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PRÁCTICA REGISTRAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD BOE ENERO 2012 (JDR)
RESEÑA ABREVIADA DE ALGUNAS DE LAS NOVEDADES MÁS DESTACADAS DEL BOE DE DICHO MES. (Para información más completa, véase el informe mensual)
2.- SENTENCIAS SOBRE CALIFICACIÓN REGISTRAL
1.- DISPOSICIONES GENERALES:
MEDIDAS URGENTES. Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Ver resumen del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes. PDF (BOE-A-2012-352 - 4 págs. - 153 KB) Otros formatos Convalidación. CATALUÑA. Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica. Entró en vigor el 31 de diciembre de 2011. (GGB) PDF (BOE-A-2012-546 - 56 págs. - 873 KB) Otros formatos CATALUÑA. Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa. (...) - En lo relativo al ámbito privado de las personas, introduce una modificación en cuanto a los poderes, en previsión de situación de incapacidad, otorgados antes de la entrada en vigor del libro segundo del Código civil de Cataluña: «2. Los poderes en previsión de una situación de incapacidad otorgados antes de la entrada en vigor de la presente ley quedan sujetos, en cuanto a su eficacia y régimen de ejercicio, a lo establecido por el Código civil, salvo lo exigido por el artículo 222-44.3 (autorización judicial para los mismos actos que el tutor, salvo que el poderdante la haya excluido expresamente)» (...) Entró en vigor el 31 de diciembre de 2011. (GGB) PDF (BOE-A-2012-547 - 69 págs. - 1280 KB) Otros formatos CATALUÑA. Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa. Entró en vigor el 31 de diciembre de 2011. (GGB) PDF (BOE-A-2012-548 - 61 págs. - 968 KB) Otros formatos CANTABRIA. Ley 4/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Entró en vigor el 1 de enero de 2012. (GGB) PDF (BOE-A-2012-551 - 47 págs. - 884 KB) Otros formatos CANTABRIA Ley 5/2011, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Entró en vigor el 1 de enero de 2012, salvo el apartado uno del artículo 7 del texto legal y PDF (BOE-A-2012-552 - 106 págs. - 2340 KB) Otros formatos PDF (BOE-A-2012-553 - 227 págs. - 6109 KB) Otros formatos REGLAMENTO DEL CONGRESO. Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1. Se modifica el artículo 46.1, que queda así: «Artículo 46 1. Son Comisiones Permanentes Legislativas las siguientes: 1. Constitucional. 2. Comisión de Asuntos Exteriores. 3. Comisión de Justicia. 4. Comisión de Interior. 5. Comisión de Defensa. 6. Comisión de Economía y Competitividad. 7. Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. 8. Comisión de Presupuestos. 9. Comisión de Fomento. 10. Comisión de Educación y Deporte. 11. Comisión de Empleo y Seguridad Social. 12. Comisión de Industria, Energía y Turismo. 13. Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 14. Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. 15. Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 16. Comisión de Cultura. 17. Comisión de Igualdad.» Entró en vigor el 13 de enero de 2012. PDF (BOE-A-2012-767 - 1 pág. - 130 KB) Otros formatos ANDALUCÍA. Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo. Entró en vigor el 1 de enero de 2012. (GGB) PDF (BOE-A-2012-878 - 12 págs. - 228 KB) Otros formatos ANDALUCÍA. Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por Entró en vigor el 1 de enero de 2012 PDF (BOE-A-2012-880 - 7 págs. - 197 KB) Otros formatos ANDALUCÍA. Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de (...) - Se incrementan los tipos aplicables a los últimos tramos de la tarifa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como los tipos aplicables en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. - Asimismo, se crean dos nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aplicables a personas con discapacidad. Entró en vigor el 1 de enero de 2012. PDF (BOE-A-2012-881 - 180 págs. - 4858 KB) Otros formatos PAÍS VASCO. Ley 5/2011, de 22 de diciembre, de modificación de PDF (BOE-A-2012-967 - 18 págs. - 295 KB) Otros formatos PAÍS VASCO. Ley 6/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de (...) Modificación del texto refundido de - Art. 99.4. Está dedicado a la utilización de los procedimientos y formas de adjudicación de los actos de disposición onerosa. Hay un nuevo caso en el que el órgano competente podrá acordar la adjudicación directa: «p) Cuando se trate de locales y anejos no vinculados a viviendas de protección pública y construidos al amparo de la competencia en materia de promoción pública de vivienda.» - Art. 99.5. Se adiciona un inciso al apartado 5: «5. La adjudicación directa fundada en alguna de las circunstancias contempladas en las letras a), b), c), d), i), j), m) y o) requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta del consejero o consejera competente en materia de patrimonio y del consejero o consejera representante legal del departamento o la entidad interesada. Así mismo, requerirá autorización previa del Consejo de Gobierno la adjudicación directa fundada en la letra p), en el supuesto de que el valor unitario del inmueble sea superior a 90.000 euros.» PDF (BOE-A-2012-968 - 126 págs. - 2701 KB) Otros formatos Entró en vigor el 1 de enero de 2012. (GGB) PDF (BOE-A-2012-1142 - 55 págs. - 2410 KB) Otros formatos GALICIA. Ley 14/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica Entró en vigor el 15 de enero de 2012. (GGB) PDF (BOE-A-2012-1250 - 46 págs. - 698 KB) Otros formatos GALICIA. Ley 11/2011, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de Entró en vigor el 1 de enero de 2012. PDF (BOE-A-2012-1251 - 229 págs. - 6704 KB) Otros formatos GALICIA. Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Entró en vigor el 1 de enero de 2012. GGB PDF (BOE-A-2012-1252 - 49 págs. - 880 KB) Otros formatos VALENCIA. Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de Entró en vigor el 1 de enero de 2012. (GGB) PDF (BOE-A-2012-1253 - 73 págs. - 1637 KB) Otros formatos Corrección de errores VALENCIA. Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de Entró en vigor el 1 de enero de 2012. GGB PDF (BOE-A-2012-1254 - 149 págs. - 3594 KB) Otros formatos CANARIAS. Ley 11/2011, de 28 de diciembre, de medidas fiscales para el fomento de la venta y rehabilitación de viviendas y otras medidas tributarias. Entró en vigor el 31 de diciembre de 2011. GGB PDF (BOE-A-2012-1256 - 6 págs. - 179 KB) Otros formatos CANARIAS. Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Ley por la que se aprueban los presupuestos del ejercicio 2012 para Entró en vigor el 1 de enero de 2012. PDF (BOE-A-2012-1257 - 104 págs. - 2305 KB) Otros formatos REGLAMENTO DEL SENADO. Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49 en su apartado 2. Se modifica puntualmente para adaptar las Comisiones Permanentes Legislativas tras las últimas reformas en la estructura del Gobierno. Afecta al apartado 2 del artículo 49: «2. Serán Comisiones Legislativas, Constitucional. Asuntos Exteriores. Justicia. Interior. Defensa. Economía y Competitividad. Hacienda y Administraciones Públicas. Presupuestos. Fomento. Educación y Deporte. Empleo y Seguridad Social. Industria, Energía y Turismo. Agricultura, Pesca y Alimentación. Sanidad y Servicios Sociales. Cooperación Internacional para el Desarrollo. Cultura. Igualdad. Entidades Locales. Medio Ambiente y Cambio Climático.» Su número supera al de las Comisiones del Congreso. PDF (BOE-A-2012-1311 - 1 pág. - 132 KB) Otros formatos MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. PDF (BOE-A-2012-1312 - 39 págs. - 579 KB) Otros formatos MODELO 145. Resolución de 23 de enero de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de (...) Las tablas de retención han cambiado para 2012, pero la aplicación del tipo de retención determinado de acuerdo con la nueva cuantía única de 33.007,20 euros deberá efectuarse en los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 1 de febrero de 2012, siempre que no se trate de rendimientos correspondientes al mes de enero. Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen durante el mes de enero de 2012, correspondientes a dicho mes, deberán realizarse de acuerdo con las cuantías previstas en la normativa vigente a 31 de diciembre de 2011. Esta Resolución surtirá efectos en relación con las comunicaciones de datos al pagador, o de variación de los datos previamente comunicados, que deban efectuarse a partir del 1 de febrero de 2012. PDF (BOE-A-2012-1385 - 6 págs. - 223 KB) Otros formatos SECCIÓN 2ª: CESES Y NOMBRAMIENTOS EN JUSTICIA. Se nombra Secretario General de Modernización y Relaciones con Se nombra Director General de Relaciones con Se nombra Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado a doña Marta Silva de Lapuerta (cesa don Joaquín de Fuentes Bardají). Se nombra Director General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones a don Ángel José Llorente Fernández de Se nombra Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia a doña Susana Crisóstomo Sanz. OPOSICIONES REGISTROS. Resolución de 18 de enero de 2012, de PDF (BOE-A-2012-1002 - 3 págs. - 183 KB) Otros formatos Corrección de errores SERVICIOS ESPECIALES. Resolución de 3 de enero de 2012, de PDF (BOE-A-2012-1258 - 1 pág. - 130 KB) Otros formatos CONCURSO REGISTROS DGRN. Resolución de 24 de enero de 2012, de Se cubren 28 vacantes de las 34 ofertadas. Ver archivo de concursos. PDF (BOE-A-2012-1464 - 2 págs. - 181 KB) Otros formatos CONCURSO REGISTROS CATALUÑA. Resolución de 24 de enero de 2012, de Se cubren 5 plazas de las 6 ofertadas. PDF (BOE-A-2012-1494 - 2 págs. - 139 KB) Otros formatos JUBILACIONES. El notario de Zaragoza, don Jesús María Montañés Gutiérrez. Don David García Vitoria, registrador de la propiedad de Almería nº 2. El notario de Ontinyent, don José Manuel Terol Raduán. El notario de Sevilla, don Antonio Ojeda Escobar. Doña María Jesús Torres Cortel, registradora mercantil y de bienes muebles de A Coruña. Don Mariano Va Aguaviva, registrador de la propiedad de Mataró nº 1. El notario de Coria del Río, don Manuel Rey de las Peñas. El notario de Madrid, don José María Núñez Madrid. El notario de Madrid, don Francisco Javier Pérez de Camino Palacios. El notario de Madrid, don Ramón Corral Beneyto. El notario de Huelva don Luis Gutiérrez Díez. El notario de Paterna don Fernando Barber Rubio. 2.- SENTENCIAS SOBRE CALIFICACIÓN REGISTRAL
