INFORME Nº 223.
(BOE ABRIL de 2013)
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Equipo de redacción: |
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* José Félix Merino Escartín, registrador de la propiedad de Fuenlabrada (Madrid). |
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* Joaquín Delgado Ramos, registrador de la propiedad de Santa Fé (Granada) y notario excedente |
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* Carlos Ballugera Gómez registrador de la propiedad de Torrejón de Ardoz. |
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* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). |
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* María Núñez Núñez, registradora mercantil de Lugo. |
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* Inmaculada Espiñeira Soto, notario de Santiago de Compostela. |
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* Jorge López Navarro, notario de Alicante. |
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* José Ángel García-Valdecasas Butrón, registrador mercantil de Granada. |
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* Joaquín Zejalbo Martín, notario de Lucena (Córdoba) |
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* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de Vitigudino (Salamanca) |
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* José Antonio Riera Álvarez, notario de Arucas (Gran Canaria) |
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* Albert Capell Martínez, Notario de Boltaña (Huesca) |
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* Gerardo García-Boente Dávila, Letrado del despacho Price Waterhouse y E3 Universidad Comillas. |
DISPOSICIONES GENERALES:
NAVARRA. Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
Destaca la adopción de las siguientes medidas:
En materia de licencias: Se modifica el hecho imponible de las tasas que gravan el otorgamiento de licencias urbanísticas y de apertura de establecimientos para extender el mismo a la realización de las actividades administrativas de control cuando esa licencia se sustituye por la declaración responsable o la comunicación previa.
Respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:
– En el hecho imponible se añade la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa.
– Aparecen como nuevos sustitutos del contribuyente, cuando la construcción no es realizada por el sujeto pasivo contribuyente, quienes presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas.
– Y en fase de gestión se prevé la práctica de una liquidación provisional también cuando se presente la declaración responsable o la comunicación previa.
Entró en vigor el 19 de marzo de 2013. (GGB)
PDF (BOE-A-2013-3674 – 5 págs. – 167 KB) Otros formatos
NAVARRA. Ley Foral 12/2013, de 12 de marzo, de apoyo a los emprendedores y al trabajo autónomo en Navarra.
Se trata de una Ley que busca, tal y como manifiesta su Exposición de Motivos, el fomento del empleo autónomo.
Entre las principales medidas destacar:
Establecimiento de mecanismos de financiación tanto de carácter público como de carácter mixto (público-privado); dando carácter preferente en los instrumentos financieros a los trabajadores de empresas en crisis que aborden la compra de participaciones para la transformación de la misma en cooperativa, sociedad laboral o cualquier otra fórmula societaria válida y admitida en derecho siempre analizando con carácter previo la viabilidad de los proyectos.
Aparecen, asimismo, fondos de inversión social para el desarrollo del trabajo autónomo y apoyo al emprendedor destinado a préstamos sobre un máximo por beneficiario y año del 80 por 100 del valor del proyecto con tipos de interés reducidos. Se pone en valor la posibilidad de articular un sistema de microfinanciación y microcréditos sociales.
Se crean figuras como:
– El intermediario financiero, especialista en trabajo autónomo y apoyo a emprendedores,
– El inversor privado social y las entidades de apoyo a la inversión social, inversores sociales que colaboran de forma activa con los autónomos o participan en el capital social de las sociedades de emprendedores durante una etapa de la actividad económica.
Se otorgan competencias al Servicio Navarro de Empleo como organismo a través del cual ir poniendo en marcha las políticas que derivan del contenido de la Ley Foral.
Entró en vigor el 19 de marzo de 2013. (GGB)
PDF (BOE-A-2013-3676 – 14 págs. – 253 KB) Otros formatos
REGISTRO ELECTRÓNICO HACIENDA. Orden HAP/547/2013, de 2 de abril, por la que se crea y se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El Ministerio de Economía y Hacienda ya tenía su Registro Electrónico, al igual que el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Pero, suprimidos ambos Ministerios, y creado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los dos registros han seguido operando fraccionadamente, cuando, conforme al art. 26 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, sólo puede haber un único registro electrónico departamental.
Así, pues, la presente orden tiene como objeto la regulación del Registro Único Electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a su ámbito, en la forma y con el alcance previstos en el artículo 24 de la Ley de acceso electrónico a los Servicios Públicos.
Se extiende a todos los órganos del Departamento, siendo para ellos su utilización obligatoria, pero quedan excluidos:
a) La AEAT y los restantes organismos públicos dependientes o adscritos al Ministerio, salvo convenio.
b) El Consejo para la Defensa del Contribuyente (se usará el Registro Electrónico de la Agencia Tributaria).
c) Lo excepcionado por una Ley y el Registro Electrónico Común.
La gestión del Registro será llevada por la Subsecretaría del Ministerio.
Son documentos admisibles cualesquiera solicitudes, escritos y comunicaciones –y sus anejos- dirigidos a los órganos y organismos pertenecientes a la Administración General del Estado, con excepción de los mencionados en el artículo 29.1.d) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, que deban ser objeto de presentación en otro registro electrónico específico.
Entre los medios de identificación se encuentra el sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad.
El Registro funcionará para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones de mantenimiento técnico u operativo, que se anunciarán con antelación.
El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, a cuyo efecto el Registro Electrónico que se regula en esta orden se regirá por el calendario de días inhábiles aprobado anualmente, correspondiente a todo el territorio nacional.
El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo firmado electrónicamente. Pero el acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito.
Habrá formularios en las lenguas oficiales que sean de aplicación.
La Orden entró en vigor el 9 de abril de 2013.
PDF (BOE-A-2013-3701 – 13 págs. – 234 KB) Otros formatos
DEMARCACIÓN REGISTRAL CATALUÑA. ORDEN JUS/53/2013, de 2 de abril, por la que se dispone el aplazamiento de la efectividad de la demarcación registral ejecutada en relación con determinados registros de la propiedad creados por el Real decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
Esta Orden conviene enlazarla con la Orden JUS/231/2013, de 13 de febrero, aplicable al resto del Estado Español, porque tiene un corte parecido.
El Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los Registros, estableció una nueva reforma del mapa de las oficinas registrales, mediante la creación de cincuenta y nueve registros en Cataluña. En su desarrollo, y mediante dos concursos ordinarios se sacaron a concurso la mayor parte de las nuevas plazas.
El actual artículo 147 del Estatuto de Autonomía de Cataluña otorga competencias ejecutivas a la Generalidad en materia de notarías y registros. En ejercicio de sus competencias varias Órdenes dictadas en 2010, 2011 y 2012 aplazaron la provisión de quince plazas habida cuenta de la reducción experimentada por el tráfico inmobiliario.
Las medidas adoptadas por esta Orden se basan en que este tráfico continuará deprimido durante 2013 y 2014 por lo que ha de adaptarse el servicio público a sus necesidades reales.
Aplazamiento de la provisión de Registros vacantes, pendientes de definitiva constitución. Se aplaza hasta el 1 de enero de 2015 la adjudicación, entre los registradores integrantes del Cuerpo de Aspirantes, de los Registros de la Propiedad que se relacionan en el anexo I de la presente Orden, que se encuentran en la actualidad vacantes, no habiendo sido nunca desempeñados por ningún registrador titular. Mientras tanto, estos Registros continuarán integrados en el Registro de la Propiedad del cual proceden, por segregación o división. Son 16.
Aplazamiento de la provisión de Registros vacantes con registrador interino y reagrupación provisional de los mismos. También se aplaza hasta el 1 de enero de 2015 la adjudicación, entre los Aspirantes, de los Registros de la Propiedad que se relacionan en los anexos II y III. Estos Registros han sido desempeñados inicialmente por registrador titular, pero se encuentran en la actualidad vacantes y a cargo de registrador interino. Hasta la fecha señalada, quedan reagrupados, de modo plenamente integrado, a los Registros que también se indican en dichos anexos II y III. Son 6.
Registrador titular y efectos. En todos los casos referidos, el registrador tendrá, a todos los efectos legales, el carácter de registrador y registradora titular de los registros únicos subsistentes, pendientes de segregación o división, o los registros resultantes de la agrupación provisional.
Ahora bien, en los casos de los anexos 2 y 3 (Barcelona 27 y 28, Sant Joan Despí, L’Escala, Mont-roig del Camp y Vila-seca), los registradores tendrán que mantener abiertas las oficinas de registro en los términos municipales respectivos. Al no distinguir, parece que los de Barcelona también, lo que no tiene mucho sentido.
Los registradores titulares de los registros a los que se incorporan los mencionados en los anexos II y III, tendrán que tomar posesión de estos últimos dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta Orden.
Entrada en vigor. El 10 de abril de 2013. Publicado en el DOGC de 9 de abril de 2013.
*PLAN ALQUILER Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Los diversos Planes de Vivienda, habidos desde el año 1981, se basaban en el acceso a la propiedad de la vivienda y en el crecimiento del parque de las mismas.
Este, en cambio, propugna un cambio de modelo, potenciando el mercado de alquiler, que considera muy débil en nuestro país y la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas, que pueden propiciar una mano de obra intensiva.
En consonancia con esta nueva orientación, se están tramitando la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Alquiler de Viviendas y el anteproyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana,
Este Plan se propone arbitrar un sistema innovador de incentivos –austeros- que contribuya a la reactivación del sector inmobiliario, con particular atención a la satisfacción de las necesidades de vivienda de los grupos sociales más vulnerables.
El horizonte temporal del Plan es el tradicional de cuatro años.
Las ayudas para el alquiler se otorgarán en función de la renta de la unidad de convivencia, no de los individuos, se centrará en alquileres modestos y se pagará un porcentaje, no una cantidad fija.
Se pretende, además, comprometer a las Administraciones públicas en la generación de un parque público de viviendas que pueda servir para crear una oferta en alquiler.
Se mantiene el programa de subsidiación de préstamos convenidos, por la creciente dificultad de las familias para afrontarlos.
Los programas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas permiten que las ayudas que incorporan salgan de los estrictos límites de las viviendas, para entrar en el contexto de los edificios, de los barrios y de la propia ciudad considerada en su conjunto, por lo que pueden ser beneficiarias las comunidades de propietarios, por ejemplo. Puede ayudar a reducir las emisiones de carbono.
Seguidamente, la E. de M. desgrana los objetivos del Plan, en muy buena medida implícitos en las líneas anteriores y se enumeran los Programas. Vamos a dar una pincelada de cada uno:
1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
Tiene por objeto, el mantenimiento de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos regulados en los Planes Estatales de Vivienda anteriores que cumplan con el ordenamiento vigente en la materia.
2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
Sirve para facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos.
Define quiénes pueden ser beneficiarios y la renta máxima de la unidad familiar.
La gestión la llevarán las CCAA.
El límite será del 40% de la renta y hasta 2400 euros anuales.
Será por 12 meses renovables hasta el 31 de diciembre de 2016.
3. Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler.
Fomenta la creación de un parque público de vivienda protegida para alquiler sobre suelos o edificios de titularidad pública.
Esta vivienda, cuya superficie útil no podrá exceder de 90 m2, podrá ser de dos tipos:
a) Vivienda de alquiler en rotación, para ser alquiladas a unidades de convivencia con ingresos totales de hasta 1,2 veces el IPREM.
b) Vivienda de alquiler protegido, para unidades con ingresos totales entre 1,2 y 3 veces el IPREM.
Para ser calificadas las viviendas en tales categorías, entre otros requisitos, es preciso un compromiso de destino de 50 años.
Se fija un precio máximo por el alquiles de 4,7 euros/m2 (en rotación) y 6 euros (protegido).
4. Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.
Pretende la financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes, de los edificios de tipología residencial colectiva, anteriores a 1981, dedicados mayoritariamente a viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este programa las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios, o los propietarios únicos de edificios de viviendas, incluso Administraciones Públicas.
5. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.
Tiene como objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados.
Estas obras se realizarán con la finalidad de mejorar los tejidos residenciales, y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de actuación, ya sean las propias Administraciones Públicas, los propietarios únicos de edificios de viviendas, las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y los consorcios y entes asociativos de gestión.
6. Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios.
Con él se impulsa la implantación y generalización de un Informe de evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación de los mismos, mediante una subvención que cubra parte de los gastos de honorarios profesionales por su emisión.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de carácter predominantemente residencial, que cuenten con el informe de evaluación referido antes de que finalice el año 2016.
7. Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.
Este novedoso programa financia la ejecución de proyectos de especial trascendencia, referidos a un municipio y basados en líneas estratégicas temáticas como las siguientes: mejora de barrios, centros y cascos históricos, zonas obsoletas, infraviviendas, ecobarrios o zonas turísticas.
Podrán ser beneficiarios los propietarios únicos de edificios de viviendas, las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios, los consorcios y entes asociativos de gestión.
8. Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan. Recoge las condiciones básicas de financiación para la creación y mantenimiento de sistemas informáticos para el control y gestión de las relaciones entre el Ministerio de Fomento, las CCAA, Ceuta y Melilla en el desarrollo del Plan.
Entre las diversas disposiciones adicionales, citamos:
La tercera describe las viviendas que en adelante tendrán la consideración de vivienda protegida a efectos de lo establecido en la normativa estatal y en su caso autonómica. Ello sin perjuicio del mantenimiento del régimen de las distintas viviendas protegidas ahora existentes al amparo de su correspondiente régimen normativo de aplicación.
Para serlo, habrá de cumplir como mínimo con los requisitos siguientes:
– Deberá destinarse a residencia habitual y permanente del propietario o del inquilino.
– Ha de tener un precio máximo de venta o de alquiler.
– Disponer de una superficie útil máxima de 90 m2, sin incluir, en su caso, una superficie útil máxima adicional de 8 m2 para trasteros anejos y de otros 25 m2 destinados a una plaza de garaje o a los anejos destinados a almacenamiento de útiles necesarios para el desarrollo de actividades productivas en el medio rural.
Las cuarta y quinta regulan lo relativo a nuevas posibilidades de cambio de calificación de la «vivienda protegida en venta» a «vivienda protegida en alquiler» y viceversa, así como de descalificación.
Las sexta y séptima tratan de la ampliación del periodo de carencia (hasta diez años) y de la posible interrupción del periodo de amortización (hasta por cuatro años) de determinados préstamos a promotores de viviendas protegidas destinadas a la venta.
La undécima determina el límite temporal para la concesión de las ayudas reguladas en el Plan: 31 de diciembre de 2016.
La duodécima reduce el plazo exigido de periodo de amortización para supuestos de adquirentes en situación de desempleo que precisen una interrupción temporal del pago de las cuotas del préstamo hipotecario. Pasa de tres anualidades a una.
Entró en vigor el 11 de abril de 2013.
PDF (BOE-A-2013-3780 – 62 págs. – 2432 KB) Otros formatos
*ANDALUCÍA. Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
La Exposición de Motivos cita como disposiciones que infunden este RDLey, entre otras:
– El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…».
– El artículo 47 de la Constitución Española, según el cual, «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», y que exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. El artículo 33 consagra el derecho a la propiedad privada, estableciendo que se trata de un derecho cuyo contenido viene delimitado por su «función social. Y el artículo 128, según el cual «toda la riqueza del país en sus distintas formas y, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general».
– El Estatuto de Autonomía para Andalucía también consagra el derecho a la vivienda como base necesaria para el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y estatutarios.
– La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.
Considera que una vivienda desocupada representa el mayor exponente del incumplimiento de la finalidad del bien y por tanto de su función social.
Con este Decreto-ley, se trata de salvaguardar el derecho a una vivienda digna como bien jurídico protegido, dando un paso hacia delante en la definición de la función social de la propiedad de la vivienda y se contribuye a señalar las consecuencias del incumplimiento de dicha función, lo que adquiere más relevancia en estos momentos de emergencia social.
Considera que, entre las distintas formas de desocupación de viviendas, merece un mayor reproche la del conjunto de viviendas que son propiedad de personas jurídicas, por su mera utilización de las viviendas como bien de inversión que se predica en las personas jurídicas, frente al natural ejercicio del derecho a la vivienda propio de las personas físicas. Por ello, éstas serán objeto prioritario de la actuación inspectora.
El parque de viviendas desocupadas es de unas 550.000 a las que hay que unir otras 150.000 no vendidas por las promotoras. Un alto porcentaje sobre el total de 4,5 millones que supone el parque total de viviendas andaluzas.
Ha de mejorarse preferentemente la gestión del parque público de vivienda, per seguidamente deben dirigirse los esfuerzos hacia el efectivo cumplimiento de la función social de la propiedad promovida por particulares y conseguir la puesta en el mercado de viviendas vacías y primar la rehabilitación sobre la construcción.
En este contexto, la medida más llamativa es la introducción de una Disposición adicional segunda destinada a asegurar el derecho a una vivienda digna a los afectadas por desahucios provenientes de ejecuciones hipotecarias, a fin de que puedan continuar ocupando su vivienda mediante la expropiación temporal del uso de la misma, siempre que se cumplan los requisitos previstos. Como una de las justificaciones de la medida cita la reciente STSJUE de 14 de marzo de 2013.
Vamos a tratar de lo esencial que modifica en cinco Leyes y de la polémica D.Ad. 2ª.
1.- Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía
Se introduce el principio de subsidiariedad como rector en el ejercicio de las distintas políticas, siempre dentro del ámbito competencial propio de cada una de las Administraciones Públicas andaluzas.
Se añade un nuevo Título VI en el que se establecen los instrumentos administrativos de intervención necesarios para evitar la existencia de viviendas deshabitadas, acotando su concepto.
Se crea registro público que permita gestionar administrativamente el fenómeno de la no habitación de viviendas.
Se regula el procedimiento contradictorio para declarar viviendas deshabitadas.
Definición de vivienda deshabitada. Es toda edificación que, por su estado de ejecución, cuente con las autorizaciones legales para su efectiva ocupación o que se encuentre en situación de que se soliciten las mismas y que, conforme al planeamiento urbanístico de aplicación, tenga como uso pormenorizado el residencial, en suelo clasificado como urbano o urbanizable.
– Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva habitación. También cuando la misma no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o sin casi consumo.
– Se determinan exclusiones como las turísticas, las de esparcimiento o recreo o las arrendadas por temporada.
– Las personas físicas titulares de viviendas deshabitadas no serán objeto de sanción.
Hay actuaciones de fomento, dirigidas a las personas físicas como las medidas de intermediación en el arrendamiento de viviendas, las destinadas al aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jurídica de las viviendas alquiladas, medidas fiscales y subvenciones para personas propietarias y arrendatarias y entidades intermediarias.
En el nuevo Título VII se regula el ejercicio de la potestad de inspección y sancionadora para el cumplimiento de los fines de la Ley.
2.- Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Se impone a las entidades financieras, cualquiera que sea su domicilio social, la obligación de comunicar a la Administración Autonómica la adquisición de viviendas protegidas ubicadas en Andalucía y se establece como infracción el no poner la vivienda protegida a disposición de los Registros de Demandantes de Vivienda Protegida en los supuestos de adjudicación por ejecución hipotecaria o por impago de deuda.
3.- Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria… Se atribuye a la Consejería competente en materia de vivienda el ejercicio de las funciones relacionadas con las obligaciones inherentes al depósito de fianzas tras la suscripción de un contrato de arrendamiento. Asume funciones de gestión de los citados depósitos que incluyen, entre otras, las de autorizar la liquidación de fianzas por el sistema de régimen concertado y las de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la obligación del depósito.
4.- Ley 17/1999, de 28 de diciembre. Se incluye dentro del objeto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía la gestión, control y registro de las fianzas de los contratos de arrendamiento y de suministro correspondientes a los inmuebles sitos en el ámbito de la Comunidad.
5.- Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos. Se incorporan tres procedimientos, con plazo de resolución y notificación superior a seis meses, al Anexo I de la referida ley: el procedimiento sancionador en materia de vivienda protegida, el procedimiento contradictorio para la declaración de vivienda deshabitada y el procedimiento sancionador en materia de vivienda.
Expropiación del uso. Se regula en la D. Ad. 2ª, bajo el título “Declaración del interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.
Se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto del mismo
El plazo máximo será de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento judicial.
El adjudicatario del remate ha de ser una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
Para ser beneficiario se precisan los requisitos:
– ser la residencia habitual y permanente
– única vivienda en propiedad de cualquier miembro de la unidad familiar.
