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ÍNDICE DEL INFORME:
RESOLUCIONES REGISTRO PROPIEDAD
RESOLUCIONES REGISTRO MERCANTIL NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA OFICINA NOTARIAL
DISPOSICIONES GENERALES: PLAN ALQUILER Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016. Los diversos Planes de Vivienda, habidos desde el año 1981, se basaban en el acceso a la propiedad de la vivienda y en el crecimiento del parque de las mismas. Este, en cambio, propugna un cambio de modelo, potenciando el mercado de alquiler, que considera muy débil en nuestro país y la rehabilitación, la regeneraci��������������n y la renovación urbanas, que pueden propiciar una mano de obra intensiva. En consonancia con esta nueva orientación, se están tramitando la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Alquiler de Viviendas y el anteproyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, Este Plan se propone arbitrar un sistema innovador de incentivos –austeros- que contribuya a la reactivación del sector inmobiliario, con particular atención a la satisfacción de las necesidades de vivienda de los grupos sociales más vulnerables. El horizonte temporal del Plan es el tradicional de cuatro años. Las ayudas para el alquiler se otorgarán en función de la renta de la unidad de convivencia, no de los individuos, se centrará en alquileres modestos y se pagará un porcentaje, no una cantidad fija. Se pretende, además, comprometer a las Administraciones públicas en la generación de un parque público de viviendas que pueda servir para crear una oferta en alquiler. Se mantiene el programa de subsidiación de préstamos convenidos, por la creciente dificultad de las familias para afrontarlos. Los programas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas permiten que las ayudas que incorporan salgan de los estrictos límites de las viviendas, para entrar en el contexto de los edificios, de los barrios y de la propia ciudad considerada en su conjunto, por lo que pueden ser beneficiarias las comunidades de propietarios, por ejemplo. Puede ayudar a reducir las emisiones de carbono. Seguidamente, la E. de M. desgrana los objetivos del Plan, en muy buena medida implícitos en las líneas anteriores y se enumeran los Programas. Vamos a dar una pincelada de cada uno: 1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos. Tiene por objeto, el mantenimiento de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos regulados en los Planes Estatales de Vivienda anteriores que cumplan con el ordenamiento vigente en la materia. 2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda. Sirve para facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos. Define quiénes pueden ser beneficiarios y la renta máxima de la unidad familiar. La gestión la llevarán las CCAA. El límite será del 40% de la renta y hasta 2400 euros anuales. Será por 12 meses renovables hasta el 31 de diciembre de 2016. 3. Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler. Fomenta la creación de un parque público de vivienda protegida para alquiler sobre suelos o edificios de titularidad pública. Esta vivienda, cuya superficie útil no podrá exceder de 90 m2, podrá ser de dos tipos: a) Vivienda de alquiler en rotación, para ser alquiladas a unidades de convivencia con ingresos totales de hasta 1,2 veces el IPREM. b) Vivienda de alquiler protegido, para unidades con ingresos totales entre 1,2 y 3 veces el IPREM. Para ser calificadas las viviendas en tales categorías, entre otros requisitos, es preciso un compromiso de destino de 50 años. Se fija un precio máximo por el alquiles de 4,7 euros/m2 (en rotación) y 6 euros (protegido). 4. Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria. Pretende la financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes, de los edificios de tipología residencial colectiva, anteriores a 1981, dedicados mayoritariamente a viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este programa las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios, o los propietarios únicos de edificios de viviendas, incluso Administraciones Públicas. 5. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas. Tiene como objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados. Estas obras se realizarán con la finalidad de mejorar los tejidos residenciales, y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales. Podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de actuación, ya sean las propias Administraciones Públicas, los propietarios únicos de edificios de viviendas, las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y los consorcios y entes asociativos de gestión. 6. Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios. Con él se impulsa la implantación y generalización de un Informe de evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación de los mismos, mediante una subvención que cubra parte de los gastos de honorarios profesionales por su emisión. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de carácter predominantemente residencial, que cuenten con el informe de evaluación referido antes de que finalice el año 2016. 7. Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas. Este novedoso programa financia la ejecución de proyectos de especial trascendencia, referidos a un municipio y basados en líneas estratégicas temáticas como las siguientes: mejora de barrios, centros y cascos históricos, zonas obsoletas, infraviviendas, ecobarrios o zonas turísticas. Podrán ser beneficiarios los propietarios únicos de edificios de viviendas, las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios, los consorcios y entes asociativos de gestión. 8. Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan. Recoge las condiciones básicas de financiación para la creación y mantenimiento de sistemas informáticos para el control y gestión de las relaciones entre el Ministerio de Fomento, las CCAA, Ceuta y Melilla en el desarrollo del Plan. Entre las diversas disposiciones adicionales, citamos: La tercera describe las viviendas que en adelante tendrán la consideración de vivienda protegida a efectos de lo establecido en la normativa estatal y en su caso autonómica. Ello sin perjuicio del mantenimiento del régimen de las distintas viviendas protegidas ahora existentes al amparo de su correspondiente régimen normativo de aplicación. Para serlo, habrá de cumplir como mínimo con los requisitos siguientes: - Deberá destinarse a residencia habitual y permanente del propietario o del inquilino. - Ha de tener un precio máximo de venta o de alquiler. - Disponer de una superficie útil máxima de 90 m2, sin incluir, en su caso, una superficie útil máxima adicional de 8 m2 para trasteros anejos y de otros 25 m2 destinados a una plaza de garaje o a los anejos destinados a almacenamiento de útiles necesarios para el desarrollo de actividades productivas en el medio rural. Las cuarta y quinta regulan lo relativo a nuevas posibilidades de cambio de calificación de la «vivienda protegida en venta» a «vivienda protegida en alquiler» y viceversa, así como de descalificación. Las sexta y séptima tratan de la ampliación del periodo de carencia (hasta diez años) y de la posible interrupción del periodo de amortización(hasta por cuatro años)de determinados préstamos a promotores de viviendas protegidas destinadas a la venta. La undécima determina el límite temporal para la concesión de las ayudas reguladas en el Plan: 31 de diciembre de 2016. La duodécima reduce el plazo exigido de periodo de amortización para supuestos de adquirentes en situación de desempleo que precisen una interrupción temporal del pago de las cuotas del préstamo hipotecario. Pasa de tres anualidades a una. Entró en vigor el 11 de abril de 2013. PDF (BOE-A-2013-3780 - 62 págs. - 2432 KB) Otros formatos ANDALUCÍA. Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. La Exposición de Motivos cita como disposiciones que infunden este RDLey, entre otras: - El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…». - El artículo 47 de la Constitución Española, según el cual, «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», y que exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. El artículo 33 consagra el derecho a la propiedad privada, estableciendo que se trata de un derecho cuyo contenido viene delimitado por su «función social. Y el artículo 128, según el cual «toda la riqueza del país en sus distintas formas y, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general». - El Estatuto de Autonomía para Andalucía también consagra el derecho a la vivienda como base necesaria para el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y estatutarios. - La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. Considera que una vivienda desocupada representa el mayor exponente del incumplimiento de la finalidad del bien y por tanto de su función social. Con este Decreto-ley, se trata de salvaguardar el derecho a una vivienda digna como bien jurídico protegido, dando un paso hacia delante en la definición de la función social de la propiedad de la vivienda y se contribuye a señalar las consecuencias del incumplimiento de dicha función, lo que adquiere más relevancia en estos momentos de emergencia social. Considera que, entre las distintas formas de desocupación de viviendas, merece un mayor reproche la del conjunto de viviendas que son propiedad de personas jurídicas, por su mera utilización de las viviendas como bien de inversión que se predica en las personas jurídicas, frente al natural ejercicio del derecho a la vivienda propio de las personas físicas. Por ello, éstas serán objeto prioritario de la actuación inspectora. El parque de viviendas desocupadas es de unas 550.000 a las que hay que unir otras 150.000 no vendidas por las promotoras. Un alto porcentaje sobre el total de 4,5 millones que supone el parque total de viviendas andaluzas. Ha de mejorarse preferentemente la gestión del parque público de vivienda, per seguidamente deben dirigirse los esfuerzos hacia el efectivo cumplimiento de la función social de la propiedad promovida por particulares y conseguir la puesta en el mercado de viviendas vacías y primar la rehabilitación sobre la construcción. En este contexto, la medida más llamativa es la introducción de una Disposición adicional segunda destinada a asegurar el derecho a una vivienda digna a los afectadas por desahucios provenientes de ejecuciones hipotecarias, a fin de que puedan continuar ocupando su vivienda mediante la expropiación temporal del uso de la misma, siempre que se cumplan los requisitos previstos. Como una de las justificaciones de la medida cita la reciente STSJUE de 14 de marzo de 2013. Vamos a tratar de lo esencial que modifica en cinco Leyes y de la polémica D.Ad. 2ª. 1.- Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía Se introduce el principio de subsidiariedad como rector en el ejercicio de las distintas políticas, siempre dentro del ámbito competencial propio de cada una de las Administraciones Públicas andaluzas. Se añade un nuevo Título VI en el que se establecen los instrumentos administrativos de intervención necesarios para evitar la existencia de viviendas deshabitadas, acotando su concepto. Se crea registro público que permita gestionar administrativamente el fenómeno de la no habitación de viviendas. Se regula el procedimiento contradictorio para declarar viviendas deshabitadas. Definición de vivienda deshabitada. Es toda edificación que, por su estado de ejecución, cuente con las autorizaciones legales para su efectiva ocupación o que se encuentre en situación de que se soliciten las mismas y que, conforme al planeamiento urbanístico de aplicación, tenga como uso pormenorizado el residencial, en suelo clasificado como urbano o urbanizable. - Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva habitación. También cuando la misma no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o sin casi consumo. - Se determinan exclusiones como las turísticas, las de esparcimiento o recreo o las arrendadas por temporada. - Las personas físicas titulares de viviendas deshabitadas no serán objeto de sanción. Hay actuaciones de fomento, dirigidas a las personas físicas como las medidas de intermediación en el arrendamiento de viviendas, las destinadas al aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jurídica de las viviendas alquiladas, medidas fiscales y subvenciones para personas propietarias y arrendatarias y entidades intermediarias. En el nuevo Título VII se regula el ejercicio de la potestad de inspección y sancionadora para el cumplimiento de los fines de la Ley. 2.- Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Se impone a las entidades financieras, cualquiera que sea su domicilio social, la obligación de comunicar a la Administración Autonómica la adquisición de viviendas protegidas ubicadas en Andalucía y se establece como infracción el no poner la vivienda protegida a disposición de los Registros de Demandantes de Vivienda Protegida en los supuestos de adjudicación por ejecución hipotecaria o por impago de deuda. 3.- Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria…Se atribuye a la Consejería competente en materia de vivienda el ejercicio de las funciones relacionadas con las obligaciones inherentes al depósito de fianzas tras la suscripción de un contrato de arrendamiento. Asume funciones de gestión de los citados depósitos que incluyen, entre otras, las de autorizar la liquidación de fianzas por el sistema de régimen concertado y las de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la obligación del depósito. 4.- Ley 17/1999, de 28 de diciembre. Se incluye dentro del objeto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía la gestión, control y registro de las fianzas de los contratos de arrendamiento y de suministro correspondientes a los inmuebles sitos en el ámbito de la Comunidad. 5.- Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos. Se incorporan tres procedimientos, con plazo de resolución y notificación superior a seis meses, al Anexo I de la referida ley: el procedimiento sancionador en materia de vivienda protegida, el procedimiento contradictorio para la declaración de vivienda deshabitada y el procedimiento sancionador en materia de vivienda. Expropiación del uso. Se regula en la D. Ad. 2ª, bajo el título “Declaración del interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social. Se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto del mismo El plazo máximo será de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento judicial. El adjudicatario del remate ha de ser una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. Para ser beneficiario se precisan los requisitos: - ser la residencia habitual y permanente - única vivienda en propiedad de cualquier miembro de la unidad familiar. - tener la condición inicial de propietarios y deudores hipotecarios. - el lanzamiento puede generar una situación de emergencia o exclusión social. - la ejecución hipotecaria es por un préstamo para el ejercicio del derecho a la vivienda. - empeoramiento de las condiciones económicas (la carga hipotecaria superaba 1/3 de la renta y un 150% respecto a la inicial) - la unidad familiar ingresa menos de 3 veces el IPFREM (532,51 * 3 = 1597,53 euros). El procedimiento de expropiación temporal del uso de la vivienda deberá ajustarse a la legislación de expropiación forzosa y, en su caso, a lo establecido por la legislación sectorial aplicable, debiéndose comunicar su inicio al órgano judicial que esté conociendo del procedimiento de ejecución hipotecaria. Estos casos se declaran de urgente ocupación. En el acta de ocupación se establecerá la forma en que la propiedad recuperará el uso de la vivienda una vez transcurrido el plazo y se reconocerá el derecho de reversión en caso de que las circunstancias de la persona beneficiaria se modificaran antes de transcurrirlo. El beneficiario quedará obligada al pago a la Administración expropiante de una cantidad en concepto de contribución al pago de justiprecio, en cuantía no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar que conviva en la misma, ni superior a la cuantía del justiprecio. Se determina la documentación que el interesado ha de aportar, aunque parte de ella puede sustituirse por una autorización a la Administración para que ella la indague. Entre los documentos se encuentran los Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar o, alternativamente, declaración responsable y autorización de consulta a la Administración actuante para solicitar los datos catastrales y del Registro de la Propiedad y escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de hipoteca y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere. Las solicitudes se tramitarán según el orden riguroso de incoación, salvo que, en supuestos de especial vulnerabilidad (menores, dependientes…) o en el caso de que el lanzamiento sea inminente, se dicte resolución motivada, de la que quedará constancia, estableciendo una preferencia distinta. En todo caso, lo establecido en esta disposición estará en función de las disponibilidades presupuestarias. El gasto anual será el interés retributivo del conjunto de los depósitos por fianzas de arrendamiento y suministros constituidos en Andalucía Ámbito temporal. Se aplicará a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento o se hubiese producido el lanzamiento después de la entrada en vigor del mismo pero la vivienda esté desocupada. Entró en vigor el 12 de abril de 2013. PDF oficial auténtico Otros formatos EDIFICIOS. EFICIENCIA ENERGÉTICA. Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Las exigencias relativas a la certificación energética de edificios establecidas en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, se transpusieron en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, mediante el que se aprobó un Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Este nuevo RD está justificado porque quedó pendiente de regulación la certificación energética de los edificios existentes y porque se precisa transponer una nueva Directiva sobre la materia, la 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010. La técnica utilizada es la de aprovechar lo posible del Real Decreto 47/2007, incorporar nuevo contenido y derogarlo. El real decreto establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética para que los interesados los puedan comparar con los que aparecen en el Código Técnico de la Edificación. Ya estaba previsto en la Ley de Economía Sostenible, en la que se establece que los certificados de eficiencia energética para estos edificios se obtendrán de acuerdo con el procedimiento básico que se establezca reglamentariamente, para ser puestos a disposición de los compradores o usuarios de esos edificios cuando los mismos se vendan o arrienden. Daba un plazo de seis meses para regularlos, que se incumplió. Además, este real decreto contribuye a informar de las emisiones de CO2 en el sector residencial. Una disposición adicional establece que las certificaciones de edificios pertenecientes y ocupados por las Administraciones públicas podrán realizarse por técnicos competentes de sus propios servicios técnicos. Mediante otra disposición adicional se anuncia la obligación requerida por la citada Directiva 2010/31/UE, consistente en que, a partir del 31 de diciembre de 2020, los edificios que se construyan sean de consumo de energía casi nulo (y los públicos dos años antes). También se regula la etiqueta de eficiencia energética, distintivo común en todo el territorio nacional, que será obligatoria en determinados edificios que presten servicios públicos. Se dicta un régimen sancionador, de acuerdo con la legislación de protección de los consumidores y usuarios. Objeto del R Decreto: Aprobar el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios y aprobar la etiqueta de eficiencia energética como distintivo común en todo el territorio nacional. Nueva exigencia en ventas y alquileres: Cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de éstos, el certificado de eficiencia energética o una copia de éste se deberá mostrar al comprador o nuevo arrendatario potencial y se entregará al comprador o nuevo arrendatario, en los términos que se establecen en el Procedimiento básico. No es todavía aplicable, pues la D. Tr. 1ª fija un plazo que concluye el 1º de junio de 2013. Antes de esa fecha, el Ministerio de Industria, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) pondrá a disposición del público los programas informáticos de calificación de eficiencia energética para edificios existentes, que serán de aplicación en todo el territorio nacional. Sólo se aplicará a las compraventas y arrendamientos celebrados después de esta puesta a disposición. Ámbito de aplicación. Este Procedimiento básico será de aplicación a: a) Edificios de nueva construcción. b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor. c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público. Exclusiones. a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente. b) Lugares de culto y para actividades religiosas. c) Construcciones provisionales (hasta dos años). d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales. e) Los de una superficie útil total inferior a 50 m2. f) Los que se compren para reformas importantes o demolición. g) Edificios para viviendas existentes (o partes de ellos), con uso inferior a cuatro meses al año, o si tienen un consumo previsto de energía inferior al 25% del normal anual, según declaración responsable de su propietario. Documentos reconocidos. Para facilitar el cumplimiento de este Procedimiento básico se crean los denominados documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética, que se definen como documentos técnicos, sin carácter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento ministerial. Por ejemplo, los procedimientos para la calificación de eficiencia energética de un edificio deben ser documentos reconocidos y estar inscritos en el Registro general que se crea en la Secretaria de Estado de Energía. Será público y de carácter informativo. Técnico competente: Lo es el que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley de la Edificación, o para la suscripción de certificados de eficiencia energética, o haya acreditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que se establezca mediante la orden prevista en la disposición adicional cuarta. Mediante Orden conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Fomento, se determinarán las cualificaciones profesionales requeridas para suscribir los certificados de eficiencia energética, así como los medios de acreditación. Registro de los certificados de eficiencia energética. - El órgano competente de cada Comunidad ha de habilitar este registro en su ámbito territorial, para incorporar los certificados de eficiencia energética del edificio que deben presentarse, por el promotor, o propietario. - El registro permitirá realizar las labores de inspección y control técnico y administrativo y pondrá a disposición del público registros actualizados periódicamente de técnicos competentes o de empresas que ofrezcan los servicios de expertos de este tipo y servirá de acceso a la información sobre los certificados a los ciudadanos. - En un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto, el órgano competente de cada Comunidad Autónoma establecerá un inventario de los certificados registrados desde la entrada en vigor del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero. Certificación de la eficiencia energética de un edificio. El responsable de encargarlo y de conservarlo es el promotor o propietario del edificio o de parte del mismo, ya sea de nueva construcción o existente, en los casos que venga obligado por este real decreto. Debe presentarlo al órgano competente de la Comunidad Autónoma, para su registro. Las autoridades lo pueden pedir al propietario o al Presidente de la Comunidad y debe de incorporarse al Libro del edificio. En los edificios con tipología de división horizontal, la certificación se basará, como mínimo, en una certificación única de todo el edificio o alternativamente en la de una o varias viviendas o locales representativos del mismo edificio, con las mismas características energéticas. Los locales destinados a uso independiente que no estén definidos en el proyecto del edificio, para ser utilizados posteriormente, se deben certificar antes de la apertura del local, salvo que su uso sea industrial. La certificación de viviendas unifamiliares podrá basarse en la evaluación de otro edificio representativo de diseño y tamaño similares y con una eficiencia energética real similar a juicio del técnico. El certificado de eficiencia energética dará información exclusivamente sobre la eficiencia energética del edificio y no supondrá en ningún caso la acreditación del cumplimiento de ningún otro requisito exigible al edificio. Los requisitos mínimos exigidos son los vigentes en el momento de su construcción. Su contenido se desgrana en el artículo 6. Para edificios de nueva construcción. La certificación constará de dos fases: la certificación de eficiencia energética del proyecto (que quedará incorporado al proyecto de ejecución) y la certificación energética del edificio terminado (que expresará que el edificio ha sido ejecutado de acuerdo con lo establecido en el proyecto de ejecución y en consecuencia se alcanza la calificación indicada en el certificado de eficiencia energética del proyecto). Para edificios existentes. El técnico será elegido libremente por la propiedad del edificio y puede tener ayudantes. Duración. El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de diez años. El propietario del edificio será responsable de su renovación o actualización. El propietario podrá proceder voluntariamente a su actualización, cuando considere que existen variaciones en aspectos del edificio que puedan modificar el certificado. En caso de venta o alquiler. - Si es antes de su construcción, el vendedor o arrendador facilitará su calificación energética de proyecto expidiéndose el certificado del edificio terminado una vez construido el edificio. - Si se vende un edificio existente, en todo o en parte, el certificado de eficiencia energética obtenido será puesto a disposición del adquiriente. - Si se arrienda, bastará con la simple exhibición y puesta a disposición del arrendatario de una copia del referido certificado. Etiqueta de eficiencia energética Concepto. La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de utilización, durante el periodo de validez del mismo, de la etiqueta de eficiencia energética, cuyos contenidos se recogen en el documento reconocido correspondiente a la etiqueta de eficiencia energética, disponible en el Registro general aludido. Uso. Se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio y constará si se refiere al proyecto o al edificio terminado. No puede registrarse como marca. Exhibición obligatoria. - En edificios privados frecuentados por el público, con superficie útil superior a 500 m2, cuando les sea exigible su obtención. - En edificios públicas frecuentados por el público, con superficie útil superior a 250 m2. Hay normas de derecho transitorio. Varias disposiciones transitorias fijan plazos para: - la adaptación del Procedimiento básico a los edificios existentes, - la obtención del certificado y la obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edificios que presten servicios públicos, - y para la obligación de realizar, por parte de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, un inventario estadístico de las actuaciones relacionadas con los certificados registrados por ellas. El Real Decreto se cierra con dos capítulos dedicados a la Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios y al Régimen sancionador Se deroga el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Entró en vigor el 14 de abril de 2013. PDF (BOE-A-2013-3904 - 15 págs. - 263 KB) Otros formatos RESOLUCIONES: 121. OBRA ANTIGUA SIN CERTIFICADO PREVIO DE FUERA DE ORDENACIÓN. PRUEBA DE LA PRESCRIPCION. Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Mijas n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva terminada por antigüedad. El primer defecto recurrido se refiere a la necesidad o no de aportar el acto administrativo sobre declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación, como requisito previo a la inscripción de la obra nueva terminada antigua en el Registro de la Propiedad, según se exige en el artículo 53.5 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. La DGRN reitera su criterio de que “de las dos posibles interpretaciones de este apartado b) del número 4 del artículo 20 de la Ley de Suelo, parece más acertado entender que la aportación del acto administrativo mediante el cual se declare la situación de fuera de ordenación, con la delimitación de su contenido, no es un requisito previo a la inscripción, sino que puede ser cumplido, en su caso, con posterioridad.” El segundo defecto se refiere a la necesidad o no de probar, para obtener la inscripción de edificaciones respecto de las que ya no proceda el ejercicio de la acción de disciplina urbanística, la efectiva extinción, por prescripción, del derecho de la Administración para la adopción de tales medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística. La DGRN no exige esa prueba o acreditación, sino que afirma que “el acceso al Registro de la Propiedad de edificaciones respecto de las que no procede el ejercicio de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, como consecuencia del transcurso del plazo de prescripción establecido por la ley para la acción de disciplina, se halla sometido, de modo exclusivo, al cumplimiento de los requisitos expresamente establecidos por la ley. Entre los que no se encuentra la prueba exhaustiva de la efectiva extinción, por prescripción, de la acción de disciplina urbanística.” (…) “Basta, por tanto, para el acceso de tales obras al Registro, la falta de constancia registral de la incoación del correspondiente expediente de disciplina urbanística, sin necesidad de aportar una más que difícil prueba negativa sobre dicho extremo.” El tercer defecto resulta de la pretensión de declaración de trece nuevas edificaciones, sobre un terreno propiedad en proindiviso de cuatro titulares; a juicio de la registradora, es indicio de que dicha declaración es un acto revelador de una posible parcelación urbanística encubierta y formación de un nuevo asentamiento; sin que se acredite que se ha obtenido licencia de segregación o declaración de innecesariedad. La DGRN también revoca la calificación registral, diciendo que “no es el número de titulares de la finca lo que determina los indicios de parcelación sino el uso individualizado de una o varias partes del terreno equivalente o asimilable. Este Centro Directivo en reiterada doctrina (R. 24 de agosto de 2011, R. 2 de marzo y R. 24 de mayo de 2012) ha establecido que para que se revele la parcelación será preciso que se asigne el uso de un espacio determinado de terreno apto para construir una finca independiente, lo que no ocurre en este supuesto, porque aun cuando hay varios titulares en copropiedad sobre la finca, esto no significa que haya asignación de usos independientes sobre la misma”. Comentario: Sin comentarios, que el tema ya resulta tedioso. (Pero para que no se diga que el que calla otorga, sólo apuntar que, en mi ya muy vapuleada opinión, la DGRN sigue interpretando la normativa estatal de modo exactamente opuesto al que, a mi juicio, y por los argumentos ya expresados en otros trabajos publicados en esta web, se deriva de su redacción, espíritu y finalidad. Como también insiste en elaborar un discurso argumentativo basado en normativa estatal, que es más permisiva, para concluir inaplicando la normativa urbanística andaluza en la materia, que es más rigurosa). (JDR) PDF (BOE-A-2013-3818 - 14 págs. - 244 KB) Otros formatos 128.EJECUCIÓN HIPOTECARIA. HA DE DEMANDARSE Y REQUERIR DE PAGO AL DEUDOR NO HIPOTECANTE. Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Fuenlabrada n.º 4, por la que se suspende la inscripción de un decreto de ejecución hipotecaria y un mandamiento de cancelación de cargas. Supuesto: Se plantea si en una ejecución hipotecaria es calificable por el Registrador el haber sido demandado y requerido de pago el deudor no hipotecante. Señala la Dirección que hay que tener en cuenta el art 132.1 LH, que extiende la calificación entre otros extremos, al siguiente: «Que se ha demandado y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y terceros poseedores que tengan inscrito su derecho en el Registro en el momento de expedirse certificación de cargas en el procedimiento»; el art. 685 LEC que prevé que la demanda ejecutiva se dirija «frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados, siempre que este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes»; y el art. 686 LEC regula el requerimiento de pago estableciendo que «en el auto por el que se autorice y despache la ejecución se mandará requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que resulte vigente en el Registro». Y confirma la calificación basándose en que si bien el fundamento no puede radicar en el principio de tracto sucesivo, puesto que el deudor no hipotecante no es titular registral, existen importantes conexiones entre la obligación y la garantía real hipotecaria y además de las incidencias que pueden producirse a lo largo del procedimiento, existe una razón fundamental para la intervención del deudor y es que se prevé que si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que continúe el procedimiento con el embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar; de ahí que la falta de demanda y el requerimiento de pago al deudor supone la infracción de un trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del procedimiento. (MN) PDF (BOE-A-2013-3825 - 5 págs. - 163 KB) Otros formatos 131. CONVENIO REGULADOR. ADJUDICACIÓN DE GARAJE ADQUIRIDO EN ESTADO DE SOLTERO, AL CÓNYUGE NO TITULAR. Resolución de 9 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 12, a la inscripción de una finca adjudicada en convenio regulador. Hechos: en virtud de un convenio regulador aprobado por una sentencia dictada en un procedimiento de divorcio se adjudica al marido una plaza de garaje perteneciente a la esposa con carácter privativo por haberla adquirido en estado de soltera. El registrador deniega la inscripción pues considera que la sentencia no es título hábil para documentar esa transmisión, ya que excede de lo que son operaciones de liquidación del patrimonio conyugal, exigiendo para ello escritura pública. El recurrente alega que la sentencia es un título público totalmente inscribible, ya que documenta la transmisión de la propiedad. La DGRN recuerda su doctrina de que compete al registrador calificar si la sentencia es un título inscribible o no, para lo que hay que atender a la naturaleza del acto que documenta. Así ha admitido el título judicial para documentar la adjudicación de la vivienda conyugal que previamente perteneciera a los dos esposos por mitad, por considerar que aquí existe una causa familiar, pero no lo admite cuando se trata de otros bienes privativos adquiridos en estado de solteros que pasan de un cónyuge al otro con ocasión del divorcio. En el presente caso confirma la calificación del registrador pues la causa de la transmisión excede de lo que es el ámbito propio de la liquidación de bienes conyugales y constituye un negocio independiente que debe de ser formalizado conforme a la regla general de la escritura pública.(AFS) PDF (BOE-A-2013-3983 - 3 págs. - 149 KB)Otros formatos 132. HIPOTECA EN GARANTÍA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA. MEDIOS DE PAGO. Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Alicante n.º 3, por la que suspende la inscripción de una escritura de reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria. Hechos: Se otorga una escritura de reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria en virtud de la cual los deudores reconocen mantener una deuda de 19.454 euros con un acreedor por consecuencia de un préstamo concertado unos días antes. El registrador deniega la inscripción pues no se acreditan los medios de pago, es decir la forma de la entrega del préstamo. El recurrente alega que el reconocimiento de deuda es una fuente autónoma de obligaciones, que no hay entrega de dinero en ella y que queda fuera del ámbito de la legislación aplicable a los medios de pago. De todas formas reconoce que en el contrato privado de préstamo sí hubo entrega de dinero y lo justifica desglosando la deuda y aportando fotocopias de cheques. De dicho contrato privado resulta, por cierto, que se capitalizan como deuda los intereses futuros de 10 años. La DGRN después de un recorrido exhaustivo de la normativa y de los cambios legislativos habidos sobre esta materia confirma la calificación señalando que el reconocimiento de deuda tiene que ser causal y que no supone una novación extintiva del contrato inicial de préstamo: por ello, al tratarse de un préstamo con garantía hipotecaria y no ser el acreedor una entidad bancaria ha de exigirse la acreditación de los medios de pago. Al aportarse únicamente documentos privados o fotocopias no pueden entenderse acreditados dichos medios de pago. Finalmente recuerda al acreedor, que es un profesional de la concesión de préstamos, la obligación de cumplir lo dispuesto en la Ley 2/2009 de prestación de servicios financieros a los consumidores y no utilizar la figura del reconocimiento de deuda para eludir las obligaciones formales de los préstamos para con el consumidor establecidas en dicha Ley. (AFS) PDF (BOE-A-2013-3984 - 13 págs. - 236 KB)Otros formatos 136. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA ORDENADA COMO MEDIDA CAUTELAR POR UN JUZGADO DISTINTO AL QUE ESTÁ CONOCIENDO DEL CONCURSO. Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la Propiedad de A Coruña n.º 6, a la práctica de una anotación preventiva de demanda. Supuesto: Se plantea si puede practicarse una anotación preventiva de demanda ordenada como medida cautelar por un juzgado distinto al que está conociendo del concurso. La Dirección confirma la nota ya que como dijo la R. de 2 de octubre de 2009, como consecuencia de esta situación concursal en materia de competencia judicial procede la aplicación del art. 8.4 LC, que establece, en materia de medidas cautelares –como es una anotación preventiva de demanda–, que «la jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias… (4.º) Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el párrafo 1.º». No estando el caso planteado en uno de esos supuestos excepcionales es competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso su adopción. También la propia Exposición de Motivos de la Ley señala que «el carácter universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano judicial de las materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, lo que lleva a atribuir al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en materias como todas las ejecuciones y medidas cautelares que puedan adoptarse en relación con el patrimonio del concursado por cualesquiera órganos judiciales o administrativos». (MN) PDF (BOE-A-2013-3988 - 4 págs. - 154 KB)Otros formatos 137.- RENUNCIA A LA HERENCIA. ACRECIMIENTO O SUCESIÓN INTESTADA. Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Torrejón de Ardoz, Número 3, a inscribir una escritura de manifestación, aceptación y adjudicación de herencia. Hechos: La causante Doña A, había otorgado testamento en el cual “instituía heredera universal a su hermana B, y reconocía a sus padres B y C, la legítima que la ley reserva a los ascendientes”. Tras del fallecimiento de A, se formaliza su escritura de herencia, en la cual su hermana y heredera B, renuncia pura y simplemente a su herencia, y como consecuencia de esta renuncia “acrece la totalidad de la herencia a los herederos legitimarios nombrados por la causante en su testamento, sus padres C y D, que se adjudican la herencia por mitad”. Registrador: Rechaza la inscripción de dicha escritura porque estima que, dada la renuncia de la heredera B, tiene lugar la apertura de la sucesión intestada, sin que exista derecho de acrecer a favor de los dos legitimarios B y C, debiéndose aportar la correspondiente acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato. Notario: Para el notario, la voluntad de la testadora, cuando reconoce la legítima legal a sus padres, no excluye la parte de sucesión por ministerio de la ley, en caso de que quede parte de la herencia sin heredero voluntario. Reconocer a los padres la legítima legal se debe considerar una institución de legado de parte alícuota, que se asimila a la institución de heredero y no impide el acrecimiento. En Nuestro Dcho habiendo testamento, no procede la declaración de herederos abintestato hasta no haber agotado todas sus posibilidades y por otro lado, no teniendo hijos la testadora y viviendo sus padres, es evidente que tales serían en todo caso los herederos intestados de la misma Dirección General: Desestima el recurso y ratifica los dos defectos apuntados por el Registrador: - La legítima no es una porción de bienes reservada por la ley a favor de los legitimarios, ya que si bien así la define el art 806 del c.c., lo cierto es que, conforme al artículo 815, el legitimario puede recibir el contenido patrimonial a que tiene derecho, por cualquier otro título patrimonial apto para ello (herencia, legado o donación). - Y en cuanto al acrecimiento, hay que entender que la reserva que hace la testadora a favor de sus padres hay que entenderla ordenada no a título universal sino particular, o sea a título de legado, de modo que no puede tener lugar el derecho de acrecer a favor de tales legatarios por la renuncia de la heredera universal instituía, conforme al artículo 982 del c.c. La testadora sólo ha llamado a su herencia, con carácter universal, a una persona, a su hermana, a quien instituye heredera, por lo que al repudiar ésta, en modo alguno puede haber acrecimiento a favor de otro u otros, ya que nadie ha sido llamado solidariamente con ella, conforme exige la regulación legal, ya que a los padres se les reserva una parte del patrimonio hereditario líquido, por ley, y en virtud de un título diferente al de la heredera instituida. Por tanto siendo evidente que la única heredera designada, sin sustitución, por la causante en el testamento, se ha apartado de la sucesión, ha de abrirse la sucesión intestada por aplicación del art 912.3º del c.c., sin que haya lugar al dcho de acrecer. (JLN) PDF (BOE-A-2013-3989 - 6 págs. - 170 KB)Otros formatos 141. PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE DOMINIO Y CARGAS FIGURANDO INSCRITA LA FINCA A NOMBRE DE ENTIDAD DISTINTA DEL EJECUTANTE. Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Lepe, por la que se deniega la expedición de una certificación de dominio y cargas y su correlativa nota marginal instada para un procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca. Hechos: Se tramita ante notario un acta para ejecución extrajudicial de hipoteca a instancia de Unicaja Banco. Unicaja Banco como es conocido es sucesora universal de la Caja de Ahorros llamada Unicaja. El notario solicita del registrador la expedición del certificado de cargas prevista en el artículo 236-b del Reglamento Hipotecario. El registrador deniega la expedición del certificado y nota marginal subsiguiente argumentando que la hipoteca no figura inscrita a favor de dicha entidad ejecutante. El notario autorizante recurre alegando que en los procesos de sucesión universal basta con que la escritura se inscriba en el Registro Mercantil para que se produzca el cambio de acreedor. Añade que el registrador puede (y debe según la doctrina de la propia DGRN) consultar el Registro Mercantil y su propio Registro en el que se han practicado muchas inscripciones que recogen ese proceso de sucesión entre ambas entidades. En cuanto a la nota marginal señala que es de mera publicidad para informar a titulares posteriores de la existencia del procedimiento y que los titulares anteriores tendrán noticia de la situación registral dentro de los trámites practicados por el notario. Por otro lado la extensión de la nota marginal debe de ser automática, salvo que la ley en algún supuesto especial disponga otra cosa. Argumenta también que el notario ya ha emitido un juicio sobre la suficiencia y legalidad del requerimiento de la entidad ejecutante, que compete al notario el control de legalidad del procedimiento de venta extrajudicial y que será en el momento de inscripción del título de venta extrajudicial cuando el registrador pueda calificar, entre otros, este extremo sobre la titularidad del acreedor hipotecario. Finalmente señala que la cuestión ya está resuelta mediante tres sentencias del TS y varias de Audiencias Provinciales sobre esta cuestión con un criterio contrario al del registrador. La DGRN confirma la calificación declarando que el procedimiento de ejecución hipotecaria es un procedimiento esencialmente registral, que la nota marginal de expedición de la certificación opera no solo como mera publicidad noticia sino como condición resolutoria sobre los titulares posteriores, y destaca el principio de protección al deudor hipotecario por el Registro. Comentario.- Esta Resolución va a ser objeto de muchas críticas porque: El procedimiento de ejecución hipotecaria se desarrolla en su totalidad en sede judicial (ver LEC) o en sede notarial (ver artículo 236 RH), no en sede registral, pues la ley ha atribuido o bien al juez o bien al notario esa competencia, no al registrador. Nada tiene que ver con la naturaleza del procedimiento de ejecuci��������n hipotecaria que la inscripción de la hipoteca sea constitutiva. El registrador no tiene competencia ni para calificar la solicitud de certificado de dominio y cargas, más allá de los aspectos formales, ni para denegar la emisión de dicho certificado y su consecuencia que es la nota marginal ya que ambos actos son de debido cumplimiento si lo pide el funcionario competente para tramitar la ejecución hipotecaria, salvo los casos en que conste anotada la existencia de concurso de acreedores del deudor. Los efectos de la nota marginal en el momento inicial son de mera publicidad, neutros, y para que desplieguen sus efectos cancelatorios será necesaria la previa inscripción de la escritura de venta extrajudicial o del Auto de adjudicación, momento en el que el registrador podrá calificar (en la medida de su competencia) dichos documentos, el tracto sucesivo y su adecuación a la legalidad. De admitirse la postura de la DGRN el registrador podría calificar y vetar a distancia un procedimiento de ejecución notarial o judicial en el que no tiene ninguna intervención ni competencia hasta que no finalice. La defensa del deudor hipotecario en el procedimiento no está atribuida al registrador sino que corresponde a jueces y notarios de oficio y en cumplimiento de la normativa vigente velar por ella mientras dure el procedimiento de ejecución. Habiendo dos o más sentencias del TS en un mismo sentido se sienta jurisprudencia que es fuente de Derecho y por ello la DGRN debe de acomodar su criterio al del TS. Dejando de lado los anteriores argumentos, en el presente caso la DGRN ni siquiera es coherente con su propia doctrina que obligaría al registrador a consultar el registro mercantil para despejar cualquier duda, sin perjuicio de que seguramente el mismo registrador que ahora deniega la expedición de la certificación habrá practicado cientos de inscripciones de novaciones, ampliaciones o cancelaciones de hipotecas de dicha entidad (Banco Unicaja) sin necesidad de que se le presente cada vez el título de sucesión universal entre ambas entidades, por serle conocido o incluso ser algo público y notorio. (AFS) PDF (BOE-A-2013-4062 - 5 págs. - 164 KB) Otros formatos 144.