INFORME DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA LA OFICINA NOTARIAL
(Redactado por Jorge López Navarro, Notario de Alicante)

ÍNDICE DEL INFORME:

§  Trabajadores Autónomos, cese de actividad

§  Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas

§  País Vasco, Ley del Suelo y Urbanismo

§  Reglamento de la Ley del Suelo

§  Contratos del Sector Público

§  Apostilla de La Haya

§  Modificación de aranceles notariales y registrales

§  Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social

§  Estatuto del Servicio Doméstico

§  País Vasco, Parejas de Hecho

§  Procedimientos Tributarios

§  Entrada y Circulación de Ciudadanos de la UE y del EEE

RESOLUCIONES PROPIEDAD

§  Rectificación régimen económico por manifestación

§  Fin de obra unifamiliar y seguro decenal

§  Determinación de cuota gravada en garaje

JURISPRUDENCIA FISCAL

§  Exención Cooperativa de Viviendas

§  Extinción de régimen de separación

§  Extinción de inmuebles pertenecientes a dos comunidades distintas

§  El legado no se computa a efectos de ajuar doméstico

§  La retribución del albacea no es deducible del ISD

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA OFICINA NOTARIAL

§  El testamento Berlinés

ALGO MÁS QUE DERECHO 

§  Salvador Sostres “Historia de un reloj”

DISPOSICIONES GENERALES:

TRABAJADORES AUTÓNOMOS. Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

           La Ley20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, define el trabajo autónomo, establece el conjunto de los derechos individuales y colectivos de estos trabajadores, regula la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, contempla las actuaciones de fomento del empleo autónomo y mejora su nivel de protección social, tendiendo a la equiparación con el que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena.

Por mandato de esa Ley, se elaboró posteriormente un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, que dio lugar a la Ley 32/2010, de 5 de agosto.

            Con este Decreto se aborda su desarrollo reglamentario, para articular las reglas concretas de funcionamiento del sistema de protección por cese de actividad, tanto en lo referente a los documentos a presentar por los trabajadores autónomos que se vean en la situación de tener que cesar en la actividad, como en los procedimientos que deben llevar a cabo los órganos gestores para el reconocimiento del derecho a la protección, abono de las prestaciones reconocidas y control de las mismos.

            Requisitos. Resumiendo el art. 2, señalamos:

            a) Estar a la fecha del cese de actividad afiliados, en situación de alta y cubiertas las contingencias profesionales y la de cese de actividad, en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

            b) Solicitar la baja en el Régimen Especial correspondiente a causa del cese de actividad.

            c) Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad.

            d) Encontrarse en situación legal de cese de actividad.

            e) Acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo, a través de las actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora

            f) No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación.

            g) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas en la fecha del cese de actividad.

            Para determinar su cuantía, la base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el promedio de las bases por las que se hubiera cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese, computando a tal efecto el mes completo en el que se produzca esa situación.

            La duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los períodos de cotización previstos en el artículo 8 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, exigiendo que, al menos, doce meses sean continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese.

            El pago puede articularse mediante un sistema de pago único de la prestación, si resta, al menos, seis meses, y acredita el interesado, ante el órgano gestor, que va a realizar una actividad profesional como trabajador autónomo o socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad que tenga el carácter de laboral.

            También se introducen los suficientes elementos de seguridad jurídica en la dinámica de la protección que afecta a las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y paternidad.

            En este mes de noviembre comienza a otorgarse la prestación a los primeros cotizantes.

            Entró en vigor el 2 de noviembre de 2011 con alguna excepción.

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**AUDITORÍA DE CUENTAS. Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

            1. Introducción. Se trata en este resumen de dar una somera idea sobre el contenido del Reglamento de la Ley de Auditoría de cuentas. Por ello nos limitaremos a tratar de las normas que afectan más directamente a notarios y registradores dejando todo lo relativo a la parte orgánica de la profesión de auditor, a un estudio más detallado y especializado del reglamento.

            2. Exposición de motivos. Esta nos explica que la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas incorporó a nuestro Ordenamiento jurídico la Directiva 84/253/CEE, de 10 de abril de 1984, del Consejo, relativa a la autorización de las personas encargadas del control legal de documentos contables, regulando por primera vez en España la actividad de auditoría de cuentas, configurando dicha actividad como aquella que, mediante la utilización de determinadas técnicas de revisión y verificación adecuadas, tiene por objeto la emisión de un informe que contenga una opinión técnica e independiente acerca de la fiabilidad de la información económica financiera auditada, cumpliendo con ello con una función de interés público.

            Dicha Ley ha sido objeto de modificaciones, destacando, entre ellas, las acometidas mediante la Ley 44/2002, de 22 de septiembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que respondía a la necesidad de avanzar y coadyuvar en la mejora de la calidad de los trabajos de auditoría así como de fortalecer la credibilidad de la actividad auditora y de contribuir al mejor funcionamiento de la economía de mercado, y la  Ley 12/2010, de 30 de junio, que tuvo por objeto la incorporación a nuestra normativa interna la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo. Todo ello fue refundido por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, texto que es el que ahora se desarrolla.

            La citada Ley 19/1988, de 12 de julio, fue objeto de un primer desarrollo mediante el Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, ahora derogado.

            La modificación realizada por la Ley 12/2010, de 30 de junio, conlleva la obligación de adecuar a la legislación vigente el Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, así como desarrollar aquellos concretos aspectos que así lo requieren por mandato legal. Al mismo tiempo, se aprovecha la reforma para incorporar las mejoras de carácter técnico aconsejadas por la experiencia y la práctica desarrollada desde la entrada en vigor del Real Decreto 1636/1990.

            3. Reserva de actividad. El art. 1 establece a favor de los auditores lo que se llama reserva de actividad. Así dice que “la actividad de auditoría de cuentas tendrá que ser realizada por un auditor de cuentas con sujeción a lo establecido en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas definida en el artículo 6 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas”.

            Esta reserva de actividad es también a favor de las sociedades de auditoría, así como al socio auditor de cuentas o auditor de cuentas designado expresamente para realizar el trabajo y firmar el informe de auditoría en nombre de las citadas sociedades. 

            4. Modalidades de la auditoría de cuentas. En el artículo 2 se establecen como modalidades de la auditoría de cuentas las siguientes:

               a) Auditoría de cuentas anuales.

               b) Auditoría de otros estados financieros o documentos contables.

            En este último apartado se incluirían los diversos informes especiales que sobre el balance en los casos de aumento de capital por reservas en todas las sociedades de capital o por compensación de créditos en las anónimas deben hacer los auditores. Es decir se trata de informes parciales y limitados a un solo aspecto sin perjuicio de que, en los casos que estimen necesario,  se pronuncien sobre las cuentas anuales en su totalidad.

            5. Concepto de auditoría de cuentas. La hace el artículo 4 y 5 diciendo:

            1. La auditoría de las cuentas anuales consistirá en revisar y verificar a efectos de dictaminar si dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de sus operaciones y, en su caso, de los flujos de efectivo de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo

            Asimismo, el informe de auditoría contendrá, en su caso, manifestación explícita de las reservas o salvedades detectadas en el desarrollo del trabajo de auditoría, así como de cualquier aspecto que, no constituyendo una reserva o salvedad, el auditor deba o considere necesario destacar en el informe conforme a lo previsto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 

            6. Forma de manifestarse la opinión técnica del auditor. Dice el art. 6 que “el auditor de cuentas manifestará en el informe, de forma clara y precisa, su opinión técnica sobre si las cuentas anuales de un determinado ejercicio expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad auditada, a la fecha de cierre del ejercicio, así como del resultado de sus operaciones y, en su caso, de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en dicha fecha, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación.

            7. Tipos de opinión del auditor. Art. 6. La opinión del audito puede ser de cuatro tipos:

               a) favorable,

               b) con salvedades,

               c) desfavorable,

               d)  denegada.

            Si no existen reservas o salvedades se considera que la opinión es favorable. Cuando existan tales reservas se deberán poner de manifiesto todas ellas en el informe, indicando su naturaleza en el párrafo de opinión, y la opinión técnica será calificada de «opinión con salvedades» o «desfavorable».

            También puede abstenerse en cuyo caso deberá hacer constar en el informe de auditoría las causas, poniendo de manifiesto cuantos detalles e información complementaria sean necesarios; calificándose este supuesto como informe de auditoría con «opinión denegada».

            8. Obligatoriedad de emitir el informe. Art.7. El auditor tiene la obligación ineludible de emitir el informe, según la normativa reguladora y el contrato que haya suscrito.

            No obstante se entiende que existe imposibilidad de emitir el informe en los siguientes casos:

               1º. Cuando la entidad no haga entrega al auditor de cuentas de las cuentas anuales formuladas

               2º. Cuando, excepcionalmente, otras circunstancias no imputables al auditor de cuentas, y distintas de las de carácter técnico, impidan la realización del trabajo de auditoría en sus aspectos sustanciales.

            Estos son los supuestos que normalmente se dan en más del 80% de las peticiones de auditor a solicitud de la minoría del antiguo art. 205.2 del TRLSA, hoy art. 265 de la LSC.

            9. Auditoría de cuentas consolidadas. Art.13. El auditor de cuentas que realice la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados, asume la plena responsabilidad del informe de auditoría emitido, aun cuando la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades participadas haya sido realizada por otros auditores, y vendrá obligado a recabar la información necesaria, en su caso, a quienes hayan realizado la auditoría de cuentas de las entidades que formen parte del conjunto consolidable, que estarán obligados a suministrar cuanta información se les solicite.

            10. Principios éticos a que se sujeta la actividad de auditoría. Art. 19. Son los siguientes:

               a) competencia profesional,

               b) diligencia debida,

               c) integridad y objetividad, sin perjuicio de lo establecido respecto al deber de independencia.

            En definitiva su actuación debe estar presidida por el principio de interés público.

            11. Supervisión por el ICAC. Según el art. 24 el ICAC podrá requerir a las corporaciones de derecho público representativas de los auditores de cuentas, cuando lo considere necesario, para que elaboren, adapten o revisen las normas técnicas de auditoría, las normas de ética y las normas de control de calidad interno.

            12. Acceso al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas. Art. 25. Para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas es preciso, aparte de tener los requisitos exigidos en los art. 8 y 10 de la Ley, figurar inscrito, como ejerciente en el caso de las personas físicas, en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y haber prestado fianza en garantía de los daños y perjuicios que se pudieran derivar del incumplimiento de sus obligaciones.

            Por tanto consideramos totalmente necesario  para la inscripción en el Registro mercantil de los auditores, personas físicas o jurídicas, que entre sus datos de identidad  figure su número de inscripción el ROAC.

            13. Secciones del Registro. Art. 27.El Registro Oficial de Auditores de Cuentas constará de tres secciones:

               a) De personas físicas.

               b) De personas jurídicas.

               c) De auditores de cuentas, personas físicas o jurídicas de terceros países conforma a lo dispuesto en el art. 30., una referida a personas físicas, otra a sociedades y una tercera referida a auditores de cuentas, sociedades y demás entidades de auditoría de terceros países a los que se refiere el artículo 30.

            14. Situaciones en que se pueden encontrar los auditores. Art. 28. Para  poder actuar como tales los auditores deben figurar como ejercientes en alguna de estas situaciones:

               a) A título individual,

               b) como socio de sociedad de auditoría de cuentas,

               c) o como auditor de cuentas designado expresamente por una sociedad de auditoría para firmar informes de auditoría en el nombre de dicha sociedad.

            15. Sociedades auditoras. Artículo 29. Las sociedades para inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas deberán estar domiciliadas en territorio español o en el de un Estado miembro de la Unión Europea y acreditar, mediante la aportación al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de la solicitud correspondiente y documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

            15.  Relación de auditores de cuentas. Art. 31. 1. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas hará pública, al menos, anualmente y de forma actualizada, la relación de auditores de cuentas, con especificación del nombre, dirección, número de registro, situación en la que se encuentren inscritos, y en el caso de ejercientes, domicilio profesional, dirección de Internet y número de registro de la sociedad o sociedades de auditoría con las que está relacionado, corporación de derecho público a la que pertenezcan, en su caso, y todas las demás inscripciones como auditor de cuentas ante las autoridades competentes de otros Estados miembros y como auditor en terceros países, con indicación de las autoridades competentes para la inscripción, y en su caso los números de registro.

            2. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas hará pública, al menos, anualmente y de forma actualizada, la relación de las sociedades de auditoría inscritas

            El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas remitirá al Registro Mercantil Central y a la Dirección General de los Registros y el Notariado las relaciones de auditores de cuentas y sociedades de auditoría a que se refieren los artículos 355 y 356, respectivamente, del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Dichas listas incluirán, además de las sociedades de auditoría, a aquellos auditores de cuentas inscritos en situación de ejercientes que no hayan manifestado expresamente su voluntad de estar excluidos de las citadas relaciones.

            Asimismo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas remitirá al Decanato de los Juzgados, las relaciones de las personas físicas, en situación de ejercientes y prestando servicios por cuenta ajena, y jurídicas inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas que hayan manifestado su disponibilidad para ser nombrados administradores concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

            16. Autorizaciones. Artículo 33. 1. La autorización a que se refiere el artículo 8 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, se concederá a quienes reúnan y acrediten las siguientes condiciones:

               a) Haber obtenido una titulación oficial universitaria.

               b) Haber seguido cursos de enseñanza teórica.

               c) Haber adquirido una formación práctica.

               d) Haber superado un examen de aptitud profesional organizado y reconocido por el Estado.