– tener la condición inicial de propietarios y deudores hipotecarios.
– el lanzamiento puede generar una situación de emergencia o exclusión social.
– la ejecución hipotecaria es por un préstamo para el ejercicio del derecho a la vivienda.
– empeoramiento de las condiciones económicas (la carga hipotecaria superaba 1/3 de la renta y un 150% respecto a la inicial)
– la unidad familiar ingresa menos de 3 veces el IPFREM (532,51 * 3 = 1597,53 euros).
El procedimiento de expropiación temporal del uso de la vivienda deberá ajustarse a la legislación de expropiación forzosa y, en su caso, a lo establecido por la legislación sectorial aplicable, debiéndose comunicar su inicio al órgano judicial que esté conociendo del procedimiento de ejecución hipotecaria.
Estos casos se declaran de urgente ocupación. En el acta de ocupación se establecerá la forma en que la propiedad recuperará el uso de la vivienda una vez transcurrido el plazo y se reconocerá el derecho de reversión en caso de que las circunstancias de la persona beneficiaria se modificaran antes de transcurrirlo.
El beneficiario quedará obligada al pago a la Administración expropiante de una cantidad en concepto de contribución al pago de justiprecio, en cuantía no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar que conviva en la misma, ni superior a la cuantía del justiprecio.
Se determina la documentación que el interesado ha de aportar, aunque parte de ella puede sustituirse por una autorización a la Administración para que ella la indague. Entre los documentos se encuentran los Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar o, alternativamente, declaración responsable y autorización de consulta a la Administración actuante para solicitar los datos catastrales y del Registro de la Propiedad y escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de hipotec y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.
Las solicitudes se tramitarán según el orden riguroso de incoación, salvo que, en supuestos de especial vulnerabilidad (menores, dependientes…) o en el caso de que el lanzamiento sea inminente, se dicte resolución motivada, de la que quedará constancia, estableciendo una preferencia distinta.
En todo caso, lo establecido en esta disposición estará en función de las disponibilidades presupuestarias. El gasto anual será el interés retributivo del conjunto de los depósitos por fianzas de arrendamiento y suministros constituidos en Andalucía
Ámbito temporal. Se aplicará a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento o se hubiese producido el lanzamiento después de la entrada en vigor del mismo pero la vivienda esté desocupada.
Entró en vigor el 12 de abril de 2013.
PDF oficial auténtico Otros formatos
PODER JUDICIAL. Ley Orgánica 1/2013, de 11 de abril, sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El actual Consejo General del Poder Judicial se constituyó el 24 de septiembre de 2008 por cinco años, por lo que vence su mandato el 24 de septiembre de 2013, debiendo el Presidente del Consejo poner en marcha el proceso de renovación seis meses antes.
Sin embargo, el pasado día 21 de diciembre de 2012, el Consejo de Ministros aprobó el «Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se establece un nuevo sistema para la designación de los miembros de dicho Consejo, con el objetivo claro de que la próxima renovación del órgano ya se lleve a cabo conforme al nuevo sistema.
Por ello, esta Ley Orgánica:
– Suspende la vigencia del artículo 112.
– Suspende la vigencia del siguiente inciso del artículo 114: «interesando que por éstas se proceda a la elección de los nuevos Vocales y».
La suspensión prevista tendrá efectos hasta el 24 de septiembre de 2013, fecha en la que se producirá la expiración del mandato del actual Consejo General del Poder Judicial
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*EDIFICIOS. EFICIENCIA ENERGÉTICA. Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Las exigencias relativas a la certificación energética de edificios establecidas en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, se transpusieron en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, mediante el que se aprobó un Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.
Este nuevo RD está justificado porque quedó pendiente de regulación la certificación energética de los edificios existentes y porque se precisa transponer una nueva Directiva sobre la materia, la 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010. La técnica utilizada es la de aprovechar lo posible del Real Decreto 47/2007, incorporar nuevo contenido y derogarlo.
El real decreto establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética para que los interesados los puedan comparar con los que aparecen en el Código Técnico de la Edificación. Ya estaba previsto en la Ley de Economía Sostenible, en la que se dispuso que los certificados de eficiencia energética para estos edificios se obtendrán de acuerdo con el procedimiento básico que se establezca reglamentariamente, para ser puestos a disposición de los compradores o usuarios de esos edificios cuando los mismos se vendan o arrienden. Daba un plazo de seis meses para regularlos, que se incumplió.
Además, este real decreto contribuye a informar de las emisiones de CO2 en el sector residencial.
Una disposición adicional determina que las certificaciones de edificios pertenecientes y ocupados por las Administraciones públicas podrán realizarse por técnicos competentes de sus propios servicios técnicos.
Mediante otra disposición adicional se anuncia la obligación requerida por la citada Directiva 2010/31/UE, consistente en que, a partir del 31 de diciembre de 2020, los edificios que se construyan sean de consumo de energía casi nulo (y los públicos dos años antes).
También se regula la etiqueta de eficiencia energética, distintivo común en todo el territorio nacional, que será obligatoria en determinados edificios que presten servicios públicos.
Se dicta un régimen sancionador, de acuerdo con la legislación de protección de los consumidores y usuarios.
Objeto del R Decreto: Aprobar el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios y aprobar la etiqueta de eficiencia energética como distintivo común en todo el territorio nacional.
Nueva exigencia en ventas y alquileres: Cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de éstos, el certificado de eficiencia energética o una copia de éste se deberá mostrar al comprador o nuevo arrendatario potencial y se entregará al comprador o nuevo arrendatario, en los términos que se establecen en el Procedimiento básico. Si no se aporta, ver el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley 8/2013: puede recaer multa de 601 a 1.000 euros.
No es todavía aplicable, pues la D. Tr. 1ª fija un plazo que concluye el 1º de junio de 2013. Antes de esa fecha, el Ministerio de Industria, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) pondrá a disposición del público los programas informáticos de calificación de eficiencia energética para edificios existentes, que serán de aplicación en todo el territorio nacional. Sólo se aplicará a las compraventas y arrendamientos celebrados después de esta puesta a disposición.
Creo que su no aportación no impide el otorgamiento de la escritura ni la inscripción, porque, no se impone tal consecuencia en el Real Decreto y éste no tiene suficiente jerarquía normativa para que se pudiera interpretar así. Eso sí, se puede aplicar el régimen sancionador regulado en el art. 18.
Resulta muy dudoso entender que el comprador pudiera exonerar al vendedor de tal obligación, porque el valor del certificado excede de los intereses de las partes.
Lo que sí resulta conveniente es que el Notario advierta a las partes de esa obligación y, tal vez, que se incorpore una copia del certificado al título, si el comprador está interesado en que se protocolice junto a otros documentos relacionados con la operación y así evitar su pérdida.
Ámbito de aplicación. Este Procedimiento básico será de aplicación a:
a) Edificios de nueva construcción.
b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.
c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público.
Exclusiones.
a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente.
b) Lugares de culto y para actividades religiosas.
c) Construcciones provisionales (hasta dos años).
d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.
e) Los de una superficie útil total inferior a 50 m2.
f) Los que se compren para reformas importantes o demolición.
g) Edificios para viviendas existentes (o partes de ellos), con uso inferior a cuatro meses al año, o si tienen un consumo previsto de energía inferior al 25% del normal anual, según declaración responsable de su propietario.
Documentos reconocidos. Para facilitar el cumplimiento de este Procedimiento básico se crean los denominados documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética, que se definen como documentos técnicos, sin carácter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento ministerial. Por ejemplo, los procedimientos para la calificación de eficiencia energética de un edificio deben ser documentos reconocidos y estar inscritos en el Registro general que se crea en la Secretaria de Estado de Energía. Será público y de carácter informativo.
Técnico competente: Lo es el que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley de la Edificación, o para la suscripción de certificados de eficiencia energética, o haya acreditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que se establezca mediante la orden prevista en la disposición adicional cuarta.
Mediante Orden conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Fomento, se determinarán las cualificaciones profesionales requeridas para suscribir los certificados de eficiencia energética, así como los medios de acreditación.
Registro de los certificados de eficiencia energética.
– El órgano competente de cada Comunidad ha de habilitar este registro en su ámbito territorial, para incorporar los certificados de eficiencia energética del edificio que deben presentarse, por el promotor, o propietario.
– El registro permitirá realizar las labores de inspección y control técnico y administrativo y pondrá a disposición del público registros actualizados periódicamente de técnicos competentes o de empresas que ofrezcan los servicios de expertos de este tipo y servirá de acceso a la información sobre los certificados a los ciudadanos.
– En un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto, el órgano competente de cada Comunidad Autónoma establecerá un inventario de los certificados registrados desde la entrada en vigor del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero.
Certificación de la eficiencia energética de un edificio.
El responsable de encargarlo y de conservarlo es el promotor o propietario del edificio o de parte del mismo, ya sea de nueva construcción o existente, en los casos que venga obligado por este real decreto. Debe presentarlo al órgano competente de la Comunidad Autónoma, para su registro. Las autoridades lo pueden pedir al propietario o al Presidente de la Comunidad y debe de incorporarse al Libro del edificio.
En los edificios con tipología de división horizontal, la certificación se basará, como mínimo, en una certificación única de todo el edificio o alternativamente en la de una o varias viviendas o locales representativos del mismo edificio, con las mismas características energéticas.
Los locales destinados a uso independiente que no estén definidos en el proyecto del edificio, para ser utilizados posteriormente, se deben certificar antes de la apertura del local, salvo que su uso sea industrial.
La certificación de viviendas unifamiliares podrá basarse en la evaluación de otro edificio representativo de diseño y tamaño similares y con una eficiencia energética real similar a juicio del técnico.
El certificado de eficiencia energética dará información exclusivamente sobre la eficiencia energética del edificio y no supondrá en ningún caso la acreditación del cumplimiento de ningún otro requisito exigible al edificio. Los requisitos mínimos exigidos son los vigentes en el momento de su construcción.
Su contenido se desgrana en el artículo 6.
Para edificios de nueva construcción. La certificación constará de dos fases: la certificación de eficiencia energética del proyecto (que quedará incorporado al proyecto de ejecución) y la certificación energética del edificio terminado (que expresará que el edificio ha sido ejecutado de acuerdo con lo establecido en el proyecto de ejecución y en consecuencia se alcanza la calificación indicada en el certificado de eficiencia energética del proyecto).
Para edificios existentes. El técnico será elegido libremente por la propiedad del edificio y puede tener ayudantes.
Duración. El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de diez años. El propietario del edificio será responsable de su renovación o actualización. El propietario podrá proceder voluntariamente a su actualización, cuando considere que existen variaciones en aspectos del edificio que puedan modificar el certificado.
En caso de venta o alquiler.
– Si es antes de su construcción, el vendedor o arrendador facilitará su calificación energética de proyecto expidiéndose el certificado del edificio terminado una vez construido el edificio.
– Si se vende un edificio existente, en todo o en parte, el certificado de eficiencia energética obtenido será puesto a disposición del adquiriente.
– Si se arrienda, bastará con la simple exhibición y puesta a disposición del arrendatario de una copia del referido certificado.
Etiqueta de eficiencia energética
Concepto. La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de utilización, durante el periodo de validez del mismo, de la etiqueta de eficiencia energética, cuyos contenidos se recogen en el documento reconocido correspondiente a la etiqueta de eficiencia energética, disponible en el Registro general aludido.
Uso. Se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio y constará si se refiere al proyecto o al edificio terminado.
No puede registrarse como marca.
Exhibición obligatoria.
– En edificios privados frecuentados por el público, con superficie útil superior a 500 m2, cuando les sea exigible su obtención.
– En edificios públicas frecuentados por el público, con superficie útil superior a 250 m2. Hay normas de derecho transitorio.
Varias disposiciones transitorias fijan plazos para:
– la adaptación del Procedimiento básico a los edificios existentes,
– la obtención del certificado y la obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edificios que presten servicios públicos,
– y para la obligación de realizar, por parte de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, un inventario estadístico de las actuaciones relacionadas con los certificados registrados por ellas.
El Real Decreto se cierra con dos capítulos dedicados a la Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios y al Régimen sancionador
Se deroga el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.
Entró en vigor el 14 de abril de 2013. (JFME)
Ver artículo de José Luís García Villanueva, Notario de Almería.
Ver artículo de Mariano Melendo respecto al País Vasco.
Ver cinco enlaces de interés (uno, preguntas frecuentes) de Joaquín Zejalbo.
Ver sanciones en la Ley 8/2013, de Rehabilitación Urbana.
Ver esta información en WIKIREG
PDF (BOE-A-2013-3904 – 15 págs. – 263 KB) Otros formatos Corrección de errores Corrección de errores septiembre
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS. Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Este real decreto modifica el RITE o Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios para transponer la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010 (la misma referida en el resumen anterior), relativa a la eficiencia energética de los edificios y porque el RITE impone proceder a una revisión periódica en intervalos no superiores a cinco años de la exigencia de eficiencia energética.
Se recuerda que el RITE se configura como el instrumento normativo básico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas.
Entre otras materias, la reforma afecta al ámbito de aplicación, al certificado de mantenimiento, a las inspecciones periódicas o al ejercicio de la actividad profesional de instalador y de mantenedor.
PDF (BOE-A-2013-3905 – 31 págs. – 616 KB) Otros formatos
ENTIDADES DE CRÉDITO: MIEMBROS RELEVANTES. Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave.
La Directiva 2006/48/CE, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio atribuye a la Autoridad Bancaria Europea la función de emitir directrices para la evaluación de la idoneidad de las personas que efectivamente dirigen la actividad de las entidades de crédito. Y dicha Autoridad ejerció esa función el 22 de noviembre de 2012, dictando directrices en materia de gobierno corporativo de entidades de crédito.
Este Real Decreto las recoge, a pesar de no ser vinculantes y las extiende, no sólo a las entidades de crédito, sino también a las entidades de dinero electrónico, entidades de pago, sociedades de tasación, sociedades de reafianzamiento, establecimientos de cambio de moneda extranjera y sociedades financieras mixtas de cartera (a través de diversas disposiciones finales).
Afecta a tres ámbitos fundamentales.
– En materia de honorabilidad comercial y profesional, se dota al Banco de España de la facultad de evaluar la concurrencia de este requisito con criterios como la trayectoria profesional y personal del evaluado; las condenas penales y sanciones administrativas, y la existencia de investigaciones fundadas en relación con delitos económico-financieros.
– En cuanto a la experiencia, se atiende a la experiencia profesional, pero también a la formación de carácter teórico. Se evalúa, además, la idoneidad del consejo de administración en su conjunto, teniendo en cuenta el diferente perfil de sus componentes.
– Los potenciales conflictos de interés será valorados con más intensidad en los miembros del consejo de administración.
El real decreto potencia el control continuo de los requisitos anteriores, tanto por parte del Banco de España como de las propias entidades, las cuales deberán contar con unidades y procedimientos internos que lleven a cabo la selección y evaluación continua de sus consejeros y directores generales.
Por otro lado, con este real decreto se atribuyen al Banco de España competencias de autorización de la modificación de Estatutos sociales de entidades de crédito, en coherencia con la transferencia previa operada por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en favor del supervisor para realizar la autorización de entidades de crédito.
La reforma afecta a tres reglamentos:
– Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito.
– Reglamento de desarrollo de la Ley de Cooperativas de Crédito aprobado por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero.
– Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.
El artículo 8 de este último RD se dedica a la modificación de los estatutos sociales. Ahora varía su apartado 1º que queda con la siguiente redacción:
«1. La modificación de los estatutos sociales de los establecimientos financieros de crédito estará sujeta al procedimiento de autorización y registro establecido en el artículo 3, si bien la solicitud de autorización deberá resolverse dentro de los dos meses siguientes a su recepción en el Banco de España o al momento en que se complete la documentación exigible, transcurridos los cuales podrá entenderse estimada.»
Se observa que la competencia pasa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera al Banco de España y que, pasados los dos meses, ya no será precisa la certificación de acto presunto.
También en el apartado 2 d) pasa a ser competencia del Banco de España el valorar si otras modificaciones de escasa relevancia no precisan de autorización, para lo que ha de presentarse una consulta previa.
En cuanto a las cooperativas de Crédito el art 1.4 del Decreto 84/1993, de 22 de enero referido también recoge la autorización para el cambio estatutario.
Entró en vigor el 14 de abril de 2013.
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GALICIA. Ley 2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013.
Esta Ley aprueba los presupuestos para el ejercicio correspondiente al año 2013.
Destaca en materia tributaria lo siguiente:
– Además de crearse algunas tasas nuevas y modificarse parte de las vigentes, se modifica la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, recogiendo la obligación para las entidades suministradoras de agua de presentar autoliquidación cuatrimestral de las cantidades repercutidas por el canon del agua y se incluye un artículo para establecer los criterios de afectación del impuesto sobre el daño medioambiental y el canon eólico.
– Con relación al impuesto sobre la renta de las personas físicas,
– En primer lugar, se procede a la supresión de la deducción por fomento del autoempleo.
– Además, se duplica la deducción del IRPF, aumentando el límite de deducción a los 8.000 euros, para las personas que inviertan en acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación
– Se extiende la deducción anterior a las personas jóvenes emprendedoras implicadas en la gestión ordinaria con una nueva deducción en su impuesto personal (IRPF) del 20 % de las cantidades invertidas (con un límite de deducción de 4.000 euros) en la creación de nuevas empresas o ampliación de la actividad de empresas de reciente creación.
En lo referido al impuesto sobre el patrimonio, se modifican los tipos de gravamen de la escala para el cálculo de la cuota íntegra.
En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, se recoge una reducción en la base imponible en los supuestos de sucesiones o donaciones a hijos e hijas y descendientes de dinero destinado a la creación de una empresa o negocio, habida cuenta del patrimonio preexistente de la persona donataria.
En lo que atañe al impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados:
– Los tipos de gravamen generales se equiparan a la imposición sobre el valor añadido. La transmisión de inmuebles tributará, como regla general, al 10%, salvo determinados casos en los que se aplica el tipo reducido del 4% (vivienda para personas con discapacidad, familias numerosas o menores de 36 años).
– En AJD, el tipo ordinario será el 1,5%. Se reduce al 1% en adquisiciones de vivienda habitual y su financiación. Y al 0,5%, para personas con discapacidad, familias numerosas o menores de 36 años.
– Será del 0,1%, para derechos de garantía en favor de sociedades de garantía recíproca
– Llegará al 2% en el caso de renuncia a la exención en el IVA.
– En la modalidad de actos jurídicos documentados se establece una deducción, tanto en la transmisión de inmuebles destinados a local comercial como en los préstamos para adquirirlos.
Resaltar que se da una nueva redacción a la regulación de los beneficios fiscales no aplicables de oficio en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en lo que se refiere a los requisitos formales para su aplicación y a las consecuencias del incumplimiento de los requisitos materiales contemplados en cada uno de ellos.
Además, se introducen nuevas obligaciones informativas con relación al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Entró en vigor el 29 de febrero de 2013. (GGB).
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MODELOS TRIBUTARIOS. Orden HAP/636/2013, de 15 de abril, por la que se aprueba el modelo 108, «Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Autoliquidación», se aprueba el modelo 208, «Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente. Autoliquidación», y por la que se modifica la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 y se modifica el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español y por la que se modifican otras disposiciones relativas al ámbito de la gestión recaudatoria de determinadas autoliquidaciones.
El artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, establece la opción, para los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en territorio español a través de un establecimiento permanente, de realizar una actualización de balances.
Esta actualización monetaria de valores contables conlleva una carga fiscal reducida, un gravamen único del 5 por ciento sobre el saldo acreedor de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre» o sobre el incremento neto de valor de los elementos patrimoniales actualizados para el IRPF.
Este gravamen se autoliquidará e ingresará conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes relativa al período impositivo al que corresponda el balance en el que constan las operaciones de actualización, o del IRPF correspondiente al período impositivo 2012. En dicha declaración constará el balance actualizado y la información complementaria que se determine.
El importe del gravamen único no tendrá la consideración de cuota, ni la consideración de gasto fiscalmente deducible de los citados Impuestos.
Esta Orden aprueba los modelos de actualización de balances, los plazos y la forma en que deben presentarse, así como las restantes disposiciones necesarias para su aplicación.
