DISCURSO ENTREGA DE CRUCES DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA VALDECASAS BUTRÓN

(con ocasión de recibir la Cruz de Honor)

 

Palacio de Parcent

18 de abril de 2018

 

Excmo. Sr. Ministro de Justicia, Ilmo. Sr. Director General de los Registros y del Notariado, Ilma. Sra. Decana del Colegio de Registradores, querida familia, queridos compañeros y amigos que hoy nos acompañáis:

No por obligado soy menos sincero si expreso el agradecimiento que llena mi corazón en estos momentos.

Agradecimiento al Ministerio de Justicia, que quizás debiera recuperar, a estos efectos, el nombre que tuvo hasta la segunda República de Ministerio de Gracia y Justicia, agradecimiento al Ministro como Presidente de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Gran Cruz él mismo desde el año 2004, agradecimiento al Director General de los Registros y del Notariado, por su propuesta, agradecimiento al Colegio de Registradores, a su actual Decana y a mi profesión que lo ha hecho posible, agradecimiento también a mi esposa e hijos que siempre han comprendido y me han apoyado en mi tarea y agradecimiento a todos los que hoy nos acompañáis en estos entrañables momentos.

La Orden de San Raimundo de Peñafort se crea por Decreto de 23 de enero de 1944, cuyas primeras palabras de su preámbulo conviene recordar en estos momentos de zozobra y desorientación jurídica. Decía así: “La grandeza de los pueblos se mide tanto por la heroica virtud de sus hijos como por el fulgente esplendor de la Justicia”.

Con ella se trata de enaltecer tanto a las personas como a las profesiones que representan.

Yo por mi parte me declaro plenamente inocente de las causas, efectos y consecuencias de esta distinción. Es mi profesión, que me ocupó 45 años, lo verdaderamente importante. Mi profesión ha sido mi entusiasmo, mi justificación, mi apoyo, mi pasión, mi forma de encarar la vida.

En ella me ha tocado vivir una época jurídicamente fascinante, apasionada y apasionante.

El autor analiza problemas como la avalancha legislativa o las leyes «a medida», la necesidad de unidad legislativa ante la dispersión autonómica y reprocha los vaivenes regulatorios.

Lo primero que siempre me ha llamado la atención y contra lo que creo que debe lucharse es con la  proliferación legislativa.

En nuestro estado autonómico tenemos que digerir cada año casi un millón de páginas de boletines oficiales. Pues bien para un jurista, por bueno y estudioso que sea, es ontológica y físicamente imposible tratar de barajar semejante información.

Y efectivamente se hace mucho derecho pero por desconocimiento muy poco se cumple, pese a la vieja norma de nuestro Código Civil de que “la ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento”. La seguridad jurídica, la justicia, la salud del Estado y de la nación exige poner término a esta avalancha legislativa.

Conviene recordar, aunque ya haya pasado el año de Cervantes, el consejo que por su boca da Don Quijote a Sancho al hacerse cargo del gobierno de la ínsula Barataria: “Querido Sancho: No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen”.

Ya Carl Schmitt calificó el siglo XX como  el siglo de la “legislación motorizada” y no creemos que a ello se le ponga remedio en el siglo actual, tal y como han transcurrido las distintas legislaturas. Este fenómeno, estudiado con detalle por Aurelio Menéndez Menéndez, hace decir a la doctrina que todos los años son años de leyes, aunque últimamente, lo que es de agradecer, estamos teniendo un respiro por la especial composición de nuestro Congreso de los Diputados.

Tenemos que poner fin a esta explosión, a este tsunami legislativo, pero no sólo a la multiplicación, sino también a las dudas que en su aplicación se originan por la defectuosa redacción de muchas normas legales pese al esfuerzo que se hace desde los servicios técnicos de los distintos Ministerios, y en especial del de Justicia, por mejorar, pulir y completar las normas que les llegan de otros Ministerios.

Debemos y tenemos que evitar las leyes hechas a la medida, de las que tenemos muchos ejemplos, incluso en leyes generales, como la Ley Concursal, las leyes para solución de problemas coyunturales que nada más nacidas ya han muerto, las llamadas leyes espectáculo que se dictan cara a la galería mediática y que son difícilmente ejecutables o que crean problemas donde antes no existían, las llamadas por la doctrina leyes venganza en que se trata más de injuriar que de reparar, las leyes sectarias o ideológicas, tremendamente perjudiciales para la sociedad, y que abonan más proliferación legal pues al cambiar el signo del gobierno son sustituidas por otras de  sentido contrario o, para terminar, las leyes placebo que ni siquiera lo son.

