ENTREVISTA AL MINISTRO DE JUSTICIA (e.f.)

 

Introducción:

La actividad del Ministerio de Justicia durante los últimos tiempos ha sido de una gran intensidad.

Tenemos el honor de repasar hoy con el ministro de Justicia don Rafael Català Polo los hitos fundamentales de esta actividad y su proyección hacia el futuro, agradeciéndole la concesión de esta entrevista para su publicación en www.notariosyregistradores.com y en www.registradoresdemadrid.org.

Breve biografía:

Rafael Catalá Polo tiene 54 años, está casado y es padre de dos hijos.

Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en 1983, ingresando por oposición, dos años después, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Durante su carrera administrativa ejerció los puestos de Subdirector General de Ordenación y Política de Recursos Humanos en el Ministerio de Sanidad y Consumo (1988-1992). En 1992 se incorpora a AENA, Organismo en el que ejerce como Director de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos, entre otros cargos.

Tras la victoria electoral del Partido Popular en 1996, fue nombrado Director General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas; en enero de 1999, Director General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Cultura; entre mayo de 2000 y julio de 2002 fue Subsecretario del Ministerio de Hacienda. Y, entre los años 2002 y 2004, Secretario de Estado de Justicia en el Departamento que dirigía José María Michavila.

Tras las elecciones generales de 2004 se ocupó de la gerencia del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Además, desde 2005 fue director del máster de Administración Pública de Esade y miembro del Consejo Social de la UNED.

El 23 de diciembre de 2011 el Consejo de Ministros lo nombró Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento.

Y, finalmente, tras la dimisión presentada por Alberto Ruiz-Gallardón, el 29 de setiembre de 2014, tomó posesión del cargo como ministro de Justicia y, consecuentemente, como notario mayor del Reino.

 

Jurisdicción Voluntaria: No descartamos que se vayan incrementando los nuevos expedientes atribuidos a los operadores jurídicos como consecuencia de la desjudicialización, por ejemplo en el ámbito del Registro civil.

 

Preguntas:

1ª.- Durante el año 2015 se publicaron diversas disposiciones con el objetivo común de tratar de conseguir una justicia sin papel, como la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Decreto de Consignaciones o el Decreto que desarrolla las comunicaciones electrónicas y el sistema LexNET.

¿Cuál está siendo la efectividad práctica de las medidas y qué obstáculos quedan por superar?

Respuesta:

                La modernización de la Justicia es un objetivo primordial para el Ministerio de Justicia. La aplicación de las nuevas tecnologías supone siempre una mejora en el servicio público al ciudadano en todos los ámbitos de la Administración y así debe ser también en la Administración de Justicia. En la última legislatura hemos querido dar un impulso definitivo con diversas normas como las citadas, o también la Ley 19/2015 que incluye las subastas electrónicas. En el momento actual se están implantando paulatinamente las diferentes medidas adoptadas, estando pendiente la mejora de ciertos aspectos técnicos y conseguir la adaptación total de todos los operadores. Hay que elogiar el esfuerzo que se está haciendo por todos los implicados considerando la entidad que tienen los cambios en la manera diaria de trabajar. Las dificultades iniciales que siempre conlleva todo proceso de implantación de nuevas tecnologías no puede hacer perder de vista el importante objetivo que supone una Justicia más moderna, más ágil y rápida para los ciudadanos y para todos los operadores jurídicos que se relacionan con ella.

 

2ª.- La Ley 13/2015, de 24 de junio, está permitiendo, entre otros cometidos, inscribir las representaciones gráficas en el registro de la propiedad. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales ventajas que proporciona la nueva Ley y cómo se podrían minorar algunos inconvenientes detectados derivados de su compleja aplicación práctica y de la carga que puede suponer en ocasiones para el usuario la obtención de la información gráfica requerida?