            17. Formación continuada. En norma muy interesante el art. 40 establece que “como requisito para el ejercicio de la auditoría los auditores deberán realizar actividades de formación continuada por un tiempo equivalente, al menos, a ciento veinte horas en un período de tres años, con un mínimo de treinta horas anuales.

            18. Independencia en el ejercicio de la auditoría. Artículo 43.  Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deberán ser independientes, en el ejercicio de su función, de las entidades auditadas, debiendo abstenerse de actuar cuando su independencia en relación con la revisión y verificación de las cuentas anuales, los estados financieros u otros documentos contables pudiera verse comprometida.

            El Reglamento regula con gran detalle todos aquellos supuestos en que se entiende que la actuación del auditor puede verse comprometida en su independencia, siendo quizás la norma más interesante a nuestros efectos, en cuanto puede incidir en las sociedades profesionales, la del punto 7 del art. 43 que al referirse a los servicios de abogacía, que son incompatibles siempre que se hagan a favor de la misma  empresa,  dispone que “a los efectos de lo dispuesto en el artículo 13.g) del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, se entiende que dos Consejos de Administración no son diferentes cuando existe coincidencia en la mayoría de sus miembros. En el caso de que los dos Consejos de Administración estén formados por un número par de miembros se considerarán diferentes cuando, al menos, la mitad de los miembros de uno de ellos constituye la mitad del otro Consejo”.

            19. Prórroga de nombramiento de los auditores. Se regula en el art. 52 siendo quizás una de las normas de mayor repercusión en la inscripción de los auditores en el Registro Mercantil.

               a) Después del período inicial del nombramiento los auditores pueden ser prorrogados, incluso de forma sucesiva, por períodos máximos de tres años.

               b) Es posible la prórroga tácita pero para ello es preciso que el auditor de cuentas o sociedad de auditoría y la entidad auditada no manifiesten su voluntad en contrario antes de que finalice el último ejercicio por el que fueron inicialmente contratados o anteriormente prorrogados, sin perjuicio de la información de dicha prórroga en la Junta General de socios.

            Lo anterior no exime del deber de comunicar tal hecho en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio social de la entidad auditada, mediante acuerdo o certificado suscrito por quien tenga competencia legal o estatutaria en la entidad auditada, en un plazo que no podrá ir más allá de la fecha en que se presenten para su depósito las cuentas anuales auditadas correspondientes al último ejercicio del periodo contratado.

            Clarifica este precepto tanto la necesidad de constancia en la hoja de la sociedad de la prórroga tácita del auditor, como el tiempo en que la misma debe ser presentada.

            20. Rescisión del contrato y cese del auditor. Art. 52. Requiere justa causa pero teniendo en cuenta que las divergencias de opiniones sobre tratamientos contables o procedimientos de auditoría no son justa causa.

            Como sabemos la DGRN ha establecido que a efectos de la inscripción del cese en el Registro mercantil no es necesario manifestar cual sea esa justa causa.

            En todo caso de cese  los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría, así como las entidades auditadas, deberán comunicar tal circunstancia al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en un plazo de quince días desde que ésa se haya producido.

            21. Rotación de auditores. Se regula en el art. 53 lo que llama rotación de auditores aplicable por lo dispuesto en el art. 19.2 del TR a las sociedades que tengan la condición de entidades de interés público o el importe neto de la cifra de negocios del grupo sea superior a 50.000.000 de euros.

En estos casos cuando transcurran siete años desde el primer año o ejercicio en que fueron auditadas las cuentas deberá procederse al nombramiento de un nuevo auditor.

            En el caso de que, de acuerdo con este artículo, el auditor firmante del informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas tuviera que rotar o ser reemplazado, y fuera asimismo el auditor de cuentas de la entidad dominante que formula las citadas cuentas anuales consolidadas, será igualmente obligatoria la rotación en relación con esta entidad dominante.

            Será esta una norma a tener muy en cuenta, en todo supuesto de prórroga del nombramiento del auditor por encima de siete años.

            22. Deber de secreto y custodia de los auditores. Art. 57. El deber de secreto que tiene el auditor de cuentas será de aplicación incluso una vez que se hayan dado de baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

            También están obligados al deber de custodia.

            23. Informe anual de transparencia. Art. 60. Todos los auditores están obligados a formular anualmente un informe de transparencia. Se trata de un documento  informativo sobre aspectos esenciales de la estructura y actividad del auditor de cuentas o sociedad de auditoría que sean relevantes para comprender la organización, nivel de actividad y procesos de control del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría a los efectos de conocer el compromiso con el interés público de su labor.  Su redacción debe ser descriptiva sin juicios de valor o similares.

            24. Control de la actividad de auditoría de cuentas. Art. 61. Corresponde al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ejercer de oficio el control de la actividad de auditoría de cuentas a través de las actuaciones de control técnico o investigaciones y de control de calidad o inspecciones, con la finalidad de comprobar que el auditor de cuentas o sociedad de auditoría en el ejercicio de su actividad se sujeta a la normativa reguladora de dicha actividad.

            25. Cooperación con Estados miembros de la Unión Europea y de la cooperación internacional. El artículo 96 establece que “el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas colaborará con las autoridades competentes de otros Estados miembros mediante el intercambio de la información precisa para el desempeño de sus funciones de acuerdo con lo dispuestos en el artículo 42.1 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas”.

            26. Auditoría de las cuentas anuales de las entidades por razón de su tamaño.

            La Disposición adicional primera confirma la aplicabilidad, en cuanto a la obligación de auditar sus cuentas anuales, del artículo 257 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

            28. Auditoría de cuentas anuales de las entidades especiales: Podemos considerar como tales las siguientes:

               a) Las entidades perceptoras de subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea. Se regula en la Disposición adicional segunda que establece que “las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera que le sea aplicable, que durante un ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, estarán obligadas a someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas, en los términos establecidos en el artículo 1.2 del citado texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

            Se considerarán recibidas las subvenciones o ayudas, a los efectos de esta disposición, en el momento en que deban ser registradas en los libros de contabilidad de la empresa o entidad, conforme a lo establecido a este respecto en la normativa contable que le resulte de aplicación.

            Se entenderán por subvenciones o ayudas, a los efectos de esta disposición, las consideradas como tales en el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

               b) Auditoría de cuentas anuales de las entidades que contraten con el sector público. Las regula la Disposición adicional tercera disponiendo que “las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera que le sea aplicable, que durante un ejercicio económico hubiesen celebrado con el Sector Público los contratos contemplados en el artículo 2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, y éste represente más del 50 % del importe neto de su cifra anual de negocios, estarán obligadas a someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio social y las del siguiente a éste, en los términos establecidos en el artículo 1, apartado 2, del citado texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

            Se considerarán realizadas las actuaciones referidas en el apartado anterior, a los efectos de esta disposición, en el momento en que deba ser registrado el derecho de cobro correspondiente en los libros de contabilidad de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto a este respecto en el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación.

            En todos los casos anteriores el nombramiento de auditor se hará por aquellas personas u órganos a quienes corresponda tal competencia, de conformidad con las normas aplicables a cada una de ellas según su naturaleza jurídica, antes de que finalice el ejercicio social por auditar.

            c) Auditoría en entidades del sector público. Se regula en la Disposición adicional quinta disponiendo que “los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales u otros estados financieros o documentos contables de entidades que forman parte del sector público estatal, autonómico o local y se encuentran atribuidos legalmente a los órganos públicos de control de la gestión económico-financiera del sector público en el ejercicio de sus competencias se rigen por sus normas específicas, no resultando de aplicación a dichos trabajos lo establecido en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. Lo dispuesto en el párrafo anterior es igualmente de aplicación para los trabajos de colaboración que pudieran realizar los auditores de cuentas o de sociedades de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores, en virtud de contratos celebrados por los citados órganos públicos de control y en ejecución de la planificación anual de auditorías de dichos órganos.

            Los informes a que se refiere este apartado que pudieran emitir auditores de cuentas o sociedades de auditoría sobre entidades públicas no podrán identificarse como de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrán generar confusión respecto a su naturaleza como trabajo de auditoría de cuentas.

            No obstante el apartado anterior, en los casos en que en los mencionados contratos celebrados entre los órganos públicos de control y los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas se incluya, junto a colaboración en la realización de la auditoría pública, la emisión de un informe de auditoría de cuentas de los previstos en el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, destinado a atender determinadas exigencias previstas en normas sectoriales o por otras razones de índole mercantil o financiero, tales como la concurrencia a licitaciones internacionales o para obtener recursos en mercados financieros, los informes de auditoría de cuentas que pudieran emitirse por los auditores de cuentas o sociedades de auditoría a estos efectos, estarán sujetos a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

            Los trabajos de auditoría de cuentas realizados por un auditor de cuentas o sociedad de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas sobre las cuentas anuales o estados financieros u otros documentos contables de entidades integrantes del sector público estatal, autonómico o local que, conforme a su normativa de aplicación, se encuentran obligados legalmente a someter sus cuentas anuales a la auditoría de cuentas prevista en el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas están sujetos a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En particular, están incluidos en este apartado los trabajos de auditoría realizados por un auditor de cuentas o sociedad de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas sobre las cuentas anuales de las sociedades mercantiles pertenecientes al mencionado sector público sujetas a la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría conforme a la normativa mercantil.

            Entró en vigor el 5 de noviembre de 2011. (JAGV)

            Ver resumen de la Ley de Auditoría.

            Ver estudio de Antoni Perelló.

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PAÍS VASCO. Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

            La ley se estructura en seis títulos, siguiendo el esquema legislativo ya tradicional.

            El título I aborda las definiciones básicas en materia de urbanismo y los principios ordenadores de toda su regulación.

            Regula el título II la clasificación, la calificación y el régimen del suelo en el marco legal que existía en el momento de aprobación de esta Ley. Contiene el título una regulación detallada de las reparcelaciones.

            En título III se imponen estándares urbanísticos en suelo tanto urbano como urbanizable, algunos desconocidos en la práctica actual. A destacar uno tendente a garantizar la intensidad en la utilización del suelo para fines urbanísticos, a través de unas edificabilidades mínimas impuestas con carácter general así como de la obligación de ocupación mínima en planta de la edificación respecto a la superficie del ámbito a ocupar, ambas previsiones directamente relacionadas con el desarrollo sostenible.

            En esta misma línea, queda expresamente prohibida la segregación espacial de la ciudad mediante la concentración, por transferencias, de los porcentajes de reserva obligatoria de suelos para fines al servicio del interés general, que se limita de manera importante.

            A la obligación de reserva de determinados porcentajes del uso residencial para fines de vivienda protegida, se le suma la obligación adicional de reservar suelo con destino a la figura novedosa de los alojamientos dotacionales.

            El título IV está destinado a regular la intervención administrativa en el mercado del suelo y especialmente los patrimonios públicos del suelo

            Desarrolla también este título, el instrumento de la programación de la actuación urbanizadora.

            Respecto a los deberes de rehabilitación y conservación de los edificios, se establece como principal novedad la obligación de inspección periódica del estado de conservación de los mismos, y se evita que la declaración de ruina se convierta en un procedimiento más de especulación del suelo urbano.

            Así mismo, se incorpora y reconoce la legitimación de expropiación de las viviendas desocupadas situadas en áreas sometidas a los derechos de tanteo y retracto y de las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

            En el título V destaca el hecho de que la ley garantiza el derribo de las construcciones ilegalizables a costa de la propiedad infractora y tipifica una serie de conductas que deben ser reprendidas con pleno respeto a las garantías del Derecho administrativo sancionador.

            Entró en vigor el 3 de septiembre de 2006. GGB

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*REGLAMENTO DEL SUELO. Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

            Este es el primer Reglamento que desarrolla una Ley del Suelo desde que las Comunidades Autónomas tienen competencia sobre la materia, estando previsto en la disposición final segunda del texto refundido de la Ley de Suelo.

            Se centra fundamentalmente en lo relativo a «la valoración inmobiliaria», con la intención de dar respuesta al deseo expresado por el legislador estatal, de mejorar el funcionamiento del mercado del suelo, para hacerlo más transparente y eficiente, combatiendo las eventuales prácticas especulativas en la utilización del mismo, las cuales, en ocasiones, afectaban directamente a la fijación de valores a efectos expropiatorios.

            La «valoración inmobiliaria», en cuanto materia fundamental, constituye una competencia exclusiva del Estado en aplicación del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. El Tribunal Constitucional atribuyó en su Sentencia 61/1997, la competencia del legislador estatal en materia de valoraciones sólo en aquellos casos que se trataba de otorgar un tratamiento igualitario de todos los ciudadanos ante determinadas relaciones de los mismos con las Administraciones Públicas. Por ello, este desarrollo recoge los métodos y técnicas de valoración a aplicar en los supuestos contemplados en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, sin perjuicio de lo que puedan establecer otras legislaciones especiales y sus normas de desarrollo, como pueden ser, especialmente, las de carácter financiero y tributario.

            Previamente a desglosar la estructura del Decreto, se transcribe el resumen realizado en su día de la parte de valoraciones del TR Ley del Suelo:

“Título III. Valoraciones. 

            Arts. 21 al 28. No varía su contenido respecto de la Ley de 2007, salvo su numeración que aumenta en una unidad.

            Trata de los criterios de valoración del suelo y las construcciones y edificaciones, a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

            Históricamente, desde la Ley de 1956, la legislación del suelo ha establecido ininterrumpidamente un régimen de valoraciones especial que desplaza la aplicación de los criterios generales de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, valorando el suelo a partir de cuál fuera su clasificación y categorización urban��sticas, esto es, partiendo de cuál fuera su destino y no su situación real.