NO SE HAN PUBLICADO EN EL BOE DE ENERO 2012 1. EXCESO DE CABIDA CON ALTERACIÓN DE LINDEROS. DUDA DE Se plantea la inscribibilidad de un exceso de cabida junto con alteración de linderos de una finca. El registrador alega dudas sobre la identidad de la finca, teniendo en cuenta además un informe desfavorable del Servicio Provincial del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón solicitado por el propio Registrador. En el presente caso la importancia del exceso de cabida en relación con la superficie previamente inscrita, la simultánea modificación de varios de sus linderos, y la existencia de un informe oficial desfavorable descarta que las dudas del registrador puedan tacharse de arbitrarias o infundadas. Por lo mismo confirma el criterio del registrador en el sentido de no hacer constar en el registro la referencia catastral de la finca pues de los arts. 45 y 48.2 del TR de PDF (BOE-A-2012-106 - 4 págs. - 156 KB) Otros formatos 2. EMBARGO ADMINISTRATIVO DE DEUDOR CONCURSADO. BIENES NECESARIOS PARA Se solicita anotación embargo sobre dos fincas de una entidad declarada en concurso mediante un mandamiento librado en expediente administrativo de apremio cuya providencia es de fecha posterior a la declaración del concurso. En el historial de las fincas no figura inscrita la situación concursal de la sociedad apremiada. No se plantea para nada en el recurso la cuestión de que la situación concursal de la entidad deudora no figura en el historial de la finca, pero si el hecho de que se hubiere anotado en otro registro resolviendo el centro directivo que no supone vinculación para el recurrido, puesto que tanto PDF (BOE-A-2012-107 - 5 págs. - 162 KB) Otros formatos 3. INMATRICULACIÓN CON CERTIFICADO CATASTRAL NO COINCIDENTE. Resolución de 28 de octubre de 2011, de Se pretende inmatricular una finca teniendo en cuenta que figuran incorporados a la escritura un certificado catastral obtenido telemáticamente por el notario autorizante, que no es coincidente en su superficie con la finca y otro documento catastral que sí es coincidente, pero que no está suscrito por ningún funcionario ni ha sido obtenido telemáticamente. Resuelve PDF (BOE-A-2012-108 - 4 págs. - 155 KB) Otros formatos *4. ANTIGÜEDAD DE OBRA: NO COINCIDEN CERTIFICADO CATASTRAL Y TÉCNICO. Resolución de 10 de noviembre de 2011, de Se otorga una escritura de declaración de obra nueva por antigüedad y se justifica con certificado técnico coincidente. Sin embargo, los datos de la edificación que constan en el certificado catastral incorporado no son totalmente coincidentes con los del técnico. El registrador suspende la inscripción pues considera que los datos tienen que ser totalmente coincidentes en ambos certificados, interpretando así el artículo 52 del Real Decreto 1093/1997. El notario autorizante recurre alegando que, aunque existen varios medios de acreditar la antigüedad, basta que se acrediten con uno de ellos a elección del interesado, pues no están jerarquizados. En este caso es el certificado del técnico el medio elegido y el certificado catastral se incorpora a los solos efectos de dar cumplimiento a la legislación catastral. Por otro lado, en cuanto a la discrepancia entre ambos certificados, señala que el certificado catastral se presenta a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación catastral (artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo). Dicho precepto ha sido redactado por Concluye PDF (BOE-A-2012-109 - 4 págs. - 155 KB) Otros formatos 5. ADJUDICACIÓN DE FINCA PRIVATIVA SIN LIQUIDAR GANANCIALES. NOTARIO RECURRENTE. Resolución de 10 de noviembre de 2011, de Hechos. Se trata de una escritura de adjudicación parcial de herencia en la que todos los herederos y el cónyuge viudo adjudican una finca privativa del causante sin la liquidación previa de la sociedad de gananciales a una de las herederas. El registrador suspende la inscripción porque los herederos tienen dentro del caudal hereditario un derecho hereditario «abstracto», que para convertirse en una titularidad concreta sobre bienes determinados debe someterse a un proceso complejo de inventario, avalúo, liquidación y colación, división de haberes y por último adjudicación, sin el cual la titularidad no puede acceder al Registro. Además, la partición debe ir precedida de la liquidación de la sociedad de gananciales, como condición indispensable para determinar el haber partible, y ello aunque sólo afecte «a bienes privativos del causante. La notaria autorizante recurre alegando que está legitimada para ello y dando una serie de argumentos que luego han sido ratificados por Analiza seguidamente la copiosa enumeración de resoluciones hecha por el registrador en su nota de calificación, para descartar que sean aplicables a este caso, ya que comparece el cónyuge viudo y el bien partido es privativo. Estima que, tratándose de una adjudicación parcial de herencia referida tan sólo a un bien privativo del causante, no es exigible la liquidación de la sociedad de gananciales, puesto que no es necesaria como operación preparticional para la determinación del caudal partible, apoyándose en el art. 1079 CC. Respecto a la reclamación de inventario total de los bienes del causante, la desestima pues la voluntad de los otorgantes es la de hacer una partición parcial, ya que ellos mismos reconocen la existencia de más bienes y alegan que no existen deudas. En cuanto al avalúo, existe, pero, lógicamente, sólo del bien que ahora se parte, no habiendo pasivo. El hecho de que el único bien se adjudique sólo a una heredera no contradice el artículo 1062 Cc, sino que es aplicación del mismo, habiéndose realizado en ejecución del principio de autonomía de la voluntad, siendo todos los herederos mayores de edad y capaces. (JFME) PDF (BOE-A-2012-110 - 5 págs. - 162 KB) Otros formatos *6. EXTINCIÓN PARCIAL DE COMUNIDAD. Resolución de 11 de noviembre de 2011, de Se otorga una escritura en la que comparecen cuatro comuneros, cada uno de ellos titular de una quinta parte indivisa de un bien, que, dicen, extinguen parcialmente la comunidad respecto de la quinta parte indivisa de uno de ellos, al que se le compensa en metálico, adjudicándosela dicha parte a los otros tres. El registrador suspende la inscripción, pues alega que el negocio jurídico, tal y como está planteado, es incongruente ya que el objeto de la extinción es una quinta parte indivisa que sólo pertenece a uno de los propietarios y no a los demás, por lo que sobre ese objeto no hay comunidad y por tanto no puede haber disolución. La notaria autorizante recurre y considera que dicho acto es admisible en nuestro derecho conforme al principio de autonomía de la voluntad y por no ser contrario al orden público. Reconoce que en la literatura jurídica fiscal se habla de extinción parcial para aquellos casos en que uno de los comuneros sale de la comunidad y los otros le compensan en metálico. Sin embargo en estos casos cree que no puede hablarse de disolución o extinción parcial de comunidad, pues la comunidad continúa existiendo aunque con una variación subjetiva de sus titulares. En definitiva para Comentario.- Tiene razón el registrador y Sin embargo me parece discutible la afirmación de En el camino entre constitución de comunidad y su disolución total, que sería la meta final, puede haber etapas intermedias, que podemos llamar disoluciones parciales. Estas etapas intermedias son habituales en las comunidades complejas, pues la disolución total no es fácil. Desde el punto de vista civil, entiendo, se dará la disolución o extinción parcial en aquellos casos en que el objeto de la disolución sea la totalidad de los derechos de los comuneros intervinientes y como consecuencia de la operación jurídica realizada disminuya el número de comuneros preexistentes. Y todo ello aunque continúe habiendo comunidad, bien porque no hayan intervenido los comuneros que representen el 100% o bien porque, aun interviniendo, después del negocio jurídico realizado continúe habiendo dos o más copropietarios. Desde el punto de vista fiscal, tanto la disolución total como la parcial, entendida como se ha dicho en el párrafo anterior, deben de tener un tratamiento fiscal idéntico pues en ambos casos son actos tendentes a la extinción de la comunidad, que como se sabe es vista con disfavor en nuestro derecho. La posición teórica civil que se tenga sobre la materia es importante desde el punto de vista fiscal pues la disolución de comunidad tributa por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados normalmente al 1% (depende de Aplicando esa teoría para el caso concreto, creo que podríamos hablar de extinción parcial si el bien inventariado, el objeto de la disolución, hubieran sido las cuatro quintas partes indivisas (pues ese objeto, ese derecho, es común a los cuatro copropietarios) con compensaciones en metálico al cuarto propietario que se va. Eso sí, habría que tributar, al menos, sobre las cuatro quintas partes por Actos Jurídicos Documentados, sin perjuicio de lo que resulte de los posibles excesos de adjudicación. (AFS) Ver trabajo de Joaquín Zejalbo sobre las consecuencias fiscales de la extinción parcial de comunidad. PDF (BOE-A-2012-111 - 5 págs. - 161 KB) 7. CONYUGE DEL COMPRADOR. NO ES PRECISO QUE CONSTE EL NIF. Resolución de 12 de noviembre de 2011, de El registrador suspende la inscripción de una escritura de compraventa a favor de una compradora del usufructo que manifiesta que está casada en régimen de gananciales con el señor cuyos nombres y apellidos indica y que adquiere para su sociedad conyugal, por no constar el NIF del esposo no compareciente. PDF (BOE-A-2012-112 - 3 págs. - 144 KB) Otros formatos *8. LÍMITES ENTRE Hechos. Se presenta en el Registro solicitud de expedición de certificación literal de una finca a partir de determinada inscripción de dominio (la nº 12). Como justificación de la certificación se alega que se está tramitando una querella criminal contra una persona física y el notario autorizante de una escritura de hipoteca. El registrador expide certificación literal, pero sólo de las inscripciones 22.ª y 23.ª, que contienen sendas hipotecas otorgadas a favor del querellado y autorizadas por el notario expresado, ya canceladas y deniega la expedición de las restantes entendiendo que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés conocido, directo y legítimo en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el registrador. El recurrente en su escrito amplía las razones por las que solicita la publicidad: interés por cargas preferentes, no constancia en la escritura, no solicitud de petición e información registral continuada, datos sobre cómo y dónde se cancelaron las hipotecas y cómo se pagaron
