CRÓNICA BREVE DE TRIBUNALES – 30

-oOo-

ÁLVARO JOSÉ MARTÍN MARTÍN,

REGISTRADOR,

De la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia

ÍNDICE:

• Compensación y concurso.
• Responsabilidad tributaria en cascada
• Error judicial: un veredicto de ida y vuelta
• Cómputo de la legítima y usufructo de acciones
• Enlaces

 

1.- COMPENSACIÓN Y CONCURSO

La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 9/2022 de 10 de enero (ECLI: ES:TS:2022:19) confirma las de instancia y apelación, declarando que, si concurren los requisitos de la compensación antes de que se declare el concurso, el acreedor no tiene que pedir que se le incluya en la lista.

Antes de ser declarada en concurso una sociedad mercantil (la llamaremos SOLUCIONES) presentó petición inicial de juicio monitorio contra otra (la llamaremos ANARI) que se opuso alegando compensación. Antes de la oposición SOLUCIONES fue declarada en concurso. Tras la declaración demandó a ANARI en juicio ordinario que se opuso con el mismo argumento. SOLUCIONES contestó que el crédito invocado por ANARI debía haber sido incluido en el informe de la administración concursal como condición para que la compensación pudiera operar, lo que fue rechazado por el Juzgado de Primera Instancia y por la Audiencia Provincial.

El argumento esencial del recurso de casación interpuesto por SOLUCIONES es, según el F.D. CUARTO, haberse apreciado “ la compensación pese a que el crédito que se compensa no está recogido en el informe de la administración concursal y tampoco ha impugnado la demandada la exclusión de su crédito a través del incidente concursal”.

Se rechaza por haber operado la compensación en este caso antes de declararse el concurso:

F.D. QUINTO.

4.-“Hemos declarado (por todas, sentencia 170/2021, de 25 de marzo) que la compensación es una forma de extinción de obligaciones ( art. 1156 del Código Civil) que opera ope legis cuando se dan los presupuestos de los arts. 1195 y 1196 del Código Civil, y con los efectos que establece el art. 1202 del Código Civil.”

7.- “Como hemos declarado en la sentencia 388/2021, de 8 de junio, en principio, la declaración de concurso produce, entre otros efectos, que los créditos frente al deudor común anteriores formen parte de la masa pasiva ( art. 49 de la Ley Concursal), y para su cobro, una vez reconocidos como créditos y clasificados, estén afectados por la solución concursal alcanzada (convenio o liquidación). Estos créditos concursales están sujetos a las reglas de la par condicio creditorum, que impide, en principio y salvo excepciones, su pago al margen del convenio o la liquidación. Por esta razón, el art. 58 de la Ley Concursal prohíbe la compensación de los créditos y deudas del concursado”.

9.- ”……. la compensación oportunamente alegada y cuyos requisitos concurren antes de la declaración de concurso determina que el crédito que se tiene contra el deudor concursado no esté sujeto a las reglas de la par condicio creditorum ni, por tanto, a la solución concursal del convenio o de la liquidación, puesto que, alegada la compensación, su eficacia extintiva del crédito se retrotrae al momento en que concurrieron los requisitos de la compensación, antes la declaración de concurso y consiguiente formación de la masa pasiva.”

Aunque no es cuestión en que la sentencia se detenga, tampoco lo plantearon las partes, de haberse estimado la alegación de precisarse que se dirimiera la cuestión planteada por el trámite del incidente concursal se hubiera abocado a un callejón sin salida procesal, porque el mismo actor que, tras su declaración de concurso, presenta la demanda en el Juzgado de Primera Instancia, lo que es conforme con el art. 52.1 TRLC que, como regla general, no atribuye al juez del concurso la competencia para el ejercicio de las acciones civiles que competen al concursado sino a las que se dirigen contra él, invoca el carácter concursal del crédito que se quiere compensar con el suyo, argumentando que debería sustanciarse la cuestión mediante un incidente concursal del que no puede entender el juzgado en el que presentó la demanda.

