PROPUESTAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE NUESTRO SISTEMA DEMOCRÁTICO, SIN TOCAR LA CONSTITUCIÓN Y SIN COSTE – 1

DANIEL IBORRA FORT, NOTARIO DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

 

Introducción

1. Iniciando el trayecto: por una visión práctica de la política
2. Un proyecto de estado eficiente.
3. Recuperando el sentido social del progresismo.
4. Sobre política municipal

Enlaces

 

INTRODUCCIÓN

“La democracia no camina sola, necesita del impulso de un número mínimo de ciudadanos sensatos y diligentes que la conduzcan por el camino de la eficiencia. Esto es tan determinante que he llegado a sospechar que la diferencia de calidad de las democracias es que en unas el número es menor y en otras mayor”

Uno de los temas que más me ha interesado es el de la eficiencia de los sistemas políticos.

Un día reuní toda la colección de artículos que he publicado sobre política con el objeto de hacer un resumen de las ideas o textos que pensaba que mantenían su vigencia a pesar de su longevidad.

El primero tenía fecha del 2 de mayo de 1984: “Por una visión práctica de la política”.

Lo que me chocó es que gran parte de él conservaba actualidad. Continuamos teniendo una fe ciega en que se cumplirán las promesas de nuestros políticos sin exigir las garantías mínimas que reclamamos, en los temas que más nos interesan, en nuestro acontecer personal y profesional.

Sin un comportamiento exigente será difícil lograr que sean competentes nuestros dirigentes si como ciudadanos no lo somos.

La idea de estas propuestas es la de intentar conseguir para el ciudadano una protección parecida a la que tiene el consumidor en su relación con sus agentes económicos y sociales con los que concierta y se relaciona, pero, para ello, ha de alcanzar el mismo nivel de preparación y de exigencia que tiene en su vida privada.

 

1.- INICIANDO EL TRAYECTO: POR UNA VISIÓN PRÁCTICA DE LA POLÍTICA

“Si sólo un uno por ciento de los que se indignan por los aeropuertos sin aviones y las autopistas sin coches hubiera preguntado antes de su inauguración sobre el coste de las mismas, qué utilidad tendrían para la población y cómo lo pagaríamos, seguramente tendríamos menos inversiones inútiles”.

Cuando analizamos el comportamiento de los ciudadanos ante la Política, en un régimen democrático, vemos que, bastantes de ellos, no utilizan el pragmatismo que hacen servir en otras facetas del acontecer social.

 Esta carencia, creo que se agudiza en las sociedades con una alta tradición religiosa. En ellas, muchos ciudadanos, trasvasan su sentimiento religioso a la Política, lo que condiciona su comportamiento político y esto, creo, no es bueno para la estabilidad y el progreso social de un país.

Por una parte, radicaliza las posiciones, al infundirlas de un cierto fanatismo para hacer un examen objetivo de la situación real de la sociedad, de sus problemas y soluciones y convierte a los ciudadanos en fieles seguidores de una nueva clase sacerdotal, la política.

Si esta actitud se generaliza, la Soberanía, que debería estar en el pueblo, pasaría a ser monopolizada por la clase política, privando a los ciudadanos, convertidos en ingentes rebaños de fieles, de su libertad de acción y decisión, propia del sistema democrático.

Creo que el comportamiento de los ciudadanos ante la Política, en un régimen democrático, debería ser el mismo que mantienen en su vida social y económica, fundamentalmente practico, juzgando cómo le afecta personalmente el acontecer político.

 En el ámbito privado, ante un producto que analizamos para nuestro uso nos fijamos más en las cualidades y en el precio del mismo, que en la propaganda e imagen de los productores, de esa manera, en la vida económica, van seleccionándose los productos que ofrecen una mejor relación precio calidad y van siendo eliminados los productos que a pesar de una propaganda deslumbrante, de principio, luego defraudan en su utilización.

Si nos comportamos pragmáticamente, la valoración de una opción política la haríamos después de comprobar los efectos que produce en la sociedad y en cada uno de nosotros en relación con el coste que nos representa.

Así, recibiríamos con escepticismo la publicidad política hasta que no viéramos concretadas, en nuestro entorno, sus sugerentes propuestas, en los temas que nos interesan y conocemos: progreso económico, libertad personal en todos los campos, seguridad personal y colectiva, servicios públicos…Justicia, Salud, Enseñanza, Seguridad Social.

 De esta manera, el vocabulario que se utiliza en política tendría otro significado, más real.