- SEGREGACIÓN. DERECHO TRANSITORIO. LICENCIA POR SILENCIO POSITIVO. Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Jerez de la Frontera nº 2, por la que se deniega la expedición de una escritura de segregación de finca. Hechos: Con fecha 13 de noviembre de 2012, se formaliza escritura de segregación de finca y extinción de condominio, correspondiente al término de Jerez de la Frontera. A la escritura se incorpora un testimonio de la solicitud de segregación, efectuada a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento correspondiente, en la que se solicitaba una segregación de 2.764 m2, en fecha 1999, figurando en dicho documento una diligencia de que el mismo obra en los archivos de la Delegación de Urbanismo de dicha Corporación. Registrador: Deniega la inscripción, ya que se precisa para llevar a cabo la operación de segregación, bien la obtención de licencia urbanística expresa o declaración de su innecesariedad, conforme a los arts 66 y ss. de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía; art 78 y ss del RD 1093/1997 y art 23 del RD 8/2011 de 1 de julio, según el cual no es aplicable a las segregaciones y divisiones de fincas el silencio administrativo a que se refiere el art. 43 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jco de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admvo común. Dice dicho art 23 del DT 8/2011: “Los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo, que se indican a continuación, requerirán el acto expreso de conformidad, aprobación o autorización admva que sea preceptivo según la legislación de ordenación territorial y urbanística: a) movimientos de tierra, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.” Recurrente: Alega que pese a que la escritura se ha formalizado el 13 de noviembre de 2012, el hecho se la solicitud y certificado de acto presunto, se llevó a cabo en 1999, y por tanto con anterioridad a la entrada en vigor del RD 8/2011 y por tanto es inscribible por silencio positivo, ya que la licencia de segregación se solicitó en 1999, no recibiéndose contestación oficial a la misma. Dirección General: No acepta el recurso y ratifica la calificación registral. Para la DG la cuestión es la de si a una segregación que se efectuó con fecha 13 de noviembre de 2012, le puede ser aplicada la normativa anterior, alegando que la licenciase solicitó en 1999, manifestando el registrador que se precisa licencia expresa para el acto y el recurrente que el art 23 del RD 8/2011 no se puede aplicar con efecto retroactivo. Conforme a la R. 27 de enero de 2012, señala la DG que ha establecido las siguientes normas: -Es un principio general el de irretroactividad de las normas. -Existe la posibilidad de retroactividad en determinadas situaciones, sin perjuicio de los dchos consolidados o situaciones beneficiosas para los particulares. -Que cabe la retroactividad de la doctrina, la cual se admite en normas interpretativas, complementarias, de desarrollo, de las ejecutivas, pero siempre de forma controlada y moderada, en cuanto no lesiones o perjudique los dchos adquiridos con anterioridad. -Que al ser la segregación un acto estrictamente registral, la calificación no sólo debe basarse en apreciar que por el notario se han exigido los controles administrativos vigentes en ese momento (el otorgamiento de la escritura) sino también que los otros aplicables en el momento de la presentación al registro, concurren para la protección del tercero y la publicidad correspondiente, por tanto el registrador ha aplicado, conforme al principio de retroactividad de la doctrina, la que corresponde en el momento de la calificación. El párrafo último es bastante expresivo: En definitiva, el principio de irretroactividad impera respecto de la legislación y la jurisprudencia, pero no respecto de la doctrina que las interpreta, y si bien las exigencias de los textos legales vigentes lo deben ser al tiempo del otorgamiento de la escritura, y la calificación del registrador debe basarse en apreciar que el notario ha exigido los controles administrativos vigentes en el momento de la autorización, para los actos puramente registrales, lo será respecto de los requisitos y autorizaciones exigibles en el momento de la presentación en el Registro. Comentario: Conforme a lo anterior, una ley puede no tener efecto retroactivo y no aplicarse a supuestos anteriores a su vigencia, pero la doctrina que los interpreta, el notario que autoriza y la calificación registral, han de estar a los requisitos y autorizaciones vigentes, al tiempo de otorgar la escritura y al tiempo de que la misma se presente en el Registro de la Propiedad. (JLN) PDF (BOE-A-2013-4065 - 6 págs. - 174 KB) Otros formatos 152. OBRA NUEVA. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. ACUMULACIÓN DE RECURSOS. Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra las notas de calificación extendidas por la registradora de la propiedad de Olot, por las que se suspende la inscripción de actas de declaración de fin de obra. Hechos: se otorga un Acta de Terminación de Obra Nueva de una vivienda autoconstruida para uso propio. Entre la documentación aportada no está el certificado de eficiencia energética de la vivienda La registradora suspende la inscripción porque no se aporta dicho certificado de eficiencia energética que considera es exigible. El notario recurre y alega que dicho certificado no es exigible para las viviendas autoconstruidas, pues la finalidad de la ley es proteger al consumidor, de forma análoga a lo que ocurre con el Libro del Edificio que no es exigible en estos casos, según la propia doctrina de la DGRN. La DGRN, resolviendo a la vez dos recursos de similar contenido por acumulación de ambos, confirma la calificación señalando que dicho certificado de eficiencia energética es una exigencia del artículo 20 de la Ley del Suelo, después de la nueva redacción que entró en vigor el 7 de Julio de 2011, que es exigible a todas las escrituras de obras nuevas a las que les es aplicable el Real Decreto 47/2007 y que no hay excepciones con los autopromotores de viviendas para uso propio, pues la finalidad de la ley, siguiendo las Directivas Europeas, es no sólo proteger al consumidor sino el respeto al medio ambiente y la política energética por lo que no hay identidad de razón con el Libro del Edificio, que permita apreciar una excepción. Nota: El Real Decreto 47/2007 entró en vigor el 30 de Abril de 2007 (las disposiciones transitorias permiten su no aplicación a los proyectos de obras para los que se haya obtenido visado profesional antes de esa fecha o para los que se hubiera presentado solicitud de licencia).Actualmente está derogado por el Real Decreto 253/2013 de 5 de Abril, que lo sustituye. Por tanto habrá que tener en cuenta este certificado para todas las escrituras de terminación de obras otorgadas después de 7 de Julio de 2011, cuya licencia haya sido solicitada a partir de 30 de Abril de 2007, sin entrar en más precisiones con las excepciones si no están contempladas en el propio RD. Ahora bien, desde el 14 de abril de 2013, está vigente el referido Real Decreto 253/2013 de 5 de Abril, (AFS) PDF (BOE-A-2013-4312 - 6 págs. - 172 KB) Otros formatos 154. ANOTACIÓN DE EMBARGO CADUCADA: NO CABE CANCELAR CARGAS POSTERIORES. Resolución de 3 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Gérgal a la inscripción de un decreto judicial de adjudicación como consecuencia de un procedimiento de ejecución de títulos judiciales, así como de un mandamiento de cancelación de cargas consecuencia del mismo procedimiento. La DGRN confirma su criterio de que “Es doctrina reiterada de esta DGRN… que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», una vez agotado su plazo de vigencia (artículo 86 de la Ley Hipotecaria), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico. Según este criterio, los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la restricción o limitación que para ellos implicaba aquella anotación, y no pueden ya ser cancelados en virtud del mandamiento al que se refiere el artículo 175 del Reglamento Hipotecario, que sólo puede provocar la cancelación respecto de los asientos no preferentes al que se practicó en el propio procedimiento del que dimana”. PDF (BOE-A-2013-4314 - 6 págs. - 171 KB) Otros formatos RESOLUCIONES MERCANTIL: 123. OBJETO SOCIAL: NO ES POSIBLE INCLUIR EN EL OBJETO DE UNA SOCIEDAD NO PROFESIONAL EL “ASESORAMIENTO JURIDICO”. Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil XI de Madrid, por la que se deniega la inscripción de un apartado del objeto social de una sociedad limitada. Hechos: Se trata de una constitución de sociedad limitada la cual se inscribe pero, según la inscripción parcial solicitada, no se practica la inscripción de la actividad del objeto social relativa al asesoramiento jurídico por ser actividad profesional sometida a la Ley especifica 2/2007 de 15 de marzo. Al final del artículo se transcribía la cláusula de estilo expresiva de que “cuando la Ley exija para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, deberá realizarla por medio de persona que ostente la titularidad requerida”. La sociedad recurre alegando que “quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación” y también que la multiplicidad de actividades incluidas en el objeto debe llevar a la conclusión de que no se trata de una sociedad profesional. Doctrina: La DG confirma la nota de calificación. Partiendo de la reciente sentencia del TS de 18 de julio de 2012, la DG cambia su doctrina sostenida en anteriores resoluciones y haciendo suya la doctrina del Supremo según la cual la Ley 2/2007 tiene carácter imperativo, exige que quede claro cuál sea la concreta naturaleza de la sociedad que se constituye. Ello es además una exigencia del principio de “certidumbre jurídica”. En definitiva, como ha dicho el Supremo, lo trascendente es que las sociedades “sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues no hay ninguna forma mejor hay de garantizar el imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad”. Comentario: Bienvenida sea esta resolución del Centro Directivo pues con ella deben terminar las dudas y polémicas que rodearon el objeto de la sociedad profesional desde su nacimiento. Según su doctrina “la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados directamente bajo la razón o denominación social”. Por tanto y tal y como resulta de la sentencia del Supremo si falta la declaración expresa de que estamos ante una sociedad de medios, comunicación de ganancias o de intermediación, debemos estimar que estamos ante una sociedad profesional a la que le serán aplicables en su integridad las normas de la Ley 2/2007. Es decir que si el objeto de la sociedad constituida es profesional en el sentido de profesión para la que haga falta una titulación universitaria, deberá expresarse de forma clara y contundente en el artículo pertinente que la sociedad no es profesional y que por tanto se trata de una sociedad de alguna de las clases antes señaladas. Por ello no podemos tener más que comentarios favorables para esta resolución que deja ya sin efecto la anterior doctrina sentada en la resolución de 21 de diciembre de 2007, anulada por la sentencia del Supremo antes citada. En cuanto a la cláusula de estilo relativa a la realización del objeto por medio de los profesionales adecuados viene a decir que ello es una obviedad, pues tanto si la sociedad es profesional como si no lo es las actuaciones propiamente profesionales deberán ser ejecutadas por la persona que tenga la titulación adecuada. Finalmente debemos concluir que tras esta resolución es aún más urgente, si cabe, la supresión en el modelo de objeto de las sociedades express, aprobado por la orden del MJ 3185/2010, BOE 11/12/2010, de la actividad de “servicios profesionales” pues, como hemos visto, dicha actividad no es posible en una sociedad que no se ajuste a la ley 2/2007 y lo único que provoca su mantenimiento es confusión y suspensión de la inscripción de las sociedades de dicha clase que mantengan sin variaciones el objeto modelo. (JAGV) PDF (BOE-A-2013-3820 - 5 págs. - 163 KB) Otros formatos 124. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL: NO ES POSIBLE POR UN ADMINISTRADOR DIMITIDO Y CUYA DIMISIÓN YA CONSTABA INSCRITA. Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora mercantil II de Asturias, por la que se deniega la inscripción del nombramiento de administrador único de una mercantil. Hechos: Se trata de un acta notarial de celebración de junta convocada, con asistencia del 75,501% del capital social, en la que se procede al nombramiento de administrador único de la sociedad. Con anterioridad a la celebración de la junta, constaba en el registro inscrita la dimisión del anterior administrador único. La registradora deniega la inscripción por el siguiente defecto: La junta no ha sido debidamente convocada. Art. 171 LSC. Del Registro resulta que don J. I. M. G. dimitió de su cargo de administrador único en la junta celebrada el día 1 de septiembre de 2012, quedando la sociedad acéfala. Por lo que no es competente para convocar nuevas juntas. (Por lo anterior el título no ha sido calificado). El interesado recurre. Alega la sentencia del TS, sala primera, de 23 de octubre de 2009, recurso 199/2005 en la que estableció que “con carácter prioritario debe señalarse, en línea de principio, que, tanto la renuncia –declaración unilateral notificada fehacientemente a la sociedad (arts.147 RRM y 1732 CC) –, como la caducidad por transcurso del plazo de duración correspondiente (arts. 60.2 LSR y 145 RRM), producen la extinción del cargo de administrador social. Sin embargo, si no hay otro administrador titular, o suplente (arts.59.1 LSRL), el administrador renunciante o cesante está obligado a convocar la Junta para cubrir la vacante y atender, en el interregno, a las necesidades de la gestión y representación. Se entiende que subsiste transitoriamente su cargo, y como consecuencia su responsabilidad.” Doctrina: La DG desestima el recurso confirmando la nota de calificación. Interpreta con literalidad el art. 171.1 de la LSC, de forma que si el cese del administrador único ya consta inscrito, dicho administrador está totalmente incapacitado para la convocatoria de la junta, debiendo ser los socios los que insten la convocatoria judicial. Añade que sólo sería posible la convocatoria por un administrador caducado y en prórroga tácita de conformidad con el art. 145.1 del RRM. Comentario: Parece que para la DG lo decisivo a la hora de determinar si el administrador dimitido puede o no convocar junta general es si esa dimisión se ha hecho constar o no en el registro y para hacerla constar, según su propia doctrina, será necesario que se produzca en el seno de una junta o que deje debidamente convocada la junta que haya de sustituirle. Si no se hubiera hecho constar la doctrina a aplicar, en principio y dependiendo del caso concreto, sería la del TS, es decir que puede convocar junta general, pues de no mediar la dimisión su cargo seguiría vigente. Por ello, para evitar la convocatoria judicial, será necesario que el administrador, en el mismo momento en que dimita, sea dentro de junta, como en este caso, o fuera de ella, deje debidamente convocada la siguiente junta para evitar la convocatoria judicial de la misma. En caso de caducidad del cargo la doctrina es distinta pues sólo podrá convocar si sigue dicho cargo vigente de forma tácita de conformidad con el art. 145.1 del RRM, es decir hasta que “se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior”. (JAGV) PDF (BOE-A-2013-3821 - 6 págs. - 173 KB) Otros formatos 127. RETRIBUCION ADMINISTRADORES. CONCRECION DEL SISTEMA. Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles II de Valencia, a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de una entidad. Hechos: El recurso se centra en si es admisible una modificación de estatutos sobre retribución del órgano de administración de una sociedad en la que después de decir que el administrador será retribuido se añada simplemente que “la cuantía concreta la decidirá cada año la Junta General de Socios”. Para la registradora dicha redacción no es admisible pues no se determina “cual sea la forma de retribución del órgano de administración, conforme a las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de junio de 2001 y 30 de mayo de 2001. Insubsanable.” Se recurre alegando que la redacción del artículo es conforme “con el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, y que conocen que han sido inscritas otras escrituras de modificación del mismo artículo de otras sociedades en el mismo Registro Mercantil con idéntica redacción.” Doctrina: La DG confirma la calificación declarando no inscribible el documento. Como resumen de su ya clásica doctrina sobre la materia la DG insiste en que para destruir la presunción de gratuidad se debe determinar que el órgano de administración es retribuido, estableciendo además el concreto sistema de retribución de los administradores y por tanto al determinar la cláusula debatida que “la cuantía concreta de la remuneración será fijada por la junta general cada año, es evidente que deja al arbitrio de la junta el concreto sistema de retribución del órgano de administración, con la falta de seguridad que ello supone tanto para los socios actuales o futuros de la sociedad, como para el mismo administrador cuya retribución dependería de las concretas mayorías que se formen en el seno de la junta general”. Con relación a la última alegación del recurrente, la DG vuelve también a reiterar la total independencia del registrador, en su función calificadora, de otras calificaciones en sentido contrario. Comentario: Debido a los cambios de criterio producidos en la AEAT sobre la retribución de los administradores y el aumento de la retención de sus emolumentos, son relativamente frecuentes en los RRMM las modificaciones de estatutos aclarando o modificando el artículo de los estatutos relativo a la retribución del órgano de administración. Por ello es muy interesante esta resolución pues contribuye a aclarar cuáles son los criterios a tener en cuenta para que el artículo de los estatutos estableciendo la retribución de los administradores sea inscribible en el RM con independencia de las consecuencias fiscales que ello tenga. Es decir debe quedar claro que una cuestión son los requisitos mercantiles para que la retribución sea inscribible en el RM y otra muy distinta cuáles sean las exigencias fiscales para que dicha retribución sea admisible, aunque lo ideal sería que ambos aspectos coincidieran. Desde el punto de vista mercantil esta resolución, como resumen de la doctrina de la DG, exige los siguientes requisitos para que el artículo de los estatutos que fije la retribución de los administradores sea inscribible. Estos son los siguientes: 1º. Debe quedar meridianamente claro que el cargo de administrador es retribuido. 2º. Debe constar el concreto sistema de retribución señalando la DG los siguientes por vía de ejemplo: (i) una participación en beneficios, con los límites legalmente establecidos, (ii) dietas, (iii) un sueldo mensual o anual, (iv) en seguros de vida o planes de pensiones, (v) utilización en beneficio propio de bienes sociales, (vi) en entrega de acciones o derechos de opción sobre las mismas o (vii) cualquier otro sistema que se desee establecer. 3º. Los estatutos pueden establecer varios sistemas pero siempre de forma cumulativa y no alternativa. Finalmente señalemos que otro de los requisitos que había fijado la doctrina de la DG para que la retribución fuera inscribible, cuando consistía en una participación en beneficios, y que era que el tanto por ciento debía ser fijo y no hasta un tanto por ciento de máximo, fue desactivado por la redacción del nuevo art. 218.1 de la LSC al decir que si consiste en una participación en beneficios deberá determinarse la “concreta participación o el porcentaje máximo sobre la misma”. Creemos que era más acertada la doctrina de la DG que la redacción del art. 218.1, pues si se establece un porcentaje máximo no se evita lo que la DG quiere evitar a toda costa que la concreta retribución quede el arbitrio de la junta, ya que si se fija sólo el porcentaje máximo la junta general en cada ejercicio podrá hacer variar la participación entre un tanto por ciento ínfimo, que hará casi gratuito el cargo, y el 10% máximo permitido en los estatutos. Creemos que el artículo deberá ser modalizado exigiendo, al menos, un máximo y un mínimo para evitar la total discrecionalidad de la junta general. (JAGV) PDF (BOE-A-2013-3824 - 3 págs. - 148 KB) Otros formatos 134.SOCIEDAD ANONIMA:DISOLUCION DE PLENO DERECHO POR FALTA DE ADECUACIÓN DEL CAPITAL AL MÍNIMO LEGAL: ES POSIBLE SU TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD LIMITADA. Resoluci����������n de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil XIV de Madrid, por la que se deniega la inscripción de una escritura de transformación de sociedad. Hechos: Se trata de una escritura de transformación de sociedad anónima en sociedad limitada, dándose la circunstancia de que dicha sociedad está disuelta de pleno derecho por no haber adecuado su capital social al mínimo legal establecido en la Ley 19/1989 de modificación de la LSA. Los acuerdos fueron adoptados en junta universal y por unanimidad el día 31 de agosto de 2012. El registrador deniega la inscripción pues de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria sexta del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, la sociedad quedó disuelta de pleno derecho; por tanto, para que la sociedad se pueda transformar en sociedad limitada, es necesario un acuerdo previo de reactivación, por la situación de disolución en la que se encuentra; lo que ocurre es que, según el artículo 370.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no es posible acordar la reactivación en los casos de disolución de pleno derecho. Este defecto es insubsanable, ya que la única opción de la sociedad es su liquidación. El interesado recurre alegando en esencia que el artículo 5 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, permite la transformación de sociedades en liquidación siempre que no haya comenzado la distribución de su patrimonio entre los socios, sin necesidad de acudir al instituto de la reactivación de la sociedad disuelta. Aparte de ello añade que según información facilitada por el Registro Mercantil de Madrid, la mercantil está activa con situaciones especiales: a) Baja Provisional con cierre provisional según art. 96 del vigente RRM y el art. 131 del Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades; b) Cierre de hoja por falta de depósito de cuentas. c) Falta de adaptación de S.A y además se considera que la reactivación de la sociedad es innecesaria al existir el acuerdo de transformación pues responden a situaciones y objetivos diferentes. Existe una sustancial diferencia de concepto: la reactivación se refiere al retorno a la vida jurídico-económica de la sociedad tal y como existía antes de su disolución, mientras la transformación tiene por objeto un cambio sustancial en la estructura jurídica de la misma persona jurídica. Doctrina: La DG estima el recurso revocando la nota de calificación. Recuerda la DG su doctrina mantenida al amparo del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de que “la finalidad de la norma contenida en la referida disposición transitoria 6ª es clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva Ley de Sociedades Anónimas que, a partir del 31 de diciembre de 1995, no hubiere ampliado su capital por encima del mínimo legal; ahora bien, es obvio que esta desaparición no puede imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada. Por eso, la norma cuestionada no declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades anónimas afectadas a partir de la fecha señalada, sino, exclusivamente, su «disolución de pleno derecho», expresión ya acuñada por el legislador (vid. artículo 261 de la Ley de Sociedades Anónimas), que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos.” “Además tal situación registral no puede ser considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de esa personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa subsistencia, y, entre ellos, los relativos a la inscripción de la reactivación de la sociedad anónima disuelta por falta de adecuación de su capital social junto con el previo, no inscrito, de aumento del mismo (como admitió ya la Resolución de 11 de diciembre de 1996). Así lo confirma la disposición transitoria octava del vigente Reglamento del Registro Mercantil, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la sociedad disuelta por esa falta de adecuación tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada”. Por tanto admitida por la DG la posibilidad de la reactivación de la sociedad anónima disuelta, analiza si en tal supuesto es posible su transformación en otra de responsabilidad limitada, como pretende el recurrente, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Su respuesta es positiva en base al artículo 238.1.2º del Reglamento del Registro Mercantil que contempla a la transformación como alternativa a la disolución de pleno derecho para el caso de que el capital social fuere inferior del mínimo establecido por la Ley y al principio de «conservación de la empresa». Pero para salvar el importante escollo de que en estos casos la sociedad está ya disuelta y en puridad sería necesaria su reactivación nos dice a continuación que “puede entenderse que siendo posible la transformación de la sociedad disuelta ésta permanezca tras la transformación en situación de disolución, quedando sometido el socio al régimen de las previsiones contenidas en la Ley de modificaciones estructurales en orden a la subsistencia de las obligaciones del socio (artículo 11), participación en la sociedad transformada (artículo 12), derecho de separación (artículo 15), situación de los titulares de derechos especiales (artículo 16) así como en relación a la responsabilidad de los socios por las deudas sociales (artículo 21)”. Comentario: Este recurso vuelve a poner delante de nuestros ojos un problema que se suscitó con mucha frecuencia en los años posteriores a 1995, fecha tope para la adaptación del capital social a los mínimos establecidos en la LSA reformada en 1989 para su adaptación a las Directivas Comunitarias. La DG resuelve el problema con un gran sentido práctico estimando que la disolución de pleno derecho y la consiguiente declaración legal de cancelación de asientos registrales es una mera técnica registral que no supone la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad y si no la supone queda el camino abierto para solucionar el problema que esa disolución plantea a los socios de la forma más fácil posible evitando rigidices en la interpretación de las normas legales que nada añaden a la seguridad jurídica ni a la protección de los terceros. No obstante, al decir la DG que la sociedad una vez transformada en limitada seguirá en estado de disuelta, no soluciona del todo el problema pues obligará a los socios, si su intención es que la sociedad siga viva, a adoptar un nuevo acuerdo de reactivación de la sociedad que en teoría puede volver a encontrarse con el obstáculo de que no cabe reactivación en la disolución de pleno derecho que era la proclamada por la citada DT6ª de la Ley. Ahora bien creemos que dado que la indicada DT no fue recogida en el vigente TR de la LSC, puede hacerse una interpretación favorable a los intereses de los socios y al citado principio de conservación de la empresa y permitir la reactivación en esta caso como ya se permitió por la propia doctrina de la DGRN en supuestos similares planteados a partir de 1995 y lo permite tangencialmente el propio RRM en su DT8ª. Aparte de todo ello y sin perjuicio de lo ingenioso de la solución dada por la DG, creemos que en el caso de la escritura calificada en la que los acuerdos se tomaron en junta universal y por unanimidad, y en la que se manifiesta que el patrimonio cubre el capital social y que no existen relaciones con terceros, puede obviarse la necesidad de una reactivación expresa, limitándose quizás los requisitos necesarios para la inscripción a la publicidad o manifestación exigida por el art. 14 de la Ley 3/2009. Ahora bien la solución a adoptar puede ser distinta si el acuerdo no reuniera los requisitos indicados. (JAGV) PDF (BOE-A-2013-3986 - 9 págs. - 197 KB)Otros formatos 135. INSCRIPCIÓN DE CAMBIO DE SOCIO PROFESIONAL: HAN DE CONSTAR TODOS LOS ELEMENTOS DEL NEGOCIO TRANSMISIVO Y EL CONSENTIMIENTO DEL RESTO DE LOS SOCIOS. Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil VIII de Barcelona, por la que se suspende la inscripción de una escritura relativa a la declaraci����n de cambio de socios en una sociedad anónima profesional. Hechos: Se pretende la inscripción de una mera escritura de declaración de cambio de socios profesionales en una sociedad profesional mediante la elevación de p��blico de un certificado en el que se indica que determinada persona, el 12 de julio de 2012, ha dejado de ser socia y que otra persona, el 3 de septiembre, adquirió la condición de socio. El registrador considera que para ello es necesario que se aporten los correspondientes títulos notariales, debidamente autoliquidados, que contengan las pertinentes transmisiones, en las que consten la identidad de los vendedores, compradores y número de participaciones transmitidas y el consentimiento, por parte de todos los socios profesionales de la sociedad, a las compraventas producidas. El interesado recurre alegando la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero de 2012 que determina que la exigencia de documento público para la transmisión de participaciones sociales es sólo a efectos de prueba y de oponibilidad frente a terceros. Doctrina: La DG confirma la nota de calificación desestimando el recurso. Para ella, la exigencia legal derivada de la Ley 2/2007 se centra en la determinación de los siguientes extremos para poder hacer el cambio de socios de una sociedad profesional, sea de la clase que sea: 1º. En general, constancia de la transmisión en todos sus extremos. 2º. Identificación de transmitente y adquirente. 3º. Identificaciones de las participaciones o acciones transmitidas. 4º. Acreditación del consentimiento a la transmisión de los demás socios. 5º. El precio o valoración económica de la transmisión. 