Sobre este problema se pronunció la misma sala del Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 315/2021 de 13 mayo. (ECLI:ES:TS:2021:2292) diciendo:

“Lo que no está tan claro es que esta previsión legal [se refiere al art. 58 de la Ley Concursal aplicable por razón temporal] prive a un acreedor de la concursada de poder oponer la excepción de compensación prevista en el art. 408 LEC frente a una demanda de reclamación de un crédito interpuesta contra él por la concursada. El art. 408.1 LEC, aunque conceda a la excepción de compensación un trámite singular, en cierto modo similar a la reconvención en cuanto que permite al demandante oponerse a la compensación, no contiene una norma equivalente a la prevista en el apartado 2 del art. 406 LEC para la reconvención. El art. 406.2 LEC impide la reconvención cuando «el juzgado carezca de competencia objetiva…». De forma que, en un caso como el presente, la demandada no podía formular una reconvención para reclamar el crédito que tenía frente a la concursada, pues para eso era competente el juzgado mercantil que conocía del concurso, pero no existía ningún impedimento para que, a los meros efectos de la compensación, pudiera oponer su crédito frente a la concursada, y para esto sí era competente el juez que conocía de la demanda inicial planteada por la concursada.”

23 de febrero de 2022

 

2.- RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA EN CASCADA

La Sentencia 57/2022 de 25 Ene. 2022 del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, ECLI: ES:TS:2022:259 confirma la de la Sala del Tribunal Superior de Justicia que había anulado la declaración de responsabilidad solidaria del recurrido.

OBJETO

Se reconoce interés objetivo casacional a: «Precisar, aclarar, matizar, revisar o ratificar la doctrina jurisprudencial existente en torno al alcance del artículo 174.5 en relación con el artículo 42.2, ambos de la Ley General Tributaria, no tanto acerca de la posibilidad de impugnar las liquidaciones a las que se extiende la responsabilidad sino de la posibilidad de impugnar una previa declaración de responsabilidad subsidiaria que es presupuesto para la declaración de responsabilidad solidaria por inexistencia de declaración de fallido del deudor principal.

Se identifican, como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación: artículo 175.4 en relación con el artículo 42.2, ambos de la Ley General Tributaria».

INTERESADOS

Hay tres interesados (además de la Administración Tributaria): una mercantil (CLINITEN S.L.) que dejó de ingresar determinadas retenciones, lo que motivó que se le girara la correspondiente liquidación que no pagó; un administrador de la sociedad (Alejandro) contra el que se dictó acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria por no haberse satisfecho la deuda tributaria (art. 43.1 LGT) y el hijo del administrador (Leopoldo), que recibió determinados inmuebles por donación de su padre, lo que obstaculizó que se materializara su realización, siendo declarado responsable solidario, por colaborar en la ocultación o transmisión de bienes ( art. 42.2 LGT).

No se cuestiona la falta de declaración de fallido de la sociedad mercantil, lo que se dice es que el responsable solidario no puede alegarlo para evitar la derivación de responsabilidad.

ABOGACIA DEL ESTADO

Como argumentos en tal sentido recoge la sentencia que la abogacía del Estado sostiene que “declarado responsable solidario el hoy recurrente al amparo del artículo 42.2 LGT, no puede impugnar, por impedirlo el citado 174.5 LGT, la declaración de responsabilidad subsidiaria que origina la deuda que se deriva”………… “Es claro, apostilla, que el responsable tributario del artículo 42.2 LGT, desde la modificación introducida en el artículo 174.5 LGT por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal solamente puede oponerse a la derivación de responsabilidad por faltar el presupuesto de hecho habilitante o por discrepar del alcance global de la responsabilidad”…. “la impugnación no se extiende a las liquidaciones (incluyendo las sanciones) que originan la deuda”……”el artículo 174.5 LGT limita las posibilidades de impugnación del responsable del artículo 42.2 LGT al presupuesto de hecho y al alcance global de la responsabilidad y, por tanto, no pueden impugnarse las liquidaciones”.

