RESUMEN DEL RDLEY 6/2024: MEDIDAS POR LA DANA DE OTOÑO 2024.

 

RDLEY 6/2024, DE 5 DE NOVIEMBRE:

Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

 

Resumen en breve:

Este paquete inicial de medidas tiene un ámbito amplio de aplicación, pues se extiende a seis comunidades autónomas. Incluye, entre otras, ayudas extraordinarias, medidas fiscales y de Seguridad Social, avales, moratorias de préstamos, medidas centradas en juzgados, notarías o registros, o de protección a los consumidores, con suspensiones de plazos.

 

Exposición de Motivos:

DANA es acrónimo de “Depresión Aislada en Niveles Altos”. Este virulento fenómeno meteorológico se desarrolló en el Levante de nuestro país entre el lunes 28 de octubre y el lunes 4 de noviembre, siendo la peor DANA registrada en lo que va de siglo.

Las comunidades autónomas más afectadas son, principalmente la Comunitat Valenciana, pero también Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, Illes Balears y Aragón. En algunos puntos, las lluvias han llegado a superar los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocando la muerte de más de 200 personas y tremendos daños materiales por inundaciones en decenas de municipios, carreteras y vías cortadas o puentes destrozados por la violencia de las aguas, por mostrar algunos ejemplos. Es la segunda inundación que más víctimas se ha cobrado en Europa en lo que va de siglo.

Las zonas más afectadas han sido:

– en la provincia de Valencia, la zona de Utiel-Requena, l´Horta Sud, la Ribera Alta y Baja y la Comarca de los Serranos;

– en Albacete, el municipio de Letur, en el que se ha producido una riada;

– en Cuenca, el municipio de Mira;

– y en Andalucía, diversos puntos de las provincias de Málaga, Almería, Granada, Sevilla, Huelva y Cádiz.

Se ha producido el mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que haya tenido lugar en nuestro país en tiempos de paz.

La magnitud de la emergencia y la necesidad de adoptar intensas medidas paliatorias justifican la intervención de la Administración General del Estado, complementando las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las Administraciones Públicas territoriales. Para la fase de recuperación, así lo prevé el artículo 20 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Las medidas previstas requieren de una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que fue acordado por el Consejo de Ministros, en su reunión del día 5 de noviembre de 2024. La declaración se extiende a las comunidades autónomas de Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Illes Balears y Aragón, como consecuencia de la DANA que asoló la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Este RDLey cuenta con seis capítulos y aprovecha la experiencia de otros anteriores como los dedicados a La Palma o al Covid-19.

El capítulo I contempla disposiciones comunes relativas al objeto y ámbito de aplicación de la norma y a la cooperación entre Administraciones Públicas.

Objeto.

la adopción de medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA en los municipios incluidos en el anexo de esta norma entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Son medidas complementarias a las contempladas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 5 de noviembre de 2024

Ámbito de aplicación.

Los destinatarios son personas físicas y entidades públicas o privadas que hayan sufrido daños en sus bienes o derechos como consecuencia directa o indirecta de la DANA, en los municipios incluidos en el anexo de esa norma, siempre que resulten acreditados. El anexo puede ser modificado por el Gobierno.

Ayudas extraordinarias.

El capítulo II establece ayudas extraordinarias destinadas a paliar daños personales, daños materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, y de servicios; ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como las ayudas a corporaciones locales por gastos de emergencia.

– En los supuestos de fallecimiento y de incapacidad la ayuda pasa a ser de 72.000 euros y se elimina el requisito de dependencia económica.