            Ahora se cambia de orientación, desvinculando clasificación y valoración pero partiendo de las dos situaciones básicas ya mencionadas, suelo rural y urbanizado, y tratando de determinar el valor de sustitución del inmueble en el mercado por otro similar en su misma situación. No se aplicará el régimen estimativo a la expropiación de inmuebles, modificándose el art. 43 de la Ley de Expropiación Forzosa por la D. Ad. 5ª.

            En el suelo rural, se abandona el método de comparación y se adopta el método de la capitalización de rentas, sopesando su localización y las construcciones por el método de coste de reposición teniendo en cuenta antigüedad y estado. La D. Ad. 7ª da reglas al respecto.

            En el suelo urbanizado, se distingue entre el edificado y el que no lo está.

                 - No edificado o con edificación ilegal o ruinosa.

                 a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que estén incluidos.

                 b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por el método residual estático.

                 c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.

                 - Edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los siguientes:

                 a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya realizada.

                 b) El determinado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada. 

            Derecho transitorio. Según la D. Tr. 3ª, las reglas de valoración contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de su entrada en vigor.”

            El Decreto lo forman cinco Capítulos y cuatro Anexos:

            El Capítulo I contiene, como Disposiciones Generales:

               - el objeto del Reglamento, que es el desarrollo de las valoraciones del TR de la Ley del Suelo.

               -  una aclaración del concepto de suelo en situación de urbanizado, recogido en el art. 12.3 TRLS.

               - la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica de los instrumentos de ordenación, completando el art. 15 TRLS.

            El Capítulo II se dedica a los conceptos y criterios generales para la realización de las valoraciones.

               - Define qué es lo que ha de entenderse por explotación en medio rural, construcción, edificación y por  instalación.

               - Determina cuándo se ajustan a la legalidad, elemento fundamental para ser valoradas. Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística.

               - Remite, para definir la situación de ruina física, a los requisitos de antigüedad y estado de conservación establecidos por la legislación urbanística aplicable.

            El Capítulo III se centra en la valoración en situación de suelo rural.

               -Cuando el suelo estuviera en situación de rural, los terrenos se valorarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación, según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración y adoptándose la que sea superior.

               - Define el concepto de renta real y potencial.

             - Se desarrolla el valor de capitalización de la renta real o potencial de la explotación, en un contexto de búsqueda del valor correspondiente al más alto y mejor uso del suelo rural, sin tener en cuenta las expectativas urbanísticas.

               - Se introducen de métodos de valoración del suelo con una amplia gama de actividades económicas ya presentes, o susceptibles de ser desarrolladas en el suelo rural, diferentes del aprovechamiento convencional, propias de una economía moderna y avanzada.

               - Se formula la valoración de explotaciones, entendidas éstas como unidades de producción, que se corresponden con la parte territorial de la empresa, a la que se llega desde los campos valorativos tradicionales más tecnológicos, incluyendo en suelo rural cualquier actividad económica reglada, produciéndose, así, la sustitución teórica de la renta de la tierra, por la renta de la explotación, lo que permite la inclusión, cada vez más frecuente, de explotaciones no agrarias en suelo rural.

               - Se desarrollan las posibilidades de la renta potencial, lo que permite incluir en la valoración la mejora tecnológica y económica para la modernización, así como la totalidad del valor potencial productivo del territorio.

               - Se proponen tipos de capitalización diferentes, para tipos de explotaciones diferentes, aplicando la Matemática Financiera, y ello, en función del riesgo de cada actividad en suelo rural, lo que constituye el núcleo fundamental de la valoración rural a la que se dedican los artículos 7 a 18 de este Reglamento.

            El Capítulo IV está dedicado a la valoración de inmuebles en situación básica de suelo urbanizado.

               - Tal y como se venía haciendo en legislaciones anteriores, se han utilizado criterios basados en información del mercado, acomodados al cumplimiento de los deberes y al levantamiento de las cargas urbanísticas por parte de sus titulares.

               - Se han pormenorizado los criterios para las distintas situaciones en las que se puede encontrar el suelo y que son las siguientes:

            1. Suelo urbanizado que no esté edificado, o en el que la edificación existente o en curso de ejecución sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física.

            2. Suelo urbanizado edificado o en curso de edificación.

            3. Suelo urbanizado sometido a operaciones de reforma o renovación de la urbanización.

            4. Suelo urbanizado sometido a actuaciones de dotación.

            5. Suelo en el desarrollo de actuaciones de transformación urbanística sometidas al régimen de equidistribución de beneficios y cargas.

            Y el Capítulo V se refiere a las indemnizaciones y gastos de urbanización, desarrollando lo establecido por los artículos 25 y 26 del texto refundido de la Ley de Suelo.

               - Indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización (art. 25.1)

               - Indemnización de la iniciativa y promoción de actuaciones de urbanización o de edificación (art. 26.1).

            Los  cuatro Anexos tienen el siguiente contenido:

               - Anexo I: Coeficientes correctores del tipo de capitalización en explotaciones agropecuarias y forestales.

               - Anexo II: Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación

               - Anexo III: Vida útil máxima de edificaciones, construcciones e instalaciones

               - Anexo IV: Primas de riesgo

            Para terminar, conviene hacer referencia a que han desaparecido del texto definitivo las referencias, que tenía el Anteproyecto, sobre el modo de documentar las obras nuevas, sin que ese Decreto modifique tampoco artículo alguno del Reglamento Hipotecario en materia de Urbanismo.

            Entró en vigor el 10 de noviembre de 2011.

            Ver reseña al Proyecto de Albert Capell.

            Ver resumen del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

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CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

            La elaboración de este Texto Refundido viene ordenada por la D.F. 32º de la Ley de Economía Sostenible.   Partiendo del contenido de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, éstas son las principales novedades:

               - Se ha procedido a integrar en un texto único todas las modificaciones introducidas a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, a través de diversas Leyes modificatorias de la misma, que han dado una nueva redacción a determinados preceptos o han introducido nuevas disposiciones. La Exposición de Motivos hace una enumeración exhaustiva de estas diez leyes.

               - Se incluye en el texto las disposiciones vigentes relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos.

                  - Por una parte, en materia de contrato de concesión de obras públicas, se han integrado las disposiciones sobre financiación contenidas en los artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 16 de junio de 2000.

                  - Por otra, para el contrato de colaboración público-privada se incluyen en el texto las previsiones contenidas en la Ley de Economía Sostenible, incluyendo las relativas a la colaboración público-privada bajo fórmulas institucionales.

               - Se ha procedido a ajustar la numeración de los artículos y, por lo tanto, las remisiones y concordancias entre ellos, rectificando, de paso, errores en el texto original.

               - Se eliminan disposiciones finales y se incluyen otras motivadas por el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 30/2007 y sus modificaciones.

               - Las remisiones a la Ley 30/2007 y al RD Legislativo 2/2000, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del Texto Refundido que se aprueba.

            Entrará en vigor el 16 de diciembre de 2011.

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*APOSTILLA DE LA HAYA. Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre, por el que se determinan los funcionarios y autoridades competentes para realizar la legalización única o Apostilla prevista por el Convenio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, de 5 de octubre de 1961.

            El 5 de octubre de 1961 se firmó en la Haya el Convenio XII de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado por el que se suprimió la exigencia de legalización de los documentos públicos autorizados en el territorio de un Estado contratante y que debieran ser presentados en el territorio de otro Estado contratante.

            El citado Convenio, que fue ratificado en España por Instrumento de 10 de abril de 1978 y entró en vigor para España el 25 de septiembre de 1978, configuró la Apostilla expedida por la autoridad competente del Estado del que dimanase el documento como la única formalidad exigible para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento ha actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento está revestido.

            Desde la entrada en vigor del Convenio, ha sido el Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre, la norma que ha enmarcado el funcionamiento de dicho Convenio en España, al establecer las autoridades o funcionarios competentes para realizar la Apostilla.

            Pero este Decreto ha quedado obsoleto, pues no se hace mención, ni a las Comunidades Autónomas ni a las Entidades Locales, ni lógicamente prevé la apostilla electrónica. Por ello se deroga, al igual que su Orden Ministerial de desarrollo.

            Así pues, el objeto del presente real decreto es:

            A) Establecer las autoridades y funcionarios competentes que pueden realizar la legalización única de documentos españoles (también denominada Apostilla), de conformidad con nuestra realidad territorial actual.

               - A ello se dedica el Capítulo I, que indica también los documentos a apostillar por cada una de las distintas autoridades competentes

                - El Ministerio de Justicia ha optado por circunscribir la relación de autoridades para apostillar al ámbito estricto del propio Ministerio, incluso en los documentos administrativos, usando un modelo de concentración de las autoridades competentes.

            B) Dar entrada a la Apostilla emitida en soporte electrónico, para los documentos públicos judiciales y administrativos, confiriéndole la misma validez que a la Apostilla emitida en soporte papel y dando cumplimiento, de esta forma, a lo previsto por la Orden JUS/1207/2011, de 4 de mayo, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia y se regula el procedimiento de emisión de Apostillas en soporte papel y electrónico.

               - Se dedica, pues, el Capítulo II a regular la forma de las Apostillas o legalizaciones únicas, tanto en el soporte tradicional papel, como en soporte electrónico  y el Registro Electrónico.

               - Una importante novedad, en cuanto a los documentos judiciales o administrativos, es la de que se puedan emitir indistintamente Apostillas en soporte papel o electrónico, con independencia del lugar geográfico, dentro del ámbito nacional, en que éstos hubieran sido emitidos.

               - También los Notarios podrán apostillar válidamente documentos notariales y administrativos (no los judiciales), con independencia del lugar geográfico, dentro del ámbito nacional, en el que éstos hubieran sido emitidos.

            Tipos de documentos:

            1.-Documentos administrativos.

               A) Qué documentos:

                  a) Los expedidos por autoridades y funcionarios de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos, Seguridad Social y Entes Públicos con competencia en todo o una parte del territorio nacional.

                  b) Por las autoridades y funcionarios de los Órganos Constitucionales.

                  c) Por autoridades y funcionarios de las Comunidades Autónomas y sus Organismos Públicos.

                  d) Por las autoridades y funcionarios de la Administración Local y sus Organismos Públicos.

                  e) Los documentos y certificaciones expedidas por los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles y, en su caso, del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

               B) Autoridades competentes. Puede ser cualquiera de ellas con independencia del lugar del territorio nacional en el que dicho documento hubiera sido emitido:

                  a) Los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de las ciudades de Ceuta y Melilla o quienes les sustituyan legalmente, así como en quiénes éstos deleguen.

                  b) El titular de la Unidad del Ministerio de Justicia con competencias en atención al ciudadano.

                  c) Los Gerentes Territoriales del Ministerio de Justicia.

                  d) Los Decanos de los Colegios Notariales o quienes hagan sus veces reglamentariamente, así como aquellos otros Notarios en quienes éstos deleguen.

            2.- Documentos judiciales.

               A) Qué documentos: los autorizados por las autoridades o funcionarios judiciales de cualesquiera juzgados y tribunales, servicios comunes procesales y demás unidades de la Administración de Justicia, con independencia del lugar del territorio nacional en el que dichos documentos hubieran sido emitidos

               B) Autoridades competentes. Las mismas que para los documentos administrativos, salvo los Notarios.

               C) Excepción. Para documentos del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, son competentes, de forma exclusiva, sus respectivos Secretarios de Gobierno.

            3.- Documentos notariales. Serán competentes los Decanos de los Colegios Notariales o quienes hagan sus veces reglamentariamente, así como aquellos otros Notarios en quiénes éstos deleguen, con independencia del lugar del territorio nacional en el que dicho documento hubiera sido emitido.

            4.- Documentos provenientes del Registro Civil.

               A) Hasta la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (22 de julio de 2014), se tratarán como documentos judiciales.

               B) A partir de entonces, se tratarán como documentos administrativos.

            5.- Otros documentos públicos. Para el resto de documentos públicos, el ciudadano podrá elegir entre  cualquiera de las autoridades competentes para apostillar documentos administrativos.

            6.- Documentos privados. No podrán ser objeto de Apostilla o legalización única.

            Forma de la Apostilla.

               - De conformidad con el anexo único al Convenio, la Apostilla, emitida tanto en soporte papel como electrónico, tendrá la forma de un cuadrado de 9 centímetros de lado, como mínimo, y expresará las diez menciones que se incluyen en el Anexo del presente real decreto.

               - Las Apostillas emitidas en soporte papel se extenderán en el propio documento apostillado. Si se extendiera en documento separado, ésta quedará indubitadamente unida al documento apostillado.

            Registro Electrónico. Todas las Apostillas que se emitan, tanto en soporte papel como electrónico, serán registradas y almacenadas en el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia.

            Validez de las Apostillas Electrónicas. Tendrán plena validez en España las Apostillas Electrónicas válidamente emitidas por las Autoridades con competencia para realizar el trámite de legalización única o Apostilla de otros Estados contratantes del Convenio.

            Entró en vigor el 17 de noviembre de 2011.

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DECRETO ARANCELES. Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos 1426/1989, de 17 de noviembre, y 1427/1989, de 17 de noviembre, por los que se aprueban los aranceles de los notarios y los registradores, así como el Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por el que se aprueba el arancel de los registradores mercantiles.