RESPONSABLE SUBSIDIARIO

El responsable subsidiario ”Reconoce que dicho precepto [artículo 174.5 LGT] únicamente faculta al responsable solidario a impugnar el presupuesto de hecho habilitante, así como el alcance global de la responsabilidad, pero sostiene que «el presupuesto de hecho habilitante para iniciar el procedimiento de responsabilidad es aquel que habilita, da aptitud o capacidad para iniciarlo. Y dicho presupuesto no puede ser otro que la existencia de la declaración de fallido del deudor principal”…”la inexistencia de la declaración de fallido del deudor principal”…. «debe dar lugar a la nulidad del procedimiento de recaudación”…”ya que la nulidad de pleno derecho, únicamente, necesita ser declarada y produce sus efectos ex origine, frente a todos los contribuyentes”.

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

Importancia de la declaración de fallido del obligado tributario como presupuesto de la derivación contra el responsable subsidiario y de la declaración de fallido contra el responsable subsidiario como presupuesto de la derivación contra el responsable solidario por haber adquirido los bienes de éste.

“El artículo 41.5 de la Ley General Tributaria establece que «la derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal», y el 176 dispone que «una vez declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable subsidiario».

“La declaración de fallido es un presupuesto insoslayable para la declaración de responsabilidad del responsable subsidiario. Naturalmente, tal declaración ha de notificarse al interesado. No se notifica, sin embargo, al responsable subsidiario, siquiera sea porque en el momento de la declaración de fallido no tiene por qué saberse si existe o no tal responsable y, por tanto, tampoco quien será. Ahora bien, que tal notificación no se produzca no significa que la misma no deba formar parte del expediente, al contrario, la administración debe poner a disposición del responsable subsidiario los documentos en los que se reflejan los datos y circunstancias que condujeron a la Administración a tal declaración y, asimismo, deben constar en el expediente relativo a la derivación de responsabilidad frente al responsable solidario. Por tanto, en el procedimiento dirigido frente a este último, deben estar los documentos que acreditan el presupuesto habilitante que permitieron iniciar dicha derivación frente al Sr. Alejandro, esto es, la declaración de fallido”.

“Ese carácter preceptivo previo a la declaración de responsabilidad tributaria no se ha discutido, como tampoco se ha argumentado -y, probado- sobre su existencia, de ahí que la sentencia recurrida haya estimado el recurso interpuesto, teniendo presente nuestra sentencia de 18 de enero de 2013 (casación 4959/2010), «unido al reconocimiento, siquiera implícito, de que no hubo en el presente supuesto la necesaria declaración de fallido del deudor principal».

“La inexistencia de la declaración de fallido es decisiva, de tal manera que el Sr. Alejandro [padre donante] no estaría obligado al pago, dado que se habría producido una irregularidad esencial a la hora de declararle responsable subsidiario, y si él no estaba obligado al pago, tampoco puede estarlo, en este caso, como responsable solidario, el Sr. Leopoldo [hijo donatario], aunque hubiera quedado firme para el Sr. Alejandro la declaración de responsabilidad subsidiaria”.

Justificación de la responsabilidad solidaria.

“Los bienes y derechos que se sustraen a la acción de Hacienda no son los de la sociedad CLINITEN S.L. sino los del Sr. Alejandro. La razón de ser del artículo 42.2 a) LGT es impedir la despatrimonialización o distracción de bienes del obligado al pago, en este caso, el Sr. Alejandro , en la medida en que la misma frustra la recaudación de la deuda pendiente por parte de la Administración tributaria”.

“En nuestra sentencia de 10 de julio 2019, rec. cas. 4540/2017, hemos declarado que los referentes de los deudores solidarios del artículo 42.2 LGT, no son los deudores principales, sino los bienes o derechos sustraídos a la garantía patrimonial que se podría haber hecho efectiva mediante la acción de embargo o enajenación de la Hacienda Pública”.

“De ahí, por ello, que el art. 42.2 LGT evite en todo momento situar a estos responsables solidarios «junto al deudor principal» posicionándolos, siempre, por su relación con los bienes susceptibles de embargo «del obligado al pago», ya sea éste un «deudor principal» del art. 35.2 LGT, ya, como en este caso, un responsable subsidiario”.

Doctrina.