6º. Manifestación de que la transmisión se ha hecho constar en el libro registro de acciones nominativas o en el libro registro de socios. Ahora bien, los datos anteriores constarán, a los efectos de su inscripción en el RM, bien en el propio documento transmisivo o bien en otro otorgado “ad hoc” en el que lógicamente debe constar también una referencia al documento público en el que se ha documentado la transmisión de cuotas sociales. Comentario: Importante resolución pues viene a llenar un vacío en la regulación de las sociedad profesionales, a falta, como reconoce el propio Centro Directivo, de un adecuado desarrollo reglamentario. De la resolución creemos que resulta con claridad que para la transmisión de cuotas sociales de las sociedades profesionales es necesario, en todo caso, escritura pública sea cual sea el ropaje societario de que la sociedad se revista. Y para la constancia del cambio de socios, que se producirá lógicamente por un negocio transmisivo, gratuito u oneroso, inter vivos o mortis causa, en el RM será necesario presentar esa escritura o bien otra en la que consten todos los datos necesarios para la inscripción que señala la DG y en la que además se reseñe la escritura en que se ha producido dicho negocio. En definitiva que, como dice la DG, “en el contexto de la Ley de sociedades profesionales, su régimen específico societario y civil, en cuanto a la regulación de la responsabilidad de los socios, agrava la forma en que las transmisiones sociales se representan, de suerte que junto a la escritura pública se exige asimismo la inscripción en el Registro Mercantil”. (JAGV) PDF (BOE-A-2013-3987 - 4 págs. - 155 KB)Otros formatos 139.OBJETO SOCIAL: NO SON INSCRIBIBLES LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL OBJETO DE UNA SOCIEDAD NO PROFESIONAL. Resolución de 16 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles de Castellón, por la que se suspende parcialmente la inscripción de una escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada. Hechos: Se suspende la inscripción de parte de un objeto de una sociedad no profesional relativo a “la realización de tratamientos de fisioterapia, masajes terapéuticos y rehabilitación funcional, así como servicios médicos de traumatología y ortopedia, podología, realización de terapias alternativas”, por infringir el artículo 1 Ley Sociedades Profesionales. Se recurre por el interesado. Doctrina: La DG confirma la nota de calificación. Siguiendo la estela marcada por la resolución de 5 de marzo de este mismo año, y teniendo en cuenta la doctrina sentada por la sentencia del TS de 18 de julio de 2012, se reitera la doctrina de esta última resolución. Comentario: Como vemos ya es reiterada la doctrina sentada por nuestro Centro Directivo acerca de la imposibilidad de que en una sociedad no profesional se incluyen actividades típicamente profesionales. Y por ello seguiremos insistiendo en la urgente necesidad de modificar la orden del MJ 3185/2010, BOE 11/12/2010, aprobatoria del modelo de estatutos de las sociedades express, suprimiendo en el objeto de estas sociedades toda referencia a las “actividades profesionales”. (JAGV) PDF (BOE-A-2013-3991 - 4 págs. - 157 KB)Otros formatos 140. OBJETO SOCIAL: ES ADMISIBLE COMO OBJETO LA “MERA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS”. Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles de Ourense a inscribir la escritura de constitución de una sociedad. Hechos: Se debate en este recurso sobre la posibilidad de inscripción de una constitución de sociedad cuyo único objeto es el siguiente: “la mera administración del patrimonio de los socios”. El registrador, en una extensa y fundamentada nota que resumimos, considera que ello no es posible por los siguientes motivos: 1º. Inexistencia del objeto. Arts. 23.b) LSC, 178 RRM. Admitirlo sería lo mismo que admitir una sociedad con cualquier objeto, o lo que es lo mismo, sin objeto. 2º. Indeterminación del objeto social. Arts. 23.b) LSC, 178.1 y 3 RRM. El concepto de «administración» es un concepto que, jurídicamente, admite una pluralidad de significados, y en el que se puede incluir, o no, cualquier tipo de actividad, civil, mercantil, administrativa. La mera administración del patrimonio de los socios», en modo alguno puede afirmarse que «acote suficientemente un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados». 3º. Indeterminación de la expresión empleada como descripción del objeto. Arts. 23.b) LSC, 178 RRM. Jurídicamente, el término «administración», puede entenderse en sentido amplio o estricto. En sentido amplio la administración abarca actos de disposición (enajenación, gravamen y renuncia), riguroso dominio (división, segregación, agrupación, agregación, división horizontal y declaración de obra nueva) y administración en sentido estricto. En sentido estricto, el término administración comprende aquellos actos, necesarios para la conservación de un objeto, que no impliquen su consumo, disposición, alteración estructural o destrucción (Art. 1712 y 1713 CC) 4º. La expresión «la mera administración del patrimonio de los socios», no es una actividad en si misma considerada, que pueda integrar el objeto social, pues da lugar a que se identifique la personalidad de la sociedad y la de los socios. Art. 23 b) LSC, 178.1 y 2 RRM, 35 y 38 CC. Es una manifestación de capacidad de obrar, y por tanto, consustancial a la persona jurídica. Y si no se admite con referencia al propio patrimonio social, menos aún debe admitirse en relación a patrimonios ajenos, como son los patrimonios de los socios, que son personalidades jurídicas distintas a propia de la sociedad (Art. 38 CC). 5º. El objeto social consistente en «la mera administración del patrimonio de los socios», es incompatible con el concepto mismo de sociedad, y con el reconocimiento de personalidad jurídica de las sociedades mercantiles (Arts. 1665 CC, 35 y 38 CC, 116 CCom). La mera administración del patrimonio de los socios», vacía de contenido el fundamento de toda sociedad que es la administración de su propio patrimonio para la consecución del fin social. 6º. El contrato de sociedad no es título habilitante para encomendar la administración del propio patrimonio. Art. 1259.1 CC. El título habilitante para la administración de patrimonios ajenos, no es un atípico contrato de sociedad, sino un poder que precise con exactitud a que actos de administración y disposición alcanza la gestión del patrimonio ajeno (Art. 1713 CC). 7º. La admisión de una sociedad con este objeto, supondría una confusión, en orden a la imputabilidad y responsabilidad derivada de los actos de administración del propio patrimonio. Ello supone una vulneración del principio de responsabilidad patrimonial universal contemplado en el Art. 1911 CC. 8º. El objeto social, implica necesariamente, y en cada acto realizado por la sociedad, a través de sus representantes orgánicos, la vulneración de la prohibición de competencia contemplada en la LSC, pues cada acto se refiere simultáneamente a dos patrimonios distintos, el propio de la sociedad, y el de los socios, por cuanto el objeto social es «la mera administración del patrimonio de los socios». El notario autorizante interpone recurso: Para él los términos empleados en la escritura para definir la actividad social cuestionada son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de los contratantes (1281 CC). Añade que dicho objeto es admitido por la Orden JUS de 9 de diciembre de 2010 que considera como uno de los objetos posibles el siguiente:...7. “Prestación de servicios. Actividades de gestión y administración”.... Y finalmente dice que existe un precepto concreto que tipifica el objeto social cuestionado, a saber, la Disposición Adicional 27.ª2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a cuyo tenor: «No estarán comprendidos en el Sistema de Seguridad Social los socios, sean o no administradores, de sociedades mercantiles capitalistas cuyo objeto social no esté constituido por el ejercicio de actividades empresariales o profesionales, sino por la mera administración del patrimonio de los socios». Doctrina: La DG revoca la nota de calificación. Recuerda la trascendencia que el objeto social tiene tanto para los socios y administradores como para los terceros que entren en relación con la sociedad lo que justifica la exigencia legal de una precisa determinación del ámbito de actividad en el que debe desenvolverse la actuación del nuevo ente, si bien la diversa composición cualitativa que puede adoptar el patrimonio social posibilita la dedicación de la sociedad a una multitud de actividades económicas absolutamente dispares, siempre que estén perfectamente delimitadas. Por ello, con carácter general, debe entenderse que esa determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados. Así concluye que las exigencias legales y reglamentarias no pueden implicar que una redacción de las disposiciones estatutarias definitorias del objeto social como la ahora cuestionada por el registrador haya de ser rechazada pues en el presente caso, la actividad social propuesta es lícita y posible en términos generales, y por ello cumple dos de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los artículos 1271 y 1272 del Código Civil. Comentario: Curiosa resolución en la que, de las diez páginas que ocupa, en el BOE, siete y media están destinadas a recoger la nota de calificación, una a las alegaciones del recurrente y el resto, es decir una y media, a la argumentación del Centro Directivo. No obstante es una resolución interesante en cuanto resuelve la inscribibilidad de una concreta actividad social, que, pese a su imprecisión, puede ser de utilidad a los socios. Sin embargo el mayor interés de esta resolución reside quizás en la atenta lectura de la nota de calificación pues la misma supone un completo y práctico resumen de la casi totalidad de la doctrina de la DG en la materia. Reconocemos la dificultad e importancia de las cuestiones relativas al objeto de las sociedad y lo difícil que es dar reglas generales, pero, a la vista de esta y otras resoluciones, estimamos que siempre que no se trate de objeto que incluya actividades sujetas a leyes especiales con exigencia de requisitos no cumplidos por la sociedad, lo trascendente a la hora de admitir o no admitir una actividad social debe ser el cumplimiento de lo señalado por la DG en uno de sus fundamentos de derecho, y es que la actividad escogida “acote suficientemente un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados”, es decir que serán admisibles los objetos que está habitualmente en el comercio y en la actividad mercantil y debemos rechazar aquellos que, o son totalmente omnicomprensivos de cualquier actividad mercantil o industrial o de servicios, o infringen claros preceptos imperativos. Pese a que la calificación es rechazada, recomiendo la lectura detenida de la nota de calificación a todos los que estén preocupados o interesados por las cuestiones que puede plantear un determinado objeto social. (JAGV) PDF (BOE-A-2013-4061 - 10 págs. - 209 KB) Otros formatos
151. HIPOTECA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL. Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles IV de Valencia, por la que se suspende la inscripción de una hipoteca mobiliaria. Hechos: Se trata de una escritura de hipoteca mobiliaria unilateral sobre diversos bienes muebles, cincuenta y seis, de los cuales unos son descritos de forma sucinta (conjunto llaves combi, pistola clavadora, línea láser pML32…) y otros, en concreto siete vehículos, haciendo constar su naturaleza comercial o de turismo, su marca, modelo, matrícula, fecha de matriculación, antigüedad y condiciones de conservación. Existe un informe de tasación por perito que contiene una valoración individual de cada uno de los bienes inventariados. Se califica con los siguientes defectos: 1º. Falta de liquidación del impuesto. 2º. Cada uno de los bienes comprendidos en el contrato que mantengan individualidad física e independencia jurídica deben describirse, identificarse y valorarse conforme a las normas generales aplicables a la venta de un solo objeto, con especificación de la parte del precio correspondientes a cada uno. A tales efectos se consideran bienes identificables aquellos en los que conste determinada su marca, modelo en su caso, y número de fabricación o serie (tratándose de vehículos mediante su matrícula y bastidor). 3º. No consta distribución de responsabilidad hipotecaria entre los bienes que se indican en la escritura conforme establece el artículo 14 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, indicando para cada uno de los vehículos la responsabilidad por principal, y en su caso por intereses y costas. 4º. No consta el valor de tasación a efectos de subasta. (Artículo 15 sexto del Reglamento del Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de posesión de 17 de junio de 1955). 5º. No consta en la escritura la manifestación relativa a haberse hecho constar la anotación correspondiente en el permiso de circulación del vehículo. (Artículo 35 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de 16 de diciembre de 1954). 6º. No se indica en la escritura un domicilio para requerimientos y notificaciones al deudor. (Artículo 13 de la Ley HMyPSD). 7º. No se indica en la escritura a efectos de su constancia en la inscripción que se practique, el mandatario designado para representar al hipotecante en la venta de los bienes, con expresión de su domicilio conforme establece el artículo 15 apartado octavo del Reglamento de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de 17 de junio de 1955. Todos los defectos son subsanables. El notario recurre todos los defectos salvo el 1º y el 5º. Respecto del resto de los defectos se limita a expresar que todo lo exigido por el registrador o resulta de la escritura o del informe de tasación incorporado. Doctrina: La DG no entra en el examen de los defectos 1º y 5º y tampoco en el relativo a la falta de distribución de la hipoteca y tasación a efectos de subasta por defectos del escrito del recurso y tampoco entra en lo relativo a la identificación de los vehículos pues, según el informe del registrador, el defecto no se refiere a los mismos sino al resto de los bienes. El resto de los defectos son confirmados por la DG. En cuanto a la identificación de los bienes manifiesta que no se identifican en ningún caso en términos tales que permitan su consideración individualizada. La mayoría de los bienes se identifican de forma muy simple («escalera doble seis peldaños, mini amoladora, polipasto eléctrico, estructura almacenaje, ordenador clónico, mesa iris despacho, archivador 4 cajones…») sin referencia siquiera a sus características de fábrica (marca, modelo). En otros supuestos la identificación es más completa al comprender marca y modelo («impresora ricoh 3200, ordenador acer aspire 9424…») pero igualmente insuficiente para individualizar los bienes al carecer de número de identificación. Igualmente confirma le necesidad de que se indique en la escritura de forma clara y no por meros indicios que la maquinaria hipotecada se destina a la explotación de una industria concurriendo a satisfacer las necesidades de su explotación (artículo 42 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento). Es decir que si no se trata de verdadera hipoteca de maquinaria industrial, esta maquinaria sólo puede ser objeto de prenda sin desplazamiento y si se quiere que lo sea de hipoteca de la documentación presentada debe resultar indubitadamente que la maquinaria cuya hipoteca individual se pretende reúne los requisitos estructurales exigidos legalmente pues, como afirma la exposición de motivos de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, sólo «cuando la máquina aparece como un elemento de producción o de trabajo, ha sido admitida su hipoteca». También se omite la tasación a efectos de subasta, no siendo lugar adecuado para subsanar el defecto el escrito de interposición del recurso al indicar que la tasación coincide con el valor dado en el informe de tasación. Lo mismo indica la DG respecto de la falta de domicilio y de mandatario a efectos de subasta. Comentario: Dada la crisis inmobiliaria de los ��ltimos años, cada vez son más frecuentes en los RRBBMM las escrituras de hipoteca o prenda con arreglo a la Ley de 1954. Por ello la resolución es de gran utilidad pues nos viene a decir que, pese a los términos más blandos, en lo que se refiere a la calificación, del art. 72 de la LHMPSDP, deberemos no obstante extremar el celo en la calificación de estas escrituras sobre todo con relación a los requisitos estructurales exigidos para la debida configuración de la garantía. Desde otro punto de vista esta resolución nos puede también prestar utilidad a la hora de calificar la correcta o no correcta descripción de los bienes muebles que cada vez, también con más frecuencia, representan el capital de nuestras sociedades. Es usual que la descripción de bienes muebles aportados se haga de forma muy simple y sin una reseña completa de sus características de forma tal que permitan identificarlos debidamente y sobre todo diferenciarlos de otros similares. La DG pone de relieve que sean cuales sean los bienes muebles dados en garantía, y, añadimos nosotros, aportados en la constitución o aumento de capital de una sociedad, su descripción debe de ser lo más completa posible y por supuesto si se trata de bienes que sean susceptibles de poseer marca, modelo o número de