– La destrucción o daños en enseres y los daños en vivienda serán objeto de ayudas según lo establecido en el RD 307/2005, de 18 de marzo, con especialidades:

a) Al objeto de acreditar la titularidad sobre los inmuebles afectados por los siniestros se admitirá como medio de prueba cualquier documento que demuestre dicha titularidad, como los recibos de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles u otros de análoga naturaleza.

b) Para acreditar la cuantía del daño en la vivienda y enseres de primera necesidad, en aquellos casos en los que no exista cobertura de un seguro, se admitirá un informe pericial contratado y validado por el ayuntamiento.

c) No se aplicarán los límites de los ingresos anuales netos para ser beneficiario de la ayuda.

d) Se amplían las cuantías máximas de las ayudas

e) La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización tácita de todos los miembros de la unidad familiar para que la Administración recabe los datos necesarios.

A su vez, en relación con las coberturas del seguro de riesgos extraordinarios gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros, se elimina la franquicia para los daños materiales producidos en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios causados directamente por la DANA, cuando los asegurados sean pequeñas y medianas empresas (cifra anual de negocios que no supere los 6.000.000 de euros).

Medidas fiscales.

Este es el cometido principal del capítulo III, siendo de corte muy heterogéneo. Muchas medidas se justifican por las dificultades que la DANA ha impuesto a determinados obligados tributarios para cumplir sus obligaciones tributarias, desde pagos a requerimientos y plazos.

– Flexibilización de plazos a los domiciliados en las zonas afectadas para realizar pagos, tanto en período voluntario como en período ejecutivo. En concreto, los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo vencimiento se encuentre entre el 28 de octubre y el 31 de diciembre de 2024, se extenderán hasta el 30 de enero de 2025. Hay excepciones en el artículo 17. Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones en procedimientos de aplicación de los tributos, se extenderán hasta el 30 de enero de 2025. También hay medidas para aplazamientos como fraccionamientos, procedimiento económico administrativo o interposición de recursos. Ver más detalles en el artículo 8.

– Inembargabilidad de las ayudas. Las ayudas previstas en este real decreto-ley, concedidas al amparo de los artículos 11 y 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, tendrán la consideración de inembargables a los efectos del artículo 169.5 LGT.

– Medidas en materia catastral. Para los domiciliados fiscalmente en la zona afectada, los plazos de presentación de declaraciones catastrales cuyo vencimiento se produzca entre el 28 de octubre y el 31 de diciembre, se extenderán hasta el 30 de enero de 2025. También se extienden los de interposición de recursos o los de formulación de alegaciones y atender requerimientos.

– Línea de ayudas directas a empresas y profesionales. Se establece un sistema de ayudas directas, correspondiente al ejercicio 2024, para los obligados tributarios, empresarios o profesionales, que a 28 de octubre de 2024 tuvieran declarado su domicilio fiscal en las zonas afectadas, que sean contribuyentes del IRPF por actividades económicas o contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, Ver art. 11.

– Exenciones y reducciones:

a) en las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes al ejercicio 2024 que afecten a los inmuebles dañados como consecuencia directa de la DANA, incluso pudiendo pedir la devolución de lo pagada.

b) exención de las tasas de expedición del DNI y de tráfico por la tramitación de bajas de vehículos dañados en la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados por dichas causas.

c) Estarán exentas del IRPF las ayudas por daños personales previstas en el artículo 3.

d) Estarán exentas de la tasa de acreditación catastral, la expedición de certificaciones sobre inmuebles ubicados en municipios contemplados en el anexo. Ver 12.

– Reducciones fiscales para las actividades agrarias. Ver art. 13.

– Segundo plazo de IRPF del ejercicio 2023. Para los afectados que no hubieran hecho ya el ingreso, se extenderá el período voluntario de pago hasta el 5 de febrero de 2025. En caso de domiciliación, las entidades colaboradoras no harán efectivo el cargo del segundo plazo del IRPF respecto de los obligados tributarios con domicilio fiscal en la provincia de Valencia, hasta el 5 de febrero de 2025 (de todos modos, esta medida parece no tener sentido, porque el plazo venció en 5 de noviembre, antes de la entrada en vigor de este RDLey). A los obligados tributarios con domicilio en los municipios afectados, y que ya hayan hecho el pago, se procederá a la retrocesión del citado cargo y se volverá a efectuar el cargo el 5 de febrero de 2025. Ver art. 16.