“Por todas las razones expuestas, fijamos la siguiente doctrina: En supuestos de responsabilidad tributaria «en cadena», la derivación de la responsabilidad subsidiaria constituye un «presupuesto de hecho habilitante» de la subsiguiente derivación de responsabilidad solidaria a los efectos de que el declarado responsable por alguna de las circunstancias previstas en apartado 2 del artículo 42 LGT pueda impugnar el acto de derivación de su responsabilidad con fundamento en la improcedencia de la previa derivación de responsabilidad subsidiaria respecto de un tercero, por inexistencia de declaración de fallido del deudor principal”.

COMENTARIO

La Ley General Tributaria concede a la Administración medios excepcionales de garantía del cobro de las deudas derivadas de la aplicación de los impuestos. Con esa finalidad se regula un procedimiento de apremio fiscal que se tramita íntegramente ante los órganos administrativos, incluso se permite (art. 81 LGT) que, si se advierte el peligro de que pueda frustrarse la ejecución de las resoluciones que se puedan dictar, se pueda acordar el embargo preventivo o la prohibición de disponer de bienes del obligado.

Cuando, a pesar de todo, se produce un impago de la deuda tributaria y la ejecución administrativa se encuentra con la imposibilidad de trabar bienes del deudor por haberse desprendido de los que tenía, la misma Ley habilita como solución el mecanismo de la declaración de responsabilidad solidaria de quien recibió los bienes.

Se trata de una responsabilidad que tiene perfiles propios dentro de la LGT, que la consagra en el art. 42.2, porque es solidaria, cuando la regla general es que sea subsidiaria (art. 41.2); porque tiene el límite del importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria y porque tiene causas tasadas de impugnación, dado que el art. 174.5 LGT dice que “en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley no podrán impugnarse las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sino el alcance global de la responsabilidad…”.

La sentencia que comento precisa el alcance de esta limitación y, pese a las alegaciones de la abogacía del Estado y del tenor literal del art. 174.5 transcrito, declara que no puede haber derivación de responsabilidad solidaria contra el colaborador en la transmisión de los bienes sin previa declaración de fallido del deudor, sea obligado principal o subsidiario, que ha eludido de esa forma el pago de la deuda. De hecho, en el caso enjuiciado, lo que faltó, según se desprende de los antecedentes que recoge la sentencia, fue la declaración de fallido de CLINITEN S.L. sin la que no se podía declarar la subsidiaria de Don Alejandro que, a su vez, determina la solidaria de Don Leopoldo.

25 de febrero de 2022

 

3.- ERROR JUDICIAL: UN VEREDICTO DE IDA Y VUELTA

La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 36/2022, de 24 de enero, ECLI:ES:TS:2022:200 rechaza la existencia de un error judicial indemnizable.

El Juzgado de Primera Instancia tramitó un juicio verbal promovido contra una compañía de seguros por el perjudicado en un accidente de circulación ocurrido a las 15,30 horas del mismo día en el que el causante del accidente suscribe la póliza.

Obra en autos comunicación del Consorcio de Compensación de Seguros que acredita que el día del accidente estaba vigente la póliza, pero la aseguradora se opone porque quedó grabada (se entiende que se trata de una suscripción telefónica) a las 20,12 horas de ese día, así que no estaba vigente cuando se produjo el siniestro, lo que acredita mediante la aportación a los autos del documento correspondiente.

Condena a la aseguradora.

La sentencia condena al pago de 2.706,24 euros, más intereses a la aseguradora, al considerar que no se había acreditado la hora de suscripción porque, pese a anunciarlo, no aportó la póliza suscrita a las actuaciones. Como realmente se había aportado la póliza del seguro, pero contra esa sentencia no cabe apelación por tratarse de un juicio verbal y ser el principal inferior a 3.000 euros (art. 455.1 LEC), la compañía presenta un escrito de aclaración, subsanación, rectificación y complemento, pidiendo, en definitiva, una rectificación en toda regla, lo que se contesta por el Juzgado dictando un auto contra el que no cabe recurso que desestima la petición al no haberse aportado el documento de marras.