El registrador, a la vista del recurso, rectificó parcialmente la calificación, expidiendo certificación literal de la inscripción por la que se cancelaron las dos inscripciones de hipoteca. El recurrente, tras la rectificación parcial, decidió mantener el recurso, pues no se había atendido plenamente a su petición. A) Acreditación del interés legítimo: - El contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos. - Ha de ser un interés conocido, en el sentido de acreditado o justificado. Excepción: autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo. - Ha de ser directo o acreditar debidamente el encargo. Excepciones: las del art. 332.3 RH. - Ha de ser legítimo. Es un concepto más amplio que el de «interés directo», pues alcanza a cualquier tipo de interés lícito, es decir, no contrario a Derecho. - Dicho interés se ha de justificar ante el registrador, quien no puede actuar discrecionalmente. Ha de extremar su celo, respecto a asientos cancelados. De hecho, respecto de ellos, no cabe la nota simple informativa y la certificación literal sólo comprenderá los asientos vigentes, sin incluir los cancelados, salvo solicitud expresa del Juez o Tribunal o de los interesados. B) Protección de datos personales. - Los Registradores, al calificar el contenido de los asientos registrales, informarán y velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos de carácter personal - El Registrador está obligado al tratamiento profesional de la publicidad formal, para poder excluir la manifestación de los datos carentes de trascendencia jurídica. - Debe de ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista. Se consideran finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas sobre protección de datos. - Tan solo puede recoger aquellos datos que sean adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades para las que se hayan obtenido. - Los datos no podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidos - La publicidad formal ha de expresar fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, pero sin extenderse a más de lo que sea necesario para satisfacer el legítimo interés del solicitante. - La solicitud de información sobre datos personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del Registro quedando bajo la responsabilidad del Registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de datos personales. - Datos personales no son sólo los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales. Entre ellos están los que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo. - Si las finalidades de la publicidad son las propias de la institución registral, no se requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes - Los datos carentes de trascendencia jurídica sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular. C) Extensión de la publicidad. - El registrador ha de calificar, no sólo si procede o no expedirla, sino también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe excluir. - El registrador ha de excluir de la publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular. D) Rectificación parcial. También se plantea las consecuencias para el recurso de que el registrador, conforme a lo establecido en el artículo 327 de Notas: - Son relevantes - También se puede consultar - Por las alegaciones del recurrente, conviene repasar que, conforme al artículo 175 del Reglamento Notarial, la comprobación de titularidad y cargas en el Registro, con carácter previo a la escritura sólo se excepciona: a) Cuando se trate de actos de liberalidad. b) Cuando el adquirente del bien o beneficiario del derecho se declare satisfecho de la información resultante del título, de las afirmaciones del transmitente y por lo pactado entre ellos, siempre que, además, haga constar la urgencia de la formalización del acto en la escritura que autorice y todo ello sin perjuicio de que el notario podrá denegar su actuación si no considera suficientemente justificada la urgencia alegada o si alberga dudas sobre la exactitud de la información que posee el adquirente. (JFME) PDF (BOE-A-2012-745 - 9 págs. - 193 KB) Otros formatos 9. SOCIEDAD PROFESIONAL: ESPECIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES EN ESTATUTOS. Resolución de 27 de septiembre de 2011, de Hechos: Se trata de la constitución de una sociedad profesional. Adolece del siguiente defecto según la registradora calificante: 1. No constar en el art. 5 de los Estatutos, la numeración de las participaciones que pertenecen a la clase profesional y las que pertenecen a la clase general. (art. 4 Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, 23 LSC y 184.2 RRM). Dicho artículo contiene además la siguiente cláusula que será determinante en la decisión de El notario autorizante de la escritura recurre alegando que en ninguno de los artículos citados en su nota por la registradora se exige la constancia en los estatutos del carácter profesional o no profesional de las participaciones, dándose además la circunstancia de que tal numeración consta en el texto mismo de la escritura calificada en la cláusula referente a la suscripción y desembolso del capital, lo que posibilita su constancia en los libros del Registro. Doctrina: Tras hacer un repaso sobre lo que significa en Pero al enfrentarse con la cláusula antes señalada de que el capital social podrá estar integrado ya exclusivamente por participaciones sociales llamadas de clase profesional, propiedad de socios profesionales; ya en parte por participaciones sociales de clase profesional y en parte por otras llamadas de clase general, propiedad de socios no profesionales nos dice que dicha cláusula adolece de falta de la necesaria precisión, dado que su redacción no permite apreciar los efectos que quiere atribuirse a la misma. En concreto, no queda claro si en dicha cláusula se pretende atribuir derechos distintos a las participaciones, como pudiera pensarse de la utilización impropia de la expresión «clase» de participaciones lo que exigiría la individualización o más bien deriva de la condición actual de profesional del titular de algunas de ellas, cuestión totalmente distinta que no exige la individualización de las participaciones, pues lo trascendente en este caso es dicha condición derivada de la persona del socio y no de la titularidad de determinadas participaciones. Comentario: Respetando plenamente el criterio de Efectivamente si aplicamos la propia doctrina de Por ello, pese a la resolución que comentamos, si del texto de la escritura resulta claro cuáles son por su numeración las participaciones de los socios profesionales y cuales las de los socios no profesionales, estimamos que no es estrictamente necesario que ello conste en el artículo dedicado al capital social dentro de la regulación estatutaria. Además queremos recordar que esta fue la solución adoptada por PDF (BOE-A-2012-746 - 4 págs. - 154 KB) Otros formatos *10. ENAJENACIÓN DIRECTA DE BIEN PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO. Resolución de 5 de octubre de 2011, de Hechos. El Ayuntamiento de Almagro enajena, mediante escritura pública, por adjudicación directa, una vivienda inventariada como bien patrimonial, al haber quedado desierto un concurso previo. El registrador suspende la inscripción por no haberse acudido a un procedimiento de subasta pública y fundamenta su calificación mediante argumentos recogidos luego por El Alcalde recurrente alega que quedaron desiertas las subastas, que se pagó el precio que sirvió de tasación para la subasta y que procede la aplicación supletoria de La circunstancia de haber quedado desierta la subasta no está contemplada en las normas como excepción a esa regla general. Los supuestos excepcionales de contratación directa incluidos en el TR Ley del Régimen Local se referían a los supuestos de contratación de obras y servicios y no a la enajenación de bienes, que tiene su regulación específica en el capítulo I. Éste ha sido el criterio histórico de No se aplica el régimen de enajenación directa de Notas: - El texto publicado no es claro en cuanto a si hubo concurso o subastas. De todos modos, la solución es la misma, pues no cabría ninguna de las dos formas. - Sin embargo, de lege ferenda, no queda clara la razón por la que Administración del Estado ha de contar con mayor flexibilidad. Tampoco resulta muy razonable, desde un punto de vista práctico (burocrático y económico), que, si se ha intentado previamente y en varias ocasiones- la licitación pública y si además, el precio resulta objetivo, como la tasación por un técnico, se niegue por el legislador la enajenación directa. Ahora bien, desde un punto de vista del derecho positivo, los razonamientos del Registrador y de - Pueden verse sobre la materia las siguientes resoluciones: 27 de marzo de 1999 (hipoteca), 2 de febrero de 2004 (permuta), 3 de enero de 2005 (enajenación directa), 13 de marzo de 2007 (derecho de superficie), 27 de octubre de 2007 (cesión gratuita), 25 de marzo de 2008 (enajenación directa) y 13 de mayo de 2009 (enajenación directa). (JFME) PDF (BOE-A-2012-747 - 4 págs. - 154 KB) Otros formatos 11. NO CABE CANCELAR ANOTACIÓN POSTERIOR SI ESTÁ CADUCADA Hechos. Se ha inscrito la adjudicación de una finca recaída en procedimiento de apremio de Hubo una calificación negativa anterior, estando vigente todavía la anotación, pero los defectos no fueron subsanados durante la vigencia de ese asiento de presentación. Al presentarse de nuevo el título, la anotación del procedimiento ya había caducado. El registrador deniega porque la virtualidad cancelatoria del procedimiento que da lugar a la ejecución se ve afectada por la caducidad de la anotación causada por el mismo. Considera que esta doctrina es igualmente aplicable a los procedimientos administrativos de apremio. Lo anterior no impide que se inscriba el testimonio del auto de adjudicación o el certificado administrativo de adjudicación-, pero dejando subsistente la carga vigente, como ocurrió en el caso presente. No cambia lo anterior el hecho de que el procedimiento se iniciara con una posición registral de rango preferente a la que ostenta la anotación que no se caduca. Podría haberse subsanado en tiempo, o pedido prórroga de la anotación. De paso también recuerda que hubiese valido la presentación, con la anotación vigente, del testimonio del auto (o del certificado de adjudicación) a los efectos de mantener la prioridad, aunque se retrasase el mandamiento de cancelación. (JFME) PDF (BOE-A-2012-748 - 3 págs. - 148 KB) Otros formatos 12. APODERADO VENDE A SU ESPOSA QUE COMPRA PARA SU SOCIEDAD DE GANANCIALES. RATIFICACIÓN DEL RECURSO. Resolución de 21 de octubre de 2011, de Un apoderado, haciendo uso de un poder para vender, transmite a su esposa dos fincas que compra para la sociedad de gananciales. La escritura se otorga en 1993 y se plantean ahora varias cuestiones que resuelve 1.