Incluye también a los modelos 108 y 208 como autoliquidaciones que pueden ser gestionadas por las entidades colaboradoras así como autoliquidaciones que pueden ser objeto de domiciliación.
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NAVARRA. Ley Foral 13/2013, de 20 de marzo, de modificación de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia.
Se modifica el artículo 75.1 de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia que establecía una prioridad en la adopción nacional de menores de 0-2 años a unidades familiares sin hijos.
Se pretende evitar, según su Exposición de Motivos, el perjuicio y agravio comparativo que ocasionaba al excluir, automáticamente y «de facto», a determinadas familias adoptivas que han sido declaradas por el Gobierno de Navarra idóneas.
Entró en vigor el 28 de marzo de 2013. (GGB)
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TRATADO DE LISBOA E IRLANDA. Ley Orgánica 2/2013, de 19 de abril, por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012.
El Protocolo, que ahora, se ratifica, se convierte en un anexo al Tratado de Lisboa, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007.
Fue negociado, como consecuencia de haber triunfado el “NO” en Irlanda en la consulta popular promovida para ratificar el Tratado, tratando de evitar que se estancara el procedimiento de integración europea.
Este Protocolo, firmado en Bruselas el 13 de junio de 2013, recoge las preocupaciones del pueblo irlandés al respecto, resumiéndose así:
Derecho a la vida, familia y educación. Ninguna disposición del Tratado de Lisboa que atribuya estatuto jurídico a la Carta de los Derechos Fundamentales, ni las disposiciones de dicho Tratado en el ámbito de la libertad, seguridad y justicia, afectan en modo alguno al alcance y a la aplicabilidad de la protección del derecho a la vida, a la protección de la familia, o a la protección de los derechos en materia de educación, contempladas en determinados artículos que se citan de la Constitución de Irlanda.
Fiscalidad. Ninguna disposición del Tratado de Lisboa introduce cambio alguno, para ningún Estado miembro, en relación con el alcance o el ejercicio de la competencia de la Unión Europea en materia de fiscalidad.
Seguridad y Defensa. Trata de preservar un importante grado de autonomía a los estados miembros y, en concreto, aclara que el Tratado de Lisboa no afecta ni va en detrimento de la política tradicional de neutralidad militar de Irlanda. Cualquier decisión de construir una defensa común requerirá una decisión unánime del Consejo Europeo.
Entró en vigor el 21 de abril de 2013.
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LA RIOJA. Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa de los consumidores en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La ley se estructura en cinco títulos, con ochenta y dos artículos, tres disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dos finales.
El título I está dedicado a los principios generales. La ley clarifica las competencias en materia de consumo tanto de la Administración autonómica como local, enumerando los derechos básicos del consumidor que, de forma general, se pueden clasificar en derechos sustantivos e instrumentales.
El título II contempla el detalle pormenorizado de los derechos del consumidor.
Se hace especial referencia a la protección frente a riesgos que puedan afectar a la salud y seguridad, incluyendo dicho derecho como el principal a tutelar.
Se enumeran los derechos reconocidos en el ámbito de la protección de los legítimos intereses económicos y sociales. Dentro de los mismos, hay que hacer especial referencia a que se introducen de forma novedosa algunos derechos tales como:
– La obligación de garantizar las cantidades entregadas a cuenta por el consumidor independientemente de la actividad de que se trate.
– Poder realizar la baja de un servicio de la misma forma en que se contrató.
– Ejercitar el derecho a reclamar sin que ello le suponga coste alguno y a no sufrir prácticas comerciales desleales conforme a la legislación vigente.
Se regula el derecho del consumidor a recibir información. Se recogen de forma particular las prescripciones de información en materia de precios, actividad publicitaria y, sobre todo, en la adquisición de viviendas de nueva construcción, en la que destaca la obligatoriedad de entregar al comprador, a la firma del contrato, copia del aval o seguro que garantice las cantidades entregadas a cuenta.
Dentro de las actuaciones de protección jurídica, administrativa o técnica, como principal novedad se incluye la obligatoriedad de disponer de hojas de reclamación para todos los establecimientos donde se comercialicen productos y bienes, se presten servicios o se ejerzan actividades profesionales.
El título III trata sobre el control e inspección de los productos y servicios que se ponen a su disposición en el mercado. Se regula el Estatuto del Inspector de Consumo.
El título IV establece el procedimiento a seguir en el supuesto de que la autoridad competente haya de tomar una serie de medidas cuando esté en riesgo la seguridad del consumidor o se atente contra sus intereses económicos.
Como elemento novedoso, se establece una regulación detallada del procedimiento, tanto para la adopción de medidas cautelares como de medidas administrativas no sancionadoras que confirmen las anteriores, y se contempla, para la eficacia de las resoluciones adoptadas, la posibilidad de imponer multas coercitivas.
El título V detalla el régimen sancionador junto a las infracciones y sanciones.
Se detallan los órganos del Gobierno de La Rioja competentes para la imposición de sanciones y, como novedad, la posibilidad de que la Administración local pueda imponerlas, por infracciones en las que concurran una serie de requisitos.
Entrará en vigor el 9 de mayo de 2013. (GGB)
PDF (BOE-A-2013-4464 – 46 págs. – 792 KB) Otros formatos
PRÉSTAMOS PLANES DE VIVIENDA. Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2013, por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco de los programas 1993 y 1995 (Plan de Vivienda 1992-1995), el programa 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.
Esta Resolución revisa y modifica los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco de los siguientes programas:
I. Programa 1993 del Plan 1992-1995
II. Programa 1995 del Plan 1992-1995
III. Programa 1998 del Plan 1996-1999
IV. Plan 2002-2005
V. Plan de Vivienda 2005-2008
PDF (BOE-A-2013-4540 – 7 págs. – 276 KB) Otros formatos
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
CANTABRIA. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1457-2013, en relación con la disposición adicional sexta de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.1, 106.1, 117, 118, 149.1.6 y 149.1.18 de la CE.
Realmente la D. Ad. 6ª es de la Ley 2/2001, introducida por el art. 2 de la Ley 2/2011. Trata de la tramitación de los expedientes en materia responsabilidad patrimonial derivada de actuaciones en materia urbanística. La Ley 2/2011 no tiene una D. Ad. 6ª propia.
PDF (BOE-A-2013-4119 – 1 pág. – 134 KB) Otros formatos
ANDALUCÍA. Conflicto en defensa de la autonomía local n.º 570-2011, contra los artículos 32, 33, 78, 82.2, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.
Está presentado por un número muy elevado de municipios andaluces.
PDF (BOE-A-2013-4121 – 1 pág. – 133 KB) Otros formatos
TRIBUNAL SUPREMO:
EXTRANJEROS. Sentencia de 12 de marzo de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan determinados preceptos del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
La Sentencia anula por su disconformidad a Derecho, los siguientes preceptos:
A) Procedimiento para obtener la residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados titulares de una Tarjeta azul-UE. El inciso «los plazos para la interposición de los recursos que procedan serán computados a partir de la fecha de notificación al empleador o empresario», que contiene el artículo 88.5, párrafo 4.°
B) El apartado 4 del artículo 128 del citado Reglamento, a tenor del cual en los procedimientos para obtener la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, sin necesidad de visado, el órgano competente «podrá requerir la comparecencia del solicitante y mantener con él una entrevista personal».
C) El apartado primero, párrafo segundo, de la disposición adicional primera, así como el inciso «o en su caso resolverá la inadmisión a trámite» que contiene el artículo 106.3, párrafo primero del mismo Reglamento, en la medida en que atribuyen a las misiones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el exterior la competencia «en materia de admisión a trámite de procedimientos iniciados en el extranjero» cuando no la tengan para resolver el fondo de los procedimientos para la obtención de las siguientes autorizaciones:
a) Las de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales y servicios de voluntariado;
b) las de residencia temporal no lucrativa;
c) las de residencia temporal y trabajo por cuenta propia; y
d) las de residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo cuando la persona extranjera no sea residente en España y siempre que la duración prevista de la actividad sea superior a 90 días.
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SECCIÓN 2ª:
CONCURSO REGISTROS DGRN. Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario n.º 287 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado por Resolución de 6 de febrero de 2013 y se dispone su comunicación a las comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.
Se han cubierto 31 plazas, quedando vacantes 3.
Ver Archivo Concursos.
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CONCURSO REGISTROS CATALUÑA. Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocado por la Resolución de 6 de febrero de 2013.
Se han cubierto 4 plazas, no habiendo quedado vacantes
Ver Archivo Concursos.
PDF (BOE-A-2013-3638 – 1 pág. – 139 KB) Otros formatos
JUBILACIONES.
Se dispone la jubilación voluntaria del notario de Zaragoza, don José Ángel de Andrés Rodríguez.
Se jubila a doña María Jesús Montero Pardo, registradora de la propiedad de A Coruña n.º 2.
Se jubila al notario de Reus, don José Luis de Prada Junquera.
Se jubila al notario de Oviedo (realmente, de Cangas de Onís, según rectificación del 2 de mayo), don Javier López-Polín Méndez de Vigo.
Se jubila al notario de Granada, don Aurelio Nuño Vicente.
RESOLUCIONES PROPIEDAD:
121. OBRA ANTIGUA SIN CERTIFICADO PREVIO DE FUERA DE ORDENACIÓN. PRUEBA DE LA PRESCRIPCION. Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Mijas n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva terminada por antigüedad.
El primer defecto recurrido se refiere a la necesidad o no de aportar el acto administrativo sobre declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación, como requisito previo a la inscripción de la obra nueva terminada antigua en el Registro de la Propiedad, según se exige en el artículo 53.5 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
La DGRN reitera su criterio de que “de las dos posibles interpretaciones de este apartado b) del número 4 del artículo 20 de la Ley de Suelo, parece más acertado entender que la aportación del acto administrativo mediante el cual se declare la situación de fuera de ordenación, con la delimitación de su contenido, no es un requisito previo a la inscripción, sino que puede ser cumplido, en su caso, con posterioridad.”
El segundo defecto se refiere a la necesidad o no de probar, para obtener la inscripción de edificaciones respecto de las que ya no proceda el ejercicio de la acción de disciplina urbanística, la efectiva extinción, por prescripción, del derecho de la Administración para la adopción de tales medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística.
La DGRN no exige esa prueba o acreditación, sino que afirma que “el acceso al Registro de la Propiedad de edificaciones respecto de las que no procede el ejercicio de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, como consecuencia del transcurso del plazo de prescripción establecido por la ley para la acción de disciplina, se halla sometido, de modo exclusivo, al cumplimiento de los requisitos expresamente establecidos por la ley. Entre los que no se encuentra la prueba exhaustiva de la efectiva extinción, por prescripción, de la acción de disciplina urbanística.” (…) “Basta, por tanto, para el acceso de tales obras al Registro, la falta de constancia registral de la incoación del correspondiente expediente de disciplina urbanística, sin necesidad de aportar una más que difícil prueba negativa sobre dicho extremo.”
El tercer defecto resulta de la pretensión de declaración de trece nuevas edificaciones, sobre un terreno propiedad en proindiviso de cuatro titulares; a juicio de la registradora, es indicio de que dicha declaración es un acto revelador de una posible parcelación urbanística encubierta y formación de un nuevo asentamiento; sin que se acredite que se ha obtenido licencia de segregación o declaración de innecesariedad.
La DGRN también revoca la calificación registral, diciendo que “no es el número de titulares de la finca lo que determina los indicios de parcelación sino el uso individualizado de una o varias partes del terreno equivalente o asimilable. Este Centro Directivo en reiterada doctrina (R. 24 de agosto de 2011, R. 2 de marzo y R. 24 de mayo de 2012) ha establecido que para que se revele la parcelación será preciso que se asigne el uso de un espacio determinado de terreno apto para construir una finca independiente, lo que no ocurre en este supuesto, porque aun cuando hay varios titulares en copropiedad sobre la finca, esto no significa que haya asignación de usos independientes sobre la misma”.
Comentario: Sin comentarios, que el tema ya resulta tedioso. (Pero para que no se diga que el que calla otorga, sólo apuntar que, en mi ya muy vapuleada opinión, la DGRN sigue interpretando la normativa estatal de modo exactamente opuesto al que, a mi juicio, y por los argumentos ya expresados en otros trabajos publicados en esta web, se deriva de su redacción, espíritu y finalidad. Como también insiste en elaborar un discurso argumentativo basado en normativa estatal, que es más permisiva, para concluir inaplicando la normativa urbanística andaluza en la materia, que es más rigurosa). (JDR)
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122. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LEGADO DE CANTIDAD. Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Mérida n.º 1, a practicar una anotación preventiva de legado de cantidad.
Supuesto: Mediante instancia se solicita anotación preventiva de legado de cantidad de dinero sobre una finca inscrita a nombre de la testadora. Se acompañan testimonio notarial de una escritura de elevación a público de documento privado de entrega de legado, otorgada por dos de los quince herederos en favor de sí mismos como legatarios y testimonio notarial de los tres últimos testamentos de la causante.
El Registrador suspende la Anotación por dos motivos: ser necesario acompañar convenio entre las partes o mandato judicial y porque considera que debe presentarse copia autorizada de los referidos testamentos.
La Dirección confirma ambos defectos: respecto al primero al no haberse presentado mandato judicial es imprescindible acreditar el convenio entre las partes interesadas (arts. 56 LH y 147 y 148 RH), en este caso como la escritura fue otorgada únicamente por los dos legatarios que tienen además la cualidad de herederos es ineludible el consentimiento de los restantes herederos o el que de ellos hubiera sido, mediante la partición hereditaria, adjudicatario de la finca. (R. de 3 de mayo de 1924); respecto al segundo, señala que es cierto conforme al art.144 RN que el testimonio notarial tiene la consideración de instrumento público y que debido a su eficacia (arts. 1258 CC, 1 LN y 1 RN se admite que la copia autorizada de las escrituras pueda ser sustituida por la fotocopia autenticada de la misma, para su acceso al Registro, siempre que se trate de su toma en consideración como documentos complementarios (RR de 15 de enero de 1960, 29 de septiembre de 1993, 5 de enero y 5 de septiembre de 2002), pero sin embargo cuando se trata de obtener la inscripción del título carecen de esa eficacia sustitutiva de acuerdo con el art.3 LH, que exige para la inscripción «escritura pública, ejecutoria o documento auténtico» y tiene la consideración de escritura pública la copia autorizada (art. 221RN), no los testimonios. Además, según el art. 33 RH: «Se entenderá por título, para los efectos de la inscripción, el documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla y que hagan fe, en cuanto al contenido que sea objeto de la inscripción, por sí solos o con otros complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite». Por ello en el presente caso en el que el testamento y el convenio entre las partes –o el mandato judicial–, constituyen el título de la inscripción (arts. 56 LH y 147 RH), debe mantenerse el criterio del registrador. (MN)
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125. NULIDAD DE UN ESTUDIO DE DETALLE POR SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO. TRACTO SUCESSIVO. Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Rota, por la que se suspende la inscripción de título consistente en testimonio de una sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, junto con instancia privada, con firma notarialmente legitimada.
Supuesto: Mediante STS se declara la nulidad de un estudio de detalle sobre determinada unidad de ejecución del plan general de ordenación urbana de Rota y consecuentemente se anula la reparcelación posterior. En el procedimiento judicial fue parte la sociedad recurrente en cuanto titular registral de la finca formada por la agrupación de varias resultantes de la equidistribución por reparcelación, pero no fueron parte ni notificados los demás titulares de derechos afectados y además no resulta del testimonio aportado una pormenorización de las fincas registrales afectadas por la rectificación.
La Dirección confirma el defecto ya que el art. 51. f) y g) del TR de la Ley del Suelo (RDLeg 2/2008, de 20 de junio) así como el art. 1.º apdos. 6 y 7 RD 1093/1997, de 4 de julio, establecen que son inscribibles las sentencias firmes en que se declare la anulación de instrumentos de ordenación urbanística, pero siempre que se concreten a fincas determinadas –e identificables– y que haya participado su titular en el procedimiento, el cual, al menos deberá haber sido notificado y oído (art. 20 LH). En este caso la resolución judicial no reúne ninguno de estos requisitos sino que se limita a establecer una referencia al planeamiento que anula y en él a la unidad de ejecución concernida, lo que impide, por razón de tracto sucesivo, proceder a la correspondiente constancia registral de la resolución recaída. (MN)
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126. EMBARGO DE FINCA DE CÓNYUGES BOLIVIANOS. Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Torrejón de Ardoz n.º 3, por la que se suspende una anotación de embargo.
Hechos: Se ordena un embargo contra el tercio indiviso propiedad de una persona boliviana, de estado civil casado, cuyo derecho consta inscrito conforme al régimen económico matrimonial de su nacionalidad. Al parecer se ha demandado al cónyuge titular y notificado la demanda al otro cónyuge.
El registrador opone como defecto para practicar el embargo que ha de acreditarse el régimen matrimonial legal boliviano o en su defecto haberse dirigido la demanda contra los dos cónyuges, no bastando la demanda contra uno y la notificación al otro..
El recurrente alega que la demanda está dirigida contra el titular registral y por ello ha de aplicarse el principio de legitimación registral, es decir presumirse que el propietario es el titular registral.
La DGRN desestima el recurso y señala que el principio de legitimación registral no se extiende al régimen económico matrimonial, de forma que no constando y no acreditándose éste, la demanda debe de dirigirse contra ambos cónyuges.
Para que fuera de aplicación el artículo 144.1 RH (demanda a uno de los cónyuges y notificación al otro) debería de haberse acreditado que el régimen boliviano es de comunidad, equivalente al de gananciales español.
Comentario.-
La solución dada al presente caso en esta resolución es de un garantismo exagerado, pues bajo el propósito de proteger al cónyuge del deudor en realidad lo que hace es entorpecer y quizá imposibilitar el legítimo derecho del acreedor al cobro de su deuda beneficiando al deudor (en este caso el acreedor es una Comunidad de Propietarios y el deudor un moroso de la misma), a pesar de que su derecho ya ha sido reconocido judicialmente.
No entiendo cómo puede haber perjuicio para el cónyuge del deudor teniendo en cuenta que ha sido citado en el procedimiento y ha podido comparecer y defenderse (según parece), que además ésta es la regla para españoles en el régimen ordinario de gananciales, y que el propio legislador recientemente (a partir de 29 de Diciembre de 2012) ha adoptado una solución diferente a la de la DGRN (quizá por esta doctrina tan poco favorable al acreedor) consistente en añadir el número 6 al artículo 144 RH que permite el embargo con la notificación del procedimiento al cónyuge del titular.
No se entiende tampoco que la solución que aplica la jurisprudencia a los casos de falta de prueba del derecho extranjero en la forma recogida por el artículo 281 LEC se aplique dentro del Juzgado pero no cuando el documento llega al Registro (como afirma la DGRN), al menos en los casos derivados de procedimientos judiciales. Esta jurisprudencia en esencia viene a sostener que a falta de prueba del derecho extranjero se aplique la lex fori, la legislación española. En el caso presente a falta de prueba del régimen legal boliviano se aplicaría la solución dada a la inscripción de bienes gananciales, es decir bastaría con la notificación al cónyuge del deudor.
Finalmente, aunque el registrador no esté obligado a conocer la legislación boliviana, un pequeño esfuerzo de investigación por su parte con los medios tecnológicos de que disponemos, le hubiera llevado a conocer que en Bolivia, como en casi toda Hispanoamérica, el régimen legal supletorio es el de comunidad de gananciales (llamada exactamente así), lo que hubiera evitado esta controversia y el perjuicio que se deriva de ella para el acreedor. (AFS)
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128. EJECUCIÓN HIPOTECARIA. HA DE DEMANDARSE Y REQUERIR DE PAGO AL DEUDOR NO HIPOTECANTE. Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Fuenlabrada n.º 4, por la que se suspende la inscripción de un decreto de ejecución hipotecaria y un mandamiento de cancelación de cargas.
Supuesto: Se plantea si en una ejecución hipotecaria es calificable por el Registrador el haber sido demandado y requerido de pago el deudor no hipotecante.