Absolución de la aseguradora

A pesar de ello la aseguradora insiste en que obraba en autos la póliza solicitando nuevamente que se rectifique tanto el auto como la sentencia y que se desestime la demanda contra ella.

Comprobado que efectivamente estaba en los autos un archivo zip que contenía la póliza y acreditaba la hora de suscripción, el mismo juzgado dicta un nuevo auto en el que modifica el fallo de la sentencia, con absolución de la referida compañía.

Condena a la aseguradora

Entonces es el perjudicado el que recurre pidiendo la nulidad de actuaciones, incidente que es estimado por el mismo Juzgado, aunque con distinto titular, mediante un nuevo auto que declara que la resolución impugnada había sobrepasado los límites de la aclaración y subsanación postuladas, al proceder a una nueva valoración probatoria, lo que supone una flagrante vulneración de los arts. 214 y 215 de la LEC, con indefensión para el actor, por lo que decreta la nulidad de pleno derecho de cualquier resolución procesal que se oponga a la sentencia inicial y al auto que la confirmó, quedando sin efecto el que rectificó ambas.

La aseguradora formula un nuevo incidente de nulidad de esta última resolución que no es admitida a trámite por lo que queda firme.

Demanda de responsabilidad del Estado por error judicial

Es entonces cuando la aseguradora presenta demanda solicitando que el Estado le reembolse la cantidad que ha debido satisfacer al perjudicado por el accidente sobre la base de existir un error judicial al haber sido condenada sobre la base de un presupuesto equivocado, que era la falta de aportación a los autos de la póliza del seguro.

El Tribunal Supremo, que conoce de estos asuntos en única instancia, declara plenamente conforme a derecho la anulación del auto que rectificó la sentencia inicial y rechaza que se deba indemnizar a la aseguradora por no haber agotado la vía judicial ordinaria antes de demandar por error judicial:

No se equivocó el JPI que dejó sin efecto el auto de rectificación y mantuvo la sentencia inicial.

«Los arts. 267 LOPJ y 214 LEC prevén la aclaración y rectificación de las resoluciones judiciales, y la aclaración debemos recordar que no alcanza en ningún caso a la invariabilidad de la resolución y no constituye un verdadero recurso, resultando ser una facultad de corrección de errores materiales cometidos en la redacción del fallo o parte dispositiva, apreciándose como correcciones admisibles, la aclaración de conceptos oscuros, la adición de algún pronunciamiento omitido sobre los puntos litigiosos, la subsanación de errores materiales manifiestos, y errores de cuenta que se deduzcan de los datos aritméticos que sean su fundamento y la modificación de pronunciamiento que deban reputarse erróneos por ser contrarios a la fundamentación de la resolución, respetando siempre el principio de intangibilidad, que integra el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado por el art. 24 CE, siendo, en todo caso, una vía inadecuada para anular y sustituir una resolución judicial por otra de signo contrario ( SSTC 352/1993, 380/1993 y 180/1997 y SSTS de 5 de marzo de 1991, 9de enero de 1992, 2 de junio de 2993 y 19 de febrero de 1999)».

“Pues bien, el error denunciado no resulta del propio texto de la sentencia de 30 de octubre de 2018, qué guarda plena coherencia entre lo razonado y resuelto, sin que exista, por lo tanto, discordancia explícita entre su fundamentación y su parte dispositiva, sino que deriva de la circunstancia de no haber ponderado un documento aportado a las actuaciones, como nº 6 de la contestación de la demanda por parte de Allianz, en el que se puede leer, en certificación librada por una apoderada de la compañía: «Que consultados los archivos informáticos de esta entidad, el vehículo matrícula …. BGM consta como asegurado en esta entidad desde el 22/01/2016 a las 20:12 h con nº de póliza NUM000 «.

Documento que efectivamente obraba en autos, pero que requería la correspondiente valoración judicial, como elemento de convicción en esa apreciación conjunta de la prueba, que impone el art. 218 LEC. En este caso, exigiría determinar su conexión con el certificado del Consorcio de Compensación de Seguros, que proclama la existencia de cobertura el día del accidente, el crédito que merece la unilateral certificación de la aseguradora y si la grabación de la hora de vigencia coincide con la real de la suscripción del contrato, así como el valor probatorio del parte amistoso de accidente en donde aparece el día 25 corregido y el parte médico aportado por el demandante”.