- Si es admisible la ratificación del Recurso mediante instancia ante la registradora o se necesita poder notarial. En el presente caso el recurso lo plantea un hijo y heredero del apoderado, ya fallecido. Posteriormente mediante instancia privada firmada ante la registradora la compradora ratifica el recurso y concede la representación al recurrente. La registradora considera no acreditada la representación por no concederse en documento público. Resuelve 2.- Si es aplicable a dicha escritura de 1993 y al juicio notarial de suficiencia del poder lo previsto en las leyes 24/2001 y 24/2005 para la calificación de los poderes, como solicita el recurrente. Contesta 3.- Si es posible la autocontratación en uso de los poderes y si está salvada en este caso concreto. Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo contesta que SÍ, que es posible, a menos que la ley lo prohíba en casos concretos por haber conflicto de intereses o aunque no haya pronunciamiento legal se produzca tal conflicto. En todo caso se puede salvar el conflicto de intereses si el poder lo autoriza claramente. En el caso presente hay autocontrato y no aparece salvada la autocontratación, por lo que desestima el recurso. Comentario.- Parece obvio que hay autocontratación cuando adquiere la esposa del apoderado, al estar casados en régimen de gananciales, pues el apoderado está adquiriendo también para sí. Sin embargo hay otros casos cercanos en que puede resultar opinable si hay autocontratación o no como en el de que la compradora fuera esposa del apoderado y estuvieran casados en régimen de separación de bienes, o en el de que el comprador fuera otro familiar o persona con vinculación con el apoderado. En tales casos, pienso, no hay autocontratación, pues el que compra es un tercero. Habría quizá un conflicto moral de intereses, pero no un conflicto legal, por no haber autocontratación, y por ello pienso que el poder debería de ser considerado suficiente, aún sin estar salvada la autocontratación, pues el fraude no puede presumirse. (AFS) PDF (BOE-A-2012-749 - 4 págs. - 155 KB) Otros formatos 13. ANOTACIÓN DE EMBARGO PREVENTIVO DE Mediante instancia se solicita cancelación por caducidad de una anotación de embargo preventivo en favor de Esta distinción entre el plazo de duración del embargo y de caducidad del asiento determina que, si la conversión se acuerda después de transcurrido el plazo de seis meses, no procederá la práctica de la anotación de conversión del embargo preventivo en definitivo; también puede suceder que se haya acordado la conversión dentro del plazo de seis meses pero se presente en el Registro el mandamiento de conversión después de transcurrido el plazo de vigencia de la anotación, no siendo tampoco posible practicar la anotación de conversión por haber caducado el asiento. Sólo se conservará la prioridad si la conversión se acuerda en el plazo de seis meses desde la adopción del acuerdo y se presenta el correspondiente mandamiento durante la vigencia de los cuatro años de la anotación. (MN) PDF (BOE-A-2012-750 - 3 págs. - 147 KB) Otros formatos 14. COMPRAVENTA DE FINCA COLINDANTE CON EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE. Resolución de 27 de octubre de 2011, de Se suspende la inscripción de una escritura de compraventa porque la finca objeto de la venta se encontraba en zona de colindancia con el dominio público marítimo-terrestre. Y al abordar tal cuestión, confirma su cambio de criterio sobre la extralimitación reglamentaria (Resoluciones de 16 de julio de 1998, 14 de enero de 2000 y 21 de febrero de 2002, por entender que el reglamento vulneraba el contenido de Ver trabajo de Lino Rodríguez Otero. PDF (BOE-A-2012-751 - 6 págs. - 167 KB) Otros formatos *18. INMATRICULACIÓN DE CUOTA INDIVISA ESTANDO YA EL RESTO: NO PRECISA CERTIFICADO CATASTRAL COINCIDENTE. Resolución de 23 de noviembre de 2011, de Señala que la necesidad de la certificación catastral, que es de gran utilidad y control para la adaptación del Registro a la realidad física extrarregistral, tiene su sentido en las inmatriculaciones, pero no en el supuesto de hecho de este expediente, que más que un acceso por primera vez de una finca al Registro inmatriculación supone una primera inscripción en el Registro de un nuevo titular con respecto a esa finca, que ya está inscrita. En consecuencia no existiendo modificaciones descriptivas, ni excesos de cabida, ni acceso ex novo de finca al Registro, la exigencia en este caso del requisito mencionado es irrelevante. (JDR) PDF (BOE-A-2012-755 - 4 págs. - 151 KB) Otros formatos 19. AUTO DE ADJUDICACIÓN POR DEUDAS DE Se pretende la inscripción de un auto de adjudicación de bienes en procedimiento seguido contra la heredera única del titular registral por deudas de la propia heredera; solicitándose además, si fuera preciso, la previa inscripción a favor de la misma heredera de los bienes adjudicados, como tracto abreviado. El registrador suspende la inscripción por constar inscritos los bienes objeto de adjudicación a favor del esposo de la demandada el causante-. Del Registro resulta, respecto de otras fincas, la protocolización parcial de la herencia de dicho causante a favor de su esposa y heredera universal. En el presente supuesto resultando del propio Registro todas las circunstancias que acreditan su condición de heredera certificado de defunción del causante, certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad y testamento así como su aceptación, no hay obstáculo para la inscripción del inmueble a favor del adjudicatario (interesado en la inscripción, conforme al art. 6.c) LH) previa inscripción, por tracto abreviado, a favor de la heredera única. (MN) PDF (BOE-A-2012-756 - 5 págs. - 160 KB) Otros formatos 20. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDO APROBATORIO DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE REPARCELACIÓN NO FIRME. Resolución de 3 de diciembre de 2011, de Se debate en el presente expediente si puede tomarse, sobre las fincas resultantes de un proyecto de reparcelación, anotación preventiva de una sentencia no firme dictada por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo por la que se declara la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento en virtud del cual se aprobó la modificación de dicho proyecto de reparcelación, o, si como sostiene el registrador en su nota de calificación de los artículos 42 de la Ley Hipotecaria, 51 y 52 del Texto Refundido de Y precisamente la posibilidad de anotación preventiva de sentencias con trascendencia real es contemplada por el artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que este artículo de PDF (BOE-A-2012-757 - 4 págs. - 155 KB) Otros formatos D*22. DISOLUCIÓN DE COMUNIDAD CON DESMEMBRAMIENTO DEL DOMINIO. DILIGENCIA DE SUBSANACIÓN. Resolución de 9 de diciembre de 2011, de Se otorga una escritura que se denomina de disolución de comunidad entre las dos copropietarias de una finca. Como consecuencia de esa disolución se adjudica a una el usufructo vitalicio y a otra la nuda propiedad de dicha finca con compensaciones en metálico entre ellas. El registrador considera que no hay verdadera disolución de comunidad, ya que el título empleado es contradictorio con el contenido del documento (pues entiende que sustantivamente es una compraventa), por lo que considera ilícita la causa. Tampoco cree que pueda ser considerada disolución de comunidad ya que el acto no afecta a la totalidad del objeto y cada una de las copropietarias mantiene su porcentaje anterior (50%) en usufructo o en nuda propiedad, respectivamente. Al ser compraventa debe de inscribirse con carácter ganancial y no con carácter privativo, por lo que los adjudicatarios no son los mismos que los titulares indivisos previos. Finalmente tampoco considera válida una diligencia subsanatoria autorizada por el notario sucesor en el protocolo, pues considera que se ha extralimitado en sus funciones al afectar a cuestiones sustantivas. La notaria autorizante recurre y alega que sí hay disolución de comunidad, pues la situación resultante de desmembración del dominio entre nudo propietario y usufructuario no es de comunidad, según jurisprudencia que cita. Que aunque no se considerase disolución de comunidad sería un negocio jurídico atípico o indirecto, permitidos en nuestro derecho. Que la causa es lícita, pues no se opone ni a las leyes ni a la moral, que está expresada en el documento y es onerosa. Añade también que recae sobre la totalidad del objeto indiviso, si bien las adjudicaciones resultantes son las queridas por las partes en virtud del principio de autonomía de la voluntad, que les lleva a elegir la vía jurídica más favorable desde el punto de vista fiscal. Que las partes intervinientes y adjudicatarias son los titulares iniciales, y que la diligencia subsanatoria es válida pues se refiere a la forma de compensación que ya estaba determinada en el documento. Resuelve 1.- Si el negocio jurídico presente, con independencia de la denominación, es válido en su consentimiento, objeto y causa, que es lo que tiene que calificar el registrador. Considera, en general, que es necesario expresar la causa de los negocios para que conste en el Registro, pero que la causa está expresada en la escritura (la intención de cesar en el condominio), y que es onerosa (las contraprestaciones de las partes). Respecto del objeto recuerda anteriores Resoluciones que admiten disoluciones parciales, que el TS no considera en alguna sentencia que exista comunidad en la desmembración del dominio, y que debe de prevalecer el principio de autonomía de la voluntad de las partes si prestan su consentimiento todos los interesados. Por ello desde el punto de vista civil ha de considerarse válido el negocio jurídico e inscribible, con independencia de las consideraciones fiscales que puedan plantearse y que competen al órgano tributario. 2.- Si hay indeterminación de la naturaleza del bien, privativo o ganancial, y si es necesario el consentimiento del cónyuge del titular registral. Resuelve 3.