INFORME Nº 340. (BOE ENERO de 2023)

Primera Parte: Secciones I y II.

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Equipo de redacción:

* José Félix Merino Escartín, registrador de la propiedad de Madrid.

* Carlos Ballugera Gómez registrador de la propiedad de Las Rozas de Madrid.

* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

* María Núñez Núñez, registradora de la propiedad y mercantil de Lugo.

* Inmaculada Espiñeira Soto, notaria de Santiago de Compostela.

* José Ángel García-Valdecasas Butrón, registrador.

* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de Cádiz nº 3

* José Antonio Riera Álvarez, notario de Arucas (Gran Canaria)

* Albert Capell Martínez, notario de El Prat, antes de Fraga (Huesca) y antes de Boltaña

* Gerardo García-Boente Dávila, Director Inmobiliario y Urbanismo de PwC.

* María García-Valdecasas Alguacil, registradora de Barcelona

* Emma Rojo Iglesias, registradora de Alcalá de Henares (Madrid)

* Javier Máximo Juárez González, notario de Valencia

* Víctor Esquirol Jiménez, notario de El Masnou (Barcelona)

* Antonio Manuel Oliva Izquierdo, registrador de Trujillo (Cáceres)

* Ana Virginia Botía González, notaria de Hellín (Albacete)

DISPOSICIONES GENERALES:

RDLey 1/2023: incentivos para la contratación laboral

Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.

Resumen: Promueve la contratación laboral estable con incentivos como la rebaja de cuotas de la Seguridad Social o subvenciones públicas. Obligación de mantener el empleo durante tres años. Para la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento extiende la situación de vulnerabilidad. Casi todo entrará en vigor el 1 de septiembre de 2023.

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El primer Real Decreto Ley del año cuenta con 42 artículos distribuidos en 3 capítulos y, entre disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, un total de 35

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. Se divide en tres secciones:

Sección 1.ª Objeto y principios.

Objeto: Es el de regular los incentivos destinados a promover la contratación laboral, así como otros programas o medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad financiados mediante bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, o desarrollados mediante otros instrumentos de apoyo al empleo.

Ámbito de aplicación:

– subvenciones públicas en materia de empleo: se les aplica el capítulo I

– bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta: se regulan en el capítulo II.

– acuerdos por el empleo adoptados en el marco de la negociación colectiva,

– la reserva de empleo,

– las cláusulas sociales en la contratación pública,

– los planes de igualdad en las empresas

– los pactos locales o comarcales de empleo

– y los servicios de información, formación y acompañamiento previstos en el artículo 3.

Objetivos generales: promocionar la contratación de las personas desempleadas, especialmente de las más vulnerables, contribuir al mantenimiento y la mejora de la calidad del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas, así como fomentar la creación de empleo en el ámbito de la economía social

Sección 2.ª Personas destinatarias de las medidas de fomento del empleo.

Personas destinatarias de la contratación laboral incentivada. Lo serán, con independencia de la nacionalidad y otros rasgos:

a) Personas de atención prioritaria, que figuren registradas en los servicios públicos de empleo como demandantes de servicios de empleo en situación laboral de desempleadas. Se enumeran determinados casos en los que no será necesaria la inscripción previa en los servicios públicos de empleo.

b) Personas trabajadoras que se encuentren en alguno de estos supuestos:

1.º Que vean transformados sus contratos en contratos indefinidos.

2.º Conversión de contratos indefinidos a tiempo parcial en contratos indefinidos a tiempo completo, o de contratos fijos discontinuos en contratos indefinidos ordinarios.

Momento de la acreditación. La condición de persona destinataria de la contratación laboral incentivada deberá acreditarse:

a) En el caso de las bonificaciones de cuotas, a la fecha del alta de la persona trabajadora en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o, en su caso, a la fecha en que se produzca la variación de datos correspondiente.

b) En el caso de las subvenciones públicas, a la fecha de celebración del contrato incentivado.

Los contratos de trabajo se formalizarán en el modelo oficial que facilite el Servicio Público de Empleo Estatal.

Personas destinatarias de los demás programas. Además de las personas destinatarias de la contratación laboral incentivada, podrán ser destinatarias de los demás programas o medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable las personas consideradas como tales en cada uno de ellos, en los términos señalados en el capítulo II cuando se financien mediante bonificaciones en la cotización y en los señalados por la Administraciones Pública cuando se financien mediante subvenciones públicas. Pone ejemplos el artículo 5.