Señala la Dirección que hay que tener en cuenta el art 132.1 LH, que extiende la calificación entre otros extremos, al siguiente: «Que se ha demandado y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y terceros poseedores que tengan inscrito su derecho en el Registro en el momento de expedirse certificación de cargas en el procedimiento»; el art. 685 LEC que prevé que la demanda ejecutiva se dirija «frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados, siempre que este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes»; y el art. 686 LEC regula el requerimiento de pago estableciendo que «en el auto por el que se autorice y despache la ejecución se mandará requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que resulte vigente en el Registro». Y confirma la calificación basándose en que si bien el fundamento no puede radicar en el principio de tracto sucesivo, puesto que el deudor no hipotecante no es titular registral, existen importantes conexiones entre la obligación y la garantía real hipotecaria y además de las incidencias que pueden producirse a lo largo del procedimiento, existe una razón fundamental para la intervención del deudor y es que se prevé que si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que continúe el procedimiento con el embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar; de ahí que la falta de demanda y el requerimiento de pago al deudor supone la infracción de un trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del procedimiento. (MN)
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129. SEGREGACIÓN DE FINCA HIPOTECADA. AGRUPACIÓN. Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la Propiedad de Balaguer, al levantamiento de una carga como consecuencia de una segregación.
Hechos: Inicialmente una finca (1) es hipotecada y posteriormente se agrupa con otras dos (2, y 3), libres de cargas. En la hipoteca se pactó que ésta se extendería a las posteriores agregaciones de terrenos a la finca hipotecada.
Ahora, de la finca agrupada, se segrega una finca que se corresponde con la finca 1 inicialmente hipotecada y se pretende que la hipoteca se cancele sobre el resto de finca de forma que la garantía hipotecaria quede como en el inicio, antes de la agrupación.
El registrador suspende la inscripción de la cancelación respecto del Resto, pues considera que debe de prestar su consentimiento el acreedor hipotecario ya que la hipoteca se ha extendido a toda la finca tras la agrupación.
El recurrente alega que la hipoteca no se ha extendido a la finca agrupada, porque el pacto se refiere a agregaciones, no a agrupaciones.
La DGRN desestima el recurso pues entiende que hay que interpretar la palabra agregación en el sentido de cualquier forma de unión de terrenos a la finca hipotecada, sea agregación propiamente dicha o agrupación. (AFS)
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130. EMBARGO CONTRA ENTIDAD CONCURSADA. NOTIFICACION DE DEFECTOS POR FAX A AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS. Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Alcalá de Henares n.º 4, por la que se suspende una anotación de embargo ordenada por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Supuesto: Se plantea el presente expediente con carácter previo, si, tal como alega el registrador en su informe, debe inadmitirse por extemporáneo el recurso contra la calificación interpuesto al haber sido notificada a la Tesorería General de la Seguridad la nota de calificación negativa mediante fax con más de un mes de antelación a la presentación del recurso.
Sobre esa cuestión dice la DGRN que “no existe expresamente ninguna habilitación legal para que las comunicaciones entre el registrador y autoridades administrativas o judiciales se realicen por telefax” y concluye que “no constando de forma fehaciente la manifestación admitiendo la notificación por fax al tiempo de presentación del título por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social y no acreditándose otra forma de notificación válida antes de transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso interpuesto no puede considerarse extemporáneo.”
Y en cuanto al fondo del asunto, se plantea en este expediente si procede anotar en el Registro de la Propiedad un mandamiento de embargo de la Tesorería General de la Social habida cuenta que las fincas sobre la que se ordena tienen anotada la declaración de concurso del embargado y de que la diligencia de embargo que consta en los mandamientos es posterior al auto por el que se declaró el concurso.
Al respecto, la DGRN dice que “En el expediente que provoca la presente, resulta del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se publica la declaración de concurso de acreedores del titular registral; no resulta de los libros registrales ni de la documentación aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal para la iniciación de procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y diligencias de embargo posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un pronunciamiento del Juzgado ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos contra la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación.” (JDR)
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131. CONVENIO REGULADOR. ADJUDICACIÓN DE GARAJE ADQUIRIDO EN ESTADO DE SOLTERO, AL CÓNYUGE NO TITULAR. Resolución de 9 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 12, a la inscripción de una finca adjudicada en convenio regulador.
Hechos: en virtud de un convenio regulador aprobado por una sentencia dictada en un procedimiento de divorcio se adjudica al marido una plaza de garaje perteneciente a la esposa con carácter privativo por haberla adquirido en estado de soltera.
El registrador deniega la inscripción pues considera que la sentencia no es título hábil para documentar esa transmisión, ya que excede de lo que son operaciones de liquidación del patrimonio conyugal, exigiendo para ello escritura pública.
El recurrente alega que la sentencia es un título público totalmente inscribible, ya que documenta la transmisión de la propiedad.
La DGRN recuerda su doctrina de que compete al registrador calificar si la sentencia es un título inscribible o no, para lo que hay que atender a la naturaleza del acto que documenta.
Así ha admitido el título judicial para documentar la adjudicación de la vivienda conyugal que previamente perteneciera a los dos esposos por mitad, por considerar que aquí existe una causa familiar, pero no lo admite cuando se trata de otros bienes privativos adquiridos en estado de solteros que pasan de un cónyuge al otro con ocasión del divorcio.
En el presente caso confirma la calificación del registrador pues la causa de la transmisión excede de lo que es el ámbito propio de la liquidación de bienes conyugales y constituye un negocio independiente que debe de ser formalizado conforme a la regla general de la escritura pública. (AFS)
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132. HIPOTECA EN GARANTÍA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA. MEDIOS DE PAGO. Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Alicante n.º 3, por la que suspende la inscripción de una escritura de reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria.
Hechos: Se otorga una escritura de reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria en virtud de la cual los deudores reconocen mantener una deuda de 19.454 euros con un acreedor por consecuencia de un préstamo concertado unos días antes.
El registrador deniega la inscripción pues no se acreditan los medios de pago, es decir la forma de la entrega del préstamo.
El recurrente alega que el reconocimiento de deuda es una fuente autónoma de obligaciones, que no hay entrega de dinero en ella y que queda fuera del ámbito de la legislación aplicable a los medios de pago. De todas formas reconoce que en el contrato privado de préstamo sí hubo entrega de dinero y lo justifica desglosando la deuda y aportando fotocopias de cheques. De dicho contrato privado resulta, por cierto, que se capitalizan como deuda los intereses futuros de 10 años.
La DGRN después de un recorrido exhaustivo de la normativa y de los cambios legislativos habidos sobre esta materia confirma la calificación señalando que el reconocimiento de deuda tiene que ser causal y que no supone una novación extintiva del contrato inicial de préstamo: por ello, al tratarse de un préstamo con garantía hipotecaria y no ser el acreedor una entidad bancaria ha de exigirse la acreditación de los medios de pago. Al aportarse únicamente documentos privados o fotocopias no pueden entenderse acreditados dichos medios de pago. Finalmente recuerda al acreedor, que es un profesional de la concesión de préstamos, la obligación de cumplir lo dispuesto en la Ley 2/2009 de prestación de servicios financieros a los consumidores y no utilizar la figura del reconocimiento de deuda para eludir las obligaciones formales de los préstamos para con el consumidor establecidas en dicha Ley. (AFS)
PDF (BOE-A-2013-3984 – 13 págs. – 236 KB) Otros formatos
133. EMBARGO CONTRA ENTIDAD CONCURSADA. CREDITOS CONTRA LA MASA. Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de Barakaldo, por la que se suspende la inscripción de una anotación preventiva de embargo.
Supuesto: Se plantea si procede anotar en el Registro de la Propiedad un mandamiento de embargo de la TGSS habida cuenta que la finca tiene anotada la declaración de concurso y que la diligencia de embargo que consta en el mandamiento es posterior al auto por el que se declaró el concurso.
La recurrente alega que el embargo fue declarado para la satisfacción de créditos contra la masa y no deuda concursal.
La Dirección resuelve en primer lugar, que no resulta del mandamiento que se tratara de créditos contra la masa y habiendo sido alegada esta circunstancia en el recurso no pudo tomarse en consideración en la nota de calificación y tampoco ahora para dictar resolver. (Art. 326 LH). Pero aunque así fuera faltaría un pronunciamiento al respecto del juzgado de lo Mercantil ya que del estudio sistemático de los arts. 8, 9, 84 y 154 LC resulta que la consideración de que un determinado crédito es un crédito contra la masa no corresponde realizarla al propio titular del crédito por sí, ni puede ser apreciable de oficio por el registrador dado lo limitado de los medios de que dispone a este efecto: Es el juez del concurso el que deba llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del concurso y a la vista del informe que al efecto presenta la administración del concurso (art. 84.4 LC: «Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal»). Y es que, como señala la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, «el carácter universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano judicial de las materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, lo que lleva a atribuir al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en materias como todas las ejecuciones y medidas cautelares que puedan adoptarse en relación con el patrimonio del concursado por cualesquiera órganos judiciales o administrativos».(MN)
PDF (BOE-A-2013-3985 – 4 págs. – 158 KB) Otros formatos
136. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA ORDENADA COMO MEDIDA CAUTELAR POR UN JUZGADO DISTINTO AL QUE ESTÁ CONOCIENDO DEL CONCURSO. Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la Propiedad de A Coruña n.º 6, a la práctica de una anotación preventiva de demanda.
Supuesto: Se plantea si puede practicarse una anotación preventiva de demanda ordenada como medida cautelar por un juzgado distinto al que está conociendo del concurso.
La Dirección confirma la nota ya que como dijo la R. de 2 de octubre de 2009, como consecuencia de esta situación concursal en materia de competencia judicial procede la aplicación del art. 8.4 LC, que establece, en materia de medidas cautelares –como es una anotación preventiva de demanda–, que «la jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias… (4.º) Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el párrafo 1.º». No estando el caso planteado en uno de esos supuestos excepcionales es competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso su adopción. También la propia Exposición de Motivos de la Ley señala que «el carácter universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano judicial de las materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, lo que lleva a atribuir al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en materias como todas las ejecuciones y medidas cautelares que puedan adoptarse en relación con el patrimonio del concursado por cualesquiera órganos judiciales o administrativos». (MN)
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137.- RENUNCIA A LA HERENCIA. ACRECIMIENTO O SUCESIÓN INTESTADA. Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Torrejón de Ardoz, Número 3, a inscribir una escritura de manifestación, aceptación y adjudicación de herencia.
Hechos: La causante Doña A, había otorgado testamento en el cual “instituía heredera universal a su hermana B, y reconocía a sus padres B y C, la legítima que la ley reserva a los ascendientes”.
Tras del fallecimiento de A, se formaliza su escritura de herencia, en la cual su hermana y heredera B, renuncia pura y simplemente a su herencia, y como consecuencia de esta renuncia “acrece la totalidad de la herencia a los herederos legitimarios nombrados por la causante en su testamento, sus padres C y D, que se adjudican la herencia por mitad”.
Registrador: Rechaza la inscripción de dicha escritura porque estima que, dada la renuncia de la heredera B, tiene lugar la apertura de la sucesión intestada, sin que exista derecho de acrecer a favor de los dos legitimarios B y C, debiéndose aportar la correspondiente acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato.
Notario: Para el notario, la voluntad de la testadora, cuando reconoce la legítima legal a sus padres, no excluye la parte de sucesión por ministerio de la ley, en caso de que quede parte de la herencia sin heredero voluntario. Reconocer a los padres la legítima legal se debe considerar una institución de legado de parte alícuota, que se asimila a la institución de heredero y no impide el acrecimiento. En Nuestro Dcho habiendo testamento, no procede la declaración de herederos abintestato hasta no haber agotado todas sus posibilidades y por otro lado, no teniendo hijos la testadora y viviendo sus padres, es evidente que tales serían en todo caso los herederos intestados de la misma
Dirección General: Desestima el recurso y ratifica los dos defectos apuntados por el Registrador:
– La legítima no es una porción de bienes reservada por la ley a favor de los legitimarios, ya que si bien así la define el art 806 del c.c., lo cierto es que, conforme al artículo 815, el legitimario puede recibir el contenido patrimonial a que tiene derecho, por cualquier otro título patrimonial apto para ello (herencia, legado o donación).
– Y en cuanto al acrecimiento, hay que entender que la reserva que hace la testadora a favor de sus padres hay que entenderla ordenada no a título universal sino particular, o sea a título de legado, de modo que no puede tener lugar el derecho de acrecer a favor de tales legatarios por la renuncia de la heredera universal instituía, conforme al artículo 982 del c.c.
La testadora sólo ha llamado a su herencia, con carácter universal, a una persona, a su hermana, a quien instituye heredera, por lo que al repudiar ésta, en modo alguno puede haber acrecimiento a favor de otro u otros, ya que nadie ha sido llamado solidariamente con ella, conforme exige la regulación legal, ya que a los padres se les reserva una parte del patrimonio hereditario líquido, por ley, y en virtud de un título diferente al de la heredera instituida. Por tanto siendo evidente que la única heredera designada, sin sustitución, por la causante en el testamento, se ha apartado de la sucesión, ha de abrirse la sucesión intestada por aplicación del art 912.3º del c.c., sin que haya lugar al dcho de acrecer. (JLN)
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141. PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE DOMINIO Y CARGAS FIGURANDO INSCRITA LA FINCA A NOMBRE DE ENTIDAD DISTINTA DEL EJECUTANTE. Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Lepe, por la que se deniega la expedición de una certificación de dominio y cargas y su correlativa nota marginal instada para un procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.
Hechos: Se tramita ante notario un acta para ejecución extrajudicial de hipoteca a instancia de Unicaja Banco. Unicaja Banco como es conocido es sucesora universal de la Caja de Ahorros llamada Unicaja. El notario solicita del registrador la expedición del certificado de cargas prevista en el artículo 236-b del Reglamento Hipotecario.
El registrador deniega la expedición del certificado y nota marginal subsiguiente argumentando que la hipoteca no figura inscrita a favor de dicha entidad ejecutante.
El notario autorizante recurre alegando que en los procesos de sucesión universal basta con que la escritura se inscriba en el Registro Mercantil para que se produzca el cambio de acreedor. Añade que el registrador puede (y debe según la doctrina de la propia DGRN) consultar el Registro Mercantil y su propio Registro en el que se han practicado muchas inscripciones que recogen ese proceso de sucesión entre ambas entidades.
En cuanto a la nota marginal señala que es de mera publicidad para informar a titulares posteriores de la existencia del procedimiento y que los titulares anteriores tendrán noticia de la situación registral dentro de los trámites practicados por el notario. Por otro lado la extensión de la nota marginal debe de ser automática, salvo que la ley en algún supuesto especial disponga otra cosa.
Argumenta también que el notario ya ha emitido un juicio sobre la suficiencia y legalidad del requerimiento de la entidad ejecutante, que compete al notario el control de legalidad del procedimiento de venta extrajudicial y que será en el momento de inscripción del título de venta extrajudicial cuando el registrador pueda calificar, entre otros, este extremo sobre la titularidad del acreedor hipotecario.
Finalmente señala que la cuestión ya está resuelta mediante tres sentencias del TS y varias de Audiencias Provinciales sobre esta cuestión con un criterio contrario al del registrador.
La DGRN confirma la calificación declarando que el procedimiento de ejecución hipotecaria es un procedimiento esencialmente registral, que la nota marginal de expedición de la certificación opera no solo como mera publicidad noticia sino como condición resolutoria sobre los titulares posteriores, y destaca el principio de protección al deudor hipotecario por el Registro.
Comentario.- Esta Resolución va a ser objeto de muchas críticas porque:
El procedimiento de ejecución hipotecaria se desarrolla en su totalidad en sede judicial (ver LEC) o en sede notarial (ver artículo 236 RH), no en sede registral, pues la ley ha atribuido o bien al juez o bien al notario esa competencia, no al registrador. Nada tiene que ver con la naturaleza del procedimiento de ejecución hipotecaria que la inscripción de la hipoteca sea constitutiva.
El registrador no tiene competencia ni para calificar la solicitud de certificado de dominio y cargas, más allá de los aspectos formales, ni para denegar la emisión de dicho certificado y su consecuencia que es la nota marginal ya que ambos actos son de debido cumplimiento si lo pide el funcionario competente para tramitar la ejecución hipotecaria, salvo los casos en que conste anotada la existencia de concurso de acreedores del deudor.
Los efectos de la nota marginal en el momento inicial son de mera publicidad, neutros, y para que desplieguen sus efectos cancelatorios será necesaria la previa inscripción de la escritura de venta extrajudicial o del Auto de adjudicación, momento en el que el registrador podrá calificar (en la medida de su competencia) dichos documentos, el tracto sucesivo y su adecuación a la legalidad.
De admitirse la postura de la DGRN el registrador podría calificar y vetar a distancia un procedimiento de ejecución notarial o judicial en el que no tiene ninguna intervención ni competencia hasta que no finalice.
La defensa del deudor hipotecario en el procedimiento no está atribuida al registrador sino que corresponde a jueces y notarios de oficio y en cumplimiento de la normativa vigente velar por ella mientras dure el procedimiento de ejecución.
Habiendo dos o más sentencias del TS en un mismo sentido se sienta jurisprudencia que es fuente de Derecho y por ello la DGRN debe de acomodar su criterio al del TS.
Dejando de lado los anteriores argumentos, en el presente caso la DGRN ni siquiera es coherente con su propia doctrina que obligaría al registrador a consultar el registro mercantil para despejar cualquier duda, sin perjuicio de que seguramente el mismo registrador que ahora deniega la expedición de la certificación habrá practicado cientos de inscripciones de novaciones, ampliaciones o cancelaciones de hipotecas de dicha entidad (Banco Unicaja) sin necesidad de que se le presente cada vez el título de sucesión universal entre ambas entidades, por serle conocido o incluso ser algo público y notorio. (AFS)
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142. RECTIFICACION DE REGISTRO. ASIENTOS YA PRACTICADOS. Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Ourense n.º 3, por la que se suspende la rectificación del Registro en relación a una cesión entre administraciones públicas.
Supuesto: Una finca que pertenecía a la TGSS se inscribió a favor de la Xunta de Galicia en virtud de un escrito invocando el Real Decreto 258/1985, de 23 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales de la Seguridad Social. Se pretende ahora al amparo del art. 217 LH, la rectificación de la inscripción practicada o, en su defecto, su cancelación.
La Dirección rechaza el recurso ya que como ha declarado con anterioridad el recurso sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o denegatorias del asiento solicitado. No cabe instar recurso alguno frente a la calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento; por ello admitirse la rectificación de errores que pretende la anulación de un asiento, sería lo mismo que admitir el recurso contra una inscripción realizada. (arts. 326, 1 y 40 in fine LH) (MN)
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143. RECTIFICACION DE REGISTRO. ASIENTOS YA PRACTICADOS. Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Ourense n.º 3, por la que se suspende la rectificación del Registro en relación a una cesión entre Administraciones Públicas.
Idéntica a la 142 (MN)
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144.- SEGREGACIÓN. DERECHO TRANSITORIO. LICENCIA POR SILENCIO POSITIVO. Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Jerez de la Frontera nº 2, por la que se deniega la expedición de una escritura de segregación de finca.
Hechos: Con fecha 13 de noviembre de 2012, se formaliza escritura de segregación de finca y extinción de condominio, correspondiente al término de Jerez de la Frontera. A la escritura se incorpora un testimonio de la solicitud de segregación, efectuada a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento correspondiente, en la que se solicitaba una segregación de 2.764 m2, en fecha 1999, figurando en dicho documento una diligencia de que el mismo obra en los archivos de la Delegación de Urbanismo de dicha Corporación.
Registrador: Deniega la inscripción, ya que se precisa para llevar a cabo la operación de segregación, bien la obtención de licencia urbanística expresa o declaración de su innecesariedad, conforme a los arts 66 y ss. de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía; art 78 y ss del RD 1093/1997 y art 23 del RD 8/2011 de 1 de julio, según el cual no es aplicable a las segregaciones y divisiones de fincas el silencio administrativo a que se refiere el art. 43 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jco de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admvo común.
Dice dicho art 23 del DT 8/2011: “Los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo, que se indican a continuación, requerirán el acto expreso de conformidad, aprobación o autorización admva que sea preceptivo según la legislación de ordenación territorial y urbanística: a) movimientos de tierra, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.”