 En efecto, los términos reaccionarios o progresista aplicados a una medida, a un programa o a un sistema político, quedarían corregidos de esta manera: es progresista o reaccionaria una medida o un programa, en la medida que al aplicarse beneficia al bienestar espiritual y material del pueblo, con independencia de lo que se diga en su presentación, y es progresista o reaccionario un sistema político en la medida que con relación a otros sistemas políticos ofrezca o no a su pueblo unas mayores cuotas de nivel económico y satisfacción espiritual.

Si actuáramos de esta manera los ciudadanos, los partidos competirían en hechos, en progreso social y no en publicidad y en oratoria, al comprobar el escepticismo de los votantes y el espíritu crítico de éstos ante los resultados negativos.

De este modo, la Soberanía la recuperaríamos los ciudadanos y convertiríamos a los políticos, de pastores espirituales, en eficaces gestores de nuestros intereses, con el consiguiente progreso para el pueblo, que mantiene económicamente el sistema democrático y la consiguiente estabilidad del mismo, al acreditarse definitivamente en la sociedad, sin riesgo alguno.

 Manresa, 2 de mayo de 1.984

(Edición corregida, en aspectos formales)

 

2.- UN PROYECTO DE ESTADO EFICIENTE.

“Un pueblo que es incapaz de seleccionar, de controlar y de corregir a sus dirigentes políticos, no merece quejarse de los resultados negativos de su gestión”.

En los países democráticamente desarrollados, los ciudadanos tienen dos salarios: Un salario que resta después de pagar impuestos y un salario en especie, en cuya financiación participa toda la población.

Este salario en especie está compuesto por el conjunto de servicios que la totalidad de ciudadanos recibe del Estado: educación, justicia, sanidad, seguridad ciudadana y defensa, infraestructuras

Hay tres etapas que merecen la misma atención social y la misma responsabilidad.

La etapa primera, la contribución social, suele ser discriminatoria, aportando más recursos los que obtienen más ingresos. Para que esta discriminación no perjudique la creación de riqueza y empleo ha de ser equilibrada porque, si los ciudadanos la consideran excesiva, la desmotivación reducirá su aportación al desarrollo de la economía. Si esta reducción fuera compensada por la actividad económica de los que claman por el incremento de la presión fiscal, el nivel de renta social se mantendría, pero no siempre sucede este fenómeno.

La manera de incrementar los ingresos públicos que se ha revelado más eficaz y permanente es la de crear las condiciones legales y financieras para la germinación de actividades empresariales que generen empleo y riqueza, lo que proporcionaría más base imponible, nuevos contribuyentes a las arcas públicas y a la seguridad social y reduciría las cargas sociales.

Desde nuestros primeros artículos, hemos reiterado que la economía es la base de los derechos sociales y que, para tener un alto nivel de vida un país, su sistema productivo ha de alcanzar un nivel similar de competitividad.

No son de las promesas de los políticos sino del éxito de los productos y de los servicios nacionales en los mercados, de lo que derivan el nivel de renta de la población, la remuneración, la seguridad y la cantidad del empleo, la financiación de los servicios públicos y las prestaciones sociales y, en definitiva, la calidad del Estado del bienestar.

Es, pues, la competitividad del sistema productivo el motor del desarrollo de los pueblos.

Sin tener en la sangre estas bases los pueblos están condenados a repetir sus crisis y al riesgo de quedar seducidos por estafadores políticos que aprovechándose de la buena fe de la ciudadanía ofrecen soluciones “sin esfuerzo” y “sin acreditar su financiación “para los problemas sociales. Son como los vendedores de productos tóxicos o fraudulentos que llevaron a la ruina a amplias capas sociales que se dieron cuenta, demasiado tarde, que la inversión, como la política, sólo ofreció beneficios a quien les estafó.

La crisis ha evidenciado la indefensión del consumidor frente a la gestión pública. Es de las pocas actividades que no se juzga la incompetencia como responsable directa de la ruina social.

En la segunda etapa, es fundamental que el Estado racionalice sus costos para que la atención de los ciudadanos cuente con la máxima financiación.

Es lógico que los responsable políticos, una vez instalados, sientan la preocupación de lograr su permanencia. Un modo de ampliar el número de votantes es el de utilizar los ingresos de todos, durante su mandato, de una manera partidista, con el objeto de asegurarse su reelección.