Exposición de motivos:

            El presente real decreto viene a “coordinar en los reales decretos que específicamente regulan los aranceles aplicables por notarios y registradores las diversas modificaciones operadas por ley o normas con rango de ley en los últimos años y cuya aplicación ha dado lugar a diversas dudas interpretativas.”

            (Parece, pues, deducirse que el real decreto pretende, compilar, aclarar e interpretar, pero no innovar).

            La exposición destaca, al respecto, tres puntos:

            1º.- Novaciones, subrogaciones y cancelaciones. Incorpora a la normativa sobre aranceles las previsiones contenidas en el artículo 8 de la Ley 2/1994, según la redacción dada por la Ley 41/2007 y así evitar la disparidad de interpretaciones que, en ocasiones, se han producido.

            2º.- Sociedades express. Se recogen los aranceles que para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada se establecieron en el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre.

            3º.- Rebaja temporal del 5%. Se pretende aclarar las dudas que ha suscitado la aplicación de la rebaja del 5 por 100 en los aranceles notariales y registrales prevista por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y que obedece a la condición de funcionarios públicos de los notarios y los registradores, y cuya adopción “respondió a la excepcionalidad de la situación económica que debiera comportar su limitación en el tiempo”. En concreto, se declara que dicha rebaja arancelaria se aplicará con carácter adicional a los demás descuentos, reducciones, bonificaciones o rebajas que se prevean en relación con los aranceles notariales y registrales que se calculen sobre la base que se indica en esta norma.

A) ARANCELES NOTARIALES:

B) ARANCELES REGISTROS DE LA PROPIEDAD:

C) ARANCELES REGISTROS MERCANTILES:

            Entrada en vigor: el 18 de noviembre de 2011. No tiene disposiciones transitorias.

            Breve comentario. Las notarías y los registros (tanto el Personal que los sirve como sus titulares) están sufriendo los efectos conjuntos de la grave crisis general e inmobiliaria en particular, las continuas rebajas arancelarias que parecen convertirse en cláusulas de estilo demagógico en disposiciones de todo tipo, y el soporte de la inflación desde los ya lejanos 1989 y 1973. En tales circunstancias resulta difícil mantener el nivel de empleo y exigencia en la prestación del servicio público que la sociedad en general y la Administración en particular les demanda.

            Se observa una cierta incongruencia entre la Exposición de Motivos y el texto del Decreto, pues, mientras aquélla alude a que lo que se pretende es coordinar e interpretar, la realidad es que también se introducen modificaciones que producen nuevas reducciones arancelarias como son la extensión de la rebaja del 5% a todos los apartados del número 2 en el Arancel de los Registradores (la Ley aludía expresamente al 2.1), o la reducción a cinco en el número de folios minutables de las escrituras de cancelación, en el caso de los Notarios.

            Ver Dictamen del Consejo de Estado.

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SEGURIDAD SOCIAL. Real Decreto 1621/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

            El principal objetivo de la reforma del Reglamento de recaudación de la Seguridad Social es el de adaptarse a la nueva disposición adicional 50ª de Ley General de la Seguridad Social, relativa a las notificaciones de actos administrativos en el ámbito de la Seguridad Social por medios electrónicos, conforme a cuyo apartado 1 las notificaciones por medios electrónicos, informáticos o telemáticos de los actos administrativos de Seguridad Social se efectuarán en la sede electrónica de ésta respecto a los sujetos obligados que se determinen por el Ministro de Trabajo e Inmigración, así como respecto a quienes, sin estar obligados, hubiesen optado por dicha clase de notificación.

            Así, pues, la notificación tradicional en el domicilio que expresamente hubiesen indicado para cada procedimiento y, en su defecto, en el que figure en los Registros de la Administración de la Seguridad Social, sólo se seguirá utilizando cuando se dé cumulativamente un doble requisito:

               - Que se trate de sujetos no obligados a ser notificados en forma telemática

               -Y que no hubiesen optado por dicha forma de notificación.

            La implantación del sistema de notificación en sede electrónica se llevará a cabo de forma gradual respecto a los actos de gestión recaudatoria, tal como se prevé en la disposición transitoria única que da amplias facultades al Ministerio de Trabajo.

            Para las notificaciones residuales del art. 59.5 LPA se utiliza el tablón de edictos y anuncios de la Seguridad Social situado en esa sede electrónica. Ahora se extiende su uso a otros actos recaudatorios cuya publicación se prevé en el Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, como anuncios de subasta.

            Otras modificaciones:

               - Devolución de ingresos en virtud de resolución judicial firme (art. 44.2)

               - Responsabilidad de personas y entidades depositarias de bienes embargables que colaboren o consientan en su levantamiento (art. 94)

               - Entidades financieras autorizadas a colaborar en la gestión recaudatoria, a fin de señalar expresamente que esas autorizaciones pueden habilitar también para la gestión de los pagos de las obligaciones de la Seguridad Social (art. 3.1).

               - Responsabilidad subsidiaria. El art. 14 equipara la regulación del inicio del expediente y de la emisión de la correspondiente reclamación de deuda, a la establecida para la responsabilidad solidaria en el artículo 13.4.

               - Se contemplan supuestos específicos de reintegro de capitales coste de pensiones o del importe de otras prestaciones, así como de los recargos sobre las mismas, aquellos que puedan derivarse de revisiones por mejoría del estado invalidante profesional (art. 71 al 75).

               - Embargo de fincas no inscritas. Cambia la redacción del apartado 2 del artículo 105:

            «2. Si la finca o fincas no constasen inscritas o no fuese posible extender la anotación por cualquier defecto subsanable, se tomará razón del embargo en el libro de inscripciones correspondiente y se hará constar así en la contestación al mandamiento.

            Cuando se trate de fincas no inscritas, la unidad de recaudación ejecutiva solicitará del deudor que subsane la falta de inscripción. Si el deudor no llevara a efecto la inscripción, el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la vista de las circunstancias que concurran en el expediente, ordenará que se inicien las actuaciones necesarias para suplir los títulos de dominio por los medios previstos en el título VI de la Ley Hipotecaria o la enajenación en subasta pública del bien embargado sin suplir previamente la falta de títulos de propiedad. En este último caso, tal circunstancia se expresará en el respectivo anuncio de subasta y se observará lo previsto en la regla 5.ª del artículo 140 del Reglamento Hipotecario.»

               - Adjudicación mediante subasta. Se sustituye el término edicto por el de anuncio de subasta (art. 105.2), y se adapta la redacción vigente al artículo 175.2.ª del Reglamento Hipotecario, diciendo ahora el art. 122.2:

            «2. Si el bien adjudicado fuera inmueble, antes de la emisión del certificado la dirección provincial comprobará si se han observado todas las formalidades legales en la sustanciación del expediente de apremio, requiriendo al efecto informe del servicio jurídico, y dispondrá en su caso lo necesario para subsanar los defectos que se observen. Dicho certificado incluirá, además de los extremos requeridos en el apartado anterior, los relativos a la ubicación del inmueble y todas aquellas circunstancias que, en su caso, sean precisas para su inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria. La certificación así emitida será título suficiente para la inscripción o inmatriculación de la adquisición a favor del adjudicatario en el Registro de la Propiedad.

            Si el adjudicatario solicita el otorgamiento de escritura de venta del inmueble adjudicado, con carácter previo al otorgamiento de la escritura se remitirá el expediente al servicio jurídico para que se emita el preceptivo informe, que deberá ser formulado en el plazo de cinco días a partir de la fecha de recepción del expediente de referencia. El director provincial dispondrá lo necesario para que se subsanen los defectos que se observen.

            Una vez devuelto el expediente por el servicio jurídico, con informe de haberse observado las formalidades legales en el procedimiento de apremio, deberán ser otorgadas las escrituras de venta de los inmuebles que hubieran sido enajenados, dentro de los quince días siguientes, previa citación a los deudores o sus representantes si los hubiese, o por edicto si así procede.

            Si no comparecieran a la citación, se otorgarán de oficio tales escrituras por el director provincial en nombre de los deudores y a favor de los adjudicatarios, haciéndose constar en ellas que queda extinguida la anotación preventiva hecha en el Registro de la Propiedad a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Asimismo se expedirá mandamiento de cancelación de las inscripciones y anotaciones posteriores a la correspondiente anotación de embargo con relación a los créditos ejecutados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 175.2.ª del Reglamento Hipotecario.»

               - El procedimiento de enajenación de bienes embargados mediante adjudicación directa pasa a regularse de forma más detallada, para lo cual se ha dado nueva redacción a los artículos 113 y 120.7 del Reglamento general reformado y se han incorporado a su texto los nuevos artículos 113 bis y 123 bis.

               - Se posibilita la aplicación del procedimiento de deducción de deudas frente a entidades públicas a la recaudación de reintegros o exigencia de responsabilidades en favor de los entes gestores de los conceptos de ingreso conjunto con las cuotas de la Seguridad Social.

               - Y, en cuanto al Sistema de remisión electrónica de datos (RED) por parte de los profesionales colegiados y demás personas que actúen en representación de los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar a la Seguridad Social, ve ampliada su regulación a fin de contemplar también la incorporación y uso efectivo de dicho sistema por parte de tales sujetos responsables, actualizándose asimismo los efectos que tal incorporación y uso efectivo tienen respecto a dichos representantes atribuyéndose a los directores provinciales de la TGSS la competencia para resolver en materia de autorizaciones de incorporación al citado sistema.

            Entró en vigor el 18 de noviembre de 2011.

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SERVICIO DOMÉSTICO. Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

            El Estatuto de los Trabajadores considera relación laboral de carácter especial la del servicio del hogar familiar. Su especialidad deriva del ámbito donde se presta la actividad, el hogar familiar, tan vinculado a la intimidad personal y familiar ajeno al entorno de actividad productiva y la existencia de un vínculo personal basado en una especial relación de confianza.

            Ahora se revisa en su integridad su regulación haciéndola converger con la general de una relación laboral, aunque manteniendo las especialidades que sigan estando justificadas por su carácter especial. Va en paralelo con la Seguridad Social, pues se acaba de integrar el Régimen Especial de Empleados del Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.

            Objeto: regular la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar de acuerdo con el artículo 2.1.b) del Estatuto de los Trabajadores.

            Definición: Se considera como tal la que conciertan el titular del hogar, como empleador, y el empleado que, dependientemente y por cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito del hogar familiar.

            Empleador: será el titular del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se presten los servicios domésticos.

            Servicios incluidos: tareas domésticas, dirección o cuidado del hogar o de una de sus partes, el cuidado o atención de los miembros del ámbito doméstico o familiar, y otros trabajos que se desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas, tales como los de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos.

            Exclusiones.

               a) Las relaciones concertadas por personas jurídicas.

               b) Las relaciones concertadas a través de empresas de trabajo temporal.

               c) Cuidadores profesionales contratados por instituciones públicas o por entidades privadas, de acuerdo con la Ley de dependencia.

               d) Las relaciones de los cuidadores no profesionales consistentes en la atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno.

               e) Las relaciones concertadas entre familiares para la prestación de servicios domésticos cuando quien preste los servicios no tenga la condición de asalariado.

               f) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.

               g) Salvo prueba en contrario, las relaciones de colaboración y convivencia familiar, como las denominadas «a la par», mediante las que se prestan algunos servicios como cuidados de niños, la enseñanza de idiomas u otros, siempre y cuando estos últimos tengan carácter marginal, a cambio de comidas o alojamiento.

               h) Salvo prueba en contrario, la relación del titular de un hogar familiar con un trabajador que, además de prestar servicios domésticos en aquél, deba realizar otros servicios ajenos al hogar familiar en actividades o empresas del empleador.

            Fuentes de regulación.

               a) Las disposiciones de este real decreto.

               b) Con carácter supletorio, la normativa laboral común. No el artículo 33 ET (FOGASA).

               c) Por los convenios colectivos.

               d) Por la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo, que respetará lo anterior.

               e) Por los usos y costumbres locales y profesionales.

            Forma del Contrato

               - El contrato podrá celebrarse por escrito o de palabra.

               - Deberá ser por escrito cuando así lo exija una disposición legal para una modalidad determinada. En todo caso, constarán por escrito los de duración determinada igual o superior a cuatro semanas.

               - En defecto de pacto escrito, el contrato de trabajo se presumirá concertado por tiempo indefinido y a jornada completa cuando su duración sea superior a cuatro semanas, salvo prueba en contrario.

               - Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral.

               - El Ministerio de Trabajo tendrá modelos de contratos de trabajo a través de su sede electrónica y de sus oficinas de información socio-laboral.

               - La comunicación del contenido de los contratos al Servicio Público de Empleo Estatal, así como su terminación, se entenderá realizada por el empleador mediante la comunicación en tiempo y forma del alta o de la baja ante la Tesorería General de la Seguridad Social, acompañada, en su caso, del contrato de trabajo, cuando este se haya formalizado por escrito.

            Duración del contrato y periodo de prueba.

               - Podrá celebrarse por tiempo indefinido o por una duración determinada.

               - Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba de hasta dos meses salvo lo previsto en convenio colectivo. En ese tiempo, cada parte puede resolver la relación laboral con un preaviso máximo de siete días naturales.

            Derechos y deberes laborales. Serán los establecidos en los artículos 4 y 5 ET y en este real decreto.

            Retribuciones.

                Llegarán, al menos, hasta el Salario Mínimo Interprofesional, por una jornada completa, percibiéndose a prorrata si se realizase una jornada inferior.

               - El pago en dinero de este mínimo también se garantiza cuando haya derecho a prestaciones en especie, como alojamiento o manutención. Estos conceptos no pueden suponer un descuento superior al 30% del salario total.