Definiciones. El artículo 6 contiene las definiciones de personas destinatarias de las medidas de fomento del empleo.

Sección 3.ª Beneficiarios de los incentivos.

Determinación de los beneficiarios. Según el art. 7, podrán beneficiarse de los incentivos previstos en este real decreto-ley, en los términos y condiciones que para cada programa o medida se determine:

a) Las empresas u otros empleadores.

b) Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas.

c) Las sociedades laborales o cooperativas por la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo.

d) Las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, con excepciones.

Requisitos de los beneficiarios. Conforme al artículo 8, para ser beneficiario se requerirá (resumiendo):

a) No haber sido inhabilitado, ni excluido por infracción grave

b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

c) Contar con el correspondiente plan de igualdad, en el caso de las empresas obligadas.

Obligaciones de mantenimiento en el empleo. El artículo 9 regula las obligaciones de mantenimiento del empleo, que se unifican para todos los contratos incentivados. El beneficiario deberá mantener a la persona destinataria de estas medidas en situación de alta, o asimilada a la de alta con obligación de cotizar, en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, al menos tres años desde la fecha de inicio del contrato, transformación o incorporación bonificados.

El incumplimiento de estas obligaciones determinará la pérdida del derecho a los correspondientes beneficios, con aplicación de lo establecido en el artículo 13.

Cuantías y duración de los beneficios. Conforme al artículo 10, la cuantía y la duración de las bonificaciones en la cotización se regirán por lo establecido en cada uno de los programas o medidas previstos en el capítulo II.

Respecto a los incentivos a la contratación laboral, sus cuantías se establecen por cada contrato suscrito a tiempo completo. En los supuestos de contratación a tiempo parcial, las citadas cuantías se reducirán proporcionalmente en función de la jornada establecida, sin que ésta pueda ser inferior, a efectos de la aplicación de los correspondientes incentivos, al 50 por ciento de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable.

Exclusiones. El art. 11 enumera los supuestos en los que no se aplicarán los incentivos a la contratación previstos en este RDLey. Entre ellos se encuentran relaciones laborales de carácter especial, contratación a parientes o a personas que ya hubiesen prestado servicios a la empresa en los últimos 12 meses.  De todos modos, la D. Ad. 3ª regula las bonificaciones por la contratación de personas en el entorno familiar.

Incompatibilidad y concurrencia de beneficios. Se trata en el artículo 12. También se indica que las bonificaciones previstas en este RDLey no podrán, en concurrencia con otras medidas de apoyo público establecidas para la misma finalidad, superar el 60 por 100 del coste salarial anual correspondiente al contrato que se bonifica, salvo en el caso de los trabajadores con discapacidad.

Reintegros. Se regulan en el artículo 13 para casos en que no se reúnan los requisitos exigidos o se incumplan las obligaciones previstas en los artículos 9 y 12. Se aplicarán intereses de demora y puede haber sanciones. Para supuestos de deslocalización empresarial, ver D. Ad. 2ª.

CAPÍTULO II. Incentivos y otros instrumentos de apoyo al empleo. Contiene tres secciones:

Sección 1.ª Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

Desglosamos los supuestos tratados aquí y en disposiciones adicionales:

– Contratación indefinida de personas con capacidad intelectual límite (artículo 14).

– Bonificaciones por la contratación de personas con discapacidad (D. Ad. 5ª)

– Readmisión de trabajadores tras haber cesado en la empresa por incapacidad permanente total o absoluta, o por invalidez permanente (artículo 15).

– Contratación de mujeres víctimas de violencia de género, de violencias sexuales y de trata de seres humanos (artículo 16). Para las bonificaciones en contratos de duración determinada en sustitución, ver D. Ad. 9ª.

– Contratos de duración determinada que se celebren con jóvenes desempleados para sustitución de personas trabajadoras en determinados supuestos (artículo 17).

– Contratación indefinida de personas jóvenes con baja cualificación beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. D.Ad.1ª

– Bonificaciones en la cotización de las personas trabajadoras sustituidas durante las situaciones de nacimiento y cuidado de menores, embarazo o lactancia (artículo 18).

– Cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como supuestos de enfermedad profesional (artículo 19).