Los pueblos con poca madurez democrática se ven perjudicados, por su desidia en el control de la gestión pública, por un proceso de trasvase de recursos hacia finalidades o sectores sociales en función, no del interés general del país, sino de la opción política que lo dirige, dando lugar a un incremento del control social, cultural e informativo progresivo y a la creación de grandes bolsas de beneficiarios en estos sectores.

Esta fase es especialmente peligrosa para la población, porque reduce, si la extracción es importante, el flujo de recursos que van destinados a financiar el Estado de bienestar y porque, al favorecer el control de la información, contribuye a ocultar la malversación de los ingresos públicos y la incompetencia del gestor político, haciendo que los problemas económicos internos no sean detectados y corregidos, lo que incrementa la ineficiencia y la improductividad del sistema en todas las fases.

En estas circunstancias, el incremento de la presión fiscal de la primera fase quedará reducido en la segunda, sin que nunca vean los ciudadanos recompensa para su esfuerzo fiscal.

En las sociedades desarrolladas es muy difícil que los ciudadanos admitan una reducción importante de ingresos para verlos evaporados en una función tan insolidaria.

El nivel educativo y la madurez democrática de la Sociedad es básico en el cambio de comportamiento de la clase política.

También es importante la tercera fase, pues es la que determina la calidad del salario en especie. Como en una empresa con una administración competente, el Estado tiene la obligación de lograr una profesionalización de la función publica de manera que, a través de procedimientos de incentivación y reconocimiento de méritos, se encuentren los funcionarios mejores en los puestos de mayor responsabilidad y la prestación de obras y servicios públicos en manos de las empresas mas competitivas en precio y de mayor calidad.

Es de gran rentabilidad para la ciudadanía el que el Estado utilice cuantas técnicas de gestión mejoren las prestaciones sociales y reduzcan el coste de las mismas. Serian practicas contrarias, por ejemplo, las adjudicaciones politizadas de obras y servicios en favor de ofertas publicas o privadas, inferiores en precio o calidad a sus alternativas, ya que redundaría en un encarecimiento o en un deterioro de las retribuciones sociales de los ciudadanos y la politización de la función publica en beneficio de funcionarios afines. En ambos casos se produciría, igualmente, un fraude a la Sociedad.

Y finalmente, es fundamental la competencia del gestor público, la calidad técnica de su equipo y la elaboración de un programa serio y solvente, dirigido al bien común y no a ganar las elecciones. Un Estado no puede ser eficiente si sus dirigentes no lo son.

Un gestor diligente, cuya única preocupación sea el bienestar ciudadano, estará atento a los éxitos de otros gestores públicos, en relación a los temas que más preocupan a la ciudadanía (ejm en relación al paro o a calidad de los servicios públicos), para aplicarlos en su propio país de la manera más inmediata y con ello, intentar su rápida solución.

La competitividad del Estado dependerá de la relación entre el coste fiscal y la calidad del salario en especie que proporciona a sus ciudadanos.

 

3.- RECUPERANDO EL SENTIDO SOCIAL DEL PROGRESISMO.

“No se puede llamar progresista a un sistema o un país en el que solo progresan sus dirigentes. Es más que una mentira, es un fraude*

Uno de los hechos que más sorprendieron a la sociedad española a finales del pasado siglo fue el hundimiento de los países llamados «progresistas»

La ruptura del muro se llevó por delante uno de los montajes informativos más importantes conocidos. La gente pudo comprobar la realidad de un sistema que, durante tanto tiempo, fue idealizado: un nivel de bienestar social mínimo, desastres ecológicos inconcebibles en una zona presentada como verde, un sistema político corrupto en beneficio de sus castas dirigentes, una ausencia total de libertades formales y reales, individuales y nacionales y una ocupación del Estado y de los medios de producción por un grupo, por una familia y hasta por una persona.

Esto muestra la importancia de la propaganda y del control de los medios de comunicación en la política, sobre todo para el mal gestor. A él no le preocupa que su pueblo tenga graves problemas, sino que éste le culpabilice de los mismos y la reacción social acabe con su poder, de ahí que se convierta en un hábil distorsionador de la realidad.

Con el tiempo aprende que no son los datos de su mala gestión lo peligroso sino cómo se presentan a la opinión pública. Hasta este momento clave ha de lograr, con la ayuda de expertos decoradores, mejorar su imagen y encontrar un culpable interior o exterior a quien responsabilizar de las desgracias internas, dirigiendo a ellos la ira popular. Y, a peor gestión, de más calidad ha de ser la manipulación.