Seguridad Social.

Son las medidas del capítulo IV.

– Las empresas pueden solicitar exenciones a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta respecto a las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas o reducidas como causa de un ERTE. Art. 18.

– Se faculta a las empresas y trabajadores por cuenta propia a solicitar el aplazamiento o moratoria en el ingreso de las cuotas de la Seguridad social y otros conceptos de recaudación conjunta. Art. 19.

– Se amplía en un mes el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, así como se suspenden los procedimientos de recaudación de los mencionados conceptos. También se amplían los plazos para el ingreso de las cuotas devengadas antes de la catástrofe natural, y se amplían los plazos para solicitar bajas y variaciones. Arts. 20 al 23.

– Los trabadores por cuenta propia, que cesen su actividad por motivo del impacto de la DANA, podrán solicitar la prestación de cese de actividad sin que tengan que acreditar que existe fuerza mayor ni acreditar el requisito de periodo mínimo de cotización. Art. 24.

– En el caso de pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, como consecuencia de la DANA, se considerarán que, a efectos de la prestación económica, las mismas son debidas a un accidente de trabajo. Art. 25.

– Si la DANA dé lugar a una situación de incapacidad temporal, también se considerará que es debida a un accidente de trabajo a efectos de la prestación económica. Art. 25.

– Medidas relativas al ingreso mínimo vital. Arts. 27 y 27 bis.

El capítulo V se dedica a las medidas destinadas a los hogares, empresas y autónomos.

Avales.

La línea de avales ICO está destinada a la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a hogares, empresas y autónomos para paliar los perjuicios sufridos como consecuencia de la DANA, facilitando que el acceso al crédito sea más rápido. Arts. 29 al 30 bis.

Moratorias.

Está destinada a deudas asociadas a créditos y préstamos de las personas afectadas por la DANA.

Por un lado, la moratoria cubre la deuda derivada de préstamos y créditos con garantía hipotecaria para personas físicas y las empresas con un volumen de facturación inferior a 6 millones de euros, de inmuebles situados en la zona afectada que hayan sufrido daños o hayan tenido que ser realojados.

Por otro lado, la moratoria cubre la deuda derivada de préstamos y créditos sin garantía hipotecaria para los residentes en la zona declarada y para las personas trabajadoras por cuenta propia y las empresas con un volumen de facturación inferior a 6 millones de euros, titulares de explotaciones agrarias, pesqueras, marinas o forestales, así como establecimientos mercantiles, industriales y de servicios situados en dicha zona. Se extiende a los contratos de arrendamiento financiero.

La moratoria se extiende también a los préstamos con avales liberados por el Instituto de Crédito Oficial conforme a diversas disposiciones legales.

En cuanto a las condiciones aplicables a la moratoria, siguiendo la experiencia de La Palma, su declaración es automática desde el momento en que se presenta la solicitud, de formalización unilateral por el acreedor y no sujeta a la Ley de contratos de crédito inmobiliario, en particular, en lo que se refiere al régimen de novaciones. Los aranceles registrales y notariales están bonificados y goza de exención del impuesto de actos jurídicos documentados.

Para ampliación de contenido, me remito a las notas de urgencia y esquemas elaborados por los notarios Javier Micó y Vicente Martorell. Arts. 31 al 40. Ver también la D.F. 2ª que recoge una exención en el impuesto sobre actos jurídicos documentados.

El capítulo VI, que es el último, contiene otras medidas de carácter complementario, relacionadas con los ámbitos judicial, notarial, registral y de los consumidores.