– Bonificaciones por la contratación indefinida de personas en situación de exclusión social (artículo 20),

– Contratación indefinida de desempleados de larga duración (artículo 21)

– Contratación indefinida de personas víctimas del terrorismo (artículo 22).

– Contrato de formación en alternancia (artículos 23 y 26).

– Transformación en indefinidos de contratos formativos y de relevo (artículo 24)

– Contratación indefinida o incorporación como socio en cooperativa o sociedad laboral de personas que realizan formación práctica en empresas (artículo 25), o para pasar de trabajadores a socios (artículo 28)

– Contratación de personal investigador bajo la modalidad de contrato predoctoral (artículo 27). Ver bonificaciones en la D. Ad. 7ª.

– Transformación en contratos fijos-discontinuos de contratos temporales en el sector agrario (artículo 29). La D. Ad. 8ª limita el tiempo de aplicación a dos años.

– Ampliación de la duración de los contratos fijos-discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística (artículo 30)

– Otros sectores de actividad y ámbitos geográficos.(artículo 31)

– Bonificaciones en contratos suscritos por empresas de inserción (D. Ad. 6ª)

Sección 2.ª Otros instrumentos de apoyo al empleo

Entre ellos se encuentran:

– Acuerdos por el empleo en el marco de la negociación colectiva (artículo 32).

– Reserva de empleo por la que el Gobierno podrá regular medidas de reserva o preferencia en el empleo que tengan por objeto facilitar la colocación de personas trabajadoras demandantes de empleo (artículo 33).

– Planes de igualdad en las empresas para su implantación voluntaria en pequeñas y medianas empresas (artículo 34).

– Pactos locales y comarcales de empleo (artículo 35).

Sección 3.ª Normas comunes a las bonificaciones en la cotización

Aplicación de las bonificaciones en la cotización. La Tesorería General de la Seguridad Social aplicará los beneficios de cuotas, utilizando para ello los programas y aplicaciones disponibles para la gestión liquidatoria y recaudatoria de la Seguridad Social (artículo 36).

Control o verificación de los requisitos. Respecto de las bonificaciones de cuotas, una vez aplicadas, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) realizará el control o verificación de los requisitos objetivos. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la vigilancia del cumplimiento de los requisitos y exclusiones, así como de las obligaciones, establecidas en relación con los beneficios de cuotas de la Seguridad Social. Sin perjuicio de lo anterior, la TGSS actualizará las liquidaciones de cuotas (artículo 37). El artículo 38 trata de la coordinación entre la TGSS, el SEPE y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Acreditación de los requisitos:

– Ver artículo 39 sobre los requisitos previstos en el art. 8 para los beneficiarios de bonificaciones

– Para acreditar la inexistencia de exclusiones, ver artículo 40.

CAPÍTULO III. Financiación y evaluación

Todos los incentivos a la contratación indefinida se financiarán con cargo a la respectiva partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.

La evaluación del impacto de las medidas se realizará en el marco del modelo integrado de seguimiento y evaluación de las políticas activas de empleo y, al menos, junto con la evaluación intermedia y final de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo.

Disposiciones adicionales, transitorias y derogatoria

La mayoría ya han sido reseñadas. Aparte de ellas, destacamos:

– La D. Ad. 4ª trata de las bonificaciones en la cotización aplicables a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas indicando que su cuantía, así como los términos y condiciones para su aplicación, serán los establecidos en la D. Ad. 2ª de la Ley 20/2007, de 11 de julio.

– La D. Ad. 11ª regula la compatibilidad de las reducciones y bonificaciones de cuotas de Seguridad Social).

– Las D. Ad. 13ª y 14ª y la D. Tr. 4ª se refieren a artistas y trabajadores autónomos de la cultura.

– La D. Ad. 16ª modifica determinado tipo del recargo de equivalencia en el Impuesto sobre el Valor Añadido (operaciones al 5%) que se redondea al 0,62%.

– La D. Tr. 1ª, respecto a los incentivos a la contratación en vigor, dispone que “a los incentivos derivados de contratos iniciales o de la transformación de contratos temporales, suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, así como a otras bonificaciones en la cotización y a los procedimientos de otras medidas iniciados con anterioridad a esa fecha, les será de aplicación la normativa vigente en el momento de su celebración.”