               - Los incrementos salariales deberán determinarse por acuerdo entre las partes y, en su defecto, se aplicará  el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos del mes en que se completen doce consecutivos de prestación de servicios.

               - Tendrá derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año que se percibirán, salvo pacto en contrario, al finalizar cada uno de los semestres del año, en proporción al tiempo trabajado durante el mismo. Su cuantía será al menos la del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

               - Para los que trabajen por horas, en régimen externo, se aplicará el salario mínimo para los trabajadores eventuales y temporeros, que incluye todos los conceptos retributivos. Se abonará íntegramente en metálico, en proporción a las horas efectivamente trabajadas.

               - Se entregará al trabajador un recibo individual y justificativo del pago. El Ministerio de Trabajo tendrá disponibles modelos.

            Tiempo de trabajo.

               - La jornada máxima semanal de car������cter ordinario será de cuarenta horas de trabajo efectivo, sin perjuicio de los tiempos de presencia, a disposición del empleador, que pudieran acordarse entre las partes.

               - Las horas de presencia no podrán exceder de veinte semanales de promedio en un periodo de referencia de un mes y se retribuirán con un salario de cuantía no inferior al correspondiente a las horas ordinarias.

               - El régimen de las horas extraordinarias será el establecido en el artículo 35 ET, salvo que no se contará día a día.

               - Entre jornadas, el descanso mínimo será de doce horas (diez para los internos).

               - El descanso semanal mínimo será de treinta y seis horas consecutivas que comprenderán, como regla general, la tarde del sábado o la mañana del lunes y el día completo del domingo.

               - Las fiestas y permisos serán los previstos en el artículo 37 ET.

               - El período de vacaciones anuales será de treinta días naturales, que podrá fraccionarse en dos o más periodos, si bien al menos uno de ellos será, como mínimo, de quince días naturales consecutivos. Si no hay pacto, quince días elige cada parte.

            Conservación del contrato.

               - Sólo hay subrogación contractual por cambio de la persona del empleador por acuerdo de las partes, presumiéndose este cuando el empleado de hogar siga trabajando siete días en el mismo domicilio.

               - Si el hogar se traslada a otra localidad, se considera como si hubiese cambiado el empleador.

               - En caso de incapacidad temporal del empleado de hogar, debida a enfermedad o accidente, si aquel fuera interno, tendrá derecho a permanecer alojado en el domicilio un mínimo de treinta días salvo que deba ser hospitalizado.

            Extinción del contrato.

               - La extinción se producirá conforme a lo previsto en este real decreto y en el artículo 49 ET, excepto por las causas letras h), i) y l) (fuerza mayor, despido colectivo y causas objetivas).

               - El despido disciplinario del trabajador se producirá, mediante notificación escrita, por las causas previstas en el ET. Si se declara improcedente -y lo será si no se siguen las formalidades-, se abonarán íntegramente en metálico las indemnizaciones: veinte días naturales multiplicados por el número de años de servicio, con el límite de doce mensualidades.

               - Cabe desistimiento del empleador, lo que deberá comunicar por escrito al empleado con preaviso de veinte días (siete si lleva trabajando menos de un año) o pagar esos días. La indemnización se abonará simultáneamente y en metálico, por importe de doce días naturales por año de servicio, con el límite de seis mensualidades.

               - El Ministerio de Trabajo publicará modelos e información para notificar la extinción del contrato.

            Jurisdicción competente. Será la jurisdicción social.

            Contratos en vigor.

               - Como regla, lo dispuesto en el presente real decreto será de aplicación a los contratos vigentes a la fecha de entrada en vigor del mismo.

               - No obstante, la cuantía de la indemnización prevista a la finalización del contrato por desistimiento solo se aplicará a los contratos celebrados a partir del 1º de enero de 2012.

               - La forma del contrato (artículo 5) sólo se aplicará a los nuevos contratos, pero si un determinado contrato, según la nueva regulación debe de constar por escrito, los empleadores dispondrán de un año para formalizar los contratos anteriores y, en ese plazo, deberán de informar al empleado de hogar sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo, siendo de aplicación el Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio.

            Queda derogado el Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, que regulaba esta misma materia.

            Entró en vigor el 18 de noviembre de 2011, pero surtirá efectos desde el 1 de enero de 2012.

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PAÍS VASCO. Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.

            Objeto de la ley. Regular el régimen jurídico aplicable a aquellas personas que acuerden constituirse en pareja de hecho.

            Concepto de pareja de hecho. Se considera como tal a la resultante de la unión libre de dos personas, mayores de edad o menores emancipadas, con plena capacidad, que no sean parientes por consanguinidad o adopción en línea recta o por consanguinidad en segundo grado colateral y que se encuentren ligadas por una relación afectivo-sexual, sean del mismo o distinto sexo. Asimismo, ambos miembros de la pareja deberán cumplir el requisito de no estar unidos a otra persona por vínculo matrimonial o por pareja de hecho.

            Constitución.

               - La inscripción de la pareja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se creará al efecto, tendrá carácter constitutivo, de modo que a las no inscritas no les será aplicable la presente ley.

               - Podrán inscribirse aquellas parejas de hecho en las que al menos uno de sus integrantes tenga su vecindad administrativa en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin distinguir, en el caso de la otra parte, su nacionalidad.

               - Las inscripciones practicadas en los registros municipales de aquellas localidades que cuenten con ellos tendrán el mismo efecto constitutivo, siempre y cuando al practicar dicha inscripción se hayan observado los requisitos establecidos en la presente ley, lo que deberá ser verificado por el Registro de Parejas de Hecho.

            Acreditación. La constitución de la pareja objeto de la presente regulación, así como el contenido jurídico patrimonial de la relación, se acreditará mediante certificación expedida por el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

            Regulación de la relación y régimen económico. Los miembros de la pareja de hecho podrán regular las relaciones personales y patrimoniales derivadas de su unión, mediante documento público o privado, con indicación de sus respectivos derechos y deberes, así como las compensaciones económicas para el caso de disolución de la pareja. No podrá pactarse la constitución de una pareja de hecho con carácter temporal ni someterse a condición.

            Ausencia de regulación. En defecto de otro pacto expreso, los miembros de la pareja podrán adherirse a las cláusulas que con carácter general se establezcan entre las que se incluirán la contribución al mantenimiento de la vivienda y de los gastos comunes, o los efectos del cese.

            Régimen sucesorio. A los efectos de la Ley 3/1992, de 1 de julio, de Derecho Civil Foral del País Vasco, las parejas de hecho tendrán la misma consideración que las casadas. Así, en relación con el régimen sucesorio y en función del Derecho Civil foral aplicable en cada caso:

               1. Podrán pactar que a la muerte de uno de ellos el otro pueda conservar en usufructo la totalidad de los bienes comunes.

               2. Podrán disponer conjuntamente de sus bienes en un solo instrumento, mediante el testamento mancomunado o de hermandad, pudiendo ser revocado o modificado por los miembros de la pareja.

               3. Podrán nombrarse recíprocamente comisario en el testamento o pacto sucesorio.

            Régimen fiscal. Se dará el mismo tratamiento fiscal a las parejas de hecho que a las unidas por matrimonio.

            Extinción de la pareja de hecho. Éstas son las posibles causas:

               a) El común acuerdo.

               b) Por decisión unilateral de uno de los miembros de la pareja, comunicada fehacientemente al otro.

               c) Por muerte o declaración de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja.

               d) Por matrimonio entre los propios miembros de la pareja.

               e) Por matrimonio de cualquiera de los componentes de la pareja.

            Todas las referencias hechas al matrimonio en las normas legales y reglamentarias aprobadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se entenderán hechas también a las parejas de hecho.

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*PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, por el que se introducen modificaciones en materia de obligaciones formales en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se modifica el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

            El presente real decreto tiene por objeto introducir varias modificaciones en dos reales decretos:

            A) Obligaciones formales reguladas en el Reglamento de Gestión e Inspección:

               - Para el caso patológico de que la persona física disponga simultáneamente de varios números de identificación fiscal (NIF), el mecanismo de regularización de la situación será la rectificación del NIF, en lugar de la revocación.

               - Se introducen una serie de modificaciones en la declaración anual de operaciones con terceras personas:

                  - Los datos declarados han de quedar desglosados por trimestres.

                  - Se modifican las reglas de imputación temporal para determinados casos particulares en los cuales varía el importe de las operaciones con posterioridad a su realización. El criterio general de imputación temporal es el de anotación registral de la factura o documento sustitutivo.

                  - determinadas personas físicas y entidades en régimen de atribución, que en principio no están obligadas a presentar esta declaración, solo deban presentarla por las operaciones por las cuales se haya expedido factura.

                  - Se exonera de la obligación a quienes estuvieran obligados a la presentación de la declaración de operaciones en libros registro, pero se deberán declarar determinadas operaciones que antes se debían incluir como excepción en la declaración de operaciones con terceras personas.

               - Se regula un nuevo supuesto de dilación no imputable a la Administración como consecuencia de la posibilidad de los obligados tributarios de señalar días en los que no se podrán poner a disposición notificaciones en la dirección electrónica habilitada.

               - En las autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes se han de identificar expresamente las cuentas como de titularidad del obligado tributario. Esta reforma está relacionada con el artículo 44 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, donde se trata de los denominados  “Identificadores únicos incorrectos”. Dice ahora así el artículo 132.1: «1. El pago de la cantidad a devolver se realizará mediante transferencia bancaria o mediante cheque cruzado a la cuenta bancaria que el obligado tributario o su representante legal autorizado indiquen como de su titularidad en la autoliquidación tributaria, comunicación de datos o en la solicitud correspondiente, sin que el obligado tributario pueda exigir responsabilidad alguna en el caso en que la devolución se envíe al número de cuenta bancaria por él designado.»

               - Y se modifica el régimen transitorio regulador de la declaración de operaciones incluidas en los libros registro, en el sentido de posponer hasta el año 2014, para todos los sujetos pasivos que no estén inscritos en el registro de devolución mensual del IVA o del IGIC, la entrada en vigor de la obligación de presentar electrónicamente la información de los libros registro de dichos impuestos.

            B) El Decreto de notificaciones y comunicaciones electrónicas obligatorias. Se añade una nueva disposición adicional tercera que permite señalar por parte de los obligados tributarios determinados días en los que no se podrán poner a disposición de los mismos notificaciones en la dirección electrónica habilitada, hasta un máximo de 30 días en cada año natural. En concordancia, esto implicará la modificación del reglamento tributario, como vimos, para el reconocimiento de forma expresa de estos días como dilación no imputable a la Administración.

            Entró en vigor el 27 de noviembre de 2011.

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CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL EEE. Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

            La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, regula el derecho de entrada y salida del territorio de un Estado miembro, el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias, y los trámites administrativos que deben realizar ante las autoridades de los Estados miembros. Asimismo, regula el derecho de residencia permanente, y establece limitaciones a los derechos de entrada y residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.

            El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, incorporó el contenido de esta Directiva al ordenamiento jurídico español.

            Ahora se modifican algunos de sus artículos para mejorar su adaptación a la referida Directiva y para recoger los criterios establecidos por el Tribunal Supremo en su sentencia de 1 de junio de 2010, por la que se anulan diversos apartados de artículos del Real Decreto 240/2007.

            1.- Tarjeta de residencia familiar. Art. 8..4 «4. La expedición de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud. La resolución favorable tendrá efectos retroactivos, entendiéndose vigente la situación de residencia desde la fecha acreditada de entrada en España siendo familiar de ciudadano de la Unión.» Antes decía: “entendiéndose acreditada la situación de residencia desde el momento de su solicitud”

            2.- Conservación de residencia por no nacional en caso de nulidad, divorcio o ruptura de pareja. Art. 9.4.

               - Se incluye como causa para conservarla la trata de seres humanos.

               - Desaparece una referencia final a que, transcurridos seis meses desde que se produjera el hecho, se debía solicitar una autorización de residencia,

            3.- Comprobaciones no sistemáticas. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 9, con la siguiente redacción: «5. Cuando las Autoridades competentes consideren que existen dudas razonables en cuanto al cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 8 y 9, podrán llevar a cabo comprobaciones al objeto de verificar si se cumplen las mismas. Dichas comprobaciones no tendrán en ningún caso carácter sistemático.»

            Los arts. 8 y 9 se refieren:

               - Residencia superior a tres meses con tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión (el 8)

               - Mantenimiento a título personal del derecho de residencia de los miembros de la familia, en caso de fallecimiento, salida de España, nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, separación legal o cancelación de la inscripción como pareja registrada, en relación con el titular del derecho de residencia (el 9).

            4.- Acreditación de ser beneficiarios del régimen comunitario. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 14, con la siguiente redacción: «4. Sin perjuicio de la obligación de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo así como de sus familiares de solicitar y obtener el certificado de registro o la tarjeta de residencia y sus correspondientes renovaciones, los mismos podrán acreditar ser beneficiarios del régimen comunitario previsto en el presente Real Decreto por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.»

            5.- Revisión de la prohibición de entrada. Se modifica el apartado 2 del artículo 15: «2. Aquellas personas que hayan sido objeto de una decisión de prohibición de entrada en España podrán presentar una solicitud de levantamiento de la misma en un plazo razonable que será determinado por la Autoridad competente en función de las circunstancias concurrentes y que constará en la resolución por la que se determine la prohibición de entrada. La solicitud de levantamiento de la prohibición de entrada se realizará con alegación de los motivos que demuestren un cambio material de las circunstancias que justificaron la prohibición de entrada en España. En todo caso, dicha solicitud podrá ser presentada transcurridos tres años desde la ejecución de la decisión de prohibición de entrada en España.…». Antes el plazo mínimo era de dos años.

