SOCIEDAD

Concurrencia en una persona de representación orgánica y por poder

Concurrencia en una persona de representación orgánica y por poder.- El poder conferido por el Administrador a sí mismo, cumpliendo un acuerdo de la Junta General, que incluye una serie de actos comprendidos claramente dentro de las facultades representativas que por su calidad de Administrador le corresponden, ni es necesario por redundante ni debe acceder al Registro Mercantil.

24 junio 1993

Concurrencia en una persona de representación orgánica y por poder.- El origen de este recurso está en el nombramiento, hecho por la Administradora única de una sociedad, de apoderados solidarios en favor de cuatro personas y de ella misma. Después de destacar la distinta naturaleza de la representación orgánica y por apoderado -mediante la primera, que es necesaria, quien actúa es la propia sociedad; en la segunda, de carácter voluntario, el órgano de administración designa a otra persona, que debe someterse a lo estipulado en el acto de otorgamiento del poder-, la Dirección admite, en tesis de principio, la posibilidad de que en una misma persona puedan confluir las condiciones de administrador y apoderado. No obstante, las circunstancias de este caso concreto hacen que deba confirmarse la calificación denegatoria de la Registradora, pues sería ilusoria tanto la posibilidad de revocación del poder conferido como la exigencia de responsabilidad al apoderado; por otra parte, carece de fundamento que quien ostenta el cargo de Administrador único, investido con las más amplias facultades representativas, se atribuya a sí mismo, mediante poder, unas facultades que ya tiene; finalmente, en el supuesto de cese del Administrador, no tendría justificación que por su sola voluntad pueda seguir como apoderado, pues incluso en el caso de destitución del Administrador, subsistiría el poder mientras no fuese revocado por el nuevo Administrador.

24 noviembre 1998

Concurrencia en una persona de representación orgánica y por poder.- Rechazada la inscripción de un poder que el Administrador de una sociedad se concedió a sí mismo, incluyendo la autocontratación, la Dirección General confirma la calificación reiterando su propia doctrina. De un lado, porque carece de interés la posibilidad de atribuir a la misma persona, por vía de apoderamiento voluntario, facultades que por razón de su cargo ya ostentaba; el argumento del recurrente de necesitar un documento que acredite la representación y que no contenga información ajena a aquella facultad, o que pueda sufrir el riesgo de deterioro o extravío, se rechaza, porque tales inconvenientes se pueden suplir con una copia parcial o un testimonio, también parcial, de la escritura de constitución, o mediante una certificación del Registro Mercantil. De otro lado, porque la revocabilidad del poder es ilusoria mientras el propio apoderado siga ejerciendo el cargo que le facultaría para privarse de las facultades autoatribuídas, por la difícil exigencia de responsabilidad que al administrador correspondería frente a la actuación del apoderado, por el presunto fraude que supondría derivar la responsabilidad del cargo de administrador a la más diluida de apoderado y, finalmente, porque mediante la facultad de autocontratación se estaría atribuyendo unas facultades de las que carecería en su condición de administrador.

27 febrero 2003