Por tanto, acertó el JPI que intervino en último lugar y reconoció plena vigencia a la sentencia inicial, por muy equivocada que estuviera.

Inadecuación del procedimiento seguido para que se rectificara el error de la sentencia con lo que se incumple el requisito previsto para demandar por error judicial

No niega el Tribunal Supremo que hubiera un error en la sentencia, pero entiende que, en vez de la aclaración y reforma solicitada, la aseguradora debería haber promovido un incidente de nulidad de actuaciones.

“(…) para la admisión del procedimiento promovido es preciso que se cumpla el requisito previsto en la letra f) del art. 293 LOPJ, conforme al cual «[…] no procederá la declaración de error contra la resolución judicial la que se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento«.

“En un supuesto, como el presente, en que el error judicial denunciado se habría cometido en una sentencia contra la que no cabe recurso alguno, hemos venido entendiendo, en sentencia 281/2016, de 29 de abril, que antes de la demanda de error judicial debía haberse agotado la vía judicial previa mediante el incidente de nulidad de actuaciones”…. “aunque no sea propiamente un recurso, es un mecanismo de singular idoneidad que no cabe omitir, aunque dentro de su ámbito o alcance, en la previsión del art. 293.1.f) LOPJ.”……”Como recuerda la Sentencia nº 830/2013, de 14 de enero de 2014, «esta exigencia se explica por la necesidad de agotar todos los medios que permiten que se dicte una sentencia ajustada a derecho antes de acudir a un remedio excepcional y subsidiario como es el de la declaración de error judicial, que no permite que el justiciable obtenga la sentencia correcta y vea satisfecho su derecho con cargo a quien debe serlo, la parte contraria en el litigio, sino que constituye un requisito para que dicho justiciable reclame una indemnización con cargo a las arcas públicas […]»».

Podría decirse de esta sentencia que da la razón a los abogados que advierten al cliente de que nunca se puede garantizar el resultado de un pleito. En este caso, obviamente extremo, el mismo Juzgado en el mismo pleito ha dicho una cosa, la contraria y vuelto la decir la primera (recuerda aquel viejo chiste del Rolex, que tenía días).

En mi opinión entender que, al no caber recurso contra la sentencia, la compañía de seguros debía haber promovido inexcusablemente antes de demandar la responsabilidad derivada del error judicial, un incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 228 LEC que no deja de ser excepcional, es excesivo en este caso. Una cosa es que la sentencia estuviera equivocada; otra muy distinta que contuviera una lesión de derechos constitucionales reconocidos en el art. 53.2 C.E., que es el presupuesto previsto en dicho artículo de la Ley Procesal Civil. Si cada vez que una sentencia firme se equivoca al enumerar los documentos aportados por las partes hubiera lugar a un incidente de nulidad, los pleitos no acabarían nunca.

Si se me permite la irreverencia parece que aquí la Sala opta por agarrarse a un clavo ardiendo para no pagar a la compañía de seguros. Alguno pensará que la obliga a probar su propia medicina.

1 de marzo de 2022

 

4.- COMPUTO DE LEGÍTIMA Y USUFRUCTO DE ACCIONES

La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 184/2022, de 3 de marzo (ECLI ECLI:ES:TS:2022:941) confirma la de la Audiencia respecto de las cuestiones planteadas, que son varias.

Se trata de un caso, relativamente frecuente, en que el viudo contrae segundo matrimonio dejando al fallecer hijos del primero que concurren con la segunda esposa. Lo que sucede es que en este caso se trata de una herencia de veinte millones de euros de valor declarado.

El último testamento, porque el causante fue otorgando varios ajustando sus disposiciones en función de lo que debería recibir el cónyuge, dispuso a su a favor:

Un primer legado de usufructo de inmuebles con cargo al usufructo vidual recayente sobre el tercio de mejora y si lo superare, con cargo al tercio de libre disposición “excluyendo el usufructo del resto de sus bienes”.