            6.- Resoluciones de expulsión. Se modifica el apartado 2 del artículo 18: «2. Las resoluciones de expulsión deberán ser motivadas, con información acerca de los recursos que se puedan interponer contra ellas, plazo para hacerlo y autoridad ante quien se deben formalizar, así como, cuando proceda, del plazo concedido para abandonar el territorio español.

            Las resoluciones de expulsión establecerán un plazo para abandonar el territorio español, que sólo podrá ser excepcionado en los supuestos en que concurra alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 17.1 (solicitud de una medida cautelar de suspensión de la ejecución).

            Excepto en casos urgentes, debidamente justificados, dicho plazo no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de notificación. En todo caso, la decisión adoptada sobre la duración del plazo no podrá suponer impedimento para el control de la resolución de expulsión en vía administrativa y/o judicial.»

            Entró en vigor el 27 de noviembre de 2011.

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RESOLUCIONES PROPIEDAD:

*253. RECTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL POR MANIFESTACIÓN. Resolución de 23 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Castellar del Vallès contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Vélez Málaga n.º 2 por la que se deniega la inscripción de una escritura de liquidación de sociedad de gananciales y manifestación de herencia.

            Inscrito un inmueble por mitad y proindiviso a favor de dos cónyuges en virtud de escritura de compraventa en la que manifestaron estar sujetos a régimen económico matrimonial catalán de separación de bienes, se presenta escritura de liquidación de gananciales y manifestación de herencia, en la que la viuda, en su propio nombre y como heredera del premuerto, solicita hacer constar que en realidad estaban casados en régimen de gananciales. Mediante diligencia aclara que en el momento de la compra tenían la vecindad civil común, por no haber transcurrido diez años para adquirir la residencia catalana, y que, por tanto, el régimen era el común de gananciales.

            El registrador considera insuficiente la mera manifestación de cónyuge sobreviviente de conformidad con el art. 95.6 RH.

            La Dirección entiende que el cónyuge sobreviviente, al reunir la condición de titular registral de una mitad indivisa y ser heredero del titular registral de la restante mitad indivisa, puede realizar la rectificación del asiento, pero no mediante una manifestación genérica del régimen económico matrimonial, sin especificar si es el legal supletorio o el convencional. Señala la dirección que es aplicable el art.159 del Reglamento Notarial que establece que si dicho régimen fuere el legal bastará la declaración del otorgante, lo cual ha de entenderse en el sentido de que el notario concluirá que su régimen económico matrimonial, en defecto de capítulos, será el legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal circunstancia –el carácter legal de dicho régimen al recoger la manifestación de los otorgantes en el instrumento público de que se trate. En este caso falta la conclusión a la que haya llegado el propio notario autorizante derivada de aquellas manifestaciones para poder hacer la rectificación solicitada (MN)

            Comentario: parece querer decir la Dirección que con carácter general el notario ha de hacer una conclusión en las escrituras de que a su juicio e interpretando las manifestaciones de los otorgantes el régimen económico de los otorgantes es el legal supletorio, sin que baste la mera manifestación de los mismos; y desde luego para mi es totalmente novedosa tal conclusión, tanto que creo no haber visto en mi vida profesional ni una sola escritura en la que el notario hiciese tal conclusión o aseveración cuando el régimen es el supletorio legalmente aplicable. (MN)

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255. FIN DE OBRA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y SEGURO DECENAL. Resolución de 26 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por una notaria de Horcajo de Santiago contra la negativa del registrador de la propiedad de Tarancón a inscribir un acta notarial de fin de obra.

            Se otorga una escritura de obra nueva en construcción de una vivienda unifamiliar en la que, en relación con el seguro decenal, se hicieron las oportunas advertencias y manifestaciones. Del relato de los hechos  parece que  esas manifestaciones eran las relativas a que el propietario declaró que la iba a destinar a vivienda propia y cumplía los demás requisitos para no contratar el seguro decenal.

            Posteriormente se otorga escritura de terminación de Obra Nueva en la que no se dice nada al respecto sobre el seguro decenal, aunque de la descripción y licencia resulta que la vivienda sigue siendo unifamiliar.

            El registrador exige que se manifieste expresamente en la escritura de terminación de la obra por el autopromotor que la vivienda es para uso propio a fin de excluir el seguro decenal.

            La notaria recurrente alega que no son necesarias esas manifestaciones, porque ya se hicieron en la primera escritura de obra en construcción y la vivienda se termina como unifamiliar sin variación en su descripción.

            La DGRN confirma la nota del registrador señalando que SÍ es necesario manifestar el destino para uso propio  en la escritura de terminación, aunque se haya dicho en la escritura en construcción. Y ello lo fundamenta en que es precisamente en el momento de la terminación de la obra en el que tiene que acreditarse el cumplimiento de estos requisitos por el autopromotor y no antes, por mucho que se puedan anticipar en las escrituras de declaraciones de obra nueva en construcción. (AFS)

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256. VENTA DE GARAJE Y TRASTERO. DETERMINACION DE CUOTA. Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Sevilla n.º 2 a la inscripción de una escritura de elevación a público de un contrato privado de compraventa de una plaza de aparcamiento y de un trastero.

            Se presenta una escritura de compraventa en la que el titular registral del 40,46% de la finca registral 24.043, (el departamento independiente señalado número 1 de un edificio constituido en régimen de propiedad horizontal, con una cuota de participación del 11.10%,) vende una plaza de garaje y un trastero describiéndolos detalladamente (superficie, forma, dimensiones y linderos), añadiéndose que la cuota de participación de la plaza de garaje es del 3,55% sobre el total del local de aparcamientos y trasteros y del 0,39% sobre el total del edificio, y la del trastero del 1,37% y del 0,15%, respectivamente. En el registro la finca aparece inscrita a favor de 14 copropietarios distintos en diferentes participaciones indivisas, concretada solo en cuanto a nueve de ellas en plazas de garaje y un trastero.

            El registrador alega diferentes defectos de los que solo dos son objeto de recurso:

            1.- falta de previa inscripción a favor de la parte vendedora de los garajes con la configuración jurídica y física que resulta del título puesto que sólo es titular en régimen de comunidad romana de una participación indivisa de la finca. La Dirección confirma el defecto: las fincas transmitidas aparecen descritas de manera individualizada, concreta y detallada con expresión de su forma, linderos, superficie y cuota de participación, tanto en el local del que forman parte como en el edificio al que pertenece, lo que implica una verdadera división del local transmitido que exige su previa inscripción a favor de la parte transmitente con dicho contenido y extensión y con el consentimiento tanto de los restantes copropietarios como de la junta de propietarios.

            2.- no precisarse las participaciones indivisas que son objeto de la venta con datos matemáticos que permitan conocerlas indudablemente porque entiende que no se sabe con claridad si la cuota fijada se refiere al 100% de la finca o al 40,46% que pertenece al vendedor según el Registro. El recurrente alega que la determinación de la participación indivisa trasmitida se deduce de la participación que para cada una de las citadas plazas se fija en relación con el total local del que forman parte indivisa, por lo que la suma de las mismas debe deducirse de la participación indivisa que corresponde a la parte transmitente que también está referida al total de dicho local, finca registral 24.043. La Dirección también confirma el defecto pues el principio de especialidad registral impone la exacta determinación del derecho transmitido sin que no puede derivarse de meras conjeturas u operaciones aritméticas y, además, no se precisa si la cuota asignada a cada elemento que se transmite se refiere a la titularidad en el derecho trasmitido o a la forma de contribuir a los gastos de cada uno de sus elementos en las fincas de las que forma parte, pues ambas no siempre tienen por qué coincidir. (MN)

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JURISPRUDENCIA FISCAL:

CONSULTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS:

Nº de consulta: V2057-11.

Fecha: 14/09/2011.

Impuesto afectado: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Materia: “La entidad consultante, una cooperativa de viviendas, va a comprar un terreno y a otorgar las correspondientes escrituras de compraventa, declaración de obra nueva, división horizontal y préstamo hipotecario, para comenzar la edificación de las viviendas exclusivamente para sus socios.”

Se pregunta sobre la exención en la tributación por ITP y AJD en relación con las citadas operaciones.

Se responde que “en el supuesto planteado la entidad consultante, una cooperativa de viviendas según sus estatutos, manifiesta que dichas cooperativas son calificadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía como cooperativas de usuarios y consumidores. Si tuviera tal calificación, correspondiendo la comprobación de dicho extremo a la Comunidad Autónoma Andaluza, ello implicaría la consideración de cooperativa especialmente protegida conforme al artículo 7 de la Ley 20/1990, quedando amparadas por la exención las operaciones que plantea realizar, de conformidad con el artículo 34 de la citada norma��

Nº de consulta: V2058-11.

Fecha: 14/09/2011.

Impuesto afectado: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados.

Materia: “La sociedad consultante es propietaria de una parcela adquirida mediante escritura pública en la que se estableció una condición resolutoria, no en garantía del cumplimiento del pago del precio que había sido satisfecho en su totalidad, otorgándose por la parte vendedora carta de pago, sino en cuanto a la realización de la construcción en determinada forma y plazos, modificación del uso de los bienes, enajenación de los mismos en ciertas condiciones y plazos, etc.

Ahora la consultante está interesada en cancelar en el Registro la indicada condición resolutoria.”

Se pregunta si la cancelación de dicha condición está sujeta al Impuesto sobre TPO y AJD.

Se responde que “la escritura de cancelación de la condición resolutoria impuesta por la parte vendedora en relación con el cumplimiento de determinados requisitos por parte de la entidad adquirente no parece que tenga por objeto cantidad o cosa valuable, por lo que no concurren los requisitos necesarios para tributar por la cuota gradual.”

Nº de consulta: V2117-11.

Fecha: 19/09/2011.

Impuesto afectado: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Materia: “El consultante y su esposa, casados en régimen de separación de bienes, están tramitando ante el Juez la disolución de su matrimonio. Previamente a la disolución se va a proceder a la extinción del régimen de separación de bienes, conviniendo ambos cónyuges, de mutuo acuerdo, la adjudicación a cada cónyuge de determinados bienes, por causa distinta de la pensión compensatoria, lo que va a dar lugar a adjudicaciones de bienes entre los cónyuges que son privativos del cónyuge que los entrega. El citado convenio se someterá a ratificación del Juez que ha de dictar resolución”. Se pregunta por la existencia o no de alteración patrimonial.

En primer lugar, se contesta recordando que el artículo 33.3 de la Ley de IRPF que se estima que no existe ganancia o pérdida patrimonial en la extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes, cuando por imposición legal o resolución judicial se produzcan adjudicaciones por causa distinta de la pensión compensatoria entre cónyuges. A continuación se hace constar que “los cónyuges van a formular solicitud de divorcio y, previamente, van a proceder a la extinción del régimen matrimonial de separación de bienes, formulando propuesta de convenio regulador en el que harán constar la adjudicación a cada cónyuge de determinados bienes, que se someterá a ratificación del Juez. Como consecuencia de lo anterior se van a producir adjudicaciones de bienes a los cónyuges, bienes que son privativos del cónyuge que los entrega. Estas adjudicaciones se producirán por causa distinta de la pensión compensatoria entre cónyuges. Conforme con los preceptos anteriormente señalados, se generaría en cada cónyuge una ganancia o pérdida patrimonial sujeta y no exenta, al no tener cabida lo dispuesto en el artículo 33.3.d) de la Ley del Impuesto por no derivar las adjudicaciones de una imposición legal o de una resolución judicial, sino de la voluntad de las partes.”

Nº de consulta: V2198-11.

Fecha: 22/09/2011.

Impuesto afectado: Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas

Materia:

“Los consultantes son propietarios en pro indiviso de varios inmuebles unos les pertenecen por compraventa y otros por herencia. Actualmente, los hermanos pretenden la disolución de dichos pro indivisos en un único acto. Quieren hacer lotes cuyo valor sea lo más similar posible, efectuándose las compensaciones económicas que fueran necesarias por los excesos de adjudicación que se pudieran producir.

Se plantean dos opciones:

- Un primer supuesto en el que a través de dichos lotes se adjudicaran todos los inmuebles a los copropietarios en la misma o distinta proporción a la respectiva cuota de titularidad.
      - Un segundo supuesto en el que a través de dichos lotes únicamente se adjudicaran determinados inmuebles en la misma o distinta proporción a la respectiva cuota de titularidad, manteniéndose la propiedad de algunos inmuebles en proindiviso entre los tres hermanos”  Se pregunta por la tributación de la operación.