Si no fuera así, ¿cómo puede ser que fueran admirados y calificados de progresistas unos países que se precipitaban por la senda de su ruina económica y la falta de libertades? ¡Pero si sólo progresaban negativamente y en represión!

Creo que, moviéndonos en el mundo de la economía podemos encontrar una explicación.

Para colocar un producto, hay que preparar una eficaz estrategia comercial. Aparte de contar con un dinámico equipo de vendedores es importante conseguir un buen mensaje. Hay que alcanzar el máximo atractivo social y éste se obtendrá si logra destacar al producto entre sus competidores. El precio, la calidad, la presentación o el diseño son aspectos que se magnifican con el objeto de potenciar el interés social. De esta manera, con la convicción de que se trata de un producto superior se estimula su consumo.

De que el mensaje coincida con la realidad se ocupan los sistemas legales de la economía de mercado, en defensa de la competencia y los consumidores. En el caso de fraude, fabricantes y vendedores deberán responder, incluso penalmente, de su comportamiento antisocial. También es importante la labor independiente de las asociaciones y de las publicaciones en defensa del consumidor para mejorar la preparación colectiva. Cuanto más culta e inteligente es la población, más difícil es de engañar.

Si del ámbito comercial pasamos al político, nos encontraremos con parecidas técnicas comerciales. Los vendedores también se esforzarán en demostrar que su sistema es superior utilizando todos los argumentos y mensajes, hasta los más extravagantes y discutibles con el objeto de lograr el convencimiento de sus oyentes.

Progresismo y reacción se entrecruzaron en la batalla política como los términos ca1idad y deficiencia, caro o barato, se enfrentan en la vida comercial.

El progresismo, fue el mensaje comercial de los defensores de un sistema político que contó con una gran colaboración sirviendo a bastantes de ellos para auparse a un nivel que, si no hubieran pertenecido a esta casta autoprotectora, no hubieran conseguido.

El que la realidad de producto fuera por otro camino que el de la propaganda es una cosa que también sucede, en la vida privada, lo que pasa es que, en la vida pública, es superior el daño a la población y los sistemas de lucha contra el fraude no están aún desarrollados.

Entonces ¿qué se puede hacer para evitar un fraude tan impresionante como el que nos estamos refiriendo? Hay que recordar que el engaño llegó, y de que manera, hasta nuestros círculos universitarios y culturales. Si estas capas, aparentemente tan bien informadas hasta en los aspectos más nimios, fueron sorprendidas en su buena fe ¿cómo lograr un sistema de protección eficaz para toda la población?

Creo que, para conocer si un sistema político es o no progresista, hay que partir de la ciudadanía y su escala de valores: el nivel de bienestar económico, las diferentes libertades, el trabajo, la educación, la seguridad personal, la promoción cultural y profesional, los servicios públicos, las infraestructuras….

Si, a cada una de las facetas que le interesan a la población, le damos una puntuación, la suma final, determinaría su grado de satisfacción pública y podríamos elaborar, anualmente, un cuadro comparativo de cómo evoluciona su país.

* Para los que quieran comprobar esto os recomiendo nuestro último trabajo sobre Venezuela en Notarios y Registradores, es un ejemplo del fracaso histórico de un sistema ineficiente.

 

4- HACER UNA REVOLUCIÓN POLÍTICA, PACÍFICA Y SIN COSTES SOCIALES, QUE ACABE MEJORANDO EL NIVEL DE VIDA DE LOS CIUDADANOS, NO ES TAN DIFÍCIL

   “La confianza es buena, pero el control es mejor”                             

En el número correspondiente al mes de enero del PENEDÈS ECONÓMIC, donde publico los artículos en catalán, hay una página dedicada al ranking de la cuota media del IBI urbano de los ayuntamientos de Cataluña que ha provocado un gran interés ciudadano. A primera vista, llama la atención como Ayuntamientos de pueblos, en apariencia similares, como Igualada y Vic o Calafell y Cambrils, tengan una tributación tan diferente.

Le pedí ayer al director, Marc Barella, el que me remitiera un estudio que publicó hace bastantes años sobre la deuda de los Ayuntamientos de nuestra comarca que igualmente llamó la atención y permitía apreciar la diferencia que había en su endeudamiento entre los municipios de un mismo espacio geográfico.

El 30 de noviembre de 2017, EL PAIS, publicó un interesante artículo de Gloria Rodríguez Pina “Los municipios que más invierten en servicios sociales (y los que menos)” En él se recoge el análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España sobre la inversión de los municipios de España de más de 20.000 habitantes en servicios sociales, en relación con su presupuesto municipal en 2016.