Recurrente: Alega que pese a que la escritura se ha formalizado el 13 de noviembre de 2012, el hecho se la solicitud y certificado de acto presunto, se llevó a cabo en 1999, y por tanto con anterioridad a la entrada en vigor del RD 8/2011 y por tanto es inscribible por silencio positivo, ya que la licencia de segregación se solicitó en 1999, no recibiéndose contestación oficial a la misma.
Dirección General: No acepta el recurso y ratifica la calificación registral. Para la DG la cuestión es la de si a una segregación que se efectuó con fecha 13 de noviembre de 2012, le puede ser aplicada la normativa anterior, alegando que la licencia se solicitó en 1999, manifestando el registrador que se precisa licencia expresa para el acto y el recurrente que el art 23 del RD 8/2011 no se puede aplicar con efecto retroactivo.
Conforme a la R. 27 de enero de 2012, señala la DG que ha establecido las siguientes normas:
– Es un principio general el de irretroactividad de las normas.
– Existe la posibilidad de retroactividad en determinadas situaciones, sin perjuicio de los dchos consolidados o situaciones beneficiosas para los particulares.
– Que cabe la retroactividad de la doctrina, la cual se admite en normas interpretativas, complementarias, de desarrollo, de las ejecutivas, pero siempre de forma controlada y moderada, en cuanto no lesiones o perjudique los dchos adquiridos con anterioridad.
– Que al ser la segregación un acto estrictamente registral, la calificación no sólo debe basarse en apreciar que por el notario se han exigido los controles administrativos vigentes en ese momento (el otorgamiento de la escritura) sino también que los otros aplicables en el momento de la presentación al registro, concurren para la protección del tercero y la publicidad correspondiente, por tanto el registrador ha aplicado, conforme al principio de retroactividad de la doctrina, la que corresponde en el momento de la calificación.
El párrafo último es bastante expresivo: En definitiva, el principio de irretroactividad impera respecto de la legislación y la jurisprudencia, pero no respecto de la doctrina que las interpreta, y si bien las exigencias de los textos legales vigentes lo deben ser al tiempo del otorgamiento de la escritura, y la calificación del registrador debe basarse en apreciar que el notario ha exigido los controles administrativos vigentes en el momento de la autorización, para los actos puramente registrales, lo será respecto de los requisitos y autorizaciones exigibles en el momento de la presentación en el Registro.
Comentario: Conforme a lo anterior, una ley puede no tener efecto retroactivo y no aplicarse a supuestos anteriores a su vigencia, pero la doctrina que los interpreta, el notario que autoriza y la calificación registral, han de estar a los requisitos y autorizaciones vigentes, al tiempo de otorgar la escritura y al tiempo de que la misma se presente en el Registro de la Propiedad. (JLN)
145. PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL. SOLICITUD DE CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS FIGURANDO INSCRITA LA FINCA A NOMBRE DE ENTIDAD DISTINTA DEL EJECUTANTE. Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Lepe, por la que se deniega la expedición de una certificación de dominio y cargas y su correlativa nota marginal instada para un procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.
Ídem que la nº 141. (AFS)
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146. RECTIFICACION DE REGISTRO. ASIENTOS YA PRACTICADOS. Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de O Carballiño, por la que se suspende la rectificación del Registro en relación a una cesión entre Administraciones Públicas.
Idéntica a la 142. (MN)
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147. CONCURSO DE ACREEDORES. PARA ANOTAR UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SINGULAR SE HA DE ACREDITAR QUE LOS BIENES NO ESTÁN AFECTOS A ACTIVIDAD PROFESIONAL O EMPRESARIAL DEL CONCURSADO. Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Meco, por la que se suspende la inscripción de un mandamiento judicial de embargo.
Supuesto: La primera cuestión a resolver es si el recurso presentado es o no extemporáneo. Alega el registrador que, una vez designado, conforme al cuadro previsto, el registrador que debiera calificar y habiendo sido notificada al interesado dicha designación, la calificación sustitutoria fue solicitada fuera del plazo de quince días previsto en el Real Decreto, por lo que el recurso para la Dirección General se presenta a su vez una vez transcurrido el plazo del mes previsto en el artículo 326 de la Ley Hipotecaria que habría de contarse desde la primera calificación.
Pero dice la DGRN que “La extemporaneidad no puede ser aceptada. La registradora en su nota sustitutoria, si bien indica que fue presentada fuera del plazo de los quince días al que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 1039/2003, sin embargo, entra en el fondo del asunto y califica el documento presentado. La interpretación que deba darse a la limitación de derechos de los ciudadanos, como es sin duda el derecho a recurso contra la denegación de la práctica del asiento solicitado, debe ser restrictiva…”
En cambio, sí confirma el defecto de fondo, diciendo que “no ofrece duda que la declaración de concurso, aun provisional, impide anotar cualquier procedimiento de ejecución singular en tanto en cuanto no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resolución del juez que entiende del concurso, que los bienes concernidos no están afectos a actividad profesional o empresarial del concursado”. (JDR)
148. PUBLICIDAD FORMAL. INTERES LEGÍTIMO. EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS DEL REGISTRO. Resolución de 1 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Alicante n.º 3 a determinada forma de publicidad registral.
Según la DGRN “el recurso debe prosperar en cuanto a la afirmación de que la interesada tiene derecho a solicitar la exhibición directa del libro en el que conste la finca a que se refiere su interés, pero con la importante matización de que la exhibición no puede ser del libro físico sino de su reproducción, y no de todo, sino sólo en la parte necesaria para satisfacer el interés legítimo de la solicitante.” (JDR)
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149. EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN. REANUDACIÓN DE TRACTO. SEGREGACIÓN. Resolución de 1 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Colmenar Viejo n.º 1, por la que no se inscribe auto dictado en expediente de dominio.
Supuesto: En un expediente de dominio para inmatricular se declara justificado el dominio sobre una finca que se describe como «Parcela …, sita en …, de una superficie aproximada de …., procedente de las siguientes fincas: a) Cerca (…) finca 4461; b) Otra cerca (…) finca 4462; c) Una cerca de la Pradera (…) finca 4466». Según el Registro las fincas 4461 y 4462 fueron agrupadas antes de la iniciación del expediente y del título adquisitivo que invoca la promotora del mismo.
El registrador señala como defectos: 1.–La incongruencia de la resolución al utilizarse el expediente para la inmatriculación de fincas, cuando procedía la reanudación de tracto; 2.–No intervención de los titulares registrales; 3.–La necesaria descripción de la porción segregada y de las modificaciones en las fincas de que procede aquélla; 4.–No determinar qué parte o porción de la finca procede de cada una de las fincas matrices, las modificaciones en cada una de tales fincas de procedencia, y de agrupar las porciones segregadas para formar una sola. Todos estos actos exigen licencia administrativa o declaración de su innecesariedad.
La Dirección confirma todos los defectos: Respecto a los dos primeros porque el expediente inmatriculador no puede servir para reanudar el tracto ya que ambos expedientes tienen trámites esenciales que son radicalmente distintos, por lo que la resolución judicial no es congruente con el procedimiento seguido, siendo este extremo calificable – art. 100 RH -: Precisamente uno de los trámites más importantes de los expedientes para la reanudación del tracto, por cuanto constituyen excepción al principio de tracto sucesivo (art. 20 LH), es el llamamiento al procedimiento del titular registral anterior (o sus causahabientes) y adquiere especial importancia el estricto cumplimiento de lo preceptuado en el art. 202 LH, que regula los diversos supuestos de citación y participación del titular registral, atendiendo al efecto cancelatorio que implican de las inscripciones contradictorias.
Igualmente confirma los otros defectos: la finca es el elemento primordial de nuestro sistema registral –de folio real–,(arts. 1, 8, 9, 17, 20, 38 y 243 LH y 44 y 51.6 RH, y por ello, como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo (cfr. RR de 2 de septiembre de 1991, 29 de diciembre de 1992, 21 de junio de 2004 y 10 y 14 de junio de 2010, entre otras), para su acceso al Registro, los títulos inscribibles han de contener una descripción precisa y completa de los inmuebles a que se refieren, de modo que éstos queden suficientemente individualizados e identificados (cfr. Arts. 9.1 LH y 51, reglas 1.ª a 4.ª, RH) y uno de los datos más determinantes de su concreta identificación son sus linderos, que se han omitido en el auto calificado. Además en este caso resulta totalmente incongruente la procedencia de la finca en cuanto a las fincas 4461 y 4462 con el historial registral de las mismas puesto que resulta del mismo que al iniciarse el expediente y también en la fecha del título de adquisición invocado por la promotora, dichas fincas habían sido ya objeto de una previa agrupación, y de la finca resultante se habían segregado diversas porciones. De ahí que no solo sea necesaria la descripción correcta y completa de la finca que se pretende inscribir, y la forma en que ha afectado a las parcelas de su procedencia mediante las oportunas segregaciones de las mismas (con la descripción del resto o con indicación, al menos, del lindero afectado y de la modificación en su extensión: art.47 RH), sino que resulta necesario, además, aclarar su origen por la contradicción advertida entre el historial de las fincas de procedencia y el auto calificado, que omite dicha agrupación al referirse a las fincas de procedencia.
Y en cuanto al último defecto, al no reanudarse el tracto sucesivo respecto de una finca en los mismos términos en que aparece ya inscrita sino respecto de una finca que procede de otras, debería acreditarse igualmente el cumplimiento de los requisitos que la legislación urbanística exige para que las segregaciones. (R. 29 de mayo de 2002, R. 20 de Enero de 2003, R. 23 de Septiembre de 2003, R. 9 de Marzo de 2004, R. 16 de Marzo de 2006, R. 22 de Junio de 2007, R. 18 de agosto de 2009, R. 8 de enero de 2010, R. 4 de Julio de 2012). (MN)
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150. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO. Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Sigüenza, por la que se deniega la práctica de asiento alguno, ante la instancia en documento privado de solicitud de rectificación de la inscripción de una finca registral.
Se plantea si cabe la rectificación de una inscripción de agrupación de finca registral mediante una solicitud por instancia hecha por uno de los interesados en la finca, sin que concurran la totalidad de los titulares e interesados registrales. Se solicita se comprueben errores e inexactitudes que se ponen de manifiesto en dicho escrito, y que, en consecuencia, se inicie un procedimiento de rectificación de errores conforme los arts 211 y ss LH; además resulta que el asiento fue rectificado anteriormente, en virtud de testimonio de providencia firme del Juzgado.
La Dirección confirma la nota: no hay un error material evidente del art. 212 y ss LH, y sin examinar el título inscrito tampoco se puede apreciar si se trata de un error de concepto (ex 218 LH) o de un error de ese mismo título que dio lugar al asiento (40.d LH). Además, de la existencia de un procedimiento judicial posterior que dio lugar a la rectificación del asiento, resulta evidente que si existieran más errores, se habrían resuelto o decidido en el procedimiento. Con estos antecedentes y teniendo en cuenta la no intervención del titular registral, debe acudirse en su caso, al procedimiento judicial previsto en el art. 218 LH. (MN)
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152. OBRA NUEVA. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. ACUMULACIÓN DE RECURSOS. Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra las notas de calificación extendidas por la registradora de la propiedad de Olot, por las que se suspende la inscripción de actas de declaración de fin de obra.
Hechos: se otorga un Acta de Terminación de Obra Nueva de una vivienda autoconstruida para uso propio. Entre la documentación aportada no está el certificado de eficiencia energética de la vivienda
La registradora suspende la inscripción porque no se aporta dicho certificado de eficiencia energética que considera es exigible.
El notario recurre y alega que dicho certificado no es exigible para las viviendas autoconstruidas, pues la finalidad de la ley es proteger al consumidor, de forma análoga a lo que ocurre con el Libro del Edificio que no es exigible en estos casos, según la propia doctrina de la DGRN.
La DGRN, resolviendo a la vez dos recursos de similar contenido por acumulación de ambos, confirma la calificación señalando que dicho certificado de eficiencia energética es una exigencia del artículo 20 de la Ley del Suelo, después de la nueva redacción que entró en vigor el 7 de Julio de 2011, que es exigible a todas las escrituras de obras nuevas a las que les es aplicable el Real Decreto 47/2007 y que no hay excepciones con los autopromotores de viviendas para uso propio, pues la finalidad de la ley, siguiendo las Directivas Europeas, es no sólo proteger al consumidor sino el respeto al medio ambiente y la política energética por lo que no hay identidad de razón con el Libro del Edificio, que permita apreciar una excepción.
Nota: El Real Decreto 47/2007 entró en vigor el 30 de Abril de 2007 (las disposiciones transitorias permiten su no aplicación a los proyectos de obras para los que se haya obtenido visado profesional antes de esa fecha o para los que se hubiera presentado solicitud de licencia).Actualmente está derogado por el Real Decreto 253/2013 de 5 de Abril, que lo sustituye.
Por tanto habrá que tener en cuenta este certificado para todas las escrituras de terminación de obras otorgadas después de 7 de Julio de 2011, cuya licencia haya sido solicitada a partir de 30 de Abril de 2007, sin entrar en más precisiones con las excepciones si no están contempladas en el propio RD. Ahora bien, desde el 14 de abril de 2013, está vigente el referido Real Decreto 253/2013 de 5 de Abril, (AFS)
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153. EXCESO DE CABIDA. DUDAS FUNDADAS DE IDENTIDAD POR EXCESO ANTERIOR. Resolución de 3 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Eivissa n.º 2 a inscribir el exceso de cabida de una finca.
Hechos: Mediante Acta notarial, previos los trámites oportunos y con los correspondientes certificados técnico y catastral coincidentes, se declara la notoriedad de la cabida de una finca (5141 metros cuadrados) de la que resulta un exceso de cabida respecto de la cabida registrada (4.697 metros cuadrados).
El registrador deniega la inscripción por tener dudas de la identidad de la finca, que fundamenta en que hubo un Acta de Notoriedad previa, instada por otro propietario y autorizada por otro notario, en la que se declaró otra cabida con un exceso que fue objeto de inscripción.
El recurrente alega que la cabida actual es la correcta, que ninguno de los colindantes ha presentado objeciones, que la medida es coincidente con los certificados, y que la finca está vallada desde hace tiempo por lo que los linderos son fijos y no debe de haber dudas de la identidad de la finca.
La DGRN después de declarar que las dudas de la identidad expresadas por el registrador tienen que estar fundadas, considera que en este caso sí lo están ya que hubo un Acta de Notoriedad previa en la que se declaró como hecho notorio otra cabida y en la segunda Acta no se expresa cuáles son las causas que explican la discrepancia entre la cabida de ambas Actas. En definitiva, desestima el recurso. (AFS)
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154. ANOTACIÓN DE EMBARGO CADUCADA: NO CABE CANCELAR CARGAS POSTERIORES. Resolución de 3 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Gérgal a la inscripción de un decreto judicial de adjudicación como consecuencia de un procedimiento de ejecución de títulos judiciales, así como de un mandamiento de cancelación de cargas consecuencia del mismo procedimiento.
La DGRN confirma su criterio de que “Es doctrina reiterada de esta DGRN… que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», una vez agotado su plazo de vigencia (artículo 86 de la Ley Hipotecaria), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico. Según este criterio, los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la restricción o limitación que para ellos implicaba aquella anotación, y no pueden ya ser cancelados en virtud del mandamiento al que se refiere el artículo 175 del Reglamento Hipotecario, que sólo puede provocar la cancelación respecto de los asientos no preferentes al que se practicó en el propio procedimiento del que dimana”.
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RESOLUCIONES MERCANTIL:
123. OBJETO SOCIAL: NO ES POSIBLE INCLUIR EN EL OBJETO DE UNA SOCIEDAD NO PROFESIONAL EL “ASESORAMIENTO JURIDICO”. Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil XI de Madrid, por la que se deniega la inscripción de un apartado del objeto social de una sociedad limitada.
Hechos: Se trata de una constitución de sociedad limitada la cual se inscribe pero, según la inscripción parcial solicitada, no se practica la inscripción de la actividad del objeto social relativa al asesoramiento jurídico por ser actividad profesional sometida a la Ley especifica 2/2007 de 15 de marzo. Al final del artículo se transcribía la cláusula de estilo expresiva de que “cuando la Ley exija para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, deberá realizarla por medio de persona que ostente la titularidad requerida”.
La sociedad recurre alegando que “quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación” y también que la multiplicidad de actividades incluidas en el objeto debe llevar a la conclusión de que no se trata de una sociedad profesional.
Doctrina: La DG confirma la nota de calificación.
Partiendo de la reciente sentencia del TS de 18 de julio de 2012, la DG cambia su doctrina sostenida en anteriores resoluciones y haciendo suya la doctrina del Supremo según la cual la Ley 2/2007 tiene carácter imperativo, exige que quede claro cuál sea la concreta naturaleza de la sociedad que se constituye. Ello es además una exigencia del principio de “certidumbre jurídica”. En definitiva, como ha dicho el Supremo, lo trascendente es que las sociedades “sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues no hay ninguna forma mejor hay de garantizar el imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad”.
Comentario: Bienvenida sea esta resolución del Centro Directivo pues con ella deben terminar las dudas y polémicas que rodearon el objeto de la sociedad profesional desde su nacimiento.
Según su doctrina “la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados directamente bajo la razón o denominación social”. Por tanto y tal y como resulta de la sentencia del Supremo si falta la declaración expresa de que estamos ante una sociedad de medios, comunicación de ganancias o de intermediación, debemos estimar que estamos ante una sociedad profesional a la que le serán aplicables en su integridad las normas de la Ley 2/2007. Es decir que si el objeto de la sociedad constituida es profesional en el sentido de profesión para la que haga falta una titulación universitaria, deberá expresarse de forma clara y contundente en el artículo pertinente que la sociedad no es profesional y que por tanto se trata de una sociedad de alguna de las clases antes señaladas.
Por ello no podemos tener más que comentarios favorables para esta resolución que deja ya sin efecto la anterior doctrina sentada en la resolución de 21 de diciembre de 2007, anulada por la sentencia del Supremo antes citada.
En cuanto a la cláusula de estilo relativa a la realización del objeto por medio de los profesionales adecuados viene a decir que ello es una obviedad, pues tanto si la sociedad es profesional como si no lo es las actuaciones propiamente profesionales deberán ser ejecutadas por la persona que tenga la titulación adecuada.
Finalmente debemos concluir que tras esta resolución es aún más urgente, si cabe, la supresión en el modelo de objeto de las sociedades express, aprobado por la orden del MJ 3185/2010, BOE 11/12/2010, de la actividad de “servicios profesionales” pues, como hemos visto, dicha actividad no es posible en una sociedad que no se ajuste a la ley 2/2007 y lo único que provoca su mantenimiento es confusión y suspensión de la inscripción de las sociedades de dicha clase que mantengan sin variaciones el objeto modelo. (JAGV)
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124. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL: NO ES POSIBLE POR UN ADMINISTRADOR DIMITIDO Y CUYA DIMISIÓN YA CONSTABA INSCRITA. Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora mercantil II de Asturias, por la que se deniega la inscripción del nombramiento de administrador único de una mercantil.
Hechos: Se trata de un acta notarial de celebración de junta convocada, con asistencia del 75,501% del capital social, en la que se procede al nombramiento de administrador único de la sociedad. Con anterioridad a la celebración de la junta, constaba en el registro inscrita la dimisión del anterior administrador único.
La registradora deniega la inscripción por el siguiente defecto: La junta no ha sido debidamente convocada. Art. 171 LSC. Del Registro resulta que don J. I. M. G. dimitió de su cargo de administrador único en la junta celebrada el día 1 de septiembre de 2012, quedando la sociedad acéfala. Por lo que no es competente para convocar nuevas juntas. (Por lo anterior el título no ha sido calificado).
El interesado recurre. Alega la sentencia del TS, sala primera, de 23 de octubre de 2009, recurso 199/2005 en la que estableció que “con carácter prioritario debe señalarse, en línea de principio, que, tanto la renuncia –declaración unilateral notificada fehacientemente a la sociedad (arts.147 RRM y 1732 CC) –, como la caducidad por transcurso del plazo de duración correspondiente (arts. 60.2 LSR y 145 RRM), producen la extinción del cargo de administrador social. Sin embargo, si no hay otro administrador titular, o suplente (arts.59.1 LSRL), el administrador renunciante o cesante está obligado a convocar la Junta para cubrir la vacante y atender, en el interregno, a las necesidades de la gestión y representación. Se entiende que subsiste transitoriamente su cargo, y como consecuencia su responsabilidad.”