Respuesta:

                Se trata de una ley muy ambiciosa en sus objetivos ya que trata de implantar paulatinamente la coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad, objetivo que históricamente se ha perseguido con diversas normas ya desde principios del siglo XX. Esta coordinación se favorece con la interconexión e interoperabilidad de ambas bases de datos y la unificación de la base de representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral. Y todo ello mejorando, además, la seguridad jurídica al dotar a las representaciones gráficas de los inmuebles, una vez inscritas en el Registro de la Propiedad, de los efectos jurídicos que le son propios: la legitimación registral del artículo 38 de la Ley Hipotecaria.

                El cambio operado por la Ley es de tal relevancia que ha supuesto que todas las instituciones implicadas, Ministerio de Justicia, Catastro, Notariado y Registradores, estén haciendo esfuerzos importantes en la implantación de los elementos tecnológicos necesarios para hacer efectiva la aplicación de todas las previsiones de la Ley, cumpliéndose hasta el momento todos los plazos legales. En tanto se culmina este proceso de implantación tecnológica, la Dirección General de Registros y del Notariado está proporcionando los criterios adecuados para la interpretación de la Ley dando pautas para su efectiva aplicación desde el mismo momento de su entrada en vigor, sin que se incrementen las cargas al ciudadano. Más bien, al contrario, una vez en pleno funcionamiento las plataformas tecnológicas, el intercambio de información se realizará a través de la coordinación entre instituciones, sin trasladar la carga al usuario.

                Además deben destacarse los beneficios que suponen la desjudicialización de algunos procedimientos registrales: inmatriculación, deslindes, liberación de cargas, reanudación tracto, doble inmatriculación. Con ello se ahorran considerablemente los tiempos y costes, al ser tramitados directamente por notarios y registradores procedimientos muy cotidianos como rectificaciones de superficie o inmatriculaciones son mucho más ágiles que con la anterior normativa. Supone aprovechar la planta y distribución territorial de las notarías y registros que, en conjunto, es más numerosa y extendida que la de los juzgados, por lo que se aumenta la cercanía física al ciudadano. Además la coordinación gráfica ayudará a defender el dominio público y el medio ambiente de potenciales agresiones.

Ley 13/2015: En tanto se culmina este proceso de implantación tecnológica, la Dirección General de Registros y del Notariado está proporcionando los criterios adecuados para la interpretación de la Ley dando pautas para su efectiva aplicación desde el mismo momento de su entrada en vigor, sin que se incrementen las cargas al ciudadano.

 

3ª.- ¿La Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, está teniendo en la práctica el efecto esperado? ¿Se puede avanzar más por este camino, con nuevos expedientes?

Respuesta:

                Abordar la reforma de la Jurisdicción Voluntaria era una asignatura pendiente desde el año 2000, en el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la que ya entonces se encomendaba al Gobierno la elaboración de un Proyecto. La regulación anterior quedó obsoleta en muchos casos y resultaba en ocasiones poco armónica con las instituciones orgánicas y procesales vigentes. Con la nueva Ley se introduce la desjudicialización y redistribución del conocimiento de determinadas materias de procedimientos civiles a otros operadores: letrados de la Administración de Justicia, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, compartiendo con carácter general la competencia para su conocimiento con Jueces y Magistrados. Todo ello redunda en una optimización de los recursos públicos disponibles, tanto  personales como materiales y en la descarga de trabajo a los órganos judiciales. Además al haberse acudido al criterio de alternatividad entre los diversos operadores jurídicos, no puede sino redundar en una mayor agilidad en la resolución de los problemas con abaratamiento de costes. No descartamos que se vayan incrementando los nuevos expedientes atribuidos a los operadores jurídicos como consecuencia de la desjudicialización, por ejemplo en el ámbito del Registro civil.

 

Registro Civil: En el momento actual está abierto el planteamiento de cualquier tipo de alternativas en cuanto a los profesionales que deberán llevar el Registro Civil, pero en todo caso a través del diálogo, el consenso y la participación de todos los profesionales afectados.

4ª.- La Ley del Registro Civil de 2011, muy avanzada y consensuada en su origen, pero de difícil ejecución, ha tenido varias prórrogas para su entrada en vigor. ¿En qué se ha avanzado durante su mandato y qué queda por hacer?