Para ser considerado excelente en gasto social municipal, las ciudades deben cumplir 4 requisitos, según esta Asociación: que hayan invertido más de 100 euros por habitante en 2016, que esa partida no se haya recortado en los presupuestos de 2017, que represente más del 10% del presupuesto total no financiero del Ayuntamiento y que tengan sus cuentas publicadas en internet con un desglose presupuestario. Sólo 25 Ayuntamientos los cumplen.

 

Para mi, es un instrumento inicial que tendría que ser perfeccionado ampliándolo a las funciones estrictamente municipales y acabando en un estudio del coste y la calidad del servicio municipal.

Porque, como recordamos en el nº 2 anterior (UN PROYECTO DE ESTADO EFICIENTE) “Es lógico que los responsables políticos, una vez instalados, sientan la preocupación de lograr su permanencia. Un modo de ampliar el número de votantes es el de utilizar los ingresos de todos, durante su mandato, de una manera partidista, con el objeto de asegurarse su reelección.

Los pueblos con poca madurez democrática se ven perjudicados, por su desidia en el control de la gestión pública, por un proceso de trasvase de recursos hacia finalidades o sectores sociales en función, no del interés general del país, sino de la opción política que lo dirige, dando lugar a un incremento del control social, cultural e informativo progresivo y a la creación de grandes bolsas de beneficiarios en estos sectores.”

Si lo está haciendo un medio comarcal en Cataluña, únicamente con el motor de la diligencia y competencia de una sola persona que la dirige, extender los rankings anteriores a los municipios de España no debe ser difícil ni costoso, con la tecnología actual.

De esta manera, si analizamos bien los costes, la imposición local, el endeudamiento y la calidad de los servicios públicos y las inversiones, conoceremos, de una manera regular y objetiva, quien es el mejor gestor municipal.

Aunque, seguramente, los de Bilbao* dirán que todo esto lo sabían desde hace tiempo.

* Cuando a Iñaki Azkuna le galardonaron con el Premio World Mayor al mejor alcalde del mundo en 2012, Tann vom Hove miembro Principal de la Fundación City Mayors dijo que la transformación de Bilbao de una ciudad industrial en declive en un centro internacional para el turismo y las artes se debía a la apertura del Museo Guggenheim en 1997 y a la elección de Askuna como alcalde 2 años más tarde. Otro mérito de Askuna es que, a pesar de la gran inversión efectuada, el Ayuntamiento la cubrió con sus recursos, de manera que, en los años de mayor crisis económica, 2.011 y 2.012, mantuvo su deuda a cero. También triunfó en la gestión de su electorado. Cuando entró en el Ayuntamiento con el PNV, tenía 9 concejales y desde entonces necesitó pactar con otras fuerzas políticas, hasta que en 2011 alcanzó la mayoría absoluta (15/29). Creo que una de las claves de su crecimiento es su principio: ”Me declaro alcalde de todos los ciudadanos de Bilbao y seguiré así hasta que acabe con mis huesos”. Lo llevó tan a rajatabla que en febrero de 2014 se negó a retirar los retratos de los alcaldes franquistas que pedía EH BILDU ”había que respetar la historia, aunque moleste”. Cosa que había mantenido en cuanto al callejero y edificios municipales. También gestionó bien los intereses de su pueblo como demostró evitando enfrentamientos políticos y consiguiendo asegurar su complicidad al servicio de Bilbao. Una de las frases que definen su compromiso político es cuando censuró el pacto de Lizarra del PNV con ETA y Batasuna” Un partido centenario, cristiano y demócrata no puede tener ninguna relación con el que justifique o no rechace la violencia”. Cuando se habla de la necesidad de regenerar la política española el ejemplo de Iñaki Askuna merece que se convierta en una lección para todos. A los políticos, les señala el camino de lo que hay que hacer para conseguir acrecentar el número de sus votantes. Pero también para los ciudadanos, el comportamiento de los de Bilbao que supieron agradecer con sus votos los méritos de un gran gestor. El insistía en ello y tenía razón. Los ciudadanos podían haber escogido, que los había en cantidad, revanchistas, contrarios a la actividad económica y la reconversión hacia el turismo y las artes, conflictivos con fuerzas e instituciones políticas y merecieron compartir las decenas de galardones que Bilbao recibió gracias a su mandato.

DANIEL IBORRA FORT

Vilafranca del Penedés 15 de marzo de 2018

 

 

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