- Si el notario autorizante de la diligencia de subsanación era competente o no para autorizar la diligencia de subsanación. Puede subsanar no sólo el notario autorizante, sino también el sustituto o el sucesor en el protocolo, como en el presente caso. En cuanto al objeto de la subsanación tienen que ser errores materiales, omisiones o defectos de forma, y en el presente caso así es, pues el error se deduce del propio documento: la subsanación aclara que donde se dice compensando debe decir habiendo sido compensado, por lo que rechaza también este defecto. En definitiva, revoca la calificación y ordena la inscripción. (AFS) PDF (BOE-A-2012-759 - 9 págs. - 194 KB) Otros formatos 23. EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA EXCESO DE CABIDA: NO COINCIDE DESCRIPCIÓN CON CERTIFICADO CATASTRAL. Resolución de 19 de diciembre de 2011, de Se plantea en un expediente de dominio para declarar un exceso de cabida si es preciso acompañar certificación catastral descriptiva y gráfica y si ésta ha de ser coincidente con la descripción que de la finca figura en el título. El registrador así lo entiende y en el supuesto concreto alega como defecto que la descripción de la finca no es igual a la de la catastral puesto que en esta la finca aparece dividida por un camino, tratándose de una finca discontinua. Ahora bien entiende que en el supuesto planteado se parecía identidad en cuanto al sitio, pago o partido; a la titularidad; a la superficie; y en cuanto a la generalidad de los linderos señalados, por lo que se puede concluir que se trata de la misma finca ya que, a pesar de la existencia de la carretera, el Catastro la considera como una sola parcela catastral. (MN) PDF (BOE-A-2012-760 - 4 págs. - 155 KB) Otros formatos 24. NO CABE CANCELAR ANOTACIÓN VIGENTE POR INSTANCIA. Resolución de 6 de octubre de 2011, de Hechos: En el Registro se practicó en su día una anotación letra A) de prohibición de disponer. Una vez caducada, se practicó la letra B, también de prohibición de disponer, dimanante del mismo procedimiento. La titular registral la toma como una prórroga de El registrador no cancela por haberse practicado una vez cancelada por caducidad la anotación preventiva letra «A», en virtud de un nuevo mandamiento judicial y por estar los asientos ya practicados bajo la salvaguardia de los Tribunales. Además, la anotación letra B no es una anotación de prórroga de una anotación caducada, sino una anotación autónoma, con su entidad y vigencia propias, practicada en virtud de un mandamiento judicial, que a su vez fue tomada en virtud de una resolución judicial que no aludía a prórroga alguna sino que ratificaba una orden anterior. (JFME) PDF (BOE-A-2012-841 - 3 págs. - 148 KB) Otros formatos 25. EXPEDIENTE DE REANUDACIÓN DE TRACTO. CITACIÓN A TODOS LOS TITULARES. Resolución de 8 de octubre de 2011, de En un expediente de dominio para reanudar el tracto de una finca que aparece inscrita a favor de varios cotitulares se cita a una persona que parece ser causahabiente de uno de ellos y por medio de edictos a los demás que pudieran estar interesados. La registradora aprecia varios defectos: 1.-No consta que hayan sido citados todos los cotitulares. 2.- No constar las circunstancias personales de los declarados titulares. Defecto que también se confirma pues la inscripción debe contener las circunstancias personales que exigen los artículos 9 LH y 51 RH, por lo que tales circunstancias deben resultar de los documentos presentados a inscripción.(art. 21.1 LH). 3.- No expresarse la porción de cada condueño. Igualmente se confirma puesto que el principio de especialidad exige que se cumpla el artículo 54 RH que establece que las inscripciones de partes indivisas de una finca precisarán la porción ideal de cada condueño (MN) PDF (BOE-A-2012-842 - 3 págs. - 149 KB) Otros formatos *26. NO CABE DILIGENCIA DE ORDENACIÓN PARA CANCELAR TRAS ADJUDICACIÓN. Resolución de 22 de octubre de 2011, de Hechos: Se ha inscrito el dominio de una finca en virtud de un decreto de adjudicación derivado de una ejecución judicial y donde no se aludía a la cancelación de cargas. Se presenta ahora un mandamiento ordenando cancelar las cargas posteriores, basado en una diligencia de ordenación. El registrador, aparte de otro defecto subsanado, no considera suficiente la diligencia de ordenación, máxime cuando el decreto de adjudicación no alude a la cancelación de cargas posteriores. La secretaria judicial recurre argumentando que no es preciso el auto -al no exigir - diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca, - decreto, cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento en el que tuviera el secretario atribuida competencia exclusiva o, en general, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto. Y el artículo 674 LEC, que es el específico aplicable, exige decreto para el remate o adjudicación del bien, pero calla en cuanto a la resolución que pudiera motivar el mandamiento de cancelación. Y considera que ha de tratarse de un acto motivado, pues, aunque, registralmente, la ejecución de una carga preferente debe llevar consigo la cancelación del embargo o inscripción que la motivó así como de las cargas e inscripciones que constaron más tarde en el Registro, la operatividad de esta norma no es automática, porque exige previamente un acto de valoración por la autoridad judicial y, en su caso, consignación del sobrante que pudiera resultar de la venta o adjudicación a favor de los interesados, entre los que se encuentran los titulares de cargas de inferior rango. Puede haber incluso excepciones de asientos posteriores no cancelables (como una anotación de demanda en la que se inste la declaración de un crédito preferente). Y, si la resolución ha de estar motivada, debe revestir la forma de decreto. (JFME) PDF (BOE-A-2012-843 - 4 págs. - 153 KB) Otros formatos 27. PROYECTO DE REPARCELACIÓN EN EL QUE SE MODIFICAN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PARCIALMENTE EL SISTEMA DE EJECUCIÓN. Resolución de 8 de noviembre de 2011, de Supuesto: Se plantea si iniciada la ejecución del planeamiento en un sector sobre la base de un sistema de actuación, pueden posteriormente modificarse las unidades de ejecución del planeamiento y parcialmente el sistema de ejecución sin los mismos trámites que para su aprobación. El registrador estima como defecto, en lo relativo a la redelimitación de Frente a ello la recurrente estima que el ámbito de calificación del registrador no se extiende a este extremo. A) Calificación registral de los documentos administrativos. Ámbito. a) El registrador puede calificar la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y los trámites e incidencias esenciales de éste y, si bien esto no le convierte en órgano revisor de la legalidad administrativa, sí tiene que calificar que se hayan cumplido los trámites esenciales del procedimiento administrativo. b) Ahora bien, esta calificación debe ponerse en inmediata relación con el art. 62.1.e) LRJAPPAC, que sólo admite la nulidad de aquel acto producido en el seno de un procedimiento en el que c) El registrador no puede valorar si el procedimiento seguido por En definitiva, lo que ha de calificar el Registrador es si en el marco del procedimiento elegido por B) Los Planes de Ordenación. En el supuesto de hecho de este expediente el registrador analiza el cumplimiento de los trámites legales y no la oportunidad o no del procedimiento seguido. Como declara Los planes e instrumentos de ordenación urbana tienen valor normativo, como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional en su Sentencia 56/1986 ("el planeamiento urbanístico forma parte del ordenamiento jurídico al que están sujetos todos los poderes públicos"). Y en igual sentido, se pronuncia esta Dirección General en C) Innovación de los instrumentos de planeamiento. El art. 36 de Es cierto que el art. 106 de la misma Ley, al tratar de la delimitación de las unidades de ejecución, permite que tal delimitación se efectúe por el municipio en cuestión, de oficio o a instancia de parte, previa información pública y audiencia a los propietarios afectados por el plazo y publicación que dicho precepto establece, pero sólo "cuando no se contenga en el instrumento de planeamiento dicha delimitación de las unidades de ejecución", requisito imprescindible para poder acudir a este procedimiento. Y ello no ha acontecido en el presente caso, toda vez que apareciendo delimitada la unidad de ejecución (una única unidad) en el Plan de Sectorización, y estableciendo como sistema de actuación el de compensación, no cabe que el Proyecto de Redelimitación de Unidades de Ejecución en el Sector 1, aprobado por el Ayuntamiento, cree dos unidades de ejecución en dicho Sector, sin seguir el mismo procedimiento que el exigido para su aprobación. Por tanto, el Ayuntamiento no está legitimado para realizar tal modificación acudiendo al procedimiento del art. 106 citado, máxime si atendemos a que el Proyecto de Delimitación es un acto administrativo singular, que no tiene valor normativo alguno -cosa que sí sucede con los Planes-, debiendo, pues, venir en aplicación el referido art. 36.1 de PDF (BOE-A-2012-844 - 16 págs. - 267 KB) Otros formatos *28. COMPETENCIA DGRN. CALIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS ERRÓNEA. Resolución de 10 de noviembre de 2011, de Hechos: Una causante, de vecindad civil catalana, fallece intestada, sin hijos ni descendientes, pero con esposo, que fallece una semana después. Los hermanos de la causante consiguen obtener judicialmente la declaración de herederos a su favor y otorgar escritura de aceptación de herencia. Lógicamente, el registrador suspende la inscripción, señalando que con arreglo al Derecho Sucesorio catalán [pero también en el CC], el heredero abintestato es el cónyuge supérstite, y no los hermanos de la causante, por lo que tal escritura sólo sería inscribible previa renuncia del heredero legal (el cónyuge sobreviviente), y, por su muerte, la de sus herederos (ius transmisionis). Los hermanos recurrentes se basan en meros defectos formales (sustantivamente no habría argumento alguno) alegando que la calificación registral no puede extenderse al fondo de una resolución judicial. Reitera toda su doctrina sobre los arts. 18 LH y 100 RH, en que la calificación registral de dichos documentos alcanza a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio seguido, o el Ppio de Tracto y su protección a 3º: el heredero (o sus herederos), cuya existencia e identidad constan en el título presentado (en que aparece el certificado de defunción y su fecha). También aduce PDF (BOE-A-2012-845 - 7 págs. - 193 KB) Otros formatos 29. LIBRO DEL EDIFICIO EN CASO DE AUTOPROMOCIÓN. Resolución de 15 de noviembre de 2011, de Supuesto de hecho. Se cuestiona si resulta exigible en todo caso el previo depósito del Libro del edificio en el Registro de la propiedad competente para inscribir en Doctrina. No cabe admitir, como alega el recurrente, el criterio sentado por Añade el Centro Directivo que no se trata solo de que el régimen registral de las obras nuevas esté diferenciado en Andalucía, sino que también desde el punto de vista material hay diferencias sustantivas entre el régimen del seguro decenal y el del libro del edificio: mientras que la exigencia del seguro decae una vez extinguida la responsabilidad decenal del promotor (cfr. artículos 17.1.a) de Conclusión: "dados los términos claros e inequívocos del artículo 27.3 del citado Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, de fecha posterior a las Resoluciones invocadas por el recurrente, impiden excepcionar del requisito del depósito previo en el Registro del libro del edificio respecto del supuesto de autopromoción, excepción, que a diferencia de lo que ocurre con otras exigencias (v.gr. seguro decenal) no está contemplada en ninguna norma". (JAR) PDF (BOE-A-2012-846 - 5 págs. - 160 KB) Otros formatos 30. INSTANCIA DE HEREDERA ÚNICA: REPRESENTACIÓN, FIRMA LEGITIMADA Y OBLIGACIONES FISCALES. Resolución de 16 de noviembre de 2011 de Documentos presentados.