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Ley de Amnistía

Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

Resumen: Esta polémica ley orgánica define los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable que amnistía y sus excepciones. Fija un marco temporal entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. Produce el efecto de extinguir la responsabilidad penal, administrativa o contable, pero no la civil. Serán los tribunales los que determinen que personas en concreto se beneficiarán y por qué actos.

La ley consta de 16 artículos, divididos en tres títulos y tres disposiciones finales.

Ámbito objetivo

1. Quedan amnistiados los siguientes actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de noviembre de 2011 y 13 de noviembre de 2023, así como las siguientes acciones ejecutadas entre estas fechas en el contexto del denominado proceso independentista catalán, aunque no se encuentren relacionadas con las referidas consultas o hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración:

a) Los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos.

b) Los actos cometidos con la intención de convocar, promover o procurar la celebración de las consultas que tuvieron lugar en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017 por quien careciera de competencias para ello o cuya convocatoria o celebración haya sido declarada ilícita, así como aquellos que hubieran contribuido a su consecución.

c) Los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos o resistencia que hubieran sido ejecutados con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares a que se refiere la letra b) del presente artículo o sus consecuencias, así como cualesquiera otros actos tipificados como delitos realizados con idéntica intención.

d) Los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia u otros actos contra el orden y la paz pública que hubieran sido ejecutados con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos y fines descritos en las letras precedentes o a los encausados o condenados por la ejecución de cualesquiera de los delitos comprendidos en el presente artículo.

e) Las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artículo.

f) Los actos cometidos con el propósito de favorecer, procurar o facilitar cualesquiera de las acciones determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable contempladas en los apartados anteriores del presente artículo, así como cualesquiera otros que fueran materialmente conexos con tales acciones.

No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial. Ver más detalles en el artículo 1.

Exclusiones.

En todo caso, quedan excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en el artículo 1:

a) Los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad.

b) Los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes, a excepción de aquellos tratos que no superen un umbral mínimo de gravedad.

c) Los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos.

d) Los actos tipificados como delitos en cuya ejecución hubieran sido apreciadas motivaciones racistas, de discriminación referente a la religión, su sexo, edad,…

e) Los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea.

f) Los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal, siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España.

g) Los actos tipificados como delitos contra la Comunidad Internacional comprendidos en el Título XXIV del Libro II del Código Penal. Ver más detalles en el art. 2.

Según la Exposición de Motivos, “corresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador.”

“Esto resulta crucial, en particular, al abordar los delitos de malversación, diferenciando claramente entre las acciones que pueden ser amnistiadas y los actos de corrupción, a los que no es aplicable tal medida. Sólo los actos de malversación dirigidos a los fines mencionados en la ley pueden acogerse a ella, excluyendo expresamente aquellos que implican un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial. En este sentido sólo podrán beneficiarse de la amnistía aquellos actos en que los fondos públicos se destinaron a la preparación, realización y consecuencias de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017, así como los que se destinaron a reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña.”

Efectos

– La amnistía produce la extinción de la responsabilidad penal, administrativa o contable, en los términos previstos en el Título II.

– Los efectos sobre la responsabilidad penal se encuentran en el artículo 4. Entre ellos se encuentran la puesta en libertad de personas, dejar sin efecto órdenes de busca y captura, alzamiento de medidas cautelares, dar por finalizada la ejecución de penas privativas de libertad y derechos, o eliminación de antecedentes penales.

– Los efectos sobre la responsabilidad administrativa están en el artículo 5. Incluyen el archivo de procedimientos, la eliminación del Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, o el alzamiento de medidas cautelares.

– Los efectos sobre los empleados públicos se tratan en el artículo 6. Incluyen la reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos, así como la reincorporación de los mismos a sus respectivos cuerpos, o la eliminación de las notas desfavorables en las hojas de servicio.

– Respecto a indemnizaciones y restituciones, según el artículo 7, no habrá derecho a percibir indemnización de ninguna clase ni generará derechos económicos de ningún tipo en favor de persona alguna con las excepciones que se mencionan.

– Y, en cuanto a los efectos sobre la responsabilidad civil y contable, conforme al artículo 8, quedarán extinguidas las derivadas de los actos descritos en el artículo 1.1 de esta ley, pero dejando a salvo la responsabilidad civil que pudiera corresponder.

Competencia y procedimiento.