fabricación-ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, muebles singulares, maquinaria, elementos de mobiliario-, no deben reflejarse en la inscripción si no se reseña alguna de esas características. Cuando sea imposible su identificación por marca modelo o número de fabricación deberán especificarse sus características propias como volumen, número de piezas, medidas de largo ancho y alto, naturaleza de los materiales, etc de forma tal que un bien aportado, aparte de estar correctamente identificado, no pueda ser sustituido por otro. En definitiva que debe cuidarse la descripción de los bienes muebles dados en garantía o aportados a una sociedad como contrapartida de su capital social, para la debida seguridad del tráfico mobiliario y mercantil. Finalmente también recuerda la DG que cuando una norma exige que conste determinada manifestación en la escritura (la relativa a la anotación de la hipoteca en el permiso de circulación) este es el lugar adecuado para hacerla sin que, en principio, pueda ser sustituida por otros medios, que, no obstante si se aportan al registro en aras de la economía del procedimiento pueden ser aceptados como medio subsanatorio. (JAGV) PDF (BOE-A-2013-4311 - 5 págs. - 164 KB) Otros formatos 155. ESTATUTOS SOCIEDAD LIMITADA: REMUNERACIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: LABORAL Y SOCIETARIA. INSCRIPCIÓN PARCIAL. Resolución de 3 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles II de Valencia, por la que se rechaza la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de modificación de estatutos. Hechos: Se trata de dilucidar si es o no inscribible la siguiente cláusula estatutaria sobre retribución del administrador: «… La remuneración del órgano de administración de la sociedad consistirá en una asignación fija en concepto de sueldo que determinará para cada ejercicio la junta general de socios de la compañía. La retribución de los administradores se establece sin perjuicio del pago de los honorarios profesionales o de los salarios que pudieran acreditarse frente a la sociedad, en razón de la prestación de servicios profesionales o de la vinculación laboral del administrador con la compañía para el desarrollo de otras actividades en la misma…» La registradora calificante, en una extensa y fundamentada nota con cita de múltiples sentencias del TS, sala 1ª y sala 4ª, considera que tal cláusula no es inscribible por los siguientes motivos: Infringir el art 217 de la LSC y aplicación de la doctrina sentada por la Sentencia da 21 de abril de 2005, 30 de diciembre de 1992 y 26 de marzo de 1996, y especialmente por la de la Sala Cuarta de lo Social de 9 de diciembre de 2009 (rec. 1156/2009) según la cual los contratos de alta dirección (desempeño de funciones ejecutivas dentro de la sociedad) suscritos por los que ocupan cargos de administración societaria quedan englobados en la relación mercantil y por tanto sólo podrá percibir remuneraciones por este último concepto. El notario recurre alegando que la retribución del administrador cumple la exigencia del art. 217 de la LSC y que es claro que la parte laboral del precepto se refiere a otras actividades que excluyen las funciones ejecutivas que ya están retribuidas mediante el sueldo que por el mismo precepto se establece. Doctrina: La DG revoca la nota de calificación estimando el recurso. Se basa para ello en una mera interpretación de la cláusula debatida pues, tras repasar toda la doctrina jurisprudencial sobre la materia, estima que la cláusula estatutaria se limita “a contemplar la eventualidad de que el administrador realice «otras actividades» que no cabe sino entender que son actividades ajenas al ejercicio de las facultades de gestión y representación «inherentes» al cargo de administrador”. Por ello concluye que “no se está dando cobertura expresa a la celebración de un contrato laboral de alta dirección cuyo contenido se solape a la relación societaria sino contemplando, de manera inocua e innecesaria, el eventual encargo al administrador de ciertos trabajos o servicios particulares y ajenos a los que corresponden a las funciones propias del cargo: la elaboración de un dictamen profesional, la realización de cierta obra etc”. Comentario: Importante resolución que trata de aclarar, como ella misma dice, la controvertida cuestión de la “licitud de un mecanismo retributivo dual: una retribución «societaria» y estatutaria por razón del ejercicio del cargo y un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier naturaleza, laboral, civil, mercantil o para utilizar la expresión del legislador italiano, «ciertos cometidos especiales»”. Esta cuestión, junto con la relativa a la pura retribución del órgano de administración, sin ninguna connotación laboral, es una de las que más preocupan a los asesores mercantiles por las indudables repercusiones fiscales que la misma tiene. La DG, desde el punto de vista puramente mercantil, hace un recorrido, si no exhaustivo si bastante completo, de la materia debatida. Así comienza diciendo que en el régimen de la Ley de 1951 y de 1953 se estimaba compatible la retribución al órgano con la que procediera por la “gestión de la empresa” como tal. A continuación establece una indudable diferencia entre las sociedades cotizadas, respecto de las cuales incluso legalmente se aprecian atisbos de esa compatibilidad (Vid. Art. 5 RDL 2/2012 cuando alude a “por todos los conceptos”) presumiendo la compatibilidad entre relación societaria y contrato de alta dirección, y la aplicable a las sociedades normales. En estas hasta 1985, en que se aprobó el Real Decreto 1382/1985, que regula la relación laboral de alta dirección, se solían establecer el complemento de la retribución del administrador como arrendamiento de servicios. A partir de dicha norma, se popularizaron los llamados contratos de alta dirección. Pero la jurisdicción laboral, sobre la base de la llamada “doctrina del vínculo”, dijo que “son inherentes al cargo de administrador todos los cometidos que se refieran a la administración de la sociedad” atendiendo no al contenido de la actividad sino a “la naturaleza del vínculo y de la posición que desarrolla en la organización de la sociedad, de forma que si aquél consiste en una relación orgánica por integración del agente en el órgano de administración social cuyas facultades son las que, en definitiva, se actúan directamente o mediante delegación interna la relación no será laboral”. Es decir “se produce una prevalencia o prioridad de la relación societaria-mercantil ex artículo 9 h) y 130 de la Ley de Sociedades Anónimas y 66 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (actuales artículos 23 e) y 217 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital) que desplaza y excluye la relación laboral”. Como consecuencia de ello, añade la DG, se produce “una verdadera «huida del Derecho laboral» y que consistió en sustituir el vínculo adicional del contrato de alta dirección por un contrato de servicios «civil» o «mercantil» bajo las fórmulas tradicionales de arrendamiento de servicios, mandato etc”. Pero tampoco “la jurisdicción civil ha sido desde entonces favorable a la compatibilidad de los dos vínculos porque en la jurisprudencia del Supremo, con algunas vacilaciones iniciales, no tardaría en consolidarse la propia versión de la doctrina del vínculo”. Joaquín Zejalbo que nos hará un estudio fiscal sobre la materia, cita al magistrado Aurelio Desdentado Bonete que en la Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración viene a decirnos que admitir la compatibilidad sería admitir un verdadero “fraude de ley” (Aurelio Desdentado Bonete. En los límites del contrato de trabajo. Rvta. Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 83). Pese a todo ello, y como hemos visto, nuestro Centro Directivo admite la inscripción de la cláusula debatida si bien, con buen sentido para evitar posibles confusiones, aclara que no sería inscribible en cambio aquella que “estableciese que los administradores o consejeros disfrutarán, por sus servicios como tales, además de la retribución cuyo sistema se describa en estatutos, de sueldos u honorarios a percibir, en virtud de cualesquiera contratos, laborales, civiles o mercantiles, la celebración de los cuales se contempla en estatutos” . Concluye la Dirección afirmando que “la cláusula se puede entender referida implícitamente a «servicios prestados por los administradores» ex artículo 220 de la Ley de Sociedades de Capital y para cuyo establecimiento o modificación no es suficiente la genérica previsión estatutaria que examinamos sino la autorización expresa y ex casu por la junta, sin que esa obviedad necesite ser precisada en estatutos”. Por tanto, desde el punto de vista mercantil y a efectos prácticos, cuando nos encontremos en estatutos una cláusula de este estilo, deberemos examinar detenidamente si la misma encubre la realización de un llamado contrato de alta dirección, en cuyo caso procederá su denegación, o si se trata simplemente de retribuir al administrador determinados trabajos adicionales que preste a la sociedad fuera o al margen de su cualidad de órgano de administración, en cuyo caso sería posible la inscripción. Finalmente en relación a la protesta del notario acerca de la negativa a la inscripción parcial la DG reitera su doctrina de que “no basta con que la inscripción parcial se solicite por la parte interesada sino que es preciso que la inscripción así practicada no desvirtúe el negocio celebrado entre las partes”. Por ello, salvo que la parte a omitir sea clara y evidente, lo más aconsejable es solicitar al interesado que señale la cláusula o parte de cláusula estatutaria que debe omitirse para que sea inscribible el documento. Ello debe hacerse sobre todo cuando no se trata de normas imperativas sino de cláusulas puramente potestativas como sucede en este caso. Dadas las indudables repercusiones tributarias de las cuestiones tratadas en esta resolución, nuestro compañero del Consejo de Redacción y experto en la materia Joaquín Zejalbo, realizará unos comentarios fiscales sobre la misma. (JAGV) NOTA FISCAL Y LABORAL.- La casualidad ha querido que, prácticamente, al mismo tiempo que se publicaba en el BOE la Resolución de 3 de abril de 2013, de la DGRN, apareciese en la página web de la AEAT la Consulta V1015-14 de 27 de marzo de 2013, que luego estudiaremos, cuyo contenido tiene relación con la Resolución reseñada anteriormente por nuestro compañero José Ángel García-Valdecasas y Butrón, Registrador Mercantil de Granada. En el bloque de consultas correspondiente al mes de marzo también se contienen dos Consultas, la V0841-13 de 14/03/2013 y la V0923-13 de 22/03/2013, cuyo contenido coincidente reitera la doctrina que ya podemos considerar tradicional de la Dirección General de Tributos: “dado que, en el supuesto concreto planteado, el administrador de la sociedad ejerce a su vez las funciones propias de la gerencia, no es posible apreciar la dualidad de relaciones -mercantil y laboral especial-, en los términos previamente señalados, sino que debe concluirse que la relación mercantil prevalece sobre la laboral especial. Habida cuenta que las funciones de gerencia quedan absorbidas por las funciones de administrador y éstas son de carácter gratuito, conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, debe considerarse que la retribución satisfecha al administrador –por razón de su actividad como gerente- de la entidad responde, en realidad, a una liberalidad en los términos establecidos en el artículo 14.1.e) del TRLIS, dado que el cargo de administrador es gratuito con arreglo a las cláusulas estatutarias, y, en consecuencia, no será fiscalmente deducible a efectos de determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.” Para evitar estas consecuencias se ha pensado en la posibilidad de que los estatutos sociales prevean la compatibilidad de las funciones de los administradores con las que resultan del contrato de alta dirección, existiendo alguna Sentencia en dicho sentido. Dicha solución, reseñada por Mireia Sabaté y Ludovine Bory en el capítulo IV de la obra “Manual del personal de alta dirección”, dirigida por Alex Valls, 2012, páginas 79 a 107, ha sido criticada por parte de la doctrina “al considerar que ello supondría dejar la calificación jurídica de las relaciones al arbitrio de las partes”. Sin embargo, como dice la Profesora Carmen Ruiz Hidalgo en su trabajo “La naturaleza jurídica de la retribución de los administradores-socios-trabajadores de la sociedad”, publicada en Quincena Fiscal Aranzadi, número 20, 2012, “no existe en la legislación española, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos distinciones entre los cometidos inherentes a los miembros de los órganos de administración de las sociedades y los poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, que es lo que caracteriza al trabajo de alta dirección”. La posibilidad de compatibilizar las funciones de administrador y las propias de la alta dirección en la misma persona es defendida por el mercantilista Pablo Salguero Molina en su trabajo titulado “La relación laboral especial de alta dirección”, publicado en “Videtur Quod anuario del pensamiento crítico”, 2011, páginas 103 a 160, accesible en la siguiente dirección: http://www.liberlex.com/archivos/ctoAD.pdf A lo anterior debemos añadir que la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2012, sala de lo social, Recurso 1976/2008, ha declarado que la doctrina del vínculo, creada por la jurisdicción social, no es aplicable cuando el contrato de alta dirección y la retribución del administrador ha sido aprobada por todos los socios, que también eran miembros del Consejo de Administración: cuando la totalidad de los accionistas conocen y consienten el pacto, la Sala ha rechazado la oponibilidad del artículo 130 de la LSA –hoy el artículo 217 de la Le de Sociedades de Capital-. Lo cierto es que el TS en su Sentencia de 24 de abril de 2007, Sala de lo Civil, Recurso 35/200 –caso Cinturón Verde- , expresó que “Que esta Sala ha declarado, así en la sentencia de 9 de mayo de 2.001 (citada en las de 27 de marzo de 2.003 y 10 de junio de 2.006), que la retribución que percibe un administrador por el desempeño de un cargo de "alta dirección y gestión" no está sujeta a la exigencia del artículo 130 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas , aplicable sólo a la retribución del cargo de administrador. Que para que, en tales supuestos, el artículo 130 no se aplique es necesario, sin embargo, que "las facultades y funciones que fueron atribuidas... por vía contractual" rebasen "las propias de los administradores", como precisa la citada sentencia de 9 de mayo de 2.001. Que admitir otra cosa significaría tolerar la burla del mandato contenido en el artículo 130, mediante el rodeo propio del fraus legis” La última frase en cursiva está reproducida, también entrecomillada, en la Resolución de la DGRN sin citar su procedencia, y contenida en el mencionado trabajo de Aurelio y Elena Destentado, 2009. Por el contrario, la doctrina es unánime en admitir el desempeño simultaneo del cargo de administrador y de la labor de trabajador laboral común, si bien, como indica Pablo Salguero, “debe atenderse a la concurrencia de las notas propias del contrato de trabajo y a la existencia de otros elementos que puedan desvirtuar estas notas, como una participación significativa en el capital social”, en definitiva, sólo cabe lo anterior “en los casos de relaciones de trabajo en régimen de dependencia, no calificables de alta dirección, sino como relación de trabajo común”. Sobre el tema podemos citar la siguiente doctrina de los tribunales: La Sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Social de 7 de diciembre de 2005, Recurso 728/2005, declaró lo siguiente: “la concurrencia entre administración social y relación laboral común presenta menos dificultades, porque, como ha señalado la doctrina, en el plano funcional la concurrencia de relaciones es perfectamente posible y