NOTAS CRÍTICAS SOBRE EL “PROCESO” INDEPENDENTISTA EN CATALUÑA. 3
Daniel Iborra Fort,
Notario de Vilafranca del Penedès
1) La consecuencia más grave de un camino errado: la no adaptación de nuestro sistema autonómico a la Unión Europea.
Los graves problemas actuales de nuestro régimen autonómico, creo que se deben al desconocimiento y, por lo tanto, a la falta de preparación de la ciudadanía y de gran parte de los dirigentes políticos, sociales y medios de información, ante el enorme reto que nos planteaba este proceso de unificación europea, que ha permitido que la situación se deteriore hasta extremos inimaginables, como el que estamos tratando en esta serie referido a Cataluña.
Incomprensiblemente, el entusiasmo que provocó en nuestro país la incorporación a la CEE, en 1985 y la firma del Acta Única Europea, en 1986, no generó una respuesta interna adecuada.
No hubo una segunda transición que cambiara la cultura política popular, reconvirtiera los programas de los partidos políticos, ajustara el marco legal y mejorara la competitividad de nuestro sector productivo, única manera que fuera viable nuestro ingreso en la Unión Europea.
El proceso de unificación obedecía no sólo a razones económicas sino también a políticas y sociales.
Las nuevas tecnologías avanzadas precisan de grandes producciones, los costes han aumentado vertiginosamente, lo que exige que los productos deban ser colocados rápidamente en un gran mercado para cubrir los gastos y reunir los fondos necesarios para las inversiones de la siguiente ronda de renovación y este proceso, en la Europa Comunitaria, quedaba dificultado por las trabas y las políticas nacionalistas de los Gobiernos.
La revolución afectaría, de manera directa y estructural, a los Estados, cuyas atribuciones soberanas quedarán enormemente reducidas. ¿Se puede hablar de Estados independientes, cuando funciones tan importantes como la de las fronteras, seguridad y política exterior, buena parte de la regulación económica, política social, fiscalidad…, han de estar concertadas con el resto de miembros de la Unión Europea?
Se preveía que un 80{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de las funciones que antes del proceso ejercitaban independientemente los Estados miembros, quedarían desplazadas a los órganos de la Unión Europea.
Este proceso de armonización se irá acentuando para conseguir una estabilidad monetaria, una concertación de políticas fiscales y una unificación de gran parte de la normativa económica (Régimen de Sociedades, instituciones mercantiles, circulación de capitales, normas técnicas de producción, medio ambiente…), todo ello dentro de una convergencia de políticas económicas. Esto tenía que provocar una desnacionalización de la gestión pública económica que pasará a manos comunitarias
Y este tema no tiene una trascendencia puramente material, sino también social, cultural y política. Tal como recogía el informe Poniatowski “de vez en cuando se hace un elogio de los valores culturales europeos y éstos son presentados como una especie de consuelo ante un eventual hundimiento tecnológico de nuestro continente. Esta fórmula es rotundamente inaceptable, la calidad de vida y la relativa armonía social que existen en Europa, dependen, sobre todo, de su capacidad de ofrecer condiciones de vida razonables a la mayoría de sus habitantes; y no será posible mantener este nivel si Europa no vuelve a hallar la competitividad. De lo contrario, la mayor parte de la Europa Occidental está condenada a la decadencia, a la pobreza y al desempleo estructural” ……
O se actuaba inmediatamente o como señalaba la OCDE, Europa suministraría cada vez más productos alimenticios, materias primas y bienes manufacturados de baja tecnología.
Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en una especie de provincias de un nuevo Estado, para asegurar el futuro económico y social de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que había asumido como socio de un proceso de integración política y económica generando, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes, una estructura territorial inadecuada e inviable económicamente y desarrollando una fragmentación legal contraria a los fundamentos económicos y al régimen constitucional comunitario.
Si una empresa decide traspasar una parte importante de sus funciones a otra, procurará reducir y en la misma proporción, los gastos de la escindida con el objeto de mantener el equilibrio económico y garantizar la viabilidad del proceso.
De ahí que haya sido el sector empresarial el que entendió perfectamente que los incrementos de costos de la Administración después de la unificación y la proliferación normativa no casaban con los acuerdos que se habían suscrito en esta materia.
Como han destacado los organismos internacionales que nos han analizado, el laberinto legislativo, suponía un efecto disuasorio para la inversión extranjera y un freno para la competitividad y la creación de empleo.
Si la reducida dimensión de los grandes Estados era una rémora para el futuro de sus ciudadanos, ¿cómo iba a llevar a la misma meta la fragmentación nuestra? ¿Quién nos estaba engañando?