El Centro Directivo aprecia que de “los hechos expuestos se deriva claramente que la operación que se pretende llevar a cabo no supone la disolución de la comunidad de bienes, -que claramente se mantiene en cuanto a alguno de los bienes inmuebles que van a continuar en común- produciéndose, en todo caso, lo que a veces se denomina “disolución parcial”, pero que realmente no es una disolución o, en cualquier caso, no lo es a efectos del ITPAJD. La redistribución de las participaciones entre los tres comuneros, mediante la cual cada comunero transmitirá 1/3 de inmuebles a los otros dos comuneros y en la cual cada comunero pasará a ostentar el 100% de la propiedad de algún inmueble, debe calificarse jurídicamente como permuta, como ya se ha manifestado en este sentido esta subdirección en consulta V-1759-09 de 27 de julio de 2009. Aunque al tratarse de dos comunidades de bienes bien pudiera ocurrir que una de las comunidades se extinguiera y la otra no, pero dada la escasez de datos aportados, es imposible manifestarse en este sentido”.  Por lo tanto, sus conclusiones son las siguientes:

“Primera: Una comunidad de bienes hereditaria sobre varios inmuebles, nacida por la adjudicación pro indiviso de una única herencia a favor de los tres consultantes y otra comunidad de bienes sobre otros inmuebles constituida por compraventa no forman una única comunidad de bienes, sino dos comunidades de bienes con los mismos comuneros.
Segunda: La disolución de las dos comunidades de bienes constituye dos negocios jurídicos diferentes y deben ser tratadas de forma separada a efectos de su tributación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sin que sea obstáculo para ello el hecho de que los comuneros de ambas sean las mismas personas.
Tercera: En consecuencia, las reglas de tributación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados deben ser aplicadas separadamente a cada disolución a efectos de determinar el devengo de la cuota gradual de actos jurídicos documentados, documentos notariales, por la disolución si no hay excesos de adjudicación ni realizaban actividades empresariales, así como, en su caso, el devengo de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas por las permutas y excesos de adjudicación no exceptuados de gravamen que se puedan producir.

Cuarta: La extinción parcial de una comunidad de bienes adjudicando inmuebles completos a comuneros y dejando otros en pro indiviso, a efectos del ITPAJD, se trata de una permuta de cuotas partes y como tal tributará por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas.”

En relación con la llamada plusvalía municipal, el Centro Directivo manifiesta lo siguiente: “En el presente caso nos encontramos ante una comunidad de bienes constituida una parte por bienes adquiridos por actos mortis causa y otra parte por bienes adquiridos por actos inter vivos por lo que habrá que diferenciar las dos clases de bienes.

Así respecto a las comunidades de bienes constituidas por “actos mortis causa”, el criterio de esta Subdirección General, coincidente con las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1997, 10 de octubre de 1998 y 19 de diciembre de 1998, es que en la división de la herencia no se produce el devengo del IIVTNU, y ello con independencia de que la división se lleve a cabo mediante adjudicación proporcional a cada uno de los herederos, o bien, en el caso de que tratándose de un bien indivisible, se adjudique a uno de los herederos mediante compensación económica al resto”.

Por el contrario, si la extinción del condominio sobre los bienes inmuebles urbanos adquiridos por “actos inter vivos” se realiza mediante la adjudicación a uno o varios de los comuneros en exceso sobre su cuota de participación, sí que se produce la sujeción al IIVTNU.
      El sujeto pasivo, de acuerdo con el artículo 106.1.b) del TRLRHL, al tratarse de una transmisión a título oneroso, será el comunero/s que percibe/n bienes con menor valor sobre su cuota de participación y que por tanto transmite/n su propiedad al comunero/s adjudicatario en exceso”

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas “los supuestos a los que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos.”

Para que opere lo previsto en este precepto es preciso que las adjudicaciones de bienes que se efectúen entre los copropietarios de los mismos se correspondan con la respectiva cuota de titularidad. En tal caso no existiría alteración patrimonial, y, por tanto, ganancia o pérdida patrimonial, por lo que, a efectos de futuras transmisiones, el valor y la fecha de adquisición de cada uno de los bienes no serían los de la adjudicación sino los valores y fechas de adquisición originario de cada uno de ellos, sin perjuicio de las especialidades previstas en la normativa del Impuesto en relación con los bienes afectos.

Si se adjudicaran bienes en distinta proporción a la respectiva cuota de titularidad, compensándose o no en metálico o en especie, s��� se produciría una alteración patrimonial y, en consecuencia, una ganancia o pérdida patrimonial.

El cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial que se generase, en este último caso, en aquellos copropietarios a quienes se adjudiquen bienes en proporción inferior a su respectiva cuota de titularidad se efectuará, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Impuesto, por diferencia entre los respectivos valores de adquisición y de transmisión, valores que vienen definidos en los artículos 35, 36 y 37 de la citada Ley, y que habrán de ser determinados en función de las adjudicaciones que, finalmente, vayan a realizar los copropietarios,
Lo anteriormente expuesto sería igualmente aplicable en el caso de que no se adjudicaran todos los bienes, quedando alguno o algunos de ellos en copropiedad”.

 En relación con la plusvalía municipal nos remitimos a lo que dijimos en el Informe correspondiente al mes de diciembre de 2010, al comentar la Consulta V2669-10. En relación con la ganancia patrimonial en el IRPF, nos remitimos a lo que escribimos en el Informe correspondiente al mes pasado de agosto, cuando comentamos la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco de 15 de junio de 2011. En ambos supuestos caben otras interpretaciones. La posibilidad de que una comunidad comprenda varias fincas y derechos, ampliando su contenido con posterioridad a su constitución, sin que por ello se creen nuevas comunidades, siendo sólo una comunidad, fue estudiado en el Informe Fiscal de Junio de 2009, Consulta V1738 de 27/07/2009, y en el Informe Fiscal de julio de 2010, Consulta V1715-10 de 26/07/2010.

Nº de consulta: V2255-11.

Fecha: 23/09/2011.

Impuesto afectado: Impuesto  sobre  Sucesiones

Materia: “Un familiar del consultante falleció el 29 de mayo de 2011, quien le instituyó heredero y legatario junto con otras personas. La doble condición de heredero y legatario coincide respecto a cuatro de ellos, siendo las otras dos personas una legataria y otra heredera”.

Se pregunta si “los legados se incluyen en la base de cálculo del ajuar doméstico y forma de distribuir el importe entre los distintos causahabientes”.

Se responde que “no se incluyen en dicho concepto los bienes que se transmiten mediante legado por no formar parte de la herencia, pero sí los bienes exentos o que den lugar a bonificaciones fiscales ya que sí forman parte del caudal relicto.

Respecto a los causahabientes obligados a incluir en su participación individual el importe correspondiente al ajuar doméstico, el artículo 23, transcrito anteriormente, tras indicar que el ajuar doméstico debe ser incluido en el caudal hereditario del causante a efectos de determinar la participación individual de cada causahabiente (apartado 1 del artículo 23), advierte que tal obligación no es exigible a los legatarios, a quienes el testador hubiese atribuido bienes determinados con exclusión de cualesquiera otros del caudal hereditario. Además completa la regla expuesta especificando que en el caso de que un causahabiente reúna la doble condición de heredero y legatario, la parte del ajuar doméstico que debe imputársele es la que le corresponda como heredero, es decir que se le ha de atribuir el ajuar doméstico en la misma proporción en la que participe en el resto de la masa hereditaria”.

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 de junio de 2011, Recurso 590/2008.  La retribución del albacea no es deducible en el ISD.

“Es incuestionable que los gastos generados por la actuación de los albaceas, incluidas sus retribuciones, son gastos de administración del caudal relicto, lo que, como se señala en la contestación del abogado del Estado, viene corroborado por las funciones atribuidas a los albaceas en el testamento de autos. El albacea, en efecto, desarrolla las funciones de gestión del patrimonio hereditario que, en ausencia del mismo, se atribuyen al heredero o herederos como continuadores de las relaciones jurídicas del causante y, en particular, la administración -tanto conservativa como liquidatoria- del caudal relicto (cfr., actualmente, el art. 429-8 del citado Código civil de Catalunya). Excluida expresamente en la normativa tributaria de aplicación la deducibilidad de los gastos que tengan su causa en la administración del caudal relicto, es obligada la desestimación de la pretensión ejercitada en el presente proceso. Y esta conclusión no puede quedar desvirtuada por la norma invocada en la demanda, con efectos puramente civiles y destinada a resolver una cuestión interna de imputación de gastos entre herederos y legatarios; ni tampoco por la alegación de que se produciría una duplicidad impositiva, al tributarse por sucesiones (los herederos) y por el IRPF (las retribuciones de los albaceas), pues se trata de títulos y orígenes diferentes”

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sede de Valladolid de 7 de julio de 2011, Recurso 810/2007. Sujeción a AJD de la distribución en escritura pública del valor de tasación de las fincas hipotecadas.

Los hechos a que dieron lugar esta sentencia son los siguientes:

    “Como resulta del expediente administrativo: a) con fecha 8 de abril de 2003 D. Gonzalo -en su condición de Apoderado solidario de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de... y D. Mauricio -como Administrador solidario de...S.L.- suscribieron un documento de distribución entre varias fincas de la carga hipotecaria convenida en garantía de un préstamo concedido a la actora por la Caja de Ahorros citada. Dicho convenio se formalizó en un documento privado al amparo de la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 7 de enero de 2004, que reconocía esa posibilidad a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, siempre que concurrieran determinados requisitos: b) ante el defecto detectado en dicho documento privado, consistente en que no contenía el valor de tasación de las fincas a efectos procesales -que era uno de esos requisitos- con fecha 31 de diciembre de 2003, otorgaron escritura pública ante el notario de León D. ........, en la que se subsanó dicha omisión; y c) ante este otorgamiento la Delegación Territorial de Hacienda de León, el 15 de julio de 2004, notificó a la actora proyecto de liquidación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, confirmada por la liquidación provisional nº 24-IND3-TPALAJ- 04- 001050, que fue el acto impugnado en la reclamación económico-administrativa en que recayó la resolución contra la que se dirige la pretensión objeto de este proceso.”

Este criterio ha sido reiterado por la Sentencia del mismo Tribunal, Sala y Sección, de 14 de julio de 1011, Recurso 960/2007.”

En el Seminario de Derecho Registral de Bilbao de 19 de octubre de 2009,publicado en notariosyregistradores.com por el Registrador de la Propiedad Carlos Ballugera Gómez, se trató expresamente de la posible tributación en AJD del cambio en el valor de tasación de un inmueble hipotecado, llegándose a la conclusión que no tributaría por AJD ya que la estipulación no contiene cantidad o cosa valuable, “ pues el valor de tasación no implica modificación de la responsabilidad hipotecaria, tiene una eficacia procesal y no supone, pese a su trascendencia, mutación jurídico-real.” Añadimos que el valor de tasación no es un límite, ni por arriba ni por debajo, a la hora de la celebración de la subasta, pues el importe que se obtenga en la misma puede ser inferior o superior al fijado inicialmente, lo que demuestra que no tiene eficacia real frente a terceros, fundamento del devengo del Impuesto de AJD tal como ha declarado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Como antecedente histórico de la última doctrina expuesta, podemos citar al Registrador de la Propiedad Bas y Rivas, que en su obra "impuesto de Derechos Reales y sobre Transmisiones de Bienes", segunda edición, 1960, páginas 338 a 340, escribía que sólo tributarían las modificaciones que sustancialmente afecten al derecho real de hipoteca, no las modificaciones sencillas. Por ello pensamos que a la asignación de un valor de tasación a cada una de las fincas sobre las que se distribuye el préstamo hipotecario no es una modificación sustancial del derecho real, sino el cumplimiento de un requisito procesal, al igual que el cambio de domicilio.

El legislador de 1959 consideraba como modificaciones sustanciales de la hipoteca las siguientes: la distribución y la nueva distribución del préstamo hipotecario, la sustitución de fincas, la reducción a una o varias fincas del derecho real de hipoteca y la liberación de parte de una finca. 

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA OFICINA NOTARIAL:

  EL TESTAMENTO BERLINÉS:

   Introducción:

   Recuerdo que en mis primeros tiempos de ejercicio de la profesión, a menos que lo hicieras en  un “pueblo de playa”, era raro encontrar un documento en que interviniera algún extranjero. E incluso en aquellas localidades en que su intervención comenzó a ser habitual, se les aplicaba directamente el Código Civil, de forma que todos estaban casados en gananciales y testaban conforme al Derecho Español. Hoy poco a poco la situación ha comenzado a cambiar, de forma que, con la entrada de España en la UE, con la aplicación de los regímenes forales, algunos con su flamante Código Civil, y con la movilidad que Europa nos ha impuesto a todos los ciudadanos de la Unión, creo que, sin lugar a dudas, los Cuerpos Notarial y Registral, son de los más preparados, tanto en el conocimiento de las distintas legislaciones patrias, como en el de Derecho Extranjero, y que luchamos, cada día, por dar una solución correcta, a los múltiples problemas de Derecho Interregional e Internacional Privado (la muestra la tenemos en el interesante  Cursillo sobre extranjeros, de varias semanas de duración y de un gran nivel, en mi opinión, que se ha celebrado en el Colegio Notarial de Valencia, los meses de octubre a diciembre, en el que se han tratado desde temas policiales y judiciales, hasta registrales y notariales).

  Derecho Alemán:

  En este punto, quizá los notarios más preparados, sean los que ejercen en Canarias y Baleares, convertidas hoy casi en una parte del territorio alemán, y quiero destacar sobretodo los estudios de nuestra compañera Inmaculada Espiñeira, convertida hoy en una verdadera tratadista de Derecho Internacional Privado. Lo digo ya, anticipadamente, puesto que algunos de los puntos de que, sumariamente, voy a tratar, los he recogido de sus varios artículos en la web  “notariosyregistradores”.

El régimen económico matrimonial alemán y la legítima:

Las dos premisas que mejor pueden explicar el testamento alemán, denominado berlinés, son el régimen económico matrimonial y la legitima alemana.

