C. MINISTROS APRUEBA PROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE
Remisión a Cortes: El Consejo de Ministros aprobó ayer 19 de marzo el texto definitivo que se remitirá a las Cortes. Respecto del anteproyecto, se han incorporado aportaciones de órganos consultivos, agentes sociales y Comunidades Autónomas.
¿DECRETO-LEY? En un artículo publicado en la web de La Moncloa se dice: El Presidente ha anunciado que, a la vista del diálogo, las propuestas y sugerencias recibidas a través de la Comisión que encabeza la Vicepresidenta Segunda, el Ejecutivo está ultimando un documento de síntesis que se enviará la próxima semana a los grupos parlamentarios con el fin de que sea la base de un Decreto-ley que el Gobierno quiere aprobar si cuenta con el respaldo suficiente y el consenso necesario. El Decreto-ley contendrá las medidas más urgentes de apoyo al crédito, a la rehabilitación de vivienda y al empleo, aquellas que los diferentes grupos han considerado más necesarias en este momento. Objetivo: impulsar la recuperación de la economía española por una senda de crecimiento equilibrado y generador de empleo, modernizando el patrón productivo. Esta Ley es la pieza central de un plan global de reformas estructurales denominado Estrategia para la Economía Sostenible, el cual incluye, entre otras las siguientes iniciativas:
Dotación económica: La Estrategia se complementa con dos Fondos, operativos desde el 1 de enero de este año:
PRINCIPALES EJES DE LA LEY: Son tres: la mejora del entorno económico, la mejora de la competitividad y la sostenibilidad medioambiental.
MEJORA DEL ENTORNO ECONÓMICO. Concentra las reformas en el sector público que se orientan a garantizar un entorno económico eficiente y de apoyo a la competitividad de las empresas y la economía españolas: - La Ley regula el principio de buenas prácticas en las administraciones públicas. - Se establece la corresponsabilidad de todas las Administraciones Públicas ante eventuales sanciones de la Unión Europea en caso de incumplimiento de la normativa comunitaria por parte de cualquiera de ellas. - Aborda también la reforma de los organismos reguladores de carácter económico, introduciendo por primera vez en nuestro ordenamiento un marco horizontal, común a todos ellos: se reduce el número de miembros de los Consejos con el fin de mejorar la gobernanza de las instituciones, y se establecen nuevos mecanismos de control, a través de la comparecencia de los candidatos a presidente y consejeros del organismo regulador ante el Parlamento antes de ser nombrados y después, anualmente, para rendir cuentas de su actividad. - Incluye medidas de reforma del mercado financiero, con la reforma de la Ley del Mercado de Valores para que las sociedades cotizadas pongan a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones que será aprobado en la Junta General, y de la Ley de Coeficientes de Inversión, que permitirá al Banco de España exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración coherentes con una gestión del riesgo prudente y eficaz. - Contiene medidas de reforma de los mercados de seguros y fondos de pensiones para mejorar la tutela de los derechos de los asegurados y fomentar el desarrollo de la actividad económica en este sector mediante la transparencia en la mediación de seguros y reaseguros, y para simplificar y agilizar los trámites y aumentar la protección de los ahorradores y los tomadores de seguros. - Fomenta la disciplina presupuestaria de las entidades locales, estableciendo controles periódicos de la ejecución presupuestaria. - Se impulsa la eficiencia en la contratación pública. En especial, se modifica la normativa que regula los modificados de obras de acuerdo con las prácticas recomendadas por la Unión Europea, se establece una mayor transparencia de la información en la contratación pública, se fomenta la realización de contratos de investigación y desarrollo, y se impulsa la participación de pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. - Se promueve la responsabilidad social de las empresas, introduciendo la adopción de un conjunto de indicadores para la autoevaluación en esta materia. . MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD. La Ley continúa el esfuerzo de remoción de obstáculos administrativos iniciado con las normas de transposición de la Directiva de Servicios. Impulsa tres ejes fundamentales en la competitividad de los agentes económicos: el desarrollo de la Sociedad de la Información, la vinculación con las actuaciones de I+D+i y la formación profesional de los trabajadores. - Intenta agilizar la constitución de sociedades para que todos los trámites necesarios puedan llevarse a cabo, con carácter general, en un plazo máximo de uno a cinco días, exceptuando sólo aquellos casos en que la elevada cuantía del capital o la complejidad de la estructura societaria exijan un examen más detallado. - Se reforma la actividad catastral mejorando su coordinación con el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y agilizando la tramitación. Se refuerza la colaboración que prestan al catastro los notarios y registradores de la propiedad. - Se profundiza el impulso a la Sociedad de la Información: Se introduce como elemento integrante del servicio universal la conexión a banda ancha a una velocidad de 1Mbit por segundo. - Medidas de impulso a la actividad investigadora y a la innovación vinculadas con la actividad empresarial. Fiscalmente, serán deducibles de la base del Impuesto sobre Sociedades, en un 12 por 100, los gastos efectuados en actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y para el fomento de las tecnologías de la información. - Se reforma la Formación Profesional para adecuarla a las demandas del sistema productivo. - Medidas de lucha contra la morosidad, destinadas a reducir los plazos de pago tanto en las operaciones comerciales como en los contratos con las administraciones públicas.
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL. - En materia energética, se dictan normas para garantizar la seguridad del suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente, y se fija el objetivo nacional de una reducción de un 20 por 100 de las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo del 20 por 100 de energías renovables sobre el total de consumo de energía bruto, para el año 2020. - Se mejora el régimen fiscal de deducción de los gastos efectuados en inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. - Se promueve la transformación del sector del transporte para incrementar su eficiencia económica y medioambiental y la competitividad en el mismo. - Se impulsa la reorientación de la política de vivienda para fomentar el alquiler. Se modifica la deducción por alquiler de vivienda habitual. - Se modifica la deducción por inversión en vivienda habitual del IRPF, que sólo será aplicable a los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.170,20 euros anuales.
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