– La D. Tr. 3ª regula el régimen transitorio de los procedimientos de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas y de liquidación de las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años.

– Contiene una densa disposición derogatoria a la que nos remitimos, destacando la derogación completa de Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, que regulaba los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento.

Disposiciones finales

En ellas se modifican diversas disposiciones legales y reglamentarias (que mantienen su rango):

La D.F. 1ª modifica el TR Ley de Clases Pasivas del Estado y, en concreto, el artículo 33.2, donde, tras definir la regla general de que “el percibo de las pensiones de jubilación o retiro será incompatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social”, procede a definir excepciones a la regla.

– La D.F. 2ª reforma la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, dando nueva redacción a su artículo 36, a fin de mantener el importe de la bonificación en la cotización a la Seguridad Social que venía siendo de aplicación con anterioridad a las modificaciones operadas por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, a los trabajadores de Ceuta y Melilla, así como a su artículo 38, al objeto de incluir expresamente a los socios trabajadores o de trabajo de las sociedades cooperativas entre los beneficiarios de la bonificación en él regulada (descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural).

La D.F. 3ª modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, lo que afecta a sus artículos 9, 10 y 11, relativos a la capitalización de las prestaciones por desempleo en el caso de incorporación como personas socias en cooperativas y en sociedades laborales y a las posibles bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.

La D.F. 4ª modifica el TRLGSS. Es una amplia modificación que adapta esta ley al contenido del presente RD-ley. Entre otros artículos modificados destacan:

– el artículo 36, sobre facultades de comprobación.

– el artículo 153 bis: cotización en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contrato.

– diversos artículos relacionados con la Seguridad Social de los artistas.

– la D.Ad. 44ª: beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo y al Mecanismo RED.

Las D.F. 5ª y 6ª afectan respectivamente al RD-ley 11/2020, de 31 de marzo, y al RD-ley 20/2022, de 27 de diciembre, con el objetivo de eliminar la referencia a la pandemia como causa de vulnerabilidad y, por tanto, extender dicha circunstancia a nuevas situaciones que se hayan producido con posterioridad, como las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, y reflejar expresamente que cabe la prórroga extraordinaria cuando, en el periodo señalado, finalice el contrato sin posibilidad de prórrogas, ni legales ni contractuales, para aquellos contratos que se encuentren en prórroga como consecuencia de la aplicación del artículo 1.566 del Código Civil (tácita reconducción en contratos de arrendamiento).

La D.F. 7ª modifica el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, sobre empleo de los trabajadores minusválidos en lo referente a las readmisiones que podrán dar derecho a beneficios de la cuota patronal de la Seguridad Social.

La D.F. 8ª toca dos artículos del RD 625/1985, de 2 de abril (Reglamento de Protección por Desempleo): el artículo 33 que regula el procedimiento para el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, y el artículo 34, sobre compensación de prestaciones por desempleo.

La D.F. 9ª añade un nuevo apartado al art. 6 del RD 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años. Se determina que el plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento de liquidación será de seis meses.

La D.F. 10ª modifica los dos primeros artículos RD 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador. Los artículos se refieren al objeto y al ámbito de aplicación.

Entrada en vigor

Se impone una amplia vacatio legis, pues la D.F. 13ª determina que, como regla general, entrará en vigor el 1 de septiembre de 2023, con las siguientes excepciones:

a) El 12 de enero de 2023, las disposiciones adicionales segunda (reintegro de subvenciones por deslocalización empresarial), duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta, decimosexta (recargo de equivalencia en el IVA) y decimoséptima.

b) El 12 de enero de 2023, determinados apartados de la Ad. 4ª dedicada al TRLGSS. Otros lo harán el 1 de abril de 2023 y el 1 de julio de 2023.

c) Se aplicará con efectos de 1 de enero de 2023 el artículo 36 del Estatuto del trabajo autónomo (trabajadores autónomos de Ceuta y Melilla).

La Exposición de motivos justifica esta vacatio legis y la entrada en vigor escalonada de la ley “para posibilitar, junto con el conocimiento material de la norma, la adopción de las medidas de gestión imprescindibles para su aplicación”. 

