteriormente, lo deberán hacer al recurrir al endeudamiento,  para garantizar al acreedor el cobro de capital y sus intereses.

La mejora de la participación en los impuestos, si políticamente es realizable, apenas podrá compensar el deterioro en la base imponible de la riqueza, así que, se generará una gran frustración popular al no ser alcanzados otro objetivos que el de cubrir el déficit de las cuentas públicas ¿Podrán realizarse nuevos proyectos si carecen de recursos para cumplir con las obligaciones anteriores? Y, en ese momento, se tendrá que volver a lo que hemos comentado al principio, una mejor gestión de los recursos públicos y una revisión en el modelo de producción, si aún estamos a tiempo.

DANIEL IBORRA FORT, NOTARIO Y ANALISTA DE INVERSIONES

8 DE OCTUBRE DE 2.008

desde el 27 de septiembre de 2008.