- Instancia privada sin firma legitimada por quien dice ser representante de la heredera única solicitando la inscripción a su favor de los bienes de la herencia. Calificación registral.- La registradora suspende por no acreditarse representación, legitimación ni liquidación del impuesto. Cuestiones estudiadas en los fundamentos jurídicos.- 1.- Representación.- No es suficiente un poder general para pleitos que no tuvo a la vista la registradora ya que la aceptación de la herencia requiere mandato expreso (arts. 1713, 1714, 1727 y 1732 CC), por lo que la intervención en dicho acto requiere de ratificación expresa (art. 1259 CC). No puede aceptarse el argumento del recurrente sobre la existencia de facultades para personarse ante órganos administrativos, pues 2.- Legitimación de firmas.- Confirma el defecto recordando que, según la resolución 20 julio 2006, en los casos en que un documento privado puede tener acceso al Registro es necesario que las firmas de los que los suscriben estén legitimadas notarialmente o ratificadas ante el registrador (art. 166.11 RH). 3.- Liquidación del impuesto.- Revoca el defecto por haberse acreditado la presentación de los documentos en PDF (BOE-A-2012-847 - 4 págs. - 156 KB) Otros formatos 31. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE VENTA POR TODOS LOS HEREDEROS. DISCREPANCIAS EN UN APELLIDO. Resolución de 16 de noviembre de 2011, de Se presenta en el Registro de A tal efecto, los herederos y el comprador «reconocen y ratifican» que se realizó dicha venta, «sin que hasta ahora se haya producido la documentación pública de tal transmisión, lo que ahora llevan a efecto
adquiriendo por tanto este último (el comprador) su pleno dominio, en tal fecha, y para su sociedad de gananciales
». En la misma escritura se expresa por los interesados respectivos que consienten la rectificación del segundo apellido de su madre que no es «P.» como por error consta en el título escritura de compraventa otorgada el día 20 de enero de 1978 y en el Registro de Además, en la nota registral informativa incorporada a la escritura calificada figura como titular actual, por compraventa y con carácter ganancial: don A. R. T., (con el apartado «DNI/NIF» en blanco), casado con doña A. S. P. (también con el apartado «DNI/NIF» en blanco). Los defectos invocados por la registradora que se impugnan consisten en que, a su juicio: a) se rectifica «el segundo apellido de la esposa, pero sin que el notario de fe de que son la misma persona o se acredite dicho extremo de manera fehaciente, por lo que existe una duda fundada de que la titular registral sea la misma persona que la causante (artículos 9 de b) «el principio del tracto sucesivo del artículo 20 de Respecto del primero de los defectos impugnados, atendidas las circunstancias concretas del caso, sería desproporcionado exigir la aportación de tales documentos, pues no puede estimarse fundada la duda que expresa la registradora en su calificación, ante las afirmaciones que tanto los otorgantes como el notario realizan en la escritura calificada acerca de la rectificación del dato erróneo y a la vista de los documentos aportados a tal efecto (copia autorizada del testamento y el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad de la causante). En efecto, debe tenerse en cuenta que la escritura de compraventa reseñada como título de adquisición por parte de los causantes únicamente fue otorgada por uno de los cónyuges, casado en gananciales y manifestando que adquiere el bien para su sociedad conyugal, de modo que con base en la mera declaración del comprador sobre el nombre de su cónyuge se practicó el asiento erróneo respecto del segundo apellido de éste, sin que por lo demás, figure en el mismo asiento su número de documento de identidad. Tampoco el segundo de los defectos que son objeto de este recurso puede ser mantenido, pues según la reiterada doctrina de este Centro Directivo, se puede disponer de bienes singulares y concretos pertenecientes a una herencia como los de una comunidad postganancial, sin necesidad de previa liquidación y adjudicación de los bienes que la integran, siempre que el acto dispositivo sea otorgado conjuntamente por todos los interesados que agotan la plena titularidad del bien como sucede en el presente caso (cfr. artículos 999 y 1410 del Código Civil, párrafos quinto, número 2, y último del artículo 20 de Por otra parte, tampoco constituye obstáculo a la inscripción pretendida el hecho de que en la escritura calificada no se incorpore documento alguno relativo a la compraventa que se formaliza mediante dicho documento público. La escritura calificada tiene un contenido no sólo confesorio sino también volitivo, al consignar el negocio documentado en su integridad y expresar el consentimiento contractual de quienes aparecen con la plenitud del poder dispositivo sobre la finca afectada y con capacidad para realizar el acto traslativo cuestionado, de modo que queda garantizada la autenticidad de dicho consentimiento, con las consecuencias derivadas de la fe pública de que goza el documento público notarial (cfr. artículos 1218 del Código Civil, 1 y 17.bis, apartado a), de PDF (BOE-A-2012-848 - 7 págs. - 194 KB) Otros formatos *32. VPO: COMUNICACIONES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETRACTO. Resolución de 17 de noviembre de 2011, de Se otorga en 2009 la venta de una vivienda y plaza de garaje, situadas en Andalucía, calificadas como de protección oficial en 1985. Se acredita que el vendedor ha comunicado a El registrador entiende que, según la legislación andaluza, para poder inscribir el título hay que acreditar también la notificación previa del comprador y las notificaciones posteriores a la venta del notario y del comprador. El notario autorizante recurre y alega que esas notificaciones que exige el registrador sólo son necesarias en los casos que proceda el derecho de Tanteo y Retracto a favor de Resuelve Sin embargo, respecto de la comunicación del notario y envío de copia simple a Comentario.- Además del poco claro ámbito de aplicación del sistema de notificaciones, llama la atención lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de Viviendas Protegidas en Andalucía aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio, citado en Artículo 32. Nulidad de pleno derecho de las transmisiones. Serán nulas de pleno derecho, salvo a los efectos del ejercicio del derecho de retracto, las transmisiones en las que la persona transmitente y la adquirente de la vivienda protegida no hayan dado cumplimiento a las condiciones establecidas en este Capítulo, referentes a las comunicaciones que con carácter previo o posterior a la transmisión deben realizar, de conformidad con lo previsto en los artículos 13.4 y 12.4, respectivamente, de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre. El Reglamento se dicta en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 13 de 4.-Serán nulas de pleno derecho las transmisiones en las que las partes no hayan efectuado, en la forma y plazos previstos, las comunicaciones previstas en el artículo 12 en relación con los derechos de tanteo y retracto. Es decir Algún experto debería aclarar este nuevo tipo de nulidad de pleno derecho que establece el Reglamento pero que no lo es a los efectos del ejercicio del derecho de retracto. Es decir, que la transmisión es nula si no hay notificaciones, pero si PDF (BOE-A-2012-849 - 9 págs. - 192 KB) Otros formatos *33. TÍTULO FORMAL PARA Hechos. Para inscribir un bien patrimonial de un Ayuntamiento adquirido por adjudicación directa en concurso público, se presenta certificación administrativa, con visto bueno del Alcalde, del acuerdo del Pleno y del Decreto de adjudicación. El registrador exige formalización en escritura pública, por tratarse de un contrato privado, aunque esté celebrado por una Administración Pública. Recurrió el interesado quien considera suficiente la certificación administrativa. Pero los títulos relativos a bienes inmuebles o derechos reales no pueden presentarse indistintamente en cualquiera de estas clases de documentos, sino en aquellos que legalmente sean los propios del acto o contrato que haya de inscribirse. La forma utilizada ha de ser congruente con la naturaleza del acto o negocio. Centrándose en el caso concreto, identifica el negocio como una adquisición tras adjudicación en concurso público que se formaliza entre el Ayuntamiento y un particular, que está excluido del ámbito de Se trata, pues, de un contrato sujeto al Derecho privado en el que interviene una Administración pública, por lo que se regirá (art. 20): - En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por - en cuanto a sus efectos y extinción por las normas de Derecho privado, de lo que deduce Y, según la legislación civil, el título formal adecuado para la inscripción de una compraventa de inmuebles habrá de ser la escritura pública notarial. Así resulta de los artículos 609, 1278, 1279, 1280.1º y 1462 del Código Civil y el artículo 113.1 de De paso, hace referencia a que, al tratarse de un contrato, es preciso aportar, a efectos de inscripción, una copia literal del mismo, circunstancia que no se da en la certificación presentada. Tampoco se aporta copia del documento de formalización de la adjudicación, ni se reproduce literalmente el contenido de los acuerdos objeto de la certificación. Además, en el pliego de condiciones se recoge la obligación de formalizar el negocio en escritura pública. Notas: 1.