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Incapacidad temporal: Real Decreto

Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Resumen: El médico ya no entregará al trabajador la copia en papel del parte facultativo destinada a la empresa, durante los 365 primeros días de la incapacidad temporal. El parte será comunicado a la empresa directamente por la Administración usando medios electrónicos. La empresa comunicará por los mismos medios los datos que precise la Administración para la gestión y, en su caso, compensación en la cotización. La regulación se compone de un Real Decreto y una Orden Ministerial.

El Real Decreto modificado -ya en su redacción inicial de 2014- incorporó avances en la coordinación de actuaciones por parte de los servicios públicos de salud, de las entidades gestoras de la Seguridad Social y de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Persigue aligerar trámites y obligaciones burocráticas, tarea en la que ahora profundiza siguiendo la estela de la Ley 39/2015 que prevé el uso generalizado de medios electrónicos en la gestión pública y el progresivo desarrollo de la administración electrónica.

El nuevo sistema de comunicaciones se aplicará a la gestión de los procesos de incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración. Para ello, se modifica el artículo 7 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, que, en esquema, dispone el siguiente procedimiento:

– El facultativo que expida el parte médico de baja, confirmación o alta entregará a la persona trabajadora una copia de este.

– El servicio público de salud o, en su caso, la mutua o la empresa colaboradora, remitirá los datos contenidos en los partes médicos de baja, confirmación y alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social, por vía telemática, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición.

– El Instituto Nacional de la Seguridad Social, a su vez, comunicará a las empresas los datos identificativos de carácter meramente administrativo relativos a los partes médicos de baja, confirmación y alta emitidos por los facultativos del servicio público de salud o de la mutua, como máximo, en el primer día hábil siguiente al de su recepción en dicho Instituto, para su conocimiento y cumplimiento, en su caso, de lo previsto en el apartado siguiente.

– Las empresas tienen la obligación de transmitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social a través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), con carácter inmediato y, en todo caso, en el plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación de la baja médica, los datos que se determinen mediante orden ministerial (ver anexo III de la Orden que se resume a continuación). La citada transmisión no será obligatoria cuando la persona trabajadora pertenezca a algún colectivo respecto del cual la empresa o empleador no tenga obligación de incorporarse al sistema RED.

– El incumplimiento de la citada obligación podrá constituir, en su caso, una infracción leve de las tipificadas en el artículo 21.4 TR Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Junto a ello se introducen en el citado real decreto otras modificaciones de menor alcance:

– Por una parte, se introduce un nuevo párrafo al final del artículo 2.3 (declaraciones médicas de baja y de confirmación de la baja) en el cual se explicita que, en cualquiera de los procesos contemplados en ese apartado, el facultativo podrá fijar la correspondiente revisión médica en un período inferior al indicado en cada caso.

– Por otra parte, en la nueva redacción del artículo 7 no se incorpora una previsión similar a la recogida, hasta la fecha, en su apartado 4, respecto a la posibilidad de suspender la colaboración obligatoria de las empresas en el pago de las prestaciones económicas por incapacidad temporal en caso de la no transmisión de los datos a que vienen obligadas conforme a ese mismo artículo. Y ello porque el citado incumplimiento ya constituye una infracción sancionable a través del correspondiente procedimiento.

– También hay una reforma meramente técnica del apartado 3 del artículo 6 sobre propuestas de alta médica formuladas por las mutuas.

Entrará en vigor el 1 de abril de 2023.

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• PDF (BOE-A-2023-160 – 6 págs. – 217 KB)  Otros formatos

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Seguridad Social: normas para 2023

Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2023.

Resumen: Esta orden desarrolla las previsiones legales de la Ley de Presupuestos en materia de cotizaciones sociales para el ejercicio 2023. Tiene efectos desde el 1 de enero de 2023. Las bases mínimas son provisionales hasta la publicación del nuevo SMI. Cotización adicional de un 0,6% para el mecanismo de equidad intergeneracional. Adaptación por los cambios en la cotización de autónomos.

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Introducción y Objeto. 

El Título VIII de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (arts 122 al 124), bajo la rúbrica «Cotizaciones Sociales», regula la normativa relativa a las bases y tipos de cotización de los distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a su actualización. Ver resumen.

Esta orden tiene por objeto:

– Facilitar la aplicación y desarrollar lo previsto en el citado artículo 122 .