Juzgados.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá preparar un plan de actuación de común acuerdo con la Consellería de Justicia de la Comunitat Valenciana y el CGPJ para agilizar los procedimientos. Cabe autorizar la prestación de servicios a distancia, mientras sea conveniente y se ha de garantizar la asistencia a la sede del personal que pueda desplazarse sin riesgo para la realización del resto de actividades. Arts. 41 y 42.

Notarías.

– Los notarios llevarán a cabo medidas de apoyo a los afectados a fin de prestar asesoramiento notarial, recuperar documentación destruida, facilitar la prueba documental de derechos existentes y dar solución a otras dificultades.

– El Decano del Colegio Notarial de Valencia habilitará a los notarios de su territorio que considere necesarios a fin de prestar su servicio en la Comunitat Valenciana, indicando la población en la que tendrá abierta la notaría, para atender a los afectados por la DANA. La jurisdicción notarial de los habilitados se extenderá a toda la Comunitat con objeto de autorizar o intervenir instrumentos cuya finalidad sea paliar los daños única y exclusivamente ocasionados por la DANA. No devengarán derechos arancelarios las actas notariales telemáticas, urgentes y autorizadas sin presencia física del notario por el procedimiento habilitado en la sede electrónica notarial. La DGSJFP podrá habilitar a Notarios de otros Colegios notariales que voluntariamente lo soliciten a los efectos del apartado anterior, si lo pide el Decano de Valencia. Ver contenido adicional en el art. 43.

Registros de la Propiedad.

– El Colegio de Registradores emitirá de forma gratuita notas de localización de patrimonio inmobiliario u otros bienes o derechos inscritos cuando sus titulares hayan perdido su documentación.

– El Colegio de Registradores publicará en el Geoportal Registradores información gráfica específica que contenga:

a) El ámbito territorial georreferenciado afectado por la DANA.

b) Identificación de fincas con base gráfica inscrita incluidas en el área afectada.

c) Identificación gráfica de fincas sobre parcelario catastral que asocien datos que permitan su geolocalización.

– La DGSJFP acordará la ampliación de los plazos de calificación y despacho de los documentos de toda clase en los Registros cuyo distrito hipotecario comprenda las zonas siniestradas cuando fuera preciso.

– La DGDJFP podrá acordar el cierre, durante el tiempo imprescindible hasta la restitución del servicio público Registral, de aquella Oficina que haya sido afectado por la DANA, con la consiguiente suspensión de los plazos que afecten a la misma. Ver art. 44.

Registro Civil.

– Las Oficinas de los Registros Civiles utilizarán medios telemáticos para la tramitación y comunicación con los ciudadanos mientras persistan los efectos de la DANA.

– En caso de que no fuera posible, la realización de aquellas actuaciones urgentes e inaplazables del Registro Civil, se llevarán a cabo según lo establecido en la Circular 5/2022, del Secretario General de la Administración de Justicia, y las funciones en esta materia del Letrado del Juzgado de guardia.

– En los Partidos Judiciales donde se encuentre implantada la aplicación informática DICIREG, se habilitará, por las Administraciones Competentes, la modalidad de trabajo a distancia, facilitando a tal efecto, los medios adecuados para la prestación del mismo. Ver art. 45.

Consumidores y contratos.

– Se establece la suspensión de los plazos para el ejercicio del derecho de desistimiento u otros derechos adicionales que se puedan haber establecido contractualmente, como puede ser un potencial derecho de devolución. Operará desde el 29 de octubre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025. Art. 46.

– Se exime de la obligación de presentación de la documentación necesaria para su ejercicio cuando la misma resulte de imposible obtención o conservación como consecuencia de la DANA. Art. 46.

– Se desarrolla el estatuto de responsabilidades y ejecución de contratos de provisión de bienes o prestación de servicios afectados por la DANA., lo que afecta a la definición de fuerza mayor, a los casos de imposibilidad de ejecución de servicios de tracto sucesivo y a la cláusula rebus sic stantibus, que se positiviza confiriendo al consumidor el derecho a optar entre la resolución del contrato o el aplazamiento de la ejecución de este. Art. 47.