Respuesta:

                Desde mi llegada al Ministerio se ha trabajado sin descanso para conseguir la entrada en vigor con éxito de la Ley del Registro Civil de 2011 y mejorar la gestión del Registro Civil para conseguir un servicio público de calidad, gratuito y cercano a los ciudadanos. Se han dado pasos importantes en la modernización del Registro Civil. Así, se puede destacar la entrada en vigor de la Ley 19/2015 y la implantación con notable éxito de la medida de CORA de comunicación de nacimientos desde centros sanitarios, que ha merecido el premio ASLAN al mejor proyecto de tramitación electrónica de la Administración Pública; o el nuevo procedimiento para la concesión de la nacionalidad española por residencia, también de tramitación telemática. Nota: hoy 12 de mayo publica el BOE una Orden de desarrollo.

                La intención del Ministerio de Justicia es continuar con el proceso de reformas iniciado, que incide en la desjudicialización de los registros prevista en la Ley, así como la informatización y digitalización integral del Registro Civil, horizontal (entre Administraciones) y vertical (Registro/ciudadano). En el momento actual está abierto el planteamiento de cualquier tipo de alternativas en cuanto a los profesionales que deberán llevar el Registro Civil, pero en todo caso a través del diálogo, el consenso y la participación de todos los profesionales afectados. 

 

Crédito hipotecario: Es necesario recuperar la confianza de los acreedores reforzando la eficacia de la garantía hipotecaria y su procedimiento de ejecución y la de los deudores a través de la depuración de las prácticas y cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios.

5ª.- Recientemente se han publicado diversas sentencias, tanto del TSJUE como del Tribunal Supremo, relacionadas con las hipotecas y las cláusulas abusivas. ¿Cómo ve el futuro de la hipoteca y el rol que podemos desempeñar al respecto notarios y registradores?

Respuesta:

                La grave crisis financiera de los últimos años ha afectado negativamente al concepto de la garantía hipotecaria como instrumento dinamizador del tráfico inmobiliario. Es necesario recuperar la confianza de los acreedores reforzando la eficacia de la garantía hipotecaria y su procedimiento de ejecución y la de los deudores a través de la depuración de las prácticas y cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios. En este contexto la función de notarios y registradores de la propiedad es esencial para impedir que accedan al Registro, y por tanto al procedimiento de ejecución, cláusulas abusivas. Toda autoridad está obligada según la Directiva 93/13/CE a impedir la existencia de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores. En este sentido, con relación a los jueces el Gobierno ha impulsado la reforma la ley de Enjuiciamiento Civil para permitir la oposición del deudor a la ejecución cuando hay cláusulas abusivas y la apreciación de oficio por el juez de dichas cláusulas en la ejecución, así como para permitir recurso de apelación por parte del deudor contra el auto que desestima la oposición a la ejecución por no apreciarse abusividad. Hay que insistir en ese control también notarial y registral, lo que por otra parte está haciendo la Dirección General de Registro y del Notariado en diversas resoluciones en recursos contra la calificación, que ya reconocen esta función de control, sin merma de las competencias para la declaración de nulidad que corresponden a los Tribunales de Justicia, de modo que se respete el “principio de efectividad” de la normativa europea de protección de consumidores.

                Una hipoteca eficaz y libre de cláusulas abusivas facilitará que los españoles puedan acceder con más facilidad al crédito y en condiciones más ventajosas.

               

6ª.- ¿Qué retos tienen por delante las profesiones notarial y registral, para adaptarse a una administración cada vez más electrónica?

Respuesta:

                El fenómeno de las nuevas tecnologías ha alcanzado un grado de desarrollo tal que está contribuyendo a la rápida transformación de los hábitos de las empresas, de los consumidores, de las Administraciones y, en definitiva, la propia configuración de las sociedades avanzadas. Notarios y Registradores siempre han sido colectivos que han sabido incorporar a su quehacer diario las nuevas tecnologías para prestar un mejor servicio al ciudadano, como se demuestra desde la utilización en su día de la presentación por fax, a, posteriormente, la utilización de la firma electrónica, la presentación por vía telemática o la publicidad registral on line.