Doctrina: La DG desestima el recurso confirmando la nota de calificación.
Interpreta con literalidad el art. 171.1 de la LSC, de forma que si el cese del administrador único ya consta inscrito, dicho administrador está totalmente incapacitado para la convocatoria de la junta, debiendo ser los socios los que insten la convocatoria judicial. Añade que sólo sería posible la convocatoria por un administrador caducado y en prórroga tácita de conformidad con el art. 145.1 del RRM.
Comentario: Parece que para la DG lo decisivo a la hora de determinar si el administrador dimitido puede o no convocar junta general es si esa dimisión se ha hecho constar o no en el registro y para hacerla constar, según su propia doctrina, será necesario que se produzca en el seno de una junta o que deje debidamente convocada la junta que haya de sustituirle. Si no se hubiera hecho constar la doctrina a aplicar, en principio y dependiendo del caso concreto, sería la del TS, es decir que puede convocar junta general, pues de no mediar la dimisión su cargo seguiría vigente. Por ello, para evitar la convocatoria judicial, será necesario que el administrador, en el mismo momento en que dimita, sea dentro de junta, como en este caso, o fuera de ella, deje debidamente convocada la siguiente junta para evitar la convocatoria judicial de la misma.
En caso de caducidad del cargo la doctrina es distinta pues sólo podrá convocar si sigue dicho cargo vigente de forma tácita de conformidad con el art. 145.1 del RRM, es decir hasta que “se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior”. (JAGV)
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127. RETRIBUCION ADMINISTRADORES. CONCRECION DEL SISTEMA. Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles II de Valencia, a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de una entidad.
Hechos: El recurso se centra en si es admisible una modificación de estatutos sobre retribución del órgano de administración de una sociedad en la que después de decir que el administrador será retribuido se añada simplemente que “la cuantía concreta la decidirá cada año la Junta General de Socios”.
Para la registradora dicha redacción no es admisible pues no se determina “cual sea la forma de retribución del órgano de administración, conforme a las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de junio de 2001 y 30 de mayo de 2001. Insubsanable.”
Se recurre alegando que la redacción del artículo es conforme “con el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, y que conocen que han sido inscritas otras escrituras de modificación del mismo artículo de otras sociedades en el mismo Registro Mercantil con idéntica redacción.”
Doctrina: La DG confirma la calificación declarando no inscribible el documento.
Como resumen de su ya clásica doctrina sobre la materia la DG insiste en que para destruir la presunción de gratuidad se debe determinar que el órgano de administración es retribuido, estableciendo además el concreto sistema de retribución de los administradores y por tanto al determinar la cláusula debatida que “la cuantía concreta de la remuneración será fijada por la junta general cada año, es evidente que deja al arbitrio de la junta el concreto sistema de retribución del órgano de administración, con la falta de seguridad que ello supone tanto para los socios actuales o futuros de la sociedad, como para el mismo administrador cuya retribución dependería de las concretas mayorías que se formen en el seno de la junta general”.
Con relación a la última alegación del recurrente, la DG vuelve también a reiterar la total independencia del registrador, en su función calificadora, de otras calificaciones en sentido contrario.
Comentario: Debido a los cambios de criterio producidos en la AEAT sobre la retribución de los administradores y el aumento de la retención de sus emolumentos, son relativamente frecuentes en los RRMM las modificaciones de estatutos aclarando o modificando el artículo de los estatutos relativo a la retribución del órgano de administración. Por ello es muy interesante esta resolución pues contribuye a aclarar cuáles son los criterios a tener en cuenta para que el artículo de los estatutos estableciendo la retribución de los administradores sea inscribible en el RM con independencia de las consecuencias fiscales que ello tenga. Es decir debe quedar claro que una cuestión son los requisitos mercantiles para que la retribución sea inscribible en el RM y otra muy distinta cuáles sean las exigencias fiscales para que dicha retribución sea admisible, aunque lo ideal sería que ambos aspectos coincidieran.
Desde el punto de vista mercantil esta resolución, como resumen de la doctrina de la DG, exige los siguientes requisitos para que el artículo de los estatutos que fije la retribución de los administradores sea inscribible. Estos son los siguientes:
1º. Debe quedar meridianamente claro que el cargo de administrador es retribuido.
2º. Debe constar el concreto sistema de retribución señalando la DG los siguientes por vía de ejemplo: (i) una participación en beneficios, con los límites legalmente establecidos, (ii) dietas, (iii) un sueldo mensual o anual, (iv) en seguros de vida o planes de pensiones, (v) utilización en beneficio propio de bienes sociales, (vi) en entrega de acciones o derechos de opción sobre las mismas o (vii) cualquier otro sistema que se desee establecer.
3º. Los estatutos pueden establecer varios sistemas pero siempre de forma cumulativa y no alternativa.
Finalmente señalemos que otro de los requisitos que había fijado la doctrina de la DG para que la retribución fuera inscribible, cuando consistía en una participación en beneficios, y que era que el tanto por ciento debía ser fijo y no hasta un tanto por ciento de máximo, fue desactivado por la redacción del nuevo art. 218.1 de la LSC al decir que si consiste en una participación en beneficios deberá determinarse la “concreta participación o el porcentaje máximo sobre la misma”. Creemos que era más acertada la doctrina de la DG que la redacción del art. 218.1, pues si se establece un porcentaje máximo no se evita lo que la DG quiere evitar a toda costa que la concreta retribución quede el arbitrio de la junta, ya que si se fija sólo el porcentaje máximo la junta general en cada ejercicio podrá hacer variar la participación entre un tanto por ciento ínfimo, que hará casi gratuito el cargo, y el 10% máximo permitido en los estatutos. Creemos que el artículo deberá ser modalizado exigiendo, al menos, un máximo y un mínimo para evitar la total discrecionalidad de la junta general. (JAGV)
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134. SOCIEDAD ANONIMA: DISOLUCION DE PLENO DERECHO POR FALTA DE ADECUACIÓN DEL CAPITAL AL MÍNIMO LEGAL: ES POSIBLE SU TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD LIMITADA. Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil XIV de Madrid, por la que se deniega la inscripción de una escritura de transformación de sociedad.
Hechos: Se trata de una escritura de transformación de sociedad anónima en sociedad limitada, dándose la circunstancia de que dicha sociedad está disuelta de pleno derecho por no haber adecuado su capital social al mínimo legal establecido en la Ley 19/1989 de modificación de la LSA. Los acuerdos fueron adoptados en junta universal y por unanimidad el día 31 de agosto de 2012.
El registrador deniega la inscripción pues de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria sexta del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, la sociedad quedó disuelta de pleno derecho; por tanto, para que la sociedad se pueda transformar en sociedad limitada, es necesario un acuerdo previo de reactivación, por la situación de disolución en la que se encuentra; lo que ocurre es que, según el artículo 370.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no es posible acordar la reactivación en los casos de disolución de pleno derecho. Este defecto es insubsanable, ya que la única opción de la sociedad es su liquidación.
El interesado recurre alegando en esencia que el artículo 5 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, permite la transformación de sociedades en liquidación siempre que no haya comenzado la distribución de su patrimonio entre los socios, sin necesidad de acudir al instituto de la reactivación de la sociedad disuelta.
Aparte de ello añade que según información facilitada por el Registro Mercantil de Madrid, la mercantil está activa con situaciones especiales: a) Baja Provisional con cierre provisional según art. 96 del vigente RRM y el art. 131 del Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades; b) Cierre de hoja por falta de depósito de cuentas. c) Falta de adaptación de S.A y además se considera que la reactivación de la sociedad es innecesaria al existir el acuerdo de transformación pues responden a situaciones y objetivos diferentes. Existe una sustancial diferencia de concepto: la reactivación se refiere al retorno a la vida jurídico-económica de la sociedad tal y como existía antes de su disolución, mientras la transformación tiene por objeto un cambio sustancial en la estructura jurídica de la misma persona jurídica.
Doctrina: La DG estima el recurso revocando la nota de calificación.
Recuerda la DG su doctrina mantenida al amparo del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de que “la finalidad de la norma contenida en la referida disposición transitoria 6ª es clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades Anónimas que, a partir del 31 de diciembre de 1995, no hubiere ampliado su capital por encima del mínimo legal; ahora bien, es obvio que esta desaparición no puede imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada. Por eso, la norma cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades anónimas afectadas a partir de la fecha señalada, sino, exclusivamente, su «disolución de pleno derecho», expresión ya acuñada por el legislador (vid. artículo 261 de la Ley de Sociedades Anónimas), que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos.”
“Además tal situación registral no puede ser considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de esa personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa subsistencia, y, entre ellos, los relativos a la inscripción de la reactivación de la sociedad anónima disuelta por falta de adecuación de su capital social junto con el previo, no inscrito, de aumento del mismo (como admitió ya la Resolución de 11 de diciembre de 1996). Así lo confirma la disposición transitoria octava del vigente Reglamento del Registro Mercantil, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la sociedad disuelta por esa falta de adecuación tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada”.
Por tanto admitida por la DG la posibilidad de la reactivación de la sociedad anónima disuelta, analiza si en tal supuesto es posible su transformación en otra de responsabilidad limitada, como pretende el recurrente, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Su respuesta es positiva en base al artículo 238.1.2º del Reglamento del Registro Mercantil que contempla a la transformación como alternativa a la disolución de pleno derecho para el caso de que el capital social fuere inferior del mínimo establecido por la Ley y al principio de «conservación de la empresa». Pero para salvar el importante escollo de que en estos casos la sociedad está ya disuelta y en puridad sería necesaria su reactivación nos dice a continuación que “puede entenderse que siendo posible la transformación de la sociedad disuelta ésta permanezca tras la transformación en situación de disolución, quedando sometido el socio al régimen de las previsiones contenidas en la Ley de modificaciones estructurales en orden a la subsistencia de las obligaciones del socio (artículo 11), participación en la sociedad transformada (artículo 12), derecho de separación (artículo 15), situación de los titulares de derechos especiales (artículo 16) así como en relación a la responsabilidad de los socios por las deudas sociales (artículo 21)”.
Comentario: Este recurso vuelve a poner delante de nuestros ojos un problema que se suscitó con mucha frecuencia en los años posteriores a 1995, fecha tope para la adaptación del capital social a los mínimos establecidos en la LSA reformada en 1989 para su adaptación a las Directivas Comunitarias.
La DG resuelve el problema con un gran sentido práctico estimando que la disolución de pleno derecho y la consiguiente declaración legal de cancelación de asientos registrales es una mera técnica registral que no supone la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad y si no la supone queda el camino abierto para solucionar el problema que esa disolución plantea a los socios de la forma más fácil posible evitando rigidices en la interpretación de las normas legales que nada añaden a la seguridad jurídica ni a la protección de los terceros. No obstante, al decir la DG que la sociedad una vez transformada en limitada seguirá en estado de disuelta, no soluciona del todo el problema pues obligará a los socios, si su intención es que la sociedad siga viva, a adoptar un nuevo acuerdo de reactivación de la sociedad que en teoría puede volver a encontrarse con el obstáculo de que no cabe reactivación en la disolución de pleno derecho que era la proclamada por la citada DT6ª de la Ley. Ahora bien creemos que dado que la indicada DT no fue recogida en el vigente TR de la LSC, puede hacerse una interpretación favorable a los intereses de los socios y al citado principio de conservación de la empresa y permitir la reactivación en esta caso como ya se permitió por la propia doctrina de la DGRN en supuestos similares planteados a partir de 1995 y lo permite tangencialmente el propio RRM en su DT8ª.
Aparte de todo ello y sin perjuicio de lo ingenioso de la solución dada por la DG, creemos que en el caso de la escritura calificada en la que los acuerdos se tomaron en junta universal y por unanimidad, y en la que se manifiesta que el patrimonio cubre el capital social y que no existen relaciones con terceros, puede obviarse la necesidad de una reactivación expresa, limitándose quizás los requisitos necesarios para la inscripción a la publicidad o manifestación exigida por el art. 14 de la Ley 3/2009. Ahora bien la solución a adoptar puede ser distinta si el acuerdo no reuniera los requisitos indicados. (JAGV)
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135. INSCRIPCIÓN DE CAMBIO DE SOCIO PROFESIONAL: HAN DE CONSTAR TODOS LOS ELEMENTOS DEL NEGOCIO TRANSMISIVO Y EL CONSENTIMIENTO DEL RESTO DE LOS SOCIOS. Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil VIII de Barcelona, por la que se suspende la inscripción de una escritura relativa a la declaración de cambio de socios en una sociedad anónima profesional.
Hechos: Se pretende la inscripción de una mera escritura de declaración de cambio de socios profesionales en una sociedad profesional mediante la elevación de público de un certificado en el que se indica que determinada persona, el 12 de julio de 2012, ha dejado de ser socia y que otra persona, el 3 de septiembre, adquirió la condición de socio.
El registrador considera que para ello es necesario que se aporten los correspondientes títulos notariales, debidamente autoliquidados, que contengan las pertinentes transmisiones, en las que consten la identidad de los vendedores, compradores y número de participaciones transmitidas y el consentimiento, por parte de todos los socios profesionales de la sociedad, a las compraventas producidas.
El interesado recurre alegando la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero de 2012 que determina que la exigencia de documento público para la transmisión de participaciones sociales es sólo a efectos de prueba y de oponibilidad frente a terceros.
Doctrina: La DG confirma la nota de calificación desestimando el recurso.
Para ella, la exigencia legal derivada de la Ley 2/2007 se centra en la determinación de los siguientes extremos para poder hacer el cambio de socios de una sociedad profesional, sea de la clase que sea:
1º. En general, constancia de la transmisión en todos sus extremos.
2º. Identificación de transmitente y adquirente.
3º. Identificaciones de las participaciones o acciones transmitidas.
4º. Acreditación del consentimiento a la transmisión de los demás socios.
5º. El precio o valoración económica de la transmisión.
6º. Manifestación de que la transmisión se ha hecho constar en el libro registro de acciones nominativas o en el libro registro de socios.
Ahora bien, los datos anteriores constarán, a los efectos de su inscripción en el RM, bien en el propio documento transmisivo o bien en otro otorgado “ad hoc” en el que lógicamente debe constar también una referencia al documento público en el que se ha documentado la transmisión de cuotas sociales.
Comentario: Importante resolución pues viene a llenar un vacío en la regulación de las sociedad profesionales, a falta, como reconoce el propio Centro Directivo, de un adecuado desarrollo reglamentario.
De la resolución creemos que resulta con claridad que para la transmisión de cuotas sociales de las sociedades profesionales es necesario, en todo caso, escritura pública sea cual sea el ropaje societario de que la sociedad se revista. Y para la constancia del cambio de socios, que se producirá lógicamente por un negocio transmisivo, gratuito u oneroso, inter vivos o mortis causa, en el RM será necesario presentar esa escritura o bien otra en la que consten todos los datos necesarios para la inscripción que señala la DG y en la que además se reseñe la escritura en que se ha producido dicho negocio. En definitiva que, como dice la DG, “en el contexto de la Ley de sociedades profesionales, su régimen específico societario y civil, en cuanto a la regulación de la responsabilidad de los socios, agrava la forma en que las transmisiones sociales se representan, de suerte que junto a la escritura pública se exige asimismo la inscripción en el Registro Mercantil”. (JAGV)
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138. REGISTRO DE BIENES MUEBLES: ADJUDICACIÓN DE UN BUQUE EN PROCEDIMIENTO SEPARADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles de Santander, por la que se suspende la práctica de la inscripción de adjudicación de un buque recaída en procedimiento judicial.
Hechos: Se plantea en este recurso si puede ser objeto de inscripción en el Registro de Bienes Muebles un decreto de adjudicación de un buque recaído en procedimiento separado de responsabilidad civil. Lo presentado en el registro es una «certificación» del decreto de adjudicación en subasta de un buque cuya adjudicación ha recaído en la pieza de responsabilidad civil en virtud del cual se aprueba el remate y se adjudica a favor de dos personas físicas.
Se califica con los siguientes defectos:
1º). No consta practicada anotación de embargo alguna relativa al referido procedimiento, por lo que no se puede practicar la inscripción solicitada.
2º). No consta la firmeza del decreto de adjudicación, lo que se precisa.
3º). En el documento presentado parece que hay un error ya que en el antecedente de hecho primero del decreto de aprobación de remate se dice que se dictó auto de fecha 29 de febrero de 2012 acordando sacar a pública subasta la embarcación antes relacionada y, sin embargo, en el antecedente de hecho primero del decreto de adjudicación se dice que se dictó auto de la misma fecha, 29 de febrero de 2012, en el que se decreta el embargo preventivo de dicha embarcación. Según la DG este defecto carece de importancia.
4º). No resulta del documento calificado –ni de este Registro al no constar practicada, como se ha dicho, la anotación de embargo que ha motivado la adjudicación– el nombre de la persona o personas contra las que se ha dirigido el procedimiento, sólo se dice que el buque es propiedad de don J. L. D. D. Por otra parte, en este Registro consta inscrito el buque a favor de dicho señor con carácter presuntivamente ganancial, por lo que aunque se pudiera entender que el procedimiento ha sido seguido contra él, sin embargo, no consta que se haya dirigido también contra su esposa o que ésta haya sido notificada del embargo.
5º). No consta la parte indivisa del buque que se adjudica a cada uno de los adjudicatarios, lo que se precisa para practicar la inscripción a su favor.
Se recurre alegando que el buque objeto del expediente fue interceptado por la Guardia Civil dando lugar a causa penal abierta en el Juzgado número 3 de Vigo y siendo objeto de decomiso como pena accesoria de un delito.
Doctrina: La DG revoca los defectos 1 y 3 y confirma el resto.
Comienza afirmando que la registradora solo se pueden tener en cuenta los documentos presentados y no las alegaciones de otros documentos o circunstancias hechas en el recurso, reiterando la doctrina del Centro Directivo (por todas, Resoluciones de 4 de mayo y 17 de diciembre de 2012) sobre calificación de documentos judiciales en la que debe primar el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los jueces y Tribunales lo que impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos, por tanto, también los registradores de la Propiedad y Mercantiles y de Bienes Muebles el deber de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes, sin que competa, por consiguiente, al registrador de la Propiedad o Mercantil o de Bienes Muebles calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las motivan.
Ello no obsta a que el documento sea calificado y así aclara que la adjudicación derivada de un procedimiento de apremio es inscribible aunque el embargo no haya sido anotado o la anotación que en su día se practicara hubiese caducado, siempre que no resultaren obstáculos derivados del contenido del Registro y el título reúna los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria declarando irrelevante la circunstancia señalada por la registradora, en su nota de defectos, relativa a que la Ley se refiere como título apto para la inscripción al testimonio del decreto de adjudicación y no al certificado del mismo dado que de la documentación presentada resulta con toda claridad que el título emitido por el secretario contiene el traslado literal del decreto de adjudicación y la referencia a que ha sido expedido para que sirva de título de propiedad del bien adjudicado.
En cambio a los defectos señalados con los números dos, cuatro y cinco (relativos a la firmeza de la resolución, al tracto sucesivo y al principio de especialidad) deben ser objeto de confirmación pues como resulta del artículo 674.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el título presentado a inscripción debe reunir los requisitos establecidos en la legislación hipotecaria.
Comentario: Aunque la resolución trata de la adjudicación de un buque, tanto los defectos del decreto, como la solución que a dichos defectos da el centro Directivo, son una aplicación de doctrinas aplicables al Registro de la propiedad y es que el Registro de Bienes Muebles, en donde actualmente se inscriben los buques, es un verdadero registro de la propiedad y no sólo de gravámenes, cuando se trata de bienes con una perfecta identificación registral como es el caso que nos ocupa. Destaquemos la ausencia de formalismos acerca del título inscribible en el registro. (JAGV)
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139. OBJETO SOCIAL: NO SON INSCRIBIBLES LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL OBJETO DE UNA SOCIEDAD NO PROFESIONAL. Resolución de 16 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles de Castellón, por la que se suspende parcialmente la inscripción de una escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada.