El sistema autonómico (que si se reconvierte nos parece tan fundamental como el resto de administraciones), tal como evolucionó, sin orden ni control, se ha acabado convirtiendo en un sistema obsoleto, ineficiente, ruinoso para los ciudadanos y fuente de escándalos continuados al aflorar, sin descanso, todo tipo de casos de despilfarro de recursos, de corrupción y de incompetencia en buena parte de nuestra geografía.
Todo ello se manifestaría si a los ciudadanos se les hiciera la siguiente consulta: ¿Está de acuerdo en que el régimen autonómico se ajuste a las funciones que las autonomías tendrán después del proceso de unificación europea?
2) La opinión de políticos con “otro perfil”
a) El ABC del 2 de julio pasado publicó el debate entre Arias Salgado (UCD) y Nicolás Sartorius (PCE), dos de los protagonistas de la transición con el titular “Hay que reformar con consenso el modelo territorial de la Constitución”.
Entre otros temas, abogaron por reformar el Título VIII relativo a la organización territorial del Estado para mejorar la democracia española. Del texto se desprende que coinciden en las deficiencias de funcionamiento del sistema y su falta adaptación a la realidad actual. Arias Salgado apuesta por “redefinir las competencias exclusivas del Estado para que sean exclusivas de verdad y garantizar el funcionamiento de las instituciones”. Sartorius, por su parte secunda la idea de Arias Salgado en relación con las competencias de cada administración: “Tienen que culminar el sistema porque el tema competencial es un galimatías sobre quién trata qué”. Para resolverlo apuesta por un Estado federal.
Puede llamar la atención a los más jóvenes de cómo en las intervenciones hay una coincidencia entre gente con tanta diferencia ideológica. Esta política de pactos o de acuerdos en la que se renuncia a imponer el programa político propio en beneficio común (Pactos de la Moncloa) parece extraño en estos momentos, pero ello se debe a que han ocupado cargos políticos con otro perfil de gestores.
Uno no podía imaginar que, cuando el profesor Muns dijo “hemos tenido la mala suerte histórica de que la peor crisis en muchas décadas haya coincidido con la peor clase política en muchos años”, que esta tara sería superada por sus sucesores.
Todo es más fácil cuando se da preferencia a la solución de los problemas de los ciudadanos, como la que recogen las encuestas sobre la deficiencia del régimen autonómico. Lo explica muy bien Sartorius: “Hubo la idea de cierto patriotismo constitucional en el sentido de que éramos una generación con la idea de no volver a un enfrentamiento civil. Nos pusimos de acuerdo para traer la democracia”.
b) Creo que la misión de los dirigentes políticos es la de lograr una democracia eficiente al servicio de los contribuyentes, que son los que la financian. Para ello es fundamental que reduzcan los costes de funcionamiento de la administración para que el mayor número de recursos vayan a atender las necesidades de los ciudadanos. Esto lo entendieron los dos líderes progresistas, el italiano Renzi y el francés Valls, ambos socialistas. Renzi con su propuesta de ajuste de la organización regional, provincial y municipal y Valls con la reducción de regiones de 22 a 13. Este cambio está explicado por S. Fabbrini (Luiss School of Government) en una entrevista en ABC, el 15 -3- 2.015:
“El desorden fue consecuencia de la reforma realizada en 2.001 por el Gobierno de Massimo D’Alema. Entonces se traspasó a las regiones un considerable número de competencias. El centro-izquierda pretendió así quitar el agua a los peces de una Liga del Norte que era cada día más fuerte. Pero esta situación trajo conflictos constantes entre Roma y los gobiernos regionales en numerosas políticas… El Tribunal Constitucional se vio inundado de conflictos sobre competencias… las regiones recibieron muchas competencias y han demostrado que no supieron utilizarlas. La corrupción de los políticos del ámbito regional ha superado a la corrupción de los políticos del ámbito nacional.
La falta de adaptación de nuestro sistema autonómico al proceso de unificación europea, desde hace años lo hemos considerado un error gravísimo.
Esta reconversión continúa ausente en los programas de nuestros partidos como una prioridad imperiosa. El sobrecoste autonómico, origen de buena parte del endeudamiento público, nos ha llevado a una situación límite.
Si se produce una elevación general de tipos de interés o de nuestra prima de riesgo, el ajuste, entonces, ya no lo harán nuestros políticos que tienen que cuidar a su clientela, sino los prestamistas exteriores que tendrán otra preocupación mayor que la electoral.
DANIEL IBORRA FORT
VILAFRANCA DEL PENEDÉS
23 de agosto de 2017
ARTÍCULO EN ¿HAY DERECHO?: Aun quedan juristas en Cataluña.
ARTÍCULO DE FRANCISCO LAPORTA SOBRE EL DEBER DE LOS FUNCIONARIOS EN CATALUÑA
Casa Navàs en Reus (Tarragona). Por Zarateman.