Es el contenido del Título III.

Se dispone que las decisiones para la aplicación de la amnistía se adopten con carácter preferente y urgente, en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos.

Solo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal, administrativa o contable concreto cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley.

– Delitos. La amnistía de actos tipificados como delitos será aplicada por los órganos judiciales determinados en el artículo 11, de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, en cualquier fase del proceso penal. Se determina el modo de proceder distinguiendo entre la fase de instrucción, la fase intermedia, la fase de juicio oral, sentencias no firmes, o la fase de ejecución de las penas. La concesión de un indulto con anterioridad a esta ley no impedirá la revisión de la sentencia firme.

– Procedimiento en el ámbito contencioso-administrativo. La aplicación de la amnistía corresponderá a los órganos judiciales ante los cuales se esté tramitando el recurso contencioso-administrativo para revisar resoluciones administrativas de imposición de sanciones por actos determinantes de responsabilidad administrativa o contable. Se distinguen los casos en los que hubiese recaído sentencia firme y en los que no. Art. 12.

– Procedimiento en el ámbito contable. La amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del proceso. Art. 13.

– Procedimiento en el ámbito administrativo. En los procedimientos que estén en la fase de instrucción, la apreciación de la amnistía se hará por el órgano administrativo competente. Ante actos administrativos firmes o durante la fase de ejecución de las sanciones, los órganos administrativos competentes procederán a revisar las resoluciones correspondientes. Si no hubieran adquirido firmeza por haber sido recurridas, el órgano competente para la resolución del recurso administrativo correspondiente declarará, si procede, que los hechos objeto del procedimiento quedan amnistiados. Las actuaciones, en todos los casos, se realizarán de oficio o a instancia de parte. Artículo 14.

Las acciones amparadas en esta ley prescriben a los cinco años.

Se regulan los recursos en el artículo 16, con remisión a la normativa general. En caso de revisión de sentencias o de resoluciones administrativas firmes cabrá interponer los mismos recursos que contra la sentencia dictada en primera instancia.

Dos disposiciones finales modifican dos artículos de sendas leyes orgánicas:

– El artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, que regula casos de exención de responsabilidad. Se prevé esta exención para la comisión de actos que hayan sido amnistiados.

– El artículo 130.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,  dónde se regula los casos en los que la responsabilidad penal se extingue, incluyendo a la amnistía junto al indulto.

Entrada en vigor. Tuvo lugar el 11 de junio de 2024, fecha de la publicación en el BOE. Fue sancionada por S.M. el Rey por ordenarlo así el artículo 91 de la Constitución.

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RDLey 4/2024: medidas diversas

Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

Resumen: IVA reducido en el aceite de oliva y otros alimentos. Adaptación del IRPF al nuevo salario mínimo. En el Impuesto sobre Sociedades se potencia la reserva de capitalización. Incremento de la retribución del personal al servicio del sector público. Crea el Fondo de Impacto Social. Prórroga de medidas energéticas. información dinámica de puntos de recarga eléctrico. Prorroga hasta fin de año del programa de ayudas MOVES III, de impulso de la movilidad eléctrica. Se deroga el artículo 43 bis LEC sobre cuestión prejudicial europea.

Esta norma incluye 5 títulos:

El título I se denomina Medidas fiscales, retributivas y relativas a los sistemas de financiación territorial.

IVA: prórroga temporal hasta el 31 de diciembre de 2024 de la aplicación de tipos impositivos reducidos a determinadas entregas de alimentos. los aceites de oliva, en concreto, tributarán al 0% hasta el 30 de septiembre de 2024 y al 2% hasta el 31 de diciembre de 2024. A partir del 1 de enero de 2025, se les aplicará el tipo del 4%. Ver artículos 1 y 2.

IRPF. Se adoptan los cambios necesarios para evitar someter a tributación a los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo de cuantía inferior al nuevo salario mínimo interprofesional, esto es, 15.876 euros anuales. El artículo 3 modifica los siguientes artículos de la Ley del IRPF:

– Artículo 20. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo.

– Apartado 3 del artículo 96, que determina el límite por debajo del cual no hay obligación de declarar.

– Disposición adicional 57ª, para la isla de La Palma.

– Disposición adicional 59ª, sobre libertad de amortización en determinados vehículos y en nuevas infraestructuras de recarga.

Impuesto sobre Sociedades.  Artículo 4.