- 2.- No se alude en la nota ni en la respuesta de PDF (BOE-A-2012-850 - 3 págs. - 148 KB) Otros formatos 34. NO CABE CANCELACIÓN DE CARGAS POSTERIORES SI Documentos presentados y situación registral.- El 11 marzo 2011 se presenta testimonio de auto de adjudicación y mandamiento cancelatorio respecto de anotación preventiva de embargo que en el Registro fue cancelada el 28 febrero 2011. Calificación registral.- La registradora inscribe la adjudicación y deniega la cancelación al constar ya cancelada por caducidad la anotación que es objeto de ejecución. Cuestión debatida.- El tema debatido es si es posible cancelar las cargas posteriores a una anotación de embargo por mandamiento cancelatorio, cuando en el momento de la presentación, la anotación de embargo está cancelada por haber transcurrido su plazo de vigencia de cuatro años. Ello no impide la inscripción del testimonio del auto de adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que tenga por razón de su inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por estar ya cancelada. Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenada en el mandamiento hubiera sido posible, debió haberse presentado en el Registro el testimonio del auto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas o al menos el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad antes de que hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó. También podría haberse presentado antes de la caducidad mandamiento judicial ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva. (CBG) PDF (BOE-A-2012-851 - 3 págs. - 148 KB) Otros formatos 35. SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO DE UNA PLAZA DE GARAJE SIN INDICAR Documentos presentados y situación registral.- Testimonio de sentencia judicial por la que se declara a favor del demandante el dominio de una plaza de garaje, señalada con el número 27, existente en un determinado edificio, sin que se haya abierto folio independiente para dicha plaza. Se acompaña certificación catastral. Calificación registral.- La registradora suspende la inscripción por no indicarse la cuota indivisa o porción física de la finca registral que corresponde a la plaza de aparcamiento ni las circunstancias de la persona a cuyo favor haya de practicarse la inscripción. Cuestiones debatidas.- 1.- Especificación de plaza de garaje.- No es posible la inscripción de una plaza de garaje sin fijación de la cuota indivisa, tratándose de comunidad ordinaria; o sin la descripción perimetral de la plaza dentro del local del que forma parte que permita la apertura de folio independiente para la misma, además de la especificación de la cuota, si lo que se pretende es la inscripción de comunidad especial con asignación de uso. La especificación de la cuota, al tratarse de un acto de riguroso dominio, requiere bien el consentimiento y acuerdo de los comuneros, bien declaración expresa en la resolución judicial en la que hayan sido parte, sin que pueda admitirse la fijación unilateral por parte del demandante. Pero si se quiere modalizar la comunidad existente sobre el garaje, pasando de una comunidad ordinaria (arts. 392 y ss. CC) a una comunidad especial con asignación de uso de plazas determinadas, deberá prestar su consentimiento a ello todos los copropietarios, dado el carácter de acto de alteración en la cosa común que significa (art. 397 CC). La especificación del número de orden, linderos, dimensiones perimetrales y superficie útil, así como la descripción correspondiente a los elementos comunes, es una exigencia de claridad registral impuesta por el art. 53.b) R. D. 1093/1997 cuando se opte por esa modalidad de comunidad. Finalmente recuerda que 2.- Circunstancias personales.- Deben consignarse conforme a los arts. 9 y 21 LH y 51 RH, no pudiendo tenerse en cuenta su declaración por el magistrado en su informe por no haberse presentado dicho informe al tiempo de realizarse la calificación recurrida. (CBG) PDF (BOE-A-2012-852 - 4 págs. - 155 KB) Otros formatos 38. ESPECIFICACIONES SOBRE EL RÉGIMEN DE GANANCIALES DEL COMPRADOR. Resolución de 20 de diciembre de 2011, de Hechos: Se otorga escritura de compraventa en la que consta que el comprador es vecino de Valencia y está «casado en régimen legal de gananciales» y compra «para su sociedad de gananciales». Mediante diligencia de subsanación posterior se matiza que el comprador está «casado en régimen legal supletorio de gananciales». El registrador suspende la inscripción, entendiendo, conforme a El notario recurrente, alega, en base al art. 159 RN, que en la escritura ya hizo constar el régimen económico matrimonial, y que no reseñó la existencia de capitulaciones matrimoniales precisamente porque no existen. PDF (BOE-A-2012-855 - 4 págs. - 155 KB) Otros formatos D*39. DURACIÓN DEL USUFRUCTO CONSTITUIDO SOBRE Hechos. Se trata de una compleja y detallada escritura de herencia en la que se hacen unas adjudicaciones con observancia estricta del título sucesorio, resultando un sucesivo desmembramiento en las titularidades inventariadas y adjudicándose usufructo sobre usufructo, usufructo sobre nuda propiedad, nuda propiedad sobre usufructo y nuda propiedad sobre nuda propiedad. También se plantean cuestiones relacionadas con la transmisión del derecho de usufructo, ocupándose específicamente de lo concerniente a la duración del usufructo transmitido. Doctrina. Esquemáticamente desglosamos el contenido de 1. Transmisibilidad del derecho de usufructo. El artículo 480 CC contempla expresamente tal posibilidad cuando dice que podrá el usufructuario aprovechar por si mismo la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, aunque sea a título gratuito. Ahora bien, la transmisión del usufructo nunca comportará la modificación de su contenido salvo que exista un pacto expreso para ello con el nudo propietario. Dice Por tanto, el cesionario de un derecho de usufructo está sujeto a las vicisitudes del título constitutivo del derecho de usufructo cedido o transmitido. Solo las causas de extinción previstas en el título constitutivo del usufructo cedido afectan a éste y determinan su extinción. Por ello, sí se trata de la cesión de un usufructo vitalicio, dicho derecho se extinguirá con la muerte del usufructuario cedente, lo cual no impide que también pueda extinguirse, pero sólo respecto de la esfera jurídica del cesionario, por el fallecimiento de éste, o por cualquier otra causa prevista en el título de cesión (cfr. Resolución de Tal conclusión no se altera cuando la cesión se produce a favor de dos o más personas entre las que pueda tener lugar el derecho de acrecer previsto en el artículo 521 CC. Aun cuando se produjera el acrecimiento, la duración del usufructo será la fijada en el título constitutivo del cedente, de ahí que si es vitalicio se extinguirá sólo con el fallecimiento del usufructuario cedente. Fallecido el cesionario del derecho de usufructo, el usufructo sigue vigente mientras no fallezca el usufructuario cedente, y de ahí que es correcto inventariar el usufructo cedido en el caudal relicto del cesionario, concretamente como derecho ganancial y sujeto a la correspondiente liquidación de gananciales. 2. Usufructo sobre derechos. El usufructo sobre derechos (transmisibles y no personalísimos) es una figura claramente admitida por nuestro ordenamiento, congruente con el principio de la libre transmisibilidad de los bienes y derechos y que cuenta con el refrendo explícito del artículo 469 del Código Civil a) Usufructo sobre usufructo: admitido el usufructo sobre derechos, nada se opone a que se constituya un derecho de usufructo sobre un previo usufructo, consistiendo el contenido del segundo usufructo en el goce actual de todo el racimo de facultades que conforman e integran el utendi et fruendi del usufructo primario (es decir el derecho de usufructo usufructuado) sobre la cosa gravada. Así, en el presente supuesto, este derecho de usufructo del cónyuge legitimario, le permitiría en definitiva en la proporción determinada por las cuotas indivisas afectadas y por mediación del usufructo primario vigente, cuyas facultades de goce absorbe por entero usar y disfrutar directamente del inmueble concernido. (Secuencia de la titularidad: A es usufructuario, B. nudo propietario y C usufructuario sobre el usufructo de A). b) Usufructo sobre nuda propiedad: tal posibilidad resulta del artículo 469 del Código Civil, aunque fue cuestionada por una antigua sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1919. El usufructo sobre la nuda propiedad supone en definitiva la constitución de un usufructo sucesivo al persistente, cuyo contenido económico es la posibilidad de que el usufructuario sucesivo pueda llegar a disfrutar el bien afectado una vez que se extinga el usufructo vigente, en cuyo caso se convertirá en un usufructo pleno, «estableciéndose, en consecuencia como ya tiene dicho esta Dirección General (Resolución de 12 septiembre de 2001) un usufructo sucesivo, admitido por el Código Civil, y cuya inscribibilidad no ofrece la menor duda en nuestra legislación hipotecaria», pues, «lo contrario supondría, injustificadamente, demorar la inscripción del usufructo que ahora se adjudica, hasta el momento en que se produzca la expresada consolidación (con la nuda propiedad, por extinción del primitivo usufructo)» (Resolución de 24 de noviembre de 2004). (Secuencia de la titularidad: A es usufructuario, B. nudo propietario y C usufructuario sobre la nuda propiedad de B). c) Nuda propiedad de usufructo: admitido que cabe constituir un derecho de usufructo sobre un usufructo persistente, habrá que concluir que, al igual que al primer usufructo le corresponde una nuda propiedad, también este segundo usufructo constituido tendrá un correlativo nudo propietario. Se trata, dice d) Nuda propiedad sobre nuda propiedad: su admisibilidad no debe admitir dudas, pues se trata de la titularidad expectante a la consolidación del pleno dominio tras la extinción de los dos gravámenes usufructuarios. Es decir, es una nuda titularidad cuya conversión en titularidad dominical plena se sujeta a un doble evento: la extinción de los dos usufructos que sucesivamente la gravan. (Secuencia de la titularidad: A es usufructuario. B. nudo propietario, C. usufructuario sobre el usufructo de A y F nudo propietario de la nuda propiedad de B) Cuestión