– Reproducir las bases y tipos de cotización y adaptar las bases de cotización establecidas con carácter general a los supuestos de contratos a tiempo parcial

– Fijar los topes máximo y mínimo de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (para los trabajadores por cuenta ajena, será de aplicación la tarifa de primas establecida en la D.Ad.4ª de la Ley de Presupuestos para 2007)

– En tanto no se apruebe el salario mínimo interprofesional para el año 2023, las bases de cotización de todos los grupos profesionales previstas en esta orden tendrán carácter provisional hasta que, mediante una nueva orden ministerial, se aprueben de forma definitiva. Por tanto, de momento se aplica el Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022 (ver resumen), No obstante es muy probable que ocurra lo mismo que el año pasado, es decir, que cuando se fijen las bases definitivas, éstas se retrotraerán al 1 de enero de 2023.

Según noticia de prensa, el salario mínimo interprofesional pasará de 1.000 euros/mes a 1.080 euros/mes, con un incremento del 8%. Como han de computarse 14 pagas, el salario mínimo interprofesional anual ascendería a 15.120 euros y, en el caso de prorrateo mensual, el salario bruto sería de 1.260 euros mensuales.

– Se fijan los coeficientes aplicables para determinar la cotización a la Seguridad Social en supuestos específicos, como son los de convenio especial o exclusión de alguna contingencia

– Y se establecen los coeficientes para la determinación de las aportaciones a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social.

En la orden se han introducido las modificaciones necesarias para adecuar su contenido a las recientes reformas legales en materia de Seguridad Social con incidencia en la cotización, siendo las más significativas (enlazamos sus resúmenes):

– El RDLey 13/2022, de 26 de julio, para trabajadores por cuenta propia o autónomos

– El RDLey 16/2022, de 6 de septiembre, para personas empleadas en el hogar

– la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones que incrementa las cotizaciones al introducir el mecanismo de equidad intergeneracional.

Base de cotización y Topes. 

El modo de determinar la base correspondiente a cada mes, por las contingencias comunes en el Régimen General, se fija, mediante tres reglas, en el art. 1. Este artículo también especifica cómo determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El tope máximo es de 4.495,50 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2023 (el anterior era 4.139,40, que sufre un incremento del 8,60%). Se aplica a todas las categorías profesionales.

El tope mínimo, para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional será equivalente al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a 1.166,70 euros mensuales. De todos modos, por lo antes apuntado, este tope mínimo es provisional, no siendo de extrañar que quedara, con efectos retroactivos al día primero de año, en 1.260 euros. Dependiendo de la categoría, según tabla, puede llegar a los 1.629,30 euros.

Tipos de cotización

– Para las contingencias comunes, el 28,30 por 100, del que el 23,60 por 100 será a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador. Sigue igual. Art. 4.

– Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre (modificada por la Ley de Presupuestos para 2019). Son a cargo de la empresa.

– Para el mecanismo de equidad intergeneracional, el 0,6 por ciento aplicable sobre la base de cotización por contingencias comunes, del que el 0,5 por ciento será a cargo de la empresa y el 0,1 por ciento, a cargo del trabajador.

– Las horas extraordinarias quedan sujetas a una cotización adicional y no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones. (art. 5). Se distingue entre aquellas que se hacen por fuerza mayor (14,00 por 100, del que el 12,00 por 100 será a cargo de la empresa y el 2,00 por 100 a cargo del trabajador), y el resto (28,30 por 100, del que el 23,60 por 100 será a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador).

Incapacidad temporal

La obligación de cotizar permanece durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, aunque estos supongan una causa de suspensión de la relación laboral. Las empresas tendrán derecho a una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.

La base de cotización aplicable para las contingencias comunes será la correspondiente al mes anterior. Ver art. 6, que incluye tres reglas, que también serán aplicables para calcular la base de cotización, a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Situación de alta sin percibo de remuneración. Si se mantiene la obligación de cotizar conforme a lo dispuesto en el artículo 144.2 TRLGSS, se tomará como base de cotización la mínima correspondiente al grupo de su categoría profesional. Para contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se tendrá en cuenta el tope mínimo. Ver art. 7.

Desempleo protegido. Para el desempleo protegido y durante la percepción de la prestación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, el art. 8 regula su base de cotización.

Reducción de jornada y suspensión de contrato

En el art. 9 se determinan las bases de cotización que se aplicarán tanto a los casos en que procedan de decisión del empresario (arts. 47 o 47 bis ET) como en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal:

Ver también la D.Ad.1ª para cotización por contingencias profesionales en caso de suspensión de la relación laboral.