– Los consumidores y usuarias afectadas tendrán el derecho a poner fin a un contrato de transporte sin pagar ninguna penalización, similar a la regulación de los viajes combinados. Art. 47.

– Se determina la forma y plazos para el ejercicio de derechos. Y se prevé un plazo de prescripción de seis meses para el ejercicio de los derechos por parte de consumidores o usuarios afectados. Art. 48.

Disposiciones adicionales.

De ellas, entresacamos:

La D.Ad. 3ª prevé la posibilidad de que las solicitudes de ayudas presentadas con anterioridad al 7 de noviembre de 2024 se puedan volver a presentar en los plazos previstos en los apartados 4 y 5 del artículo 3, siempre que alguna de las condiciones y requisitos para la concesión de dichas ayudas hubiera sido modificada por el mismo.

La D.Ad. 5ª habilita la dispensa del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, para la tramitación de expedientes de contratación de obras no incluidas en el artículo 236.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sin perjuicio de que su ocupación efectiva deberá ir precedida de la formalización del acta de ocupación.

La D.Ad. 6ª suspende la aplicación de determinados requisitos procedimentales establecidos en la legislación sectorial de residuos, con el fin de facilitar las labores de limpieza.

La D.Ad. 7ª recoge medidas aplicables a las autorizaciones de vertidos al dominio público hidráulico.

– La D.Ad. 8ª crea el Mecanismo Nacional de Respuesta y Reconstrucción frente a la DANA, que quedará adscrito al GRUPO TRAGSA. Le corresponderá la gestión, coordinación y apoyo material de aquellas medidas que sean requeridas por las autoridades autonómicas y locales afectadas por la DANA.

– La D.Ad. 9ª exceptúa de la obligación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social en la gestión y obtención de las ayudas.

– La D.Ad. 10ª se refiere a la suspensión de los plazos procesales, lo que exige una norma con rango de ley; Se aplica a todos los órdenes jurisdiccionales en los órganos judiciales con sede en la provincia de Valencia del 30 de octubre al 10 de noviembre de 2024, con excepciones.

– La D.Ad. 11ª establece la dispensa temporal de la obligación de solicitar la declaración de concurso de acreedores a aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentren en estado de insolvencia con domicilio en la zona afectada.

– Y la D.Ad. 12ª recoge la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos correspondientes a aquellos cuyo domicilio radique en alguno de los municipios del anexo, o que deba ejercitarse con carácter imperativo en sus partidos judiciales, quedarán suspendidos durante el plazo de suspensión de los plazos procesales a que se refiere la D.Ad. 10ª.

La disposición transitoria única determina que lo dispuesto en los artículos 8 y 9 (suspensión de plazos tributarios e inembargabilidad de ayudas) será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, así como a los iniciados con posterioridad, hasta el 30 de enero de 2025.

Disposiciones finales:

   Ley Procedimiento Administrativo.

Por su parte, la disposición final primera modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para añadir la D.Ad. 9ª donde se prevé la posibilidad de que, mediante los acuerdos que en su caso adopte el Consejo de Ministros para declarar zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, se establezca la suspensión de los términos e interrupción de los plazos para el cumplimiento de los trámites de los procedimientos administrativos del sector público que correspondan a los interesados residentes en los términos municipales afectados por la emergencia de protección civil. D.F. 1ª

   Exención AJD moratorias.

Se añade una exención del impuesto de actos jurídicos documentados (la número 36 al artículo 45.I.B) para las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios o sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal conforme a los artículos 31 a 40. D.F. 2ª.

El resto de disposiciones finales recogen los títulos competenciales, las habilitaciones para el desarrollo, aplicación y ejecución y la entrada en vigor.

El anexo recoge el listado de municipios afectados por la DANA.