                Los tiempos actuales imponen culminar la modernización de los sistemas notariales y registrales, en los que sin abandonar los principios que inspiraron el sistema en el siglo XIX, se dejen a un lado la gestión y soporte manual y se incorporen plenamente los medios de carácter electrónico propios del siglo XXI en todos los procedimientos de gestión, organización y almacenamiento de la información, con todas las garantías de seguridad y contando con las ventajas de interoperabilidad. En todo caso, la intervención humana -y la notarial y registral es sumamente relevante- seguirá siendo esencial como rectoras de las diversas actuaciones.

 

7ª.- Durante los últimos años se han dictado variadas disposiciones para tratar de atajar situaciones de corrupción. ¿Qué medidas adicionales se podrían tomar?

Respuesta:

                La corrupción nos avergüenza a todos y mina la confianza en nuestro sistema de muchos ciudadanos. Además, provoca que tengan que pagar justos por pecadores, pues son miles y miles las personas que trabajan con honestidad día a día en todos los niveles de la administración y que se sienten abochornados por estos comportamientos. Nosotros hemos afrontado el problema con valentía poniendo pie en pared, aprobando una batería de medidas contra esta clase de conductas, tanto en el ámbito normativo, en los medios para combatir la corrupción, y en la cooperación internacional para que las fronteras no sirvan para eludir responsabilidades.

                     Durante la X Legislatura ha sido aprobada la Ley de Transparencia, la Ley del Alto Cargo, y se han reformado importantes normas para dotarnos de mejores instrumentos como el Código Penal, en la que se ha aumentado la pena de inhabilitación en determinados delitos, se han aumentado los plazos de prescripción y se niegan los beneficios penitenciarios a quienes no devuelvan lo robado. O la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que además de establecer nuevas reglas de conexidad y la modificación del régimen del decomiso, se ha creado la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. La ORGA recupera los bienes y ganancias obtenidas mediante actividades delictivas, para su realización, y hasta que llegue ese momento, su conservación y gestión. También hemos modificado la normativa de financiación de partidos políticos mediante la Ley Orgánica 3/2015, con medidas hasta ahora inexistentes en nuestra legislación, en materia de donaciones, fiscalización, contabilidad o contratación.

                En esta materia notarios y registradores tienen nuevamente un papel decisivo. Deben cumplirse las exigencias del GAFI -la institución intergubernamental creada en el año 1989 por el G8- respecto del mayor control de las titularidades de participaciones sociales y acciones, incrementando la lucha contra el blanqueo o lavado de capitales.

 

8ª.- La Comisión General de Codificación ha estrenado en otoño pasado un nuevo decreto regulatorio de sus estatutos. ¿Qué papel le tiene reservado el Ministerio en esta nueva etapa?

Respuesta:

                Creo que hemos impulsado decisivamente el papel de la Comisión General de Codificación como máximo órgano consultivo del propio Ministerio, mediante la reactivación de las secciones tercera de Derecho Público, cuarta de Derecho penal y quinta de Derecho procesal que, a diferencia de las secciones primera de lo Civil y segunda de lo Mercantil, no estaban constituidas ni se reunían con regularidad. Al mismo tiempo les hemos encomendado la elaboración de numerosos proyectos normativos que seguro tiene un gran beneficio para la política legislativa de los próximos años. Como ejemplo podemos destacar en el ámbito registral, el proyecto sobre Reglamento del Registro Mercantil encomendado a una subsección de la sección segunda; o la reforma del Código Civil en materia de modificación de la capacidad de obrar, que se está llevando a cabo en la sección primera de Derecho Civil.

 

9ª.- Una reciente orden ministerial reguló el organismo registral antiblanqueo, que entró en vigor el pasado 16 de marzo. ¿Qué actividad debemos de desempeñar notarios y registradores al respecto?