Hechos: Se suspende la inscripción de parte de un objeto de una sociedad no profesional relativo a “la realización de tratamientos de fisioterapia, masajes terapéuticos y rehabilitación funcional, así como servicios médicos de traumatología y ortopedia, podología, realización de terapias alternativas”, por infringir el artículo 1 Ley Sociedades Profesionales.
Se recurre por el interesado.
Doctrina: La DG confirma la nota de calificación.
Siguiendo la estela marcada por la resolución de 5 de marzo de este mismo año, y teniendo en cuenta la doctrina sentada por la sentencia del TS de 18 de julio de 2012, se reitera la doctrina de esta última resolución.
Comentario: Como vemos ya es reiterada la doctrina sentada por nuestro Centro Directivo acerca de la imposibilidad de que en una sociedad no profesional se incluyen actividades típicamente profesionales. Y por ello seguiremos insistiendo en la urgente necesidad de modificar la orden del MJ 3185/2010, BOE 11/12/2010, aprobatoria del modelo de estatutos de las sociedades express, suprimiendo en el objeto de estas sociedades toda referencia a las “actividades profesionales”. (JAGV)
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140. OBJETO SOCIAL: ES ADMISIBLE COMO OBJETO LA “MERA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS”. Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles de Ourense a inscribir la escritura de constitución de una sociedad.
Hechos: Se debate en este recurso sobre la posibilidad de inscripción de una constitución de sociedad cuyo único objeto es el siguiente: “la mera administración del patrimonio de los socios”.
El registrador, en una extensa y fundamentada nota que resumimos, considera que ello no es posible por los siguientes motivos:
1º. Inexistencia del objeto. Arts. 23.b) LSC, 178 RRM. Admitirlo sería lo mismo que admitir una sociedad con cualquier objeto, o lo que es lo mismo, sin objeto.
2º. Indeterminación del objeto social. Arts. 23.b) LSC, 178.1 y 3 RRM. El concepto de «administración» es un concepto que, jurídicamente, admite una pluralidad de significados, y en el que se puede incluir, o no, cualquier tipo de actividad, civil, mercantil, administrativa. La mera administración del patrimonio de los socios», en modo alguno puede afirmarse que «acote suficientemente un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados».
3º. Indeterminación de la expresión empleada como descripción del objeto. Arts. 23.b) LSC, 178 RRM. Jurídicamente, el término «administración», puede entenderse en sentido amplio o estricto. En sentido amplio la administración abarca actos de disposición (enajenación, gravamen y renuncia), riguroso dominio (división, segregación, agrupación, agregación, división horizontal y declaración de obra nueva) y administración en sentido estricto. En sentido estricto, el término administración comprende aquellos actos, necesarios para la conservación de un objeto, que no impliquen su consumo, disposición, alteración estructural o destrucción (Art. 1712 y 1713 CC)
4º. La expresión «la mera administración del patrimonio de los socios», no es una actividad en si misma considerada, que pueda integrar el objeto social, pues da lugar a que se identifique la personalidad de la sociedad y la de los socios. Art. 23 b) LSC, 178.1 y 2 RRM, 35 y 38 CC. Es una manifestación de capacidad de obrar, y por tanto, consustancial a la persona jurídica. Y si no se admite con referencia al propio patrimonio social, menos aún debe admitirse en relación a patrimonios ajenos, como son los patrimonios de los socios, que son personalidades jurídicas distintas a propia de la sociedad (Art. 38 CC).
5º. El objeto social consistente en «la mera administración del patrimonio de los socios», es incompatible con el concepto mismo de sociedad, y con el reconocimiento de personalidad jurídica de las sociedades mercantiles (Arts. 1665 CC, 35 y 38 CC, 116 CCom). La mera administración del patrimonio de los socios», vacía de contenido el fundamento de toda sociedad que es la administración de su propio patrimonio para la consecución del fin social.
6º. El contrato de sociedad no es título habilitante para encomendar la administración del propio patrimonio. Art. 1259.1 CC. El título habilitante para la administración de patrimonios ajenos, no es un atípico contrato de sociedad, sino un poder que precise con exactitud a que actos de administración y disposición alcanza la gestión del patrimonio ajeno (Art. 1713 CC).
7º. La admisión de una sociedad con este objeto, supondría una confusión, en orden a la imputabilidad y responsabilidad derivada de los actos de administración del propio patrimonio. Ello supone una vulneración del principio de responsabilidad patrimonial universal contemplado en el Art. 1911 CC.
8º. El objeto social, implica necesariamente, y en cada acto realizado por la sociedad, a través de sus representantes orgánicos, la vulneración de la prohibición de competencia contemplada en la LSC, pues cada acto se refiere simultáneamente a dos patrimonios distintos, el propio de la sociedad, y el de los socios, por cuanto el objeto social es «la mera administración del patrimonio de los socios».
El notario autorizante interpone recurso: Para él los términos empleados en la escritura para definir la actividad social cuestionada son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de los contratantes (1281 CC).
Añade que dicho objeto es admitido por la Orden JUS de 9 de diciembre de 2010 que considera como uno de los objetos posibles el siguiente:…7. “Prestación de servicios. Actividades de gestión y administración”….
Y finalmente dice que existe un precepto concreto que tipifica el objeto social cuestionado, a saber, la Disposición Adicional 27.ª2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a cuyo tenor: «No estarán comprendidos en el Sistema de Seguridad Social los socios, sean o no administradores, de sociedades mercantiles capitalistas cuyo objeto social no esté constituido por el ejercicio de actividades empresariales o profesionales, sino por la mera administración del patrimonio de los socios».
Doctrina: La DG revoca la nota de calificación.
Recuerda la trascendencia que el objeto social tiene tanto para los socios y administradores como para los terceros que entren en relación con la sociedad lo que justifica la exigencia legal de una precisa determinación del ámbito de actividad en el que debe desenvolverse la actuación del nuevo ente, si bien la diversa composición cualitativa que puede adoptar el patrimonio social posibilita la dedicación de la sociedad a una multitud de actividades económicas absolutamente dispares, siempre que estén perfectamente delimitadas. Por ello, con carácter general, debe entenderse que esa determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados. Así concluye que las exigencias legales y reglamentarias no pueden implicar que una redacción de las disposiciones estatutarias definitorias del objeto social como la ahora cuestionada por el registrador haya de ser rechazada pues en el presente caso, la actividad social propuesta es lícita y posible en términos generales, y por ello cumple dos de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los artículos 1271 y 1272 del Código Civil.
Comentario: Curiosa resolución en la que, de las diez páginas que ocupa, en el BOE, siete y media están destinadas a recoger la nota de calificación, una a las alegaciones del recurrente y el resto, es decir una y media, a la argumentación del Centro Directivo.
No obstante es una resolución interesante en cuanto resuelve la inscribibilidad de una concreta actividad social, que, pese a su imprecisión, puede ser de utilidad a los socios. Sin embargo el mayor interés de esta resolución reside quizás en la atenta lectura de la nota de calificación pues la misma supone un completo y práctico resumen de la casi totalidad de la doctrina de la DG en la materia. Reconocemos la dificultad e importancia de las cuestiones relativas al objeto de las sociedad y lo difícil que es dar reglas generales, pero, a la vista de esta y otras resoluciones, estimamos que siempre que no se trate de objeto que incluya actividades sujetas a leyes especiales con exigencia de requisitos no cumplidos por la sociedad, lo trascendente a la hora de admitir o no admitir una actividad social debe ser el cumplimiento de lo señalado por la DG en uno de sus fundamentos de derecho, y es que la actividad escogida “acote suficientemente un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados”, es decir que serán admisibles los objetos que está habitualmente en el comercio y en la actividad mercantil y debemos rechazar aquellos que, o son totalmente omnicomprensivos de cualquier actividad mercantil o industrial o de servicios, o infringen claros preceptos imperativos.
Pese a que la calificación es rechazada, recomiendo la lectura detenida de la nota de calificación a todos los que estén preocupados o interesados por las cuestiones que puede plantear un determinado objeto social. (JAGV)
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151. HIPOTECA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL. Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles IV de Valencia, por la que se suspende la inscripción de una hipoteca mobiliaria.
Hechos: Se trata de una escritura de hipoteca mobiliaria unilateral sobre diversos bienes muebles, cincuenta y seis, de los cuales unos son descritos de forma sucinta (conjunto llaves combi, pistola clavadora, línea láser pML32…) y otros, en concreto siete vehículos, haciendo constar su naturaleza comercial o de turismo, su marca, modelo, matrícula, fecha de matriculación, antigüedad y condiciones de conservación. Existe un informe de tasación por perito que contiene una valoración individual de cada uno de los bienes inventariados.
Se califica con los siguientes defectos:
1º. Falta de liquidación del impuesto.
2º. Cada uno de los bienes comprendidos en el contrato que mantengan individualidad física e independencia jurídica deben describirse, identificarse y valorarse conforme a las normas generales aplicables a la venta de un solo objeto, con especificación de la parte del precio correspondientes a cada uno. A tales efectos se consideran bienes identificables aquellos en los que conste determinada su marca, modelo en su caso, y número de fabricación o serie (tratándose de vehículos mediante su matrícula y bastidor).
3º. No consta distribución de responsabilidad hipotecaria entre los bienes que se indican en la escritura conforme establece el artículo 14 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, indicando para cada uno de los vehículos la responsabilidad por principal, y en su caso por intereses y costas.
4º. No consta el valor de tasación a efectos de subasta. (Artículo 15 sexto del Reglamento del Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de posesión de 17 de junio de 1955).
5º. No consta en la escritura la manifestación relativa a haberse hecho constar la anotación correspondiente en el permiso de circulación del vehículo. (Artículo 35 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de 16 de diciembre de 1954).
6º. No se indica en la escritura un domicilio para requerimientos y notificaciones al deudor. (Artículo 13 de la Ley HMyPSD).
7º. No se indica en la escritura a efectos de su constancia en la inscripción que se practique, el mandatario designado para representar al hipotecante en la venta de los bienes, con expresión de su domicilio conforme establece el artículo 15 apartado octavo del Reglamento de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de 17 de junio de 1955.
Todos los defectos son subsanables.
El notario recurre todos los defectos salvo el 1º y el 5º.
Respecto del resto de los defectos se limita a expresar que todo lo exigido por el registrador o resulta de la escritura o del informe de tasación incorporado.
Doctrina: La DG no entra en el examen de los defectos 1º y 5º y tampoco en el relativo a la falta de distribución de la hipoteca y tasación a efectos de subasta por defectos del escrito del recurso y tampoco entra en lo relativo a la identificación de los vehículos pues, según el informe del registrador, el defecto no se refiere a los mismos sino al resto de los bienes.
El resto de los defectos son confirmados por la DG.
En cuanto a la identificación de los bienes manifiesta que no se identifican en ningún caso en términos tales que permitan su consideración individualizada. La mayoría de los bienes se identifican de forma muy simple («escalera doble seis peldaños, mini amoladora, polipasto eléctrico, estructura almacenaje, ordenador clónico, mesa iris despacho, archivador 4 cajones…») sin referencia siquiera a sus características de fábrica (marca, modelo). En otros supuestos la identificación es más completa al comprender marca y modelo («impresora ricoh 3200, ordenador acer aspire 9424…») pero igualmente insuficiente para individualizar los bienes al carecer de número de identificación.
Igualmente confirma le necesidad de que se indique en la escritura de forma clara y no por meros indicios que la maquinaria hipotecada se destina a la explotación de una industria concurriendo a satisfacer las necesidades de su explotación (artículo 42 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento). Es decir que si no se trata de verdadera hipoteca de maquinaria industrial, esta maquinaria sólo puede ser objeto de prenda sin desplazamiento y si se quiere que lo sea de hipoteca de la documentación presentada debe resultar indubitadamente que la maquinaria cuya hipoteca individual se pretende reúne los requisitos estructurales exigidos legalmente pues, como afirma la exposición de motivos de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, sólo «cuando la máquina aparece como un elemento de producción o de trabajo, ha sido admitida su hipoteca».
También se omite la tasación a efectos de subasta, no siendo lugar adecuado para subsanar el defecto el escrito de interposición del recurso al indicar que la tasación coincide con el valor dado en el informe de tasación. Lo mismo indica la DG respecto de la falta de domicilio y de mandatario a efectos de subasta.
Comentario: Dada la crisis inmobiliaria de los últimos años, cada vez son más frecuentes en los RRBBMM las escrituras de hipoteca o prenda con arreglo a la Ley de 1954. Por ello la resolución es de gran utilidad pues nos viene a decir que, pese a los términos más blandos, en lo que se refiere a la calificación, del art. 72 de la LHMPSDP, deberemos no obstante extremar el celo en la calificación de estas escrituras sobre todo con relación a los requisitos estructurales exigidos para la debida configuración de la garantía.
Desde otro punto de vista esta resolución nos puede también prestar utilidad a la hora de calificar la correcta o no correcta descripción de los bienes muebles que cada vez, también con más frecuencia, representan el capital de nuestras sociedades. Es usual que la descripción de bienes muebles aportados se haga de forma muy simple y sin una reseña completa de sus características de forma tal que permitan identificarlos debidamente y sobre todo diferenciarlos de otros similares. La DG pone de relieve que sean cuales sean los bienes muebles dados en garantía, y, añadimos nosotros, aportados en la constitución o aumento de capital de una sociedad, su descripción debe de ser lo más completa posible y por supuesto si se trata de bienes que sean susceptibles de poseer marca, modelo o número de fabricación-ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, muebles singulares, maquinaria, elementos de mobiliario-, no deben reflejarse en la inscripción si no se reseña alguna de esas características. Cuando sea imposible su identificación por marca modelo o número de fabricación deberán especificarse sus características propias como volumen, número de piezas, medidas de largo ancho y alto, naturaleza de los materiales, etc de forma tal que un bien aportado, aparte de estar correctamente identificado, no pueda ser sustituido por otro. En definitiva que debe cuidarse la descripción de los bienes muebles dados en garantía o aportados a una sociedad como contrapartida de su capital social, para la debida seguridad del tráfico mobiliario y mercantil.
Finalmente también recuerda la DG que cuando una norma exige que conste determinada manifestación en la escritura (la relativa a la anotación de la hipoteca en el permiso de circulación) este es el lugar adecuado para hacerla sin que, en principio, pueda ser sustituida por otros medios, que, no obstante si se aportan al registro en aras de la economía del procedimiento pueden ser aceptados como medio subsanatorio. (JAGV)
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155. ESTATUTOS SOCIEDAD LIMITADA: REMUNERACIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: LABORAL Y SOCIETARIA. INSCRIPCIÓN PARCIAL. Resolución de 3 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles II de Valencia, por la que se rechaza la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de modificación de estatutos.
Hechos: Se trata de dilucidar si es o no inscribible la siguiente cláusula estatutaria sobre retribución del administrador: «… La remuneración del órgano de administración de la sociedad consistirá en una asignación fija en concepto de sueldo que determinará para cada ejercicio la junta general de socios de la compañía. La retribución de los administradores se establece sin perjuicio del pago de los honorarios profesionales o de los salarios que pudieran acreditarse frente a la sociedad, en razón de la prestación de servicios profesionales o de la vinculación laboral del administrador con la compañía para el desarrollo de otras actividades en la misma…»
La registradora calificante, en una extensa y fundamentada nota con cita de múltiples sentencias del TS, sala 1ª y sala 4ª, considera que tal cláusula no es inscribible por los siguientes motivos: Infringir el art 217 de la LSC y aplicación de la doctrina sentada por la Sentencia da 21 de abril de 2005, 30 de diciembre de 1992 y 26 de marzo de 1996, y especialmente por la de la Sala Cuarta de lo Social de 9 de diciembre de 2009 (rec. 1156/2009) según la cual los contratos de alta dirección (desempeño de funciones ejecutivas dentro de la sociedad) suscritos por los que ocupan cargos de administración societaria quedan englobados en la relación mercantil y por tanto sólo podrá percibir remuneraciones por este último concepto.
El notario recurre alegando que la retribución del administrador cumple la exigencia del art. 217 de la LSC y que es claro que la parte laboral del precepto se refiere a otras actividades que excluyen las funciones ejecutivas que ya están retribuidas mediante el sueldo que por el mismo precepto se establece.
Doctrina: La DG revoca la nota de calificación estimando el recurso.
Se basa para ello en una mera interpretación de la cláusula debatida pues, tras repasar toda la doctrina jurisprudencial sobre la materia, estima que la cláusula estatutaria se limita “a contemplar la eventualidad de que el administrador realice «otras actividades» que no cabe sino entender que son actividades ajenas al ejercicio de las facultades de gestión y representación «inherentes» al cargo de administrador”. Por ello concluye que “no se está dando cobertura expresa a la celebración de un contrato laboral de alta dirección cuyo contenido se solape a la relación societaria sino contemplando, de manera inocua e innecesaria, el eventual encargo al administrador de ciertos trabajos o servicios particulares y ajenos a los que corresponden a las funciones propias del cargo: la elaboración de un dictamen profesional, la realización de cierta obra etc”.
Comentario: Importante resolución que trata de aclarar, como ella misma dice, la controvertida cuestión de la “licitud de un mecanismo retributivo dual: una retribución «societaria» y estatutaria por razón del ejercicio del cargo y un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier naturaleza, laboral, civil, mercantil o para utilizar la expresión del legislador italiano, «ciertos cometidos especiales»”.
Esta cuestión, junto con la relativa a la pura retribución del órgano de administración, sin ninguna connotación laboral, es una de las que más preocupan a los asesores mercantiles por las indudables repercusiones fiscales que la misma tiene.
La DG, desde el punto de vista puramente mercantil, hace un recorrido, si no exhaustivo si bastante completo, de la materia debatida. Así comienza diciendo que en el régimen de la Ley de 1951 y de 1953 se estimaba compatible la retribución al órgano con la que procediera por la “gestión de la empresa” como tal.
A continuación establece una indudable diferencia entre las sociedades cotizadas, respecto de las cuales incluso legalmente se aprecian atisbos de esa compatibilidad (Vid. Art. 5 RDL 2/2012 cuando alude a “por todos los conceptos”) presumiendo la compatibilidad entre relación societaria y contrato de alta dirección, y la aplicable a las sociedades normales.
En estas hasta 1985, en que se aprobó el Real Decreto 1382/1985, que regula la relación laboral de alta dirección, se solían establecer el complemento de la retribución del administrador como arrendamiento de servicios. A partir de dicha norma, se popularizaron los llamados contratos de alta dirección. Pero la jurisdicción laboral, sobre la base de la llamada “doctrina del vínculo”, dijo que “son inherentes al cargo de administrador todos los cometidos que se refieran a la administración de la sociedad” atendiendo no al contenido de la actividad sino a “la naturaleza del vínculo y de la posición que desarrolla en la organización de la sociedad, de forma que si aquél consiste en una relación orgánica por integración del agente en el órgano de administración social cuyas facultades son las que, en definitiva, se actúan directamente o mediante delegación interna la relación no será laboral”. Es decir “se produce una prevalencia o prioridad de la relación societaria-mercantil ex artículo 9 h) y 130 de la Ley de Sociedades Anónimas y 66 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (actuales artículos 23 e) y 217 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital) que desplaza y excluye la relación laboral”.
Como consecuencia de ello, añade la DG, se produce “una verdadera «huida del Derecho laboral» y que consistió en sustituir el vínculo adicional del contrato de alta dirección por un contrato de servicios «civil» o «mercantil» bajo las fórmulas tradicionales de arrendamiento de servicios, mandato etc”. Pero tampoco “la jurisdicción civil ha sido desde entonces favorable a la compatibilidad de los dos vínculos porque en la jurisprudencia del Supremo, con algunas vacilaciones iniciales, no tardaría en consolidarse la propia versión de la doctrina del vínculo”. Joaquín Zejalbo que nos hará un estudio fiscal sobre la materia, cita al magistrado Aurelio Desdentado Bonete que en la Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración viene a decirnos que admitir la compatibilidad sería admitir un verdadero “fraude de ley” (Aurelio Desdentado Bonete. En los límites del contrato de trabajo. Rvta. Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 83).