Pero pese a esta proliferación, de forma paradójica,  en otras esferas del derecho, echamos de menos normas que contribuirían eficazmente al mejoramiento económico y a la seguridad jurídica.

Me refiero al futuro, Reglamento del Registro Mercantil.

Propugna la publicación de un Reglamento de Bienes Muebles o, mejor, un Código de Garantías Mobiliarias y que acabe de ver la luz un nuevo Reglamento del Registro Mercantil.

Son tantas, tan variadas y tan trascedentes las reformas producidas en el ámbito societario desde su última reforma en el año 1996, que es urgente su publicación. Por citar sólo algunas recuerdo la Ley concursal de 2003, con sus innumerables reformas posteriores que exige el ya un anunciado texto refundido, la ley de sociedades profesionales de 2007, la Ley de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles de 2009, la misma Ley de Sociedades de Capital de 2010, sus posteriores reformas contables, en materia de convocatorias de juntas, de retribución de los administradores, etc, etc. Todo ello creo que hace necesaria su publicación inmediata pues además parece que está prácticamente concluido.

Otra norma que considero necesaria y urgente es promulgar un Reglamento del Registro de Bienes Muebles, aunque lo ideal sería un verdadero Código de Garantías Mobiliarias. Los bienes muebles se están revelando cada vez más como verdaderos motores de la recuperación económica pero lo serían aún más si se tuviera un marco jurídico seguro y adecuado a su verdadera naturaleza que diera garantía a los inversores y a los mismos consumidores.

En cambio sólo alabanzas merece la última Orden del Ministerio de Justicia de 21 de marzo, en la que al hilo de la aprobación de los nuevos modelos de cuentas anuales se introduce un nuevo formulario al amparo de la Directiva (UE) 2015/849 antiblanqueo.

Es el formulario llamado de declaración del titular real. Este formulario no viene a desplazar ni a minimizar la importancia de cualquier otra base de datos de titulares reales existentes en nuestra legislación. Antes al contrario servirá para complementar y para llegar, por medio de la publicidad registral, hasta donde no puedan llegar otras bases de datos en el sentido querido por la futura V Directiva contra el blanqueo de capitales.

No puede ser objeto de crítica, ni debe causar desasosiego a nadie, la existencia de esta nueva base de datos de titulares reales que se creará en los Registros Mercantiles sobre el soporte de los depósitos de cuentas.

Si gracias a estas dos bases de datos, entre las cuales debe establecerse la más sincera, leal y eficiente colaboración, podemos evitar un solo atentado terrorista con su secuela trágica de dolor y sufrimiento, bienvenida sea esta base de datos y bien venidas sean todas las que puedan crearse.

El blanqueo de capitales es una de las actividades que más preocupación causa en el ámbito del derecho de la Unión Europea. No por el blanqueo en sí sino porque el blanqueo nunca es un delito aislado, sino que siempre va a ser la consecuencia de otros delitos como el fraude fiscal, el fraude económico, la corrupción en todos los ámbitos y el narcotráfico y porque siendo efecto de execrables delitos es causa de otros muchos como la misma corrupción o los atentados terroristas.

Por ello todo el esfuerzo que se haga en esta materia nunca será baldío y el legislador español no debe conformarse con lo ya realizado sino que debe seguir profundizando para que la transparencia sea la dueña de nuestras sociedades mercantiles y se puedan tener espejos en los que se reflejen la total titularidad de las mismas. Si así se hiciera la utilización de sociedades de capital como refugio del crimen organizado caería a cotas ínfimas o residuales pues siempre se podría saber quién está detrás de ellas.

Por ello animo también a los dos cuerpos de notarios y registradores, aquí muy bien representados, a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para llegar a una coordinación eficaz de sus bases de datos y no ver la una como enemiga de la otra, sino simplemente como complementarias para la eficaz lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y demás lacras de nuestra sociedad globalizada. 