 En cuanto al primero, porque el régimen legal alemán, como sabemos, es el de participación en las ganancias, es decir funciona, prácticamente como régimen de separación durante el matrimonio, compensándose, en metálico, las diferencias, al tiempo de su disolución. De esta forma, cada cónyuge puede disponer libremente (salvo que disponga por entero de todo su patrimonio), y lo puede seguir haciendo, tras de la muerte de su cónyuge o del divorcio, dado que lo que surge, a la hora de la liquidación, es un simple crédito compensatorio de las diferencias entre el patrimonio inicial y final de ambos. En tal sentido, dice el parágrafo 1363 del BGB “Los cónyuges se encuentran sujetos al régimen económico de participación en las ganancias, si no han otorgado capitulaciones matrimoniales. El patrimonio del marido y la mujer no se convierten en patrimonio común de ambos, y ocurre lo mismo con los bienes que adquiere un cónyuge después de la celebración del matrimonio. Sin embargo las ganancias que obtienen los cónyuges durante el matrimonio se compensan cuando se extingue el régimen de participación en las ganancias”. “Ganancia –dice el parágrafo 1374- es la cuantía en que el patrimonio final de un cónyuge excede del patrimonio inicial”.

  Y por lo que hace a la legítima alemana, es sólo un crédito contra la herencia (similar al Dcho Catalán)  o pars valoris, de suerte que el causante puede, por ejemplo, instituir a su esposa como heredera única, sin perjuicio del crédito que constituye la legítima de los hijos. Dicha legítima consiste en la mitad del valor de la cuota hereditaria legal o intestada (Pg. 2303). La pretensión de legítima sólo la tiene el legitimario dentro de los tres años, a contar de la muerte del causante (Pg. 2332)

  El Testamento Mancomunado alemán: (El llamado testamento berlinés)

   A diferencia del c.c. español que prohíbe el testamento mancomunado (art 669), el BGB lo permite en el parágrafo 2265 “El testamento mancomunado sólo puede ser otorgado por cónyuges”. Incluso puede ser ológrafo, pg. 2267 “para ello basta que uno de los cónyuges otorgue el testamento en la forma prescrita y que el otro cónyuge firme también en forma autógrafa la declaración común. El cónyuge que sólo firma el testamento, debe indicar el momento (día, mes y año) y lugar en que ha añadido su firma.”

   Una especialidad del testamento mancomunado alemán, y que se usa frecuentemente en Alemania es el llamado testamento “berlinés” que consiste en la institución recíproca y universal de herederos por ambos esposos, nombrando herederos a los hijos, al tiempo del fallecimiento del último de ellos. Esta forma de testamento se recoge en las pags. 2269 y 2273. Dice el 2269 “Si los cónyuges han establecido en un testamento mancomunado, por el que se instituyen recíprocamente herederos que, al fallecer el superviviente, el caudal relicto de ambos corresponda a un tercero (hijo o hijos), en caso de duda, se entiende que el tercero está instituido heredero en todo el caudal relicto del cónyuge que fallece en último lugar. Si los cónyuges han ordenado en semejante testamento un legado (por ejemplo legítima), que debe cumplirse después de la muerte del superviviente, en caso de duda, se entiende que el legado sólo debe deferirse al designado, a la muerte del superviviente. En cuanto al 2273 indica “En la apertura de un testamento mancomunado, las disposiciones del cónyuge superviviente, en la medida en que puedan separarse, no deben notificarse ni dar a conocer por otros medios a los interesados. Se debe hacer una copia auténtica de las disposiciones del cónyuge premuerto. El testamento se debe volver a cerrar y devolver al depósito oficial especial. Las disposiciones del apartado anterior no se aplican si el testamento sólo contiene disposiciones por causa de muerte que producen efectos con la muerte del primer cónyuge, especialmente si el testamento se limita a la declaración que lo cónyuges se instituyen recíprocamente herederos”.

   ¿Se puede otorgar un testamento alemán berlinés en España?

La cuestión se centra en dos puntos: primero si se puede formalizar un testamento berlinés alemán en España, por cónyuges residentes en España desde hace mucho tiempo, y con bienes en España. Después si una vez abierta la sucesión se deben cumplir todos los requisitos posteriores que sigue el testamento alemán, concretamente el control judicial (erbschein). Y también si, dado el principio de unidad de sucesión alemana (al igual que la española), se puede romper este principio otorgando un testamento mancomunado alemán limitado a los bienes sitos en España.

  La verdad es que son preguntas demasiado importantes para un pequeño trabajo como el presente, y de las que sólo voy a exponer mi modesta opinión, sin perjuicio de cualquier opinión en contra:

  1).- En primer lugar el art 9.8 permite que por ejemplo unos cónyuges navarros o aragoneses puedan otorgar testamento mancomunado en territorio de Dcho Común, donde está prohibido, e igualmente un extranjero pueda formalizar un testamento de acuerdo con la forma y contenido que permite su ley nacional (también los españoles pueden testar fuera de España, conforme a la ley del lugar, art 732, aunque los que tengan vecindad común, no pueden otorgar un testamento mancomunado art 733 c.c.).

  Dice el artículo 9.8 que “la sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento, conservarán su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien la legítimas se ajustarán en su caso, a esta última.”

  Por tanto el primer obstáculo, está superado, en mi opinión: unos cónyuges alemanes pueden otorgar en España, un testamento mancomunado alemán, de acuerdo con su ley nacional.

 2).-  En cuanto al tema de la forma y el posterior control judicial respecto a la apertura del testamento, entiendo que no sería necesario observar las formas alemanas de control judicial, sino se aplicaría la forma prevista por el Dcho Español (defunción, Últimas Voluntades y copia autorizada del testamento). Art. 11 “las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen. No obstante serán también válidos los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes. Igualmente serán válidos los actos y contrato relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que estos radiquen”

  3).-  El último punto sería la ruptura que un testamento español puede producir del principio de unidad sucesoria, propio del Dcho alemán y el control que de cualquier testamento extranjero exige el Dcho alemán se haga por notario alemán. O sea está claro que un testamento mancomunado alemán en España no sería válido en Alemania (como tampoco lo sería una escritura de compraventa en España de un inmueble sito en Alemania  y ello, aunque sean los notarios alemanes los que sin embargo están pretendiendo formalizar escriturar apartamentos españoles). La cuestión, también actual, sería si cabría la posibilidad de que un testamento mancomunado berlinés otorgado en España, se podría aplicar a los bienes, en especial inmuebles, situados en España. La cuestión, en principio, creo se puede contestar afirmativamente, a mi juicio, y a ello ayuda hasta cierto punto la sentencia TS 8 de octubre de 2010:

  En este supuesto unos cónyuges alemanes otorgaron un testamento berlinés en Alemania, en el que se instituyeron recíprocamente herederos, designando herederos final al hijo y con facultad de revocación por el último sobreviviente del nombramiento de heredero efectuado a favor del hijo. Fallecida la esposa, el esposo contrae otro matrimonio y revoca en Alemania el testamento mancomunado original, nombrando herederos finales a los nietos hijos del hijo designado heredero; tras contraer nuevo matrimonio, otorga otro posterior testamento en España, en el que revoca cualquier testamento mancomunado anterior, sea otorgado en Alemania o España y designa heredera a su nueva esposa. Se impugna la adjudicación de la herencia a favor de los nietos, por motivos de orden público, pero el TS rechaza la impugnación, estimando que la revocación ya se había hecho con el segundo testamento y no cabía otra posterior. ¿Qué habría ocurrido si la primera revocación se hubiera hecho en España y ante notario español? Posiblemente hubiera sido válida a mi juicio.

  Quizá todos estos temas y sobretodo la posibilidad de elegir ley sucesoria (nacionalidad o domicilio) se resuelvan con la entrada en vigor del Proyecto de Norma Comunitaria sobre el “certificado hereditario europeo”.

  De cualquier forma, opino y acepto opiniones en contra, que dos cónyuges alemanes con una larga residencia en España, y con  inmuebles en España, puedan otorgar aquí un testamento berlinés, en base a todo lo expuesto. El modelo sería aproximadamente como el que sigue:

   BORRADOR DE TESTAMENTO  BERLINÉS:

TESTAMENTO MANCOMUNADO ALEMÁN  

NUMERO

Parte

En…… mi residencia, a 

Ante mí,….., Notario del Ilustre Colegio de Valencia,

            COMPARECEN        

COMO TESTADORES:       

DOÑA *****, de soltera ****, mayor de edad, de nacionalidad alemana, vecina de *****, con documento de identidad de su nacionalidad número *** y NIE. *.Esta compareciente hace constar que nació en la localidad de *** (Alemania), el día *******, que es hija de los esposos, ya fallecidos, ****, y que se encuentra casada, en único matrimonio y bajo el régimen económico matrimonial de participación en las ganancias, con el otro compareciente, Don *****.

Y DON ******, mayor de edad, de nacionalidad alemana, vecino de ****con documento de identidad de su nacionalidad número ***** y NIE. *.        Este compareciente nació en la localidad de **** (Alemania), el día *****, que es hijo de los esposos, ya fallecidos, ****, y que se encuentra casado, en único matrimonio y bajo el régimen económico matrimonial de participación en las ganancias, con la compareciente anterior, Doña ****.    

Y COMO INTERPRETE aportado por los mismos.

DOÑA **************, mayor de edad, Interprete Jurado, vecina de **** con DNI. ****           

Tienen, a mi juicio, los primeros, la capacidad legal necesaria para otorgar este TESTAMENTO MANCOMUNADO ALEMÁN y, al efecto,

            EXPONEN    

I.- Que, como queda dicho, ambos se encuentran casados en único matrimonio y bajo el régimen económico matrimonial común alemán de participación en las ganancias, teniendo de dicho matrimonio cuatro hijas llamadas: ******          

II.- Que otorgan el presente testamento mancomunado, con sujeción al derecho sustantivo alemán (parágrafo 2265 y siguientes del BGB) y conforme a las siguientes,       

            CLAUSULAS

PRIMERA.- Revocan cualquier testamento otorgado con anterioridad al presente, manifestando ambos que no han otorgado pacto sucesorio ni testamento, mancomunado o no, antes de hoy.       

SEGUNDA.- Nos instituimos mutuamente como herederos, cada uno de nosotros, en la totalidad de la herencia del otro.

TERCERA.- Los herederos finales de aquél de nosotros, que fallezca en último lugar, serán, por partes iguales, nuestras  hijas *****. Aquella de estas herederas que premuera con anterioridad será sustituida por sus descendientes.

Si al fallecimiento del primero de nosotros, alguna de nuestras herederas finales, exigiera la legítima, también deberá recibir, solamente, su legítima, al fallecer el último de nosotros dos.    

Tal institución de herederos se hace, por tanto, sin perjuicio de lo establecido en el BGB que indica que la legítima de los hijos si la reclaman, consiste únicamente en un crédito en metálico contra el heredero o herederos (parágrafo 2303 y siguientes del BGB).

  CUARTA.- Nos reservamos recíprocamente el derecho a modificar las disposiciones dictadas para después de la muerte del sobreviviente, permitiéndole a éste designar como herederos finales a personas distintas de las antes establecidas.

Este testamento “berlinés” (parágrafo 2269 del BGB) se hace de acuerdo con las manifestaciones y deseos de los esposos ******, en doble texto español y alemán, habiéndolo leído yo el notario en voz alta, y traducido al alemán por la intérprete presente, Doña *** que manifiesta que concuerda fielmente con el texto español y con la voluntad expresada por los testadores... El testamento concluye a las * horas del día de hoy.       

Hago constar que el presente testamento mancomunado alemán, otorgado en España, es válido, conforme a los artículos 9.8 y 11 del Código Civil.           

Y yo, el Notario, doy fe, de haber identificado a los testadores e intérprete por su documento de identidad, de que se han observado todas las formalidades exigidas por la ley y en general de todo lo contenido en este documento público, que se escribe en español y alemán.          

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, los comparecientes, quedan informados y aceptan la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaria, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Queda extendido este testamento en * folios de papel Notarial, serie ** el presente y siguientes en orden, de lo que yo, el Notario, doy fe.             

ALGO MÁS QUE DERECHO

SALVADOR SOSTRES I TARRIDA: “Historia de un reloj”

  Salvador Sostres i Tarrida (Barcelona 1975) es un escritor polémico que lo hace en castellano y catalán. Estuvo un curso escolar matriculado en la Facultad de Periodismo de la UAB y abandonó a continuación sus estudios universitarios, dedicándose plenamente a escribir artículos de opinión y novelas de ficción, algunas de ellas en lengua castellana. Escribió una columna diaria en el periódico Avui llamada «Llir entre cards» ("Lirio entre cardos") hasta noviembre de 2009 y dirige un blog literario. Fue también colaborador de Crónicas Marcianas, un late night de Telecinco presentado por Xavier Sardá, y presentó el guiñol Les Nines ("Los muñecos") en Canal Catalá. Actualmente escribe semanalmente artículos de opinión en el diario El Mundo.

 Ha tenido multitud de problemas: desde el abandono al Diario E-noticies cuando se rechazó un artículo en que atacaba las subvenciones recibidas por el semanario El Triangle, hasta el rechazo por Avui de publicar su artículo “Hablar español es de pobres”, o su polémica con el Presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, hasta el cruce de palabras que tuvo en 2010 en Telemadrid, con Isabel San Sebastián, o el artículo del Mundo sobre “Un chico normal” (Wikipedia).

  Aunque he leído alguno de sus artículos, la verdad es que me emocionó uno de los últimos publicados “Historia de un reloj” (creo que publicado el día 15 de diciembre en El Mundo) en que realmente desciende de sus aventuras polémicas y escribe un verdadero “cuento de navidad”, y que trascribo esencialmente a continuación (espero que la historia sea verdadera):

    Historia de un reloj

Alicante Diciembre 2011 (JLN)