– Se refuerza el incentivo fiscal destinado a promover las inversiones en nuevos vehículos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV o en nuevas instalaciones de recarga, tanto de uso privado como las accesibles al público, de vehículos eléctricos, sustituyendo la hasta ahora vigente amortización acelerada por una amortización libre, siempre que se trate de inversiones nuevas que entren en funcionamiento en los períodos impositivos iniciados en 2024 y 2025. Se posibilita la aplicación de esta libertad de amortización a los contribuyentes del IRPF que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva. D.Ad. 18ª y D. Tr. 43ª.

– Se potencia la reserva de capitalización, incentivo fiscal que promueve la capitalización empresarial mediante el incremento del patrimonio neto, incidiendo en la equiparación en el tratamiento fiscal de la financiación ajena y propia. Artículo 25.

La Palma. Prórroga, durante el ejercicio de 2024, de los beneficios fiscales establecidos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas por el artículo 25 RDley 20/2021, de 5 de octubre,

Retribución del personal al servicio del sector público. Las medidas se encuentran en el capítulo II. Se establece un incremento global máximo del 2 por ciento respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023, con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Recursos de los sistemas de financiación territorial. Ya dentro del capítulo III, ante la ausencia de la Ley de Presupuestos para 2024, el artículo 7 actualiza las entregas a cuenta, mientras que el artículo 8, trata de la revisión cuatrienal del ámbito subjetivo de aplicación de los modelos de participación de las entidades locales en tributos del Estado.

El título II contempla medidas de impulso a la inversión y de apoyo a la industria.

– Crea el Fondo de Impacto Social, F.C.P.J. Tiene como objetivo cubrir retos sociales y medioambientales insuficientemente atendidos por los mercados privados de capitales y generar impacto adicional a través de instrumentos financieros adaptados a la singular realidad de la economía de impacto. El Fondo, de duración indefinida, carece de personalidad jurídica, está adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y se regirá por lo dispuesto en la Ley del Sector Público, el presente RDLey y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que resulten de aplicación. La gestión del Fondo corresponde a la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, SA, S.M.E. (COFIDES), sociedad mercantil estatal con capital público-privado.

– El capítulo II de este título se dedica a medidas de apoyo a los consumidores industriales o sectores intensivos en consumo de gas natural.

El título III incorpora medidas en materia energética. Destacamos:

– Se prorrogan determinadas medidas del sector energético que, de no ser adoptadas, decaerían a 30 de junio de 2024:

— Artículo 20. Extensión temporal de los descuentos del bono social eléctrico.

— Artículo 21. Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.

— Artículo 22. Prórroga de la flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica.

— Artículo 23. Prórroga del apoyo a la industria electrointensiva.

– En el capítulo II se adoptan otras medidas:

— Se modifica la regulación de la tarifa eléctrica de último recurso en relación al consumidor vulnerable. Artículo 24.

— Se modifica la ley del Sector de Hidrocarburos respecto a la tarifa del último recurso. Artículo 25.

– Se establece un mandato a Red Eléctrica de España, como operador del sistema eléctrico, para la puesta en marcha de un sistema de información dinámica de puntos de recarga eléctrico. Artículo 26 y D. Ad. 3ª.

– Se prorroga el programa de ayudas MOVES III, de impulso de la movilidad eléctrica regulado por Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, hasta el 31 de diciembre de 2024.

El título IV se centra en materia de transporte. En concreto, regula la concesión de subvenciones directas a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para ampliación del presupuesto dedicado a la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario,

Y el título V incorpora medidas relacionadas fundamentalmente con la isla de La Palma, especialmente en materia de Seguridad Social y prórroga de expedientes de regulación temporal de empleo. Se completa con la disposición final primera sobre moratorias de préstamos, con o sin hipoteca.

La disposición transitoria única asigna automáticamente la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) a las comunidades de propietarios acogidas temporalmente a esta tarifa conforme a lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre. En estos casos, la obligación de instalar contadores o repartidores de costes de calefacción se amplía hasta el 30 de septiembre de 2024,

La disposición derogatoria deroga expresamente el artículo 43 bis LEC, para que sean los órganos judiciales nacionales los que puedan aplicar directamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fundamentalmente a partir del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto a las cuestiones prejudiciales que se planteen ante ellos.

El presente RDLey entró en vigor el día 28 de junio de 2024.