Pese a todo ello, y como hemos visto, nuestro Centro Directivo admite la inscripción de la cláusula debatida si bien, con buen sentido para evitar posibles confusiones, aclara que no sería inscribible en cambio aquella que “estableciese que los administradores o consejeros disfrutarán, por sus servicios como tales, además de la retribución cuyo sistema se describa en estatutos, de sueldos u honorarios a percibir, en virtud de cualesquiera contratos, laborales, civiles o mercantiles, la celebración de los cuales se contempla en estatutos” . Concluye la Dirección afirmando que “la cláusula se puede entender referida implícitamente a «servicios prestados por los administradores» ex artículo 220 de la Ley de Sociedades de Capital y para cuyo establecimiento o modificación no es suficiente la genérica previsión estatutaria que examinamos sino la autorización expresa y ex casu por la junta, sin que esa obviedad necesite ser precisada en estatutos”.
Por tanto, desde el punto de vista mercantil y a efectos prácticos, cuando nos encontremos en estatutos una cláusula de este estilo, deberemos examinar detenidamente si la misma encubre la realización de un llamado contrato de alta dirección, en cuyo caso procederá su denegación, o si se trata simplemente de retribuir al administrador determinados trabajos adicionales que preste a la sociedad fuera o al margen de su cualidad de órgano de administración, en cuyo caso sería posible la inscripción.
Finalmente en relación a la protesta del notario acerca de la negativa a la inscripción parcial la DG reitera su doctrina de que “no basta con que la inscripción parcial se solicite por la parte interesada sino que es preciso que la inscripción así practicada no desvirtúe el negocio celebrado entre las partes”. Por ello, salvo que la parte a omitir sea clara y evidente, lo más aconsejable es solicitar al interesado que señale la cláusula o parte de cláusula estatutaria que debe omitirse para que sea inscribible el documento. Ello debe hacerse sobre todo cuando no se trata de normas imperativas sino de cláusulas puramente potestativas como sucede en este caso.
Dadas las indudables repercusiones tributarias de las cuestiones tratadas en esta resolución, nuestro compañero del Consejo de Redacción y experto en la materia Joaquín Zejalbo, realizará unos comentarios fiscales sobre la misma. (JAGV)
NOTA FISCAL Y LABORAL.- La casualidad ha querido que, prácticamente, al mismo tiempo que se publicaba en el BOE la Resolución de 3 de abril de 2013, de la DGRN, apareciese en la página web de la AEAT la Consulta V1015-14 de 27 de marzo de 2013, que luego estudiaremos, cuyo contenido tiene relación con la Resolución reseñada anteriormente por nuestro compañero José Ángel García-Valdecasas y Butrón, Registrador Mercantil de Granada. En el bloque de consultas correspondiente al mes de marzo también se contienen dos Consultas, la V0841-13 de 14/03/2013 y la V0923-13 de 22/03/2013, cuyo contenido coincidente reitera la doctrina que ya podemos considerar tradicional de la Dirección General de Tributos: “dado que, en el supuesto concreto planteado, el administrador de la sociedad ejerce a su vez las funciones propias de la gerencia, no es posible apreciar la dualidad de relaciones -mercantil y laboral especial-, en los términos previamente señalados, sino que debe concluirse que la relación mercantil prevalece sobre la laboral especial. Habida cuenta que las funciones de gerencia quedan absorbidas por las funciones de administrador y éstas son de carácter gratuito, conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, debe considerarse que la retribución satisfecha al administrador –por razón de su actividad como gerente- de la entidad responde, en realidad, a una liberalidad en los términos establecidos en el artículo 14.1.e) del TRLIS, dado que el cargo de administrador es gratuito con arreglo a las cláusulas estatutarias, y, en consecuencia, no será fiscalmente deducible a efectos de determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.”
Para evitar estas consecuencias se ha pensado en la posibilidad de que los estatutos sociales prevean la compatibilidad de las funciones de los administradores con las que resultan del contrato de alta dirección, existiendo alguna Sentencia en dicho sentido. Dicha solución, reseñada por Mireia Sabaté y Ludovine Bory en el capítulo IV de la obra “Manual del personal de alta dirección”, dirigida por Alex Valls, 2012, páginas 79 a 107, ha sido criticada por parte de la doctrina “al considerar que ello supondría dejar la calificación jurídica de las relaciones al arbitrio de las partes”. Sin embargo, como dice la Profesora Carmen Ruiz Hidalgo en su trabajo “La naturaleza jurídica de la retribución de los administradores-socios-trabajadores de la sociedad”, publicada en Quincena Fiscal Aranzadi, número 20, 2012, “no existe en la legislación española, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos distinciones entre los cometidos inherentes a los miembros de los órganos de administración de las sociedades y los poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, que es lo que caracteriza al trabajo de alta dirección”.
La posibilidad de compatibilizar las funciones de administrador y las propias de la alta dirección en la misma persona es defendida por el mercantilista Pablo Salguero Molina en su trabajo titulado “La relación laboral especial de alta dirección”, publicado en “Videtur Quod anuario del pensamiento crítico”, 2011, páginas 103 a 160, accesible en la siguiente dirección: http://www.liberlex.com/archivos/ctoAD.pdf
A lo anterior debemos añadir que la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2012, sala de lo social, Recurso 1976/2008, ha declarado que la doctrina del vínculo, creada por la jurisdicción social, no es aplicable cuando el contrato de alta dirección y la retribución del administrador ha sido aprobada por todos los socios, que también eran miembros del Consejo de Administración: cuando la totalidad de los accionistas conocen y consienten el pacto, la Sala ha rechazado la oponibilidad del artículo 130 de la LSA –hoy el artículo 217 de la Le de Sociedades de Capital-.
Lo cierto es que el TS en su Sentencia de 24 de abril de 2007, Sala de lo Civil, Recurso 35/200 –caso Cinturón Verde- , expresó que “Que esta Sala ha declarado, así en la sentencia de 9 de mayo de 2.001 (citada en las de 27 de marzo de 2.003 y 10 de junio de 2.006), que la retribución que percibe un administrador por el desempeño de un cargo de «alta dirección y gestión» no está sujeta a la exigencia del artículo 130 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas , aplicable sólo a la retribución del cargo de administrador.
Que para que, en tales supuestos, el artículo 130 no se aplique es necesario, sin embargo, que «las facultades y funciones que fueron atribuidas… por vía contractual» rebasen «las propias de los administradores«, como precisa la citada sentencia de 9 de mayo de 2.001.
Que admitir otra cosa significaría tolerar la burla del mandato contenido en el artículo 130, mediante el rodeo propio del fraus legis” La última frase en cursiva está reproducida, también entrecomillada, en la Resolución de la DGRN sin citar su procedencia, y contenida en el mencionado trabajo de Aurelio y Elena Destentado, 2009.
Por el contrario, la doctrina es unánime en admitir el desempeño simultaneo del cargo de administrador y de la labor de trabajador laboral común, si bien, como indica Pablo Salguero, “debe atenderse a la concurrencia de las notas propias del contrato de trabajo y a la existencia de otros elementos que puedan desvirtuar estas notas, como una participación significativa en el capital social”, en definitiva, sólo cabe lo anterior “en los casos de relaciones de trabajo en régimen de dependencia, no calificables de alta dirección, sino como relación de trabajo común”. Sobre el tema podemos citar la siguiente doctrina de los tribunales:
La Sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Social de 7 de diciembre de 2005, Recurso 728/2005, declaró lo siguiente: “la concurrencia entre administración social y relación laboral común presenta menos dificultades, porque, como ha señalado la doctrina, en el plano funcional la concurrencia de relaciones es perfectamente posible y tampoco surge por lo general ningún problema en la concurrencia de regulaciones, al no existir una identidad funcional entre la actividad de administración social y las funciones que son propias de una relación laboral común. El trabajo prestado en virtud de contrato laboral es independiente de la actividad como administrador y/o de la condición de socio minoritario. En este sentido, se ha apreciado la compatibilidad entre un contrato de trabajo común como director de producción y la condición de consejero delegado (sentencia de 28 de septiembre de 1.987); la misma solución se ha adoptado para un director comercial con contrato de trabajo que es nombrado luego miembro del consejo de administración (sentencia de 5 de julio de 1.988), y para dos directores sectoriales, de exportación y comercial, que eran también miembros del consejo (sentencia de 6 octubre de 1.990).”
El TSJ de Cataluña, Sala de lo Social, en la Sentencia de 12 de mayo de 2005, Recurso 1306/2005, precisó que “no existe en la legislación española una clara distinción entre los » cometidos inherentes» a los miembros de los órganos administradores de la sociedad (art. 1.3 del Estatuto de los Trabajadores) y los «poderes inherentes» a la titularidad jurídica de la empresa, que caracterizan al trabajo de alta dirección (art. 1.2 del Decreto 1382/1985 de 1 de agosto) llegando a declararse: «en conclusión, si existe una integración orgánica de la persona que desempeña el trabajo de dirección en el Consejo de Administración social, cuyas facultades son las que se actúan directamente o mediante delegación interna, la relación no será laboral, sino mercantil. Lo que, visto desde otro ángulo, implica como regla general, que sólo en los casos de realización de trabajos en régimen de dependencia no calificables de alta dirección, sino como relación laboral de trabajo común, cabe admitir el desarrollo simultáneo de cargos de administración de la sociedad y de una relación de carácter laboral».
En la reciente Sentencia del TS, Sala de lo Social, de 5 de marzo de 2013, Recurso 932/2012, se manifiesta que “esta Sala, en sus sentencias de 17 de mayo de 1999 (rcud. 3046/1998) y 17 de febrero de 2009 (rcud. 739/2008), ha abordado cuestiones similares a la que es objeto del presente recurso de casación unificadora.
Así, en esta última sentencia en supuesto en que el demandante mantenía con la sociedad laboral una relación de trabajo común, con la categoría de maestro industrial, y además era Consejero Delegado, sin percibir retribución por este cargo, recordaba que en la sentencia anterior de 17 de mayo de 1999, resolviendo un caso en el que el demandante era miembro del Consejo de Administración y Consejero Delegado, ostentando como socio trabajador la categoría profesional de Oficial 1ª, no constando que percibiese retribución por el desempeño del cargo de Consejero Delegado”, resolvió que el demandante “mantenía con la Sociedad una relación laboral común, con la categoría de Encargado, y además era Administrador Único, sin percibir retribución por este cargo, lo que hace que la primera tenga vigencia sobre la segunda, y que en su consecuencia, el período de tiempo en que ostentó el cargo, compute a los efectos de prestación por desempleo.”
No cabe que el administrador se contrate como trabajador común, no concibiéndose que “la relación laboral pueda nacer de la voluntad de una persona que sería empleador y empleado al mismo tiempo. La cuestión está estudiada por el Abogado Alfredo Sierra Herrero en su obra “Administradores de Sociedades Mercantiles y Altos Directivos Laborales”, Pamplona, 2008, páginas 183 a 185, citando bastantes sentencias, que proclaman la ineficacia de dicha autocontratación, no requiriéndose para dicha conclusión la titularidad de una participación superior al 50% del capital social, bastando una situación de predominio en la formación de la voluntad social. Concluye el autor afirmando que en tales casos el ejercicio de una relación laboral común sería como una aportación a la finalidad societaria, puesta en común con ánimo de repartir beneficios.
Obviamente no cabe enmascarar como una relación laboral común una relación laboral de alta dirección con el propósito de eludir las incompatibilidades previstas legalmente, sin que se pueda admitir, como indican Aurelio Destentado Bonete y Elena Destentado Aroca, la distinción “entre una administración genérica que corresponderá al administrador en cuanto a tal, y una administración específica a cargo del alto directivo”. También escriben que “la doctrina del vínculo se ha consolidado y se sostiene bien frente a las críticas. Por ello la huida del artículo 130 de la LSA y del artículo 66 de la LSRL se ha ido desplazando del contrato laboral de alta dirección a un contrato de servicios de empleo que permitiría también introducir una regulación alternativa, con la que escapar de las limitaciones del régimen mercantil.”
Las notas de dependencia y ajenidad, propias de una relación laboral común, que pueden ser compatibles con el ejercicio del cargo de administrador, como indica la Profesora Carmen Ruiz Hidalgo, es una cuestión de hecho que debe analizarse caso por caso, teniendo en cuenta todos los elementos de prueba correspondientes más allá de la participación en un determinado porcentaje del capital social. No obstante, según la polémica Nota 1/2012 de la AEAT para aquellos socios que posean más del 50% del capital de una sociedad, se entiende que existe en concreto para los mismos una ordenación por cuenta propia de medios humanos o de producción, que excluye la dependencia. Igual ordenación existe, según dicha Nota, en el caso de los servicios profesionales (abogacía, asesoría, servicios de arquitectura, medicina, economato,…). La consecuencia será la de que los rendimientos que obtengan por su trabajo se calificarán como rendimientos de actividades económicas y no como rendimiento de trabajo, todo ello para la aludida Nota en el ámbito del IRPF y no en el del IVA, que no se estudia; aunque si el administrador realizara, por otro lado, para la sociedad prestaciones de servicios, los mismos quedarían sujetos al IVA, aplicándose las normas sobre valoración relativas a operaciones vinculadas. Para la Dirección General de Tributos en la Consulta V1492-08 de 18/07/2008 se sujetan a IVA la prestación de servicios profesionales en los que faltan las notas de dependencia y ajenidad propias de una relación laboral. El supuesto de hecho se refería al arrendamiento de servicios concertado por los socios profesionales, abogados, con la sociedad, obligándose a prestar los servicios con carácter exclusivo a la sociedad y a sus clientes.
Por último, la Nota también estudia el supuesto de los socios trabajadores de las cooperativas, cuyas retribuciones se consideran rendimientos de trabajo, y el de los socios profesionales de las sociedades civiles profesionales.
Concluye la Profesora Ruiz Hidalgo afirmando que “lo que la Hacienda Pública pretende es que la realización de una actividad a través de una persona jurídica solo sea en aquellos supuestos en los que resulte imposible que los socios actúen como autónomos”.
Precisamente en la Consulta V1015-13, de 27/03/2013, se exponen los siguientes conclusiones acerca de un supuesto en el que los administradores también desempeñan una función de alta dirección y, por último, concurre en ellos la cualidad de trabajadores: “en el supuesto concreto planteado, el administrador percibe una remuneración por el desempeño de las labores de alta dirección, si bien por el cargo de administrador, stricto sensu, no perciben retribución alguna. Dado que las funciones de alta dirección quedan absorbidas por las funciones de administrador, deberán tomarse en consideración ambas retribuciones, tanto la fijada en contraprestación por la labor de administrador (en este caso nula) como la pactada por las labores de alta dirección, a efectos del cómputo del límite estatutariamente establecido. Dicho en otros términos, en la medida en que el sumatorio de las retribuciones pactadas, tanto por las labores de administrador como de alta dirección, no supere la cuantía fija acordada anualmente por la Junta General, el gasto correspondiente a ambas tendrá la consideración de fiscalmente deducible.
Al margen de lo anterior, en el escrito de consulta se señala que los dos socios y administradores solidarios de la entidad desempeñan labores propias de un trabajador (gestión comercial (…).
Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2.c) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, no tendrían la consideración de trabajadores por cuenta ajena “quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquella, en los términos previstos en la disposición adicional vigésima séptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio”. De acuerdo con esta última disposición, se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia cuando las acciones o participaciones de trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social. -Por cierto, dicha disposición adicional es fundamental para determinar el encuadramiento de los trabajadores y administradores dentro del Sistema de la Seguridad Social.-
Dado que en el caso planteado concurren estas condiciones en las dos personas que prestan servicios a la sociedad, correspondientes a las labores de gestión comercial y demás tareas operativas, se entenderá que dichos servicios son prestados en virtud de una relación de naturaleza mercantil y no laboral.
Con independencia de lo anterior, el gasto correspondiente a la retribución pactada como contraprestación por el desempeño de dichas tareas tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible del período siempre que se cumplan los requisitos de inscripción contable, correlación de ingresos y gastos, imputación con arreglo a devengo y justificación documental y siempre que se valoren a valor de mercado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del TRLIS.” Aquí tenemos que citar el Informe de la Dirección General de Tributos de 12 de abril de 2009, al establecer que “los gastos representativos de las retribuciones satisfechas a los administradores de sociedades mercantiles tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la normativa vigente regulada en el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando los estatutos establezcan el carácter remunerado del cargo, aunque no se cumpliera de forma escrupulosa con todos y cada uno de los requisitos que, para cada tipo de retribución, establece la normativa mercantil”.
En la Resolución la DGRN alude a los derechos francés e italiano en los que se plantean semejantes problemas, citándose los correspondientes preceptos. Así en el derecho italiano se admite la acumulación de las funciones de ammistratore y de direttore generale, relación laboral, siempre que exista real subordinación del último a la administración, por lo tanto, no cabe dicha acumulación cuando exista administrador único, en cuyo caso la retribución del director general no es deducible en el Impuesto. Lo mismo ocurre en el supuesto de la acumulación de las funciones propias del administrador y del trabajador por cuenta ajena en la misma persona, al no apreciarse intersubjetividad. Lo anterior está regulado en el derecho francés con cierto detalle en el Código de Comercio, estableciéndose límites al número máximo de administradores que pueden ser trabajadores en una sociedad, siempre que se trate de una pequeña o mediana empresa y el trabajo sea real y efectivo.
En sectores de la asesoría fiscal se había propuesto como una de las soluciones a las consecuencias de la Nota 1/2012 de la AEAT la posibilidad de que en los estatutos sociales se reflejase que el administrador pudiese percibir retribuciones por su labor, distinta de las funciones propias del administrador, lo que ha ocurrido en el supuesto de hecho debatido ante la DGRN, siendo su mención estatutaria e inscripción registral innecesaria pero posible, siempre que no enmascare una relación de alta dirección, fraude que sólo sería apreciable en concreto y no en abstracto. (JZM)
Ver la reseña de la Consulta V0879-12 de 25/04/2012, publicada en el Informe de abril de 2012, y la Consulta V2394 de 12/12/2012, publicada en el Informe de diciembre de 2012.
Ver trabajo del Notario José Clemente López Vázquez.
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JURISPRUDENCIA FISCAL:
(Comentarios a Consultas de la Dirección General de Tributos, Doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central y Sentencias, realizados por Joaquín Zejalbo Martín, notario de Lucena (Córdoba).
Se incluye en este informe un texto, estando el resto en archivo aparte.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de diciembre de 2012, Recurso 317/2010. Rectificación de la escritura pública que no da lugar al devengo de AJD por aplicación del artículo 45. 1 B. 13 del TR de ITP y AJD.
“En la escritura pública de 13.2.03, de declaración de obra nueva en construcción y división horizontal del edificio, se consignó por error del notario que los diez cuartos trasteros en ella señalados eran fincas independientes cuando, según la licencia de obras, solo podían considerarse como anejos inseparables a cada respectiva vivienda, y sobre la base de esta escritura se otorgó la de 3.3.03 de préstamo hipotecario por importe de 1.375.054 #, habiéndose liquidado ambas escrituras, que sin embargo fueron devueltas sin inscribir por el Registro de Propiedad porque los referidos diez trasteros habían sido declarados e hipotecados como fincas independientes, lo que contravenía la licencia de obras y el ordenamiento jurídico, lo que obligó a otorgar, además de otra escritura de subsanación de la declaración de obra nueva y división horizontal, la escritura pública de 1.12.03 para corregir ese defecto que hacía nula e ineficaz la de 3.3.03, de manera que, a juicio de la recurrente, no ha existido novación ni subrogación hipotecaria al tratarse de una simple rectificación exclusivamente subsanatoria de un error imputable solo a dos notarios (el que confeccionó mal la escritura de obra nueva y el que reprodujo el error en la escritura de préstamo hipotecario), por lo que resulta aplicable lo previsto en el artículo 45.1.B.13 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y solicita la anulación del acto administrativo impugnado.”
En la escritura de rectificación “se rectifica tanto su descripción incorporando los trasteros a los pisos, como el «cuadro de distribución de responsabilidad hipotecaria» protocolizado en dicha escritura, resultando que sin cambiar el total del préstamo de 1.375.054 #, se modifican las responsabilidades asignadas a cada piso y plaza de garaje en comparación con la repartición de la escritura de 3.3.03.”
Fuenlabrada, Santa Fé, Torrejón de Ardoz, La Laguna, Lugo, Santiago de Compostela, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Boltaña, a 12 de mayo de 2013.
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