«Animo a los dos cuerpos de notarios y registradores a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para llegar a una coordinación eficaz de sus bases de datos y no ver la una como enemiga de la otra, sino simplemente como complementarias»

Otro problema que siempre me preocupó es el de la falta de unidad legislativa en España. Y ello pese a la bien intencionada Ley de Unidad de Mercado, para mí una de las más importantes existentes en España, pero que, desde mi punto de vista, no ha tenido la efectividad deseada. No parece que tenga mucho sentido la existencia de una Ley del Suelo estatal y diversas leyes del suelo autonómicas, y tampoco  tiene sentido la existencia de una Ley del Patrimonio de las AAPP estatal y varias leyes autonómicas, por utilizar dos normas con las que nos enfrentamos casi diariamente notarios y registradores. Todas ellas son, en gran parte, copia de la estatal, pero copia, a veces, mal hecha y originadora de problemas. Sería mucho más lógico la remisión autonómica a la ley estatal, limitándose a regular las mínimas especialidades que se puedan dar por razón del territorio en el que deban ser aplicadas y por la especial idiosincrasia de las distintas autonomías.

Quizás con ello se pudiera plantear una limitación temporal del funcionamiento de los Parlamentos Autonómicos. Supondría un ahorro económico y una mayor libertad. Si están abiertos deben justificar su existencia y la forma de hacerlo es incrementando las regulaciones normativas que afectan a las empresas y ciudadanos.

También debemos evitar los vaivenes que se producen en nuestra legislación y en nuestros Tribunales de Justicia al son de lo que pudiéramos llamar lo jurídica o políticamente correcto, que a veces no es más que el intento de imponer el pensamiento único.

Parte de la doctrina, encabezada por el profesor Víctor Bastante, verdadero pionero del estudio de esta materia, señala que hemos pasado del clásico “favor creditoris”, y de forma brusca, al “favor debitoris”; incluso la doctrina que pudiéramos llamar “pro consumidor”. Ello no es sí mismo nocivo, antes al contrario, ya que se trata de una forma de atemperar los abusos de poderosas multinacionales o de poderosas entidades financieras. Pero siempre debemos tener muy presente la buena fe del consumidor, de forma que, tanto legal como judicialmente, se limite a este tipo de deudores y a bienes que sean estrictamente necesarios para evitar la exclusión social como puede ser la vivienda habitual. Y ello además sin perjuicio de la muy interesante posibilidad introducida en nuestra legislación de la segunda oportunidad. En otro caso pudiéramos llegar a un encarecimiento del crédito y como consecuencia de ello a su restricción, y en definitiva a un verdadero desorden y desconcierto jurídico y crediticio que incluso puede poner en peligro la misma economía de mercado con perjuicio para todos, y en especial para los que se pretende proteger que son los más débiles de la sociedad. Ejemplos tenemos de ello en la historia económica de las naciones.

«Hemos pasado del clásico “favor creditoris”, y de forma brusca, al “favor debitoris”…

Por último quiero expresar mis sentimientos por medio de tres palabras que son las de “elogio”, “orgullo” y “nostalgia”.

Elogio como alabanza, enaltecimiento o loa de las instituciones. Elogio del Ministerio de Justicia, de la DGRN, del Colegio de Registradores, elogio en fin de las instituciones gracias a las cuales se mantiene en pie la justicia y el derecho en España.

Orgullo bien entendido como satisfacción de lo propio. Orgullo por ser registradores, o notarios. Orgullo por pertenecer al Ministerio de Justicia, orgullo por participar activamente en lo que se ha venido en llamar seguridad jurídica preventiva, como medio de evitar  pleitos y litigios.

Nostalgia como recuerdo de lo perdido. Pero nostalgia no triste sino alegre pues lo que dejamos permanecerá siempre muy dentro de nosotros en el corazón.

Termino con un verso que forma parte del poema Avanti del poeta argentino  Pedro Bonifacio Palacios, dirigido a todos pero que yo lo dirijo hoy a los juristas y a los políticos ante los problemas a los que se enfrentan diariamente: “No te des por vencido, ni aún vencido, no te sientas esclavo, ni aún esclavo”. El futuro no lo conocemos pero seguro que será mejor.

Muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia y atención.

José Ángel García Valdecasas Butrón.

 

CRUCES DE SAN RAIMUNDO CONCEDIDAS EN DICIEMBRE DE 2017

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