Pluriempleo. El art. 10 desarrolla las especialidades en estos casos, tanto para las contingencias comunes como para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como el modo de realizar el prorrateo.

Empleados de hogar

Se regulan sus especialidades en el art. 15 y en el art. 33. En un cuadro se determinan las bases, que van por tramos de retribución.

Desde el 1 de enero de 2023, el tipo de cotización por contingencias comunes, será el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo del empleador y el 4,70 por ciento a cargo del empleado.

Para la cotización por contingencias profesionales, se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas aprobada por la D.Ad 4ª de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador.

Para el mecanismo de equidad intergeneracional, se aplicará el tipo del 0,6 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, del que el 0,5 por ciento será a cargo del empleador y el 0,1 por ciento, a cargo del trabajador.

Desde el 1 de enero de 2023 será aplicable una reducción del 20 por ciento en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema especial. Serán beneficiarias las personas que tengan contratada o contraten, bajo cualquier modalidad contractual, y hayan dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, a una persona trabajadora del hogar. Asimismo, tendrán una bonificación del 80 por ciento en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial en ese sistema especial. Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45 por ciento para familias numerosas.

Autónomos

Su regulación se encuentra afectada por el RDLey 13/2022, de 26 de julio, para trabajadores por cuenta propia o autónomos

Centrándonos en el artículo 16 (los siguientes son para colectivos especiales), cabe destacar:

Desde el 1 de enero de 2023, con independencia de los rendimientos netos obtenidos por los trabajadores por cuenta propia o autónomos, la base máxima de cotización será de 4.495,50 euros mensuales.

Durante el año 2023, la tabla general y la tabla reducida y las bases máximas y mínimas aplicables a los diferentes tramos de rendimientos netos serán las que se incluyen en dicho artículo 16. La tabla reducida cuenta con 3 tramos y la tabla general, con 12 tramos. La base mínima oscila entre 751,63 euros y 1633,99 euros.

El tipo de cotización para las contingencias comunes será del 28,30%. Cuando se tenga cubierta la incapacidad temporal en otro régimen de la Seguridad Social, se aplicará una reducción en la cuota.

El tipo de cotización para las contingencias profesionales será del 1,30%, del que el 0,66% corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 0,64% a las de incapacidad permanente y muerte y supervivencia. Pueden tener un 0,10% adicional por contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Para el mecanismo de equidad intergeneracional, se aplicará el tipo del 0,6% sobre la base de cotización por contingencias comunes.

Ver más contenido en el propio art. 16 (que trata de casos especiales y situaciones transitorias) y artículos siguientes (trabajadores agrarios, marinos e industria del carbón).

En el artículo 35 se encuentran las bases y tipos de cotización por formación profesional, por cese de actividad, y durante la situación de incapacidad temporal transcurridos sesenta días.

La Disposición final primera modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social. Los tres artículos reformados se refieren a la base mínima de cotización, incluyendo una nueva disposición transitoria.

Empresas excluidas. En cuanto a los coeficientes para empresas excluidas de alguna contingencia, ver arts. 20 y 21.

Convenio especial. Los coeficientes aplicables para determinar la cotización en los supuestos de convenio especial están en el art. 22.

Mutuas colaboradoras. Casos especiales

Para la mutuas, ver arts 24 y 25.

Entre los casos especiales, destacamos los siguientes:

– aumento de cotización en los supuestos de contratos temporales de duración determinada inferior a 30 días (art. 26),

– abono de salarios con carácter retroactivo (art. 27),

– percepciones correspondientes a vacaciones devengadas y no disfrutadas (art. 28),

– salarios de tramitación (art. 29),

– tipo de cotización por incapacidad temporal (art. 30), con especialidades para personas a partir de la edad de jubilación (art. 311 TRLGSS y art. 152 TRLGSS).

Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional

– La base de cotización de los trabajadores por cuenta ajena será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

– Los tipos serán:

* Desempleo. Contratación indefinida: 7,05%, del que el 5,50% será a cargo de la empresa y el 1,55%, a cargo del trabajador.

* Desempleo. Contratación de duración determinada. Tanto si es a tiempo completo como a tiempo parcial: 8,30% (6,70 y 1,60 respectivamente).