Entró en vigor el 7 de noviembre de 2024. (JFME)

RDLey 8/2024: nuevas medidas DANA

Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Resumen, objeto y ámbito

Resumen: Medidas complementarias a las de los dos RDLeyes anteriores: de carácter procesal y societario, renovación y compra de vehículos, sostenimiento de la actividad productiva o de transición energética, entre otras. Reforma del Estatuto de los Trabajadores, incluyendo un permiso retribuido en caso de catástrofe. Modificación de los dos RDLeyes anteriores.

La norma cuenta con seis títulos, 53 artículos, 27 últimas disposiciones y ocho anexos.

El título preliminar contempla el objeto y ámbito de aplicación de la norma.

Su objeto es la adopción de medidas urgentes complementarias en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024

Su ámbito se circunscribe, con carácter general, a los municipios del anexo del RDLey 6/2024, que resultaron especialmente damnificados por la DANA. Salvo lo dispuesto en el título I y en el capítulo I del título II, las medidas de esta norma serán de aplicación exclusivamente a las personas físicas y entidades públicas o privadas que hayan sufrido daños en sus bienes o derechos como consecuencia directa o indirecta de la DANA,

Renovación y compra de vehículos

El título I se centra en la renovación y compra de vehículos tras el devastador impacto que ha provocado la DANA en estos bienes. Mediante el PLAN REINICIA AUTO+, de promueve la adquisición de distintos tipos de vehículos nuevos y seminuevos que puedan sustituir a aquéllos que fueron destruidos durante la catástrofe. Las ayudas tendrán la forma de subvenciones, mediante concesión directa. En los anexos I y II se detallan los tipos, las categorías, y los modelos de vehículos susceptibles de recibir las ayudas . La concesión de estas subvenciones se llevará a cabo por la Administración General del Estado, en función de las disponibilidades presupuestarias, de forma centralizada.

El título II se dedica a las medidas de apoyo al sostenimiento de la actividad productiva en el sector industrial, turístico y de apoyo al comercio internacional. En el capítulo I se implementa el Plan REINICIA PLUS INDUSTRIA Y TURISMO. En el capítulo II se adoptan medidas de apoyo al comercio internacional.

Medidas procesales y societarias

El título III recoge distintas medidas de carácter procesal y societario. En esquema, son las siguientes:

– Levantamiento de la suspensión de los plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir. Con efectos desde el 2 de diciembre de 2024, en toda la provincia de Valencia se alzará la suspensión de los plazos procesales, que volverán a computarse desde su inicio.

– Procedimientos de tramitación preferente.

– Inembargabilidad de las ayudas a los efectos del artículo 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

– Medidas en el ámbito de las subastas judiciales y notariales. incluyen la posibilidad de que el deudor solicite, en las subastas no conclusas, que éstas queden sin efecto.

– Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado. Si tuvieran su domicilio en los municipios más afectados, se prevé, por ejemplo la posibilidad de reunión mediante videoconferencia o las votación por escrito para tomar acuerdos, la suspensión de la obligación de formular cuentas anuales y de su posterior aprobación por Junta general, la suspensión del ejercicio del derecho de separación y de las causas de disolución de las sociedades. El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta de la reunión podrá utilizar los medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.

– Plazo del deber de solicitud de concurso. Hasta el 31 de diciembre de 2025, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia actual, y cuyo domicilio se encuentre en alguno de los municipios del anexo, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso o la apertura de procedimiento especial para microempresas. Tampoco el que hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores.

El título IV contempla medidas de apoyo en materia de transición energética. Se incluyen medidas para la ampliación de los plazos de amortización de los préstamos otorgados dentro de los programas de apoyo a la transición energética, así como para aumentar el plazo de ejecución de los proyectos en marcha más allá del horizonte temporal, junto a la ampliación de plazos para el cumplimiento de determinados requisitos por parte de los beneficiarios de las ayudas. Se prevé un régimen especial en el tratamiento de las subvenciones.