Un segundo legado consistente en el pleno dominio de los activos que tuviera en un conocido banco.

Y en el remanente de todos sus bienes derechos y acciones, instituye herederos universales, por partes iguales, a sus tres hijos, que deberían computar y colacionar las donaciones que les había hecho, incluso las encubiertas como compraventas.

El fallecimiento tuvo lugar en 2009, la viuda demandó a los hijos en juicio de división judicial de herencia en 2011, los herederos entregaron los legados en 2015 y los contadores presentaron un proyecto de partición que fue contestado por las dos partes en 2016. El Juzgado dictó una sentencia en 2017 que no satisfizo a nadie, apelando todos a la Audiencia que estimó en parte el recurso de los hijos en 2018, por lo que la viuda acude al Tribunal Supremo que rechaza en su sentencia los vicios procesales que se imputaban a la sentencia apelada y entra en los motivos de casación, que son varios.

El legado al cónyuge se acumula o se incluye en la cuota usufructuaria según la intención del testador.

F.D. QUINTO.

“Es evidente que el testador, si quiere, puede dejar a su cónyuge, además de la cuota usufructuaria, la plena propiedad del tercio de libre disposición. En tal caso, el viudo tiene derecho a lo dejado en legado y, además, a la cuota. La jurisprudencia que se ha ocupado en supuestos de atribución de legados al cónyuge viudo acerca de si debían imputarse a cuenta de su cuota legal usufructuaria o bien si debían acumularse, ha ahondado en todos los casos en la intención del testador (sentencias de 21 de febrero de 1900, de 3 de junio de 1947 y 540/2008, de 12 de junio)……. lo que pretende la recurrente es que se declare que, además de los dos legados ordenados por el testador, tiene derecho al complemento de lo que falte para cubrir la cuota vidual en lo que no ha quedado cubierta por el primer legado, a pesar de que sí queda cubierta con el segundo legado que hizo el testador.”

F.D. SÉPTIMO.

“…no resulta del testamento que el testador quisiera que la viuda recibiera más bienes de los que le lega. El testador, de una parte, lega a su esposa el usufructo sobre unos inmuebles, legado que considera suficiente para pagar la legítima, y de ahí que prevea que si excede de tal cuota se impute al tercio libre, al que además imputa el legado de plazos fijos, cuentas, acciones y valores que también lega a su esposa. Por ello mismo, si finalmente lo adjudicado para pagar la legítima no resulta suficiente para cubrirla, los demás bienes atribuidos a la viuda deben ser asignados a esa cuota, de modo que si de esta forma se cubre la legítima de la viuda no ha lugar a su complemento”.

Momento a que ha de referirse la valoración de los bienes en función de la disposición testamentaria.

F.D. OCTAVO.

“Los dos motivos terminan afirmando que la sentencia recurrida, al estimar que a efectos del cálculo de la legítima deben valorarse los bienes en el momento del fallecimiento del causante (el 29 de septiembre de 2009) y no en el momento de la partición (2016-2017) debe ser casada”

F.D. DÉCIMO.

“ En el caso, la Audiencia, partiendo de que la legítima de la viuda se satisface por voluntad del causante mediante legados de cosas ciertas y determinadas del testador (el usufructo de unos inmuebles y la plena propiedad de fondos, acciones y valores) y de que, por tanto, su legítima quedó individualizada en el momento de la muerte del causante, entiende que no procede la valoración de los bienes en el momento de la partición sino exclusivamente en el momento del fallecimiento.

Esta sala considera que esta interpretación es correcta y debe ser mantenida”

“Con todo, se ha discutido cuál es el momento de valoración de la masa patrimonial que debe tenerse en cuenta para calcular la legítima”.

“En primer lugar, la tesis de que debe estarse al valor de los bienes en el momento de la muerte del causante………. En segundo lugar, la tesis de que debe estarse al momento en que se procede a calcular y fijar el valor de la legítima…. Finalmente, de forma más matizada, y a juicio de esta sala acertadamente, se ha señalado la necesidad de atender al título utilizado por el causante para satisfacer la legítima”.