* Fondo de Garantía Salarial: el 0,20%, a cargo de la empresa.

* Formación Profesional: el 0,70% (el 0,60 a cargo de la empresa y el 0,10, a cargo del trabajador)

Ver art. 31 para ampliar casos. El artículo 33 se dedica a los empleados del hogar.

Contrato a tiempo parcial. En los arts 36 al 43 se recogen, entre otros contenidos, las bases de cotización, incapacidad temporal, pluriempleo, trabajo concentrado, socios de cooperativas de trabajo asociado, supuestos de guarda legal o cuidado directo de un familiar.

Contratos para la formación y el aprendizaje y en los contratos formativos en alternancia

Conforme al art. 44, cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes no supere la base mínima mensual de cotización, habrá una cuota única mensual de 56,71 euros por contingencias comunes, de los que 47,28 euros serán a cargo del empresario y 9,43 euros a cargo del trabajador, y de 6,51 euros por contingencias profesionales, a cargo del empresario. La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 3,59 euros, a cargo del empresario.

Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes supere la base mínima mensual, se aplican otras reglas que en este artículo 44 se exponen.

Para el mecanismo de equidad intergeneracional, se aplicará el tipo del 0,6 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, del que el 0,5 corresponderá al empresario y 0,1, al trabajador, sobre la base de cotización mínima del Régimen General de la Seguridad Social.

Empleados públicos. Ver disposición adicional 4ª que afecta sólo a aquellos empleados públicos que estén encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo establecido en la D. Ad. 7ª RDLey 8/2010, de 20 de mayo.

Cotización adicional correspondiente al mecanismo de equidad intergeneracional.

A partir de 1 de enero de 2023, y conforme a lo dispuesto en la D.F.4ª de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre (reforma de las pensiones), en todas las situaciones de alta o asimiladas a la de alta en el sistema de la Seguridad Social en las que exista obligación de cotizar para la cobertura de la pensión de jubilación, aunque no estén previstas de modo expreso en esta orden, se deberá efectuar una cotización de 0,6 puntos porcentuales aplicable a la base de cotización por contingencias comunes. Cuando el tipo de cotización deba ser objeto de distribución entre empleador y trabajador, el 0,5 por ciento será a cargo del empleador y el 0,1 por ciento, a cargo del trabajador. D.Ad. 7ª.

Diferencias de cotización

Conforme a la D.Tr.1ª, las diferencias de cotización que se hubieran podido producir por la aplicación de lo dispuesto en esta orden respecto de las cotizaciones practicadas a través del sistema de liquidación directa que a partir de 1 de febrero de 2023 se hubieran efectuado podrán ser ingresadas sin recargo hasta el último día del mes siguiente a aquel en el que la Tesorería General de la Seguridad Social comunique la actualización de las liquidaciones de cuotas afectadas.

Las diferencias de cotización que se hubiesen podido producir por la aplicación de lo dispuesto en esta orden respecto de las cotizaciones practicadas a través del sistema de liquidación simplificada que a partir de 1 de enero de 2023 se hubiesen efectuado serán liquidadas sin recargo alguno, una vez se disponga de los datos, programas y aplicaciones necesarios para su determinación, y se ingresarán mediante el sistema de domiciliación en cuenta.

Las diferencias de cotización que se hubieran podido producir por la aplicación de lo dispuesto en esta orden respecto de las cotizaciones practicadas a través del sistema de autoliquidación que a partir de 1 de enero de 2023 se hubieran efectuado podrán ser ingresadas sin recargo en el plazo que finalizará el 31 de marzo de 2023.

Entrada en vigor. Entró en vigor el 1 de febrero de 2023, pero con efectos desde el día 1 de enero de 2023.

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SECCIÓN II

Resumen: Tan sólo cabe reseñar la excedencia voluntaria de una registradora y la jubilación voluntaria de un notario.

Jubilaciones y Excedencias

Se declara a doña Marina Tabarés Cuadrado, Registradora de la Propiedad de Peñaranda de Bracamonte, con efectos de 31 de diciembre de 2022, en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Registradores. 

Se declara la jubilación voluntaria del notario de Barcelona don José Alfonso López Tena.

 

RESOLUCIONES:

En ENERO, NO se ha publicado ninguna en el BOE, aunque sí se han firmado durante ese mes. Se están publicando en febrero.

 

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