Y el título V, en seis capítulos, tiene un contenido heterogéneo siendo casi todo un elenco de ayudas y subvenciones:

– Medidas de apoyo en materia educativa y universitaria

– Medidas de apoyo al sector cultural

– Medidas de apoyo a entidades deportivas

– Actuaciones en materia de personas con discapacidad

– Exclusión de las ayudas por daños del cómputo de ingresos a los efectos de determinadas prestaciones, así como de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.

– Habilitación de funcionarios de la Administración estatal y local en los municipios afectados que así lo requieran, para asistir a las personas afectadas que lo soliciten, en la identificación y firma electrónica

Disposiciones adicionales

Entre las disposiciones adicionales cabe citar:

La 1ª amplía el plazo en que podrán solicitarse las ayudas en el caso de localidades no incluidas en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, pero que se encuentren en el territorio de las CCAA afectadas.

La 3ª se refiere a la tramitación que han de seguir las declaraciones responsables y las solicitudes previstas en los artículos 3 y 3 bis del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre.

La 4ª exceptúa del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, a las personas peticionarias de las ayudas previstas en este real decreto-ley.

La 5ª determina el carácter inembargable de dichas ayudas.

La 6ª se refiere a las limitaciones previstas para la ampliación de plazos que se planteen para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La 7ª contiene previsiones relativas a la adopción de acuerdos en comunidades de propietarios no de viviendas: En los doce meses posteriores a la declaración de zona especialmente afectada por la DANA, en los municipios del anexo citado, los acuerdos adoptados en junta de propietarios de edificios o complejos inmobiliarios, cuando en ellos no haya unidades con destino de uso de viviendas, se adoptarán válidamente con el voto de la mayoría de las cuotas de participación en la propiedad presentes. Sólo será aplicable a acuerdos relativos a la reconstrucción o rehabilitación del inmueble, edificio o similar, y a actuaciones encaminadas a la reactivación de la actividad comercial.

La 8ª establece los efectos derivados del incumplimiento de la prohibición del despido y otras medidas de protección del empleo.

La 9ª prevé la creación del Fondo de Emprendimiento y de la Pequeña y Mediana Empresa de ENISA (FEPYME), cuyo fin es incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y que proporcionará préstamos participativos directamente al sector privado y a entidades del sector público que se dediquen a actividades.

La 10ª se ocupa de la retirada, depósito y tratamiento de los vehículos afectados por la DANA.

La 11ª mandata al Instituto Geográfico Nacional y al Centro Nacional de Información Geográfica, O. A., para que desarrollen un visualizador de información geográfica en el ámbito de afección de la DANA.

La 13ª dispone una nueva línea de financiación destinada a la reconstrucción y recuperación de las capacidades innovadoras del tejido industrial, destinada a acelerar la recuperación de la actividad innovadora de las zonas afectadas por la DANA.

La 15ª establece el régimen aplicable a la ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas.

La 16ª regula la aplicación de especialidades de las ayudas para situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.

La disposición transitoria concreta diferentes reglas de aplicación retroactiva.

La D.F. 1ª introduce una nueva medida a fin de garantizar el acceso a bienes o servicios esenciales en esta situación provocada por la DANA, con el objetivo de prevenir potenciales subidas abusivas de precios.

Estatuto de los Trabajadores

La D.F.2ª incorpora diferentes novedades en el ordenamiento jurídico laboral, pensando en posibles catástrofes futuras, lo que afecta al Estatuto de los Trabajadores:

– Se regula un permiso retribuido de hasta cuatro días que cubra situaciones en las que resulte imposible acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente.

– Cuando estas situaciones se alarguen puede darse causa de fuerza mayor a efectos de suspensión de contratos y reducciones de jornada en un expediente de regulación de empleo.

