BOLETÍN DE NOTICIAS NYR NÚMERO 19

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Este es el décimo noveno boletín de noticias (newsletter) que se envía a los usuarios registrados de NyR, con la finalidad de recoger un resumen de los contenidos publicados en el último mes que pudieran tener un especial interés (sólo 8 para no cansar) e incluyen enlaces para acceder a la información completa en la web.
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Una de las normas más controvertidas, discutida y discutible de la presente legislatura, ha sido la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Un buen y aséptico resumen de dicha Ley, que sin duda seguirá creando polémica al girar en torno al llamado “proceso” de Cataluña, lo vamos a encontrar aquí.
Por su facilidad de tramitación y por la cercanía que siempre da un notario frente a la autoridad judicial, las actas notariales para la inmatriculación, para la reanudación del tracto sucesivo y para la registración de excesos de cabida, pese a algunas deficiencias regulatorias, han tenido un notable incremente en su utilización. Y lo mismo el acta de notoriedad complementaria de título público inmatriculador. De ellas es muy importante su fiscalidad y sobre esta espinosa materia el notario Vicente Martorell, en una actualización de un trabajo previo, nos pone al día de forma esquemática y sencilla de sus aspectos tributarios.
Las ventas de viviendas por personas divorciadas son cada día más frecuentes. Algunas pueden plantear dudas sobre posibles derechos que el excónyuge pueda tener sobre las mismas: atenta a estas dudas la DGSJFP en su resolución de 24 de abril de 2024, las soluciona simplificándolas pues determina que el divorciado no tiene que acreditar la existencia del convenio regulador ni hacer manifestación alguna acerca de un posible derecho de uso sobre la vivienda a favor del excónyuge.
Una buena noticia para los Registros a cargo de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles, de cara a las vacaciones estivales, lo es la resolución del DGSJFP de 19 de junio en cuanto amplía los plazos de calificación y despacho para el mes de julio y agosto, aunque dado el eficaz funcionamiento del nuevo eRegistro, quizás su utilización sea muy escasa.
Qué duda cabe que la eliminación de requisitos y trámites previos siempre es una buena noticia para los usuarios de los servicios notariales y registrales. En este sentido, en nota elaborada por Antonio Oliva, se pone de relieve que según varias resoluciones de la DGSJFP, para la práctica de la inscripción en el Registro de la Propiedad de escrituras otorgadas por el representante de la persona afectada por discapacidad –o por éste con asistencia del curador – será suficiente la diligencia por la que se ordena remitir exhorto al Registro Civil para la inscripción del auto sobre la medida de apoyo adoptada.
La institución del trust o fideicomiso del derecho anglosajón, aunque citado en nuestras leyes antiblanqueo, es una figura extraña al derecho patrio. No obstante, con la globalización y la libre circulación de capitales y personas en la UE, cada vez será más usual encontrarla en los despachos notariales y con evidentes repercusiones en el Registro de la Propiedad. Para una visión eminentemente práctica de la figura recomendamos la lectura del opúsculo que publica, incluyendo un modelo de escritura, Alfonso de la Fuente Sancho en su Informe de la Oficina Notarial.
El cumplimiento de las formas procesales da seguridad jurídica. Pero a veces un excesivo formalismo puede tener efectos paralizantes cuando del parcial cumplimiento de ese formalismo no puede derivarse perjuicio alguno. Así lo entendió acertadamente la resolución de la DGSJFP de 25 de abril de 2024 al admitir que, si el requerimiento de pago en una ejecución hipotecaria ha sido personal, es indiferente el lugar en que se haga.
Y para terminar este boletín una noticia de derecho autonómico. Javier Oñate Cuadros notario de San Sebastián, nos trae una interesante sentencia del TSJ del País Vasco, como máximo intérprete del derecho civil vasco, en que fija doctrina legal sobre la naturaleza jurídica de la legítima en dicho territorio.