Respuesta:

                El legislador ha sido consciente del importante papel que notarios y registradores pueden desempeñar en la lucha contra el blanqueo de capitales y sitúa a ambos colectivos como sujetos obligados. Esta condición determina la atribución de una serie de obligaciones preventivas que cada uno de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles está obligado a cumplir a título individual. La infinidad de datos útiles que pueden obtenerse en las operaciones en las que intervienen estos colectivos no tendría valor ni aplicabilidad en la prevención contra el blanqueo de capitales si no fuese por medio de un tratamiento conjunto informatizado a través de una oficina central capaz de procesar telemáticamente el inmenso caudal de datos, cuyo cruce o interrelación consigue el salto cualitativo del simple “dato” a la “información”. Con la existencia de órganos centralizados se intensifica y potencia la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, permitiendo un mayor nivel de especialización en estas tareas dentro del colectivo de sujetos obligados y una mayor calidad de la información suministrada.

 

10ª.- En los rankings que nuestra web elabora, hemos observado una evolución muy positiva tanto de la web del Ministerio de Justicia (tercer puesto) como de su página de Twitter (puesto once). ¿Qué política tiene el Ministerio respecto a los nuevos instrumentos de comunicación que nos brinda la sociedad de la información?

Respuesta:

                Son datos para sentirnos satisfechos, que reflejan los frutos de un cambio importante en la estrategia web y de redes sociales del departamento. Dicho cambio se basa en entender que estos instrumentos son un cauce de relación con los ciudadanos para la mejora del servicio público que prestamos. El rediseño de la web se fundamenta en un estudio en que hemos analizado qué interesa a nuestros usuarios y desde ese diagnóstico hemos hecho una web más simple, más comprensible, destacando los servicios de mayor interés. En redes sociales seguimos un principio similar, poniendo a disposición información de servicio público y siendo útiles a la comunidad interactuando con ella. Todo ello con el compromiso de todas las áreas del Ministerio que están coordinadas bajo unas pautas de uso comunes tuteladas por un Comité de Estrategia Digital del Departamento que empezó a funcionar en abril del año pasado.

 

Oposiciones:  Es política del Ministerio la convocatoria regular de oposiciones y la alternancia entre notarías y registros, para facilitar la labor del opositor

11ª.- Las oposiciones a notarías y a registros se están celebrando alternativamente un año cada una, lo que garantiza su continuidad.  ¿Hay perspectivas de que se continúe con esa cadencia?

Respuesta:

                En efecto es política del Ministerio la convocatoria regular de oposiciones y la alternancia entre notarías y registros, para facilitar la labor del opositor, dada la similitud de los programas, lo que hemos potenciado mediante la unificación del programa en materia civil. La preparación de ambas oposiciones es muy parecida y debe potenciarse el acercamiento entre las dos profesiones que integran la seguridad jurídica preventiva.

 
12ª.- Para concluir, en su opinión, ¿en qué debemos de mejorar notarios y registradores para prestar un mejor servicio a la sociedad?

Respuesta:
                La labor de notarios y registradores como garantes de la legalidad en el tráfico jurídico mercantil e inmobiliario es esencial y la calidad del servicio del servicio público que actualmente prestan se encuentra a la altura de esta importancia y responsabilidad que asumen. Las mejoras que pueden acometer estos colectivos deben referirse a desarrollar proyectos comunes para asumir los retos que impone la sociedad de la información y encontrarse siempre en la vanguardia de la tecnología aplicada a la Administración Pública. Estos colectivos deben ir siempre de la mano para conseguir el perfeccionamiento de su función y el mejor servicio al ciudadano. 

Reiteramos nuestro agradecimiento al entrevistado y reconocemos en el una portentosa capacidad para el diálogo, para acercar posiciones entre los diversos operadores jurídicos. Verdaderamente, desde su llegada al Ministerio, muchos son los fuegos que se han apagado o, al menos, reconducido. (JFME)

 

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