“si la legítima se satisface por un legado (de cosa cierta, incluido dinero hereditario), una donación o una asignación particional hecha por el testador, tiene lugar una individualización de riesgos con independencia de la masa común. Los beneficios o los riesgos de la cosa legada, donada o adjudicada por el causante son a beneficio o cargo exclusivamente del legatario, del donatario y del adjudicatario, por lo que el cálculo deberá hacerse partiendo del valor que los bienes relictos al tiempo del fallecimiento (y las donaciones si las hubiere, valoradas también en el momento de la muerte del causante)”

“Cuando el derecho de los legitimarios viene referido a una cuota (a título de institución de heredero, legado de parte alícuota)…. a la hora de partir y materializar la cuota de los legitimarios que sean partícipes de la comunidad hereditaria, y como regla propia de la partición, cuando habrá de estarse a la valoración de los bienes en ese momento, pues los aumentos o disminuciones patrimoniales posteriores a la muerte del causante de los bienes que se han de partir sí son riesgos de la comunidad y de sus partícipes”

“En el caso que juzgamos, como bien advierte la Audiencia, por voluntad del testador, la legítima de la viuda se satisface y queda cubierta con los legados de cosas ciertas y determinadas. En el momento de la apertura de la sucesión, en el momento de la muerte del causante, la legítima de la viuda quedó individualizada en bienes y derechos determinados, de forma que la viuda no es partícipe de la comunidad hereditaria: individualizada la legítima en bienes determinados por voluntad del causante es el momento de la apertura de la sucesión el decisivo para comprobar si con los bienes legados, que no entran a formar parte de la comunidad hereditaria, se cubren los derechos legitimarios…..”

Inclusión en el inventario de los derechos derivados de la falta de reparto de dividendos de acciones de que el causante era usufructuario.

F.D. DECIMOTERCERO.

“En el presente caso, lo que pretende la demandante es que se incluya en el activo de la herencia el crédito que correspondería al usufructuario contra los nudo propietarios de conformidad con lo dispuesto en el art. 128 LSC. Sucede sin embargo que, extinguido el usufructo por fallecimiento del causante usufructuario ( art. 513 CC) y producida la apertura de la sucesión, tal crédito correspondería a los herederos, que coincide que en el presente caso son al mismo tiempo los nudo propietarios. La viuda, tal y como hemos venido reiterando en esta sentencia, es legataria de otros bienes concretos y determinados del causante, y con esos legados ha visto satisfecha su legítima. Sus intereses como legitimaria, por lo que se refiere al cálculo de la legítima han quedado garantizados por lo que aquí interesa por la valoración de las acciones donadas a los hijos y que se han computado en el donatum atendiendo al momento del fallecimiento del causante, de modo que en esa valoración ya se ha tenido en cuenta el incremento de valor de las acciones como consecuencia de las reservas”.

Dice el refrán que donde no hay harina todo es mohína. A veces, aunque haya mucha, tampoco se consigue la felicidad que para el común de los mortales supone no andar enredado en pleitos familiares. Trece años lleva ésta y no sería de extrañar que queden flecos pendientes.

8 de abril de 2022

Álvaro José Martín Martín

Registrador Mercantil de Murcia

 

ENLACES:

IR AL ÍNDICE GENERAL DE TODAS LAS SENTENCIAS TRATADAS EN CRÓNICA BREVE DE TRIBUNALES

• Enlaces a algunas sentencias de interés
• Etiqueta Álvaro José Martín Martín
• Nuevo Libro: Manual de buenas prácticas concursales y registrales
• Gobierno Corporativo y calificación registral
• Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia

RECURSOS EN ESTA WEB SOBRE:  NORMAS   –   RESOLUCIONES

OTROS RECURSOS:  Secciones – Participa – Cuadros – Práctica – Modelos – Utilidades

WEB: Qué ofrecemos – NyR, página de inicio – Ideario Web

SECCIÓN JURISPRUDENCIA

SECCIÓN PRÁCTICA

PORTADA DE LA WEB