– Se incrementa el nivel de información sobre las medidas previstas por la dirección de empresa, motivadas por estos fenómenos, que ha de recibir la representación legal de las personas trabajadoras

– La negociación colectiva ha de abordar protocolos de actuación frente a estas situaciones.

Modificación del RDLey 6/2024

La D.F. 3ª modifica el RDLey 6/2024, de 5 de noviembre, a fin de introducir distintas mejores de carácter técnico:

– se mejora el régimen de ayudas destinadas a paliar daños personales, daños materiales en vivienda y enseres, y en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y por prestaciones personales o de bienes de personas físicas o jurídicas.

– se elimina el límite del 50 % de los daños valorados para daños estructurales y no estructurales en viviendas.

– se permite que los familiares directos de un fallecido puedan recibir la ayuda por daños en la vivienda y enseres de la persona fallecida que vivía sola.

– se amplía de dos meses a tres meses el plazo para solicitar las ayudas.

– se establece una excepción expresa a la necesidad de autorización previa de Consejo de Ministros para cuantías superiores a 12 millones de euros.

– una regulación más amplia y general del consentimiento tácito para recabar datos necesarios para la instrucción del expediente

– se aclaran las obligaciones tributarias de los potenciales beneficiarios de la ayuda que se hubieran dado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores a lo largo del 2024

– en el ámbito de la Seguridad Social, se incluye a los trabajadores por cuenta propia beneficiarios de la denominada «tarifa plana» de cotización que no estaban obligados a cotizar por la prestación de cese de actividad

– en apoyo a la financiación otorgada a hogares, empresas y autónomos, se diseña un tramo de línea de préstamos en condiciones preferenciales con dos subtramos, uno destinado a Pymes para la financiación de circulante y otro para autónomos, destinado a circulante y activos necesarios para su actividad.

Modificación del RDLey 7/2024

La D.F. 4ª afecta al RDLey 7/2024, de 11 de noviembre:

– se modifica el artículo 40 con el objetivo de agilizar la dotación de ayudas para identificar actuaciones prioritarias en los Planes de Acción Local de la Agenda Urbana.

– se aclara que la moratoria para la reclamación del reintegro de prestaciones indebidamente percibidas en el ámbito de la Seguridad Social resulta también de aplicación en el Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado.

– se extiende esa suspensión de 180 días, no solo a los procedimientos de reintegro en sentido estricto, sino también a aquellos procedimientos de revisión de las prestaciones de cese de actividad

– régimen de un vertedero especial

La D.F. 5ª encomienda al Gobierno la aprobación de un reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos derivados del cambio climático.

El anexo I contempla los requisitos de los vehículos subvencionables en la «Sección Etiqueta Cero».

El anexo II abarca los requisitos de los vehículos subvencionables en la «Sección ECO-C».

El anexo III detalla la documentación justificativa de la venta del vehículo subvencionado por parte del punto de venta acreditado.

Los anexos IV a VII recogen las distintas convocatorias del PLAN REINICIA AUTO +.

Finalmente, el anexo VIII refleja el presupuesto de explotación del Fondo de Emprendimiento y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La norma entró en vigor el 30 de noviembre de 2024.

 

ENLACES:

• RDLey 6/2024: PDF (BOE-A-2024-22928 – 49 págs. – 524 KB)  Otros formatos   Texto consolidado   Corrección de errores   Convalidación
• RDLey 7/2024: PDF (BOE-A-2024-23422 – 106 págs. – 865 KB)  Otros formatos   Texto consolidado
  
• RDley 8/2024: PDF (BOE-A-2024-24840 – 85 págs. – 748 KB)    Otros formatos   Corrección de errores   Convalidación
• Nota y Esquema de urgencia sobre las Moratorias por razón de la DANA. Javier Micó y Vicente Martorell
• Régimen fiscal de estas donaciones en el IRPF. Máximo Juárez
• Zonas inundables y Registro de la Propiedad. Antonio Oliva Izquierdo,
• Declaración de Zona afectada por la DANA

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