relativa a la calificación registral: No cabe calificar en base a principios hipotecarios sin concretar las normas vulneradas. Para evitar el más mínimo asomo de indefensión hay que especificar siempre, además de la invocación del principio, la concreta de la norma vulnerada, pues la infracción de una norma positiva es lo único que puede justificar una calificación desfavorable. (JAR) PDF (BOE-A-2012-856 - 8 págs. - 184 KB) Otros formatos 40. PROPIEDAD HORIZONTAL: CLÁUSULA ESTATUTARIA RELATIVA A PISCINA. Resolución de 9 de enero de 2012, de Se otorga una escritura de obra nueva de un edificio sin que se describa o declare la existencia de piscina alguna. Posteriormente se otorga la escritura de división horizontal y en los Estatutos aparecen, en el apartado relativo a elementos comunes, determinadas reglas sobre las piscinas en la cubierta del edificio. La registradora suspende la inscripción de dicha norma de los Estatutos relativa a las piscinas, pues considera que la mención a las piscinas supone una alteración de la obra nueva inscrita y que se debe declarar la obra nueva de las piscinas y acreditar su legalidad previamente a la inscripción de la norma estatutaria. Por lo demás, inscribe el resto de la escritura y Estatutos El notario autorizante recurre y alega, en cuanto a la forma, que la registradora no debería de haber inscrito parcialmente los Estatutos pues no se había solicitado la inscripción parcial. En cuanto al fondo, que no hay necesidad de que la existencia de las piscinas conste en la descripción de la obra nueva para que sean reguladas en los Estatutos, al igual que ocurre con otros elementos tales como ascensores, cuartos de máquinas, etc, pues la descripción de estos elementos es una exigencia de De igual forma considera que es posible regular en los Estatutos esos elementos comunes, aunque no consten descritos en la declaración de obra nueva, atendiendo a que se trata de la constatación de un hecho y a la finalidad perseguida (es decir, su constancia en el Registro para obligar a futuros adquirentes). En cuanto a su acceso al Registro lo considera posible, y para ello cita varias Resoluciones precedentes en esa línea. Finalmente no entra a valorar el primer argumento del notario recurrente la improcedencia de la inscripción parcial- pues después de esta resolución estimatoria se hace innecesario, ya que los Estatutos han de ser inscritos en su totalidad. (AFS) PDF (BOE-A-2012-1423 - 7 págs. - 178 KB) Otros formatos 41. PARTICIÓN DE HERENCIA CON TUTORA INTERESADA Y SIN DEFENSOR JUDICIAL. Resolución de 10 de enero de 2012, de Se otorga una escritura de partición de herencia por el contador partidor que recoge y protocoliza un cuaderno particional elaborado previamente por dicho contador. En una escritura complementaria comparece una heredera para manifestar que el inventario se ha practicado con la conformidad de todos los interesados, dándose la circunstancia de que la heredera es a su vez tutora de otro heredero incapaz. La registradora de la propiedad suspende la inscripción pues considera que no es una partición hecha por el contador, sino que es una partición convencional de todos los herederos ratificada por el contador partidor, que hay conflicto de intereses entre la tutora y el tutelado y por tanto hay que nombrar un defensor judicial y se necesita la posterior aprobación judicial. El recurrente alega que es una partición hecha únicamente por el contador partidor, que habiendo contador partidor la partición no se necesita del consentimiento de los herederos, que no hay conflicto de intereses entre tutora y tutelado puesto que no intervienen en la partición y que no es necesaria la aprobación judicial. El notario autorizante no emite el preceptivo informe. En el presente caso son de aplicación los razonamientos anteriores, ya que es una partición realizada por el contador partidor aunque reconoce que la escritura está redactada de forma gramaticalmente confusa, lo que pudo llevar a error en la calificación- que el contador partidor no necesita el consentimiento de los herederos, por lo que no es necesaria tampoco la aprobación judicial. En cuanto al posible conflicto de intereses entre tutora y tutelado como herederos en el único acto en el que intervienen, la formación de inventario, considera PDF (BOE-A-2012-1424 - 6 págs. - 167 KB) Otros formatos 42. EMBARGO DE VEHÍCULO: NO ES POSIBLE SI NO COINCIDE EL DNI DEL EMBARGADO CON EL QUE CONSTA EN Hechos: La cuestión que plantea el presente recurso se centra en determinar si es posible la práctica en el Registro de Bienes Muebles de una anotación preventiva de embargo, cuando el vehículo embargado aparece en la base de datos de El registrador suspende la inscripción por el defecto de que el DNI del embargado, no coincide con ningún DNI asociado al vehículo que consta en la base de datos de La interesada recurre alegando que la transferencia se ha efectuado en concepto de posesión (no de propiedad) concretamente a un concesionario de compraventa de vehículos usados. Doctrina: Se basa para ello en tres razones fundamentales: 1ª. Que los registradores deben seguir utilizando como instrumento auxiliar en su calificación el sistema de interconexión informática entre el Registro de Vehículos y el Registro de Bienes Muebles, de manera que podrán fundar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva en la existencia de titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, siempre teniendo en cuenta que la presunción de existencia y titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de Bienes Muebles. 2ª. Que el RBM es también un Registro de titularidades y no sólo de gravámenes, característica que explica la incorporación del principio de tracto sucesivo en la ordenación de este Registro. 3ª. Que ello representa una manifestación de la interoperabilidad que debe existir entre ambos Registros, pese a sus distintas finalidades, en aras de conseguir un tráfico seguro, fiable y económico de los bienes muebles. Comentario: Aunque es resolución confirmatoria de otras anteriores, es importante que Hubo otras resoluciones anteriores que se produjeron en sentido contrario, las de 21, 22 y 23 de octubre de 2002, pero desde la de 12 de julio de 2004, mantiene la misma doctrina que la resolución que examinamos. Por ello estimamos que, a afectos del tracto sucesivo en materia de vehículos automóviles, es básica la consulta, y el resultado de esa consulta a la base de datos de PDF (BOE-A-2012-1425 - 4 págs. - 155 KB) Otros formatos 43. DECLARACIÓN DE RUINA DE UNA FINCA. Resolución de 12 de enero de 2012, de Hechos: en una escritura de permuta se describe la finca en estado de ruina con un exceso de cabida, aportando documentación del Ayuntamiento que así la declara, ordenando su demolición y certificación catastral. La registradora inscribe la permuta, pero no las rectificaciones de la descripción al entender que son meras manifestaciones de las partes. Alegó en el informe que su inscripción no fue solicitada. Así pues, interpreta el Centro Directivo, siguiendo a En caso de calificación negativa parcial del documento presentado, el registrador debe notificar el defecto por él apreciado, a la vista de lo cual el presentante o el interesado podrán solicitar la inscripción parcial del documento, sin perjuicio de su derecho a recurrir en cuanto a lo no inscrito. Por excepción, en los documentos judiciales puede actuar de oficio inscribiendo parcialmente. En este caso, considera que hubo inscripción parcial, pues se alude a la descripción actual de la finca y se aporta documentación que trata de acreditarla por ello, estima que faltó la calificación del exceso de cabida y de la declaración de ruina. Se alude a la posibilidad de aplicar el procedimiento del artículo 18.2 de PDF (BOE-A-2012-1426 - 6 págs. - 170 KB) Otros formatos D*44. CANCELACIÓN DE PROHIBICIÓN DE DISPONER PLAN ESTATAL VIVIENDAS 2005-2008. Resolución de 13 de enero de 2012, de Hechos: Mediante instancia, los titulares registrales de una vivienda solicitan la cancelación de una anotación de prohibición y limitación de disponer que la grava, antes del transcurso de diez años. Fue practicada en virtud de lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008. Previamente, solicitaron de El registrador exige el consentimiento de El recurrente alega la aplicación al caso de la doctrina de silencio positivo. Considera que éste es el principio general. Aunque son excepción los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, existe una contra excepción: cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo. Y los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer ante Le ve los siguientes obstáculos que impiden la inscripción: - Las normas del procedimiento administrativo no se aplican en su integridad al procedimiento registral porque no se compadece con la naturaleza jurídica especial de este procedimiento (así Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 3 de enero de 2011), como lo demuestra que la revisión de la actividad registral inmobiliaria no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sino que está atribuida al orden jurisdiccional civil por razón de la naturaleza privada y patrimonial de los derechos que constituyen su objeto. Ello no excluye la aplicabilidad del régimen administrativo cuando haya una remisión específica de la legislación hipotecaria o cuando se trate de normas administrativas que respondan a los principios generales materiales o de procedimiento propios de todo el ordenamiento. - En la legislación hipotecaria la regla general es la de que no se admiten los consentimientos tácitos ni presuntos. La cancelación de un asiento registral puede constituir un acto de «desprendimiento de derechos que equivale a una enajenación», para lo que es preciso el consentimiento expreso del titular registral, o de sus causahabientes o representantes legítimos o resolución judicial firme dictada en procedimiento en que haya sido emplazado, y la capacidad necesaria para enajenar bienes inmuebles, salvo excepciones. - Rige también el principio general de titulación auténtica, que es aplicable a las cancelaciones. De esta regla tan sólo se excepcionan los supuestos en que el derecho inscrito o anotado quede extinguido por declaración de - Y la técnica del silencio administrativo -positivo o negativo- sólo puede aplicarse en relación con el ejercicio de aquellas facultades de PDF (BOE-A-2012-1427 - 5 págs. - 162 KB) Otros formatos FIN DEL INFORME
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