tampoco surge por lo general ningún problema en la concurrencia de regulaciones, al no existir una identidad funcional entre la actividad de administración social y las funciones que son propias de una relación laboral común. El trabajo prestado en virtud de contrato laboral es independiente de la actividad como administrador y/o de la condición de socio minoritario. En este sentido, se ha apreciado la compatibilidad entre un contrato de trabajo común como director de producción y la condición de consejero delegado (sentencia de 28 de septiembre de 1.987); la misma solución se ha adoptado para un director comercial con contrato de trabajo que es nombrado luego miembro del consejo de administración (sentencia de 5 de julio de 1.988), y para dos directores sectoriales, de exportación y comercial, que eran también miembros del consejo (sentencia de 6 octubre de 1.990).” El TSJ de Cataluña, Sala de lo Social, en la Sentencia de 12 de mayo de 2005, Recurso 1306/2005, precisó que “no existe en la legislación española una clara distinción entre los " cometidos inherentes" a los miembros de los órganos administradores de la sociedad (art. 1.3 del Estatuto de los Trabajadores) y los "poderes inherentes" a la titularidad jurídica de la empresa, que caracterizan al trabajo de alta dirección (art. 1.2 del Decreto 1382/1985 de 1 de agosto) llegando a declararse: "en conclusión, si existe una integración orgánica de la persona que desempeña el trabajo de dirección en el Consejo de Administración social, cuyas facultades son las que se actúan directamente o mediante delegación interna, la relación no será laboral, sino mercantil. Lo que, visto desde otro ángulo, implica como regla general, que sólo en los casos de realización de trabajos en régimen de dependencia no calificables de alta dirección, sino como relación laboral de trabajo común, cabe admitir el desarrollo simultáneo de cargos de administración de la sociedad y de una relación de carácter laboral". En la reciente Sentencia del TS, Sala de lo Social, de 5 de marzo de 2013, Recurso 932/2012, se manifiesta que “esta Sala, en sus sentencias de 17 de mayo de 1999 (rcud. 3046/1998) y 17 de febrero de 2009 (rcud. 739/2008), ha abordado cuestiones similares a la que es objeto del presente recurso de casación unificadora. Así, en esta última sentencia en supuesto en que el demandante mantenía con la sociedad laboral una relación de trabajo común, con la categoría de maestro industrial, y además era Consejero Delegado, sin percibir retribución por este cargo, recordaba que en la sentencia anterior de 17 de mayo de 1999, resolviendo un caso en el que el demandante era miembro del Consejo de Administración y Consejero Delegado, ostentando como socio trabajador la categoría profesional de Oficial 1ª, no constando que percibiese retribución por el desempeño del cargo de Consejero Delegado”, resolvió que el demandante “mantenía con la Sociedad una relación laboral común, con la categoría de Encargado, y además era Administrador Único, sin percibir retribución por este cargo, lo que hace que la primera tenga vigencia sobre la segunda, y que en su consecuencia, el período de tiempo en que ostentó el cargo, compute a los efectos de prestación por desempleo.” No cabe que el administrador se contrate como trabajador común, no concibiéndose que “la relación laboral pueda nacer de la voluntad de una persona que sería empleador y empleado al mismo tiempo. La cuestión está estudiada por el Abogado Alfredo Sierra Herrero en su obra “Administradores de Sociedades Mercantiles y Altos Directivos Laborales”, Pamplona, 2008, páginas 183 a 185, citando bastantes sentencias, que proclaman la ineficacia de dicha autocontratación, no requiriéndose para dicha conclusión la titularidad de una participación superior al 50% del capital social, bastando una situación de predominio en la formación de la voluntad social. Concluye el autor afirmando que en tales casos el ejercicio de una relación laboral común sería como una aportación a la finalidad societaria, puesta en común con ánimo de repartir beneficios. Obviamente no cabe enmascarar como una relación laboral común una relación laboral de alta dirección con el propósito de eludir las incompatibilidades previstas legalmente, sin que se pueda admitir, como indican Aurelio Destentado Bonete y Elena Destentado Aroca, la distinción “entre una administración genérica que corresponderá al administrador en cuanto a tal, y una administración específica a cargo del alto directivo”. También escriben que “la doctrina del vínculo se ha consolidado y se sostiene bien frente a las críticas. Por ello la huida del artículo 130 de la LSA y del artículo 66 de la LSRL se ha ido desplazando del contrato laboral de alta dirección a un contrato de servicios de empleo que permitiría también introducir una regulación alternativa, con la que escapar de las limitaciones del régimen mercantil.” Las notas de dependencia y ajenidad, propias de una relación laboral común, que pueden ser compatibles con el ejercicio del cargo de administrador, como indica la Profesora Carmen Ruiz Hidalgo, es una cuestión de hecho que debe analizarse caso por caso, teniendo en cuenta todos los elementos de prueba correspondientes más allá de la participación en un determinado porcentaje del capital social. No obstante, según la polémica Nota 1/2012 de la AEAT para aquellos socios que posean más del 50% del capital de una sociedad, se entiende que existe en concreto para los mismos una ordenación por cuenta propia de medios humanos o de producción, que excluye la dependencia. Igual ordenación existe, según dicha Nota, en el caso de los servicios profesionales (abogacía, asesoría, servicios de arquitectura, medicina, economato,...). La consecuencia será la de que los rendimientos que obtengan por su trabajo se calificarán como rendimientos de actividades económicas y no como rendimiento de trabajo, todo ello para la aludida Nota en el ámbito del IRPF y no en el del IVA, que no se estudia; aunque si el administrador realizara, por otro lado, para la sociedad prestaciones de servicios, los mismos quedarían sujetos al IVA, aplicándose las normas sobre valoración relativas a operaciones vinculadas. Para la Dirección General de Tributos en la Consulta V1492-08 de 18/07/2008 se sujetan a IVA la prestación de servicios profesionales en los que faltan las notas de dependencia y ajenidad propias de una relación laboral. El supuesto de hecho se refería al arrendamiento de servicios concertado por los socios profesionales, abogados, con la sociedad, obligándose a prestar los servicios con carácter exclusivo a la sociedad y a sus clientes. Por último, la Nota también estudia el supuesto de los socios trabajadores de las cooperativas, cuyas retribuciones se consideran rendimientos de trabajo, y el de los socios profesionales de las sociedades civiles profesionales. Concluye la Profesora Ruiz Hidalgo afirmando que “lo que la Hacienda Pública pretende es que la realización de una actividad a través de una persona jurídica solo sea en aquellos supuestos en los que resulte imposible que los socios actúen como autónomos���. Precisamente en la Consulta V1015-13, de 27/03/2013, se exponen los siguientes conclusiones acerca de un supuesto en el que los administradores también desempeñan una función de alta dirección y, por último, concurre en ellos la cualidad de trabajadores: ����������en el supuesto concreto planteado, el administrador percibe una remuneración por el desempeño de las labores de alta dirección, si bien por el cargo de administrador, stricto sensu, no perciben retribución alguna. Dado que las funciones de alta dirección quedan absorbidas por las funciones de administrador, deberán tomarse en consideración ambas retribuciones, tanto la fijada en contraprestación por la labor de administrador (en este caso nula) como la pactada por las labores de alta dirección, a efectos del cómputo del límite estatutariamente establecido. Dicho en otros términos, en la medida en que el sumatorio de las retribuciones pactadas, tanto por las labores de administrador como de alta dirección, no supere la cuantía fija acordada anualmente por la Junta General, el gasto correspondiente a ambas tendrá la consideración de fiscalmente deducible. Al margen de lo anterior, en el escrito de consulta se señala que los dos socios y administradores solidarios de la entidad desempeñan labores propias de un trabajador (gestión comercial (…). Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2.c) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, no tendrían la consideración de trabajadores por cuenta ajena “quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquella, en los términos previstos en la disposición adicional vigésima séptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio”. De acuerdo con esta última disposición, se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia cuando las acciones o participaciones de trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social. -Por cierto, dicha disposición adicional es fundamental para determinar el encuadramiento de los trabajadores y administradores dentro del Sistema de la Seguridad Social.- Dado que en el caso planteado concurren estas condiciones en las dos personas que prestan servicios a la sociedad, correspondientes a las labores de gestión comercial y demás tareas operativas, se entenderá que dichos servicios son prestados en virtud de una relación de naturaleza mercantil y no laboral. Con independencia de lo anterior, el gasto correspondiente a la retribución pactada como contraprestación por el desempeño de dichas tareas tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible del período siempre que se cumplan los requisitos de inscripción contable, correlación de ingresos y gastos, imputación con arreglo a devengo y justificación documental y siempre que se valoren a valor de mercado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del TRLIS.” Aquí tenemos que citar el Informe de la Dirección General de Tributos de 12 de abril de 2009, al establecer que “los gastos representativos de las retribuciones satisfechas a los administradores de sociedades mercantiles tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la normativa vigente regulada en el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando los estatutos establezcan el carácter remunerado del cargo, aunque no se cumpliera de forma escrupulosa con todos y cada uno de los requisitos que, para cada tipo de retribución, establece la normativa mercantil”. En la Resolución la DGRN alude a los derechos francés e italiano en los que se plantean semejantes problemas, citándose los correspondientes preceptos. Así en el derecho italiano se admite la acumulación de las funciones de ammistratore y de direttore generale, relación laboral, siempre que exista real subordinación del último a la administración, por lo tanto, no cabe dicha acumulación cuando exista administrador único, en cuyo caso la retribución del director general no es deducible en el Impuesto. Lo mismo ocurre en el supuesto de la acumulación de las funciones propias del administrador y del trabajador por cuenta ajena en la misma persona, al no apreciarse intersubjetividad. Lo anterior está regulado en el derecho francés con cierto detalle en el Código de Comercio, estableciéndose límites al número máximo de administradores que pueden ser trabajadores en una sociedad, siempre que se trate de una pequeña o mediana empresa y el trabajo sea real y efectivo. En sectores de la asesoría fiscal se había propuesto como una de las soluciones a las consecuencias de la Nota 1/2012 de la AEAT la posibilidad de que en los estatutos sociales se reflejase que el administrador pudiese percibir retribuciones por su labor, distinta de las funciones propias del administrador, lo que ha ocurrido en el supuesto de hecho debatido ante la DGRN, siendo su mención estatutaria e inscripción registral innecesaria pero posible, siempre que no enmascare una relación de alta dirección, fraude que sólo sería apreciable en concreto y no en abstracto. (JZM) Ver la reseña de la Consulta V0879-12 de 25/04/2012, publicada en el Informe de abril de 2012, y la Consulta V2394 de 12/12/2012, publicada en el Informe de diciembre de 2012. Ver trabajo del Notario José Clemente López Vázquez. PDF (BOE-A-2013-4315 - 7 págs. - 181 KB) Otros formatos NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA OFICINA NOTARIAL: ¿SUPRESIÓN DE LA APOSTILLA EN LA UE, A CORTO PLAZO? 1).- Introducción: El trámite de legalización única, conocido, por su origen francés, como “apostille” y que fue aceptado los países firmantes del XII “Convenio de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961”, supuso un gran avance frente a aquel “galimatías” de la llamada “legalización diplomática y consular” de los documentos públicos que se originaban en un país del Convenio y que se pretendían utilizar en otro. Tras de ella, los documentos emitidos en un país del Convenio que hubieran sido certificados por una apostilla deberían ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de autenticación. Pues bien parece que, posiblemente y al menos para los Países que integran la Unión Europea, a la apostilla le quedan pocos días, ya que, dada la integración que pretende la UE de dichos países (y de igual forma que se suprimió en España la tediosa legalización entre Colegios Notariales, que muchos no habréis conocido y que era realmente un retraso para todo) los documentos públicos de cualquiera de los países que integran la UE serán por sí solos válidos en cualquier otro país de la Unión. En este sentido la Comisión Europea ha emitido un Comunicado de Prensa, el pasado 24 de abril, en el que se plantea dicha posibilidad, y que reproduzco a continuación: 2).- Comunicado de Prensa de la Comisión Europea Comisión Europea Comunicado de prensa Bruselas, 24 de abril de 2013 Fin de los costosos sellos burocráticos en los documentos públicos – ¿Por qué se solicita semejante confirmación para las partidas de nacimiento?» se pregunta Conforme a las propuestas de Antecedentes Según una encuesta del Eurobarómetro de octubre de 2010, el 73 % de los europeos considera que se impone adoptar medidas para mejorar la circulación de los documentos públicos entre países de la UE. Como respuesta a ese resultado, En 2012, Ejemplo real de problema que afecta a los ciudadanos de la UE: «Hace poco me casé en Luxemburgo, pero los trámites de reconocimiento de mi partida de nacimiento fueron muy largos y costosos, pues dependen del oneroso sistema de apostilla. Ese mecanismo puede tener cierta validez a escala mundial, pero su uso en - respuesta de un ciudadano/a rumano/a a la consulta pública sobre los derechos de los ciudadanos de la UE de 2012 Las nuevas normas simplificarán los trámites al: · suprimir los trámites de legalización y «Apostilla»; · eliminar la necesidad de presentar una copia certificada junto con el documento público original, permitiendo la presentación de copias no certificadas junto con los originales; · garantizar la aceptación de traducciones no juradas de los documentos públicos expedidos por las autoridades de otros Estados miembros; · facilitar impresos estándar multilingües de · mejorar la cooperación administrativa entre Estados miembros para contribuir a la lucha contra el fraude. Próximas etapas: para adquirir fuerza legislativa, la propuesta de Reglamento debe ahora ser adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo mediante el «procedimiento legislativo ordinario» (codecisión). Además, con ocasión del Año Europeo de los Ciudadanos (2013),
ALGO MÁS QUE DERECHO J. MANUEL CABALLERO BONALD: “Aguas de la Memoria” Poeta, novelista y ensayista español nacido en Jerez de la Frontera, Cádiz, en el año 1926. Estudió Astronomía en Cádiz y más tarde Filosofía y Letras en Sevilla y Madrid. Militante anti-franquista, pertenece al grupo poético de los 50 junto a José Ángel Valente, Claudio Rodríguez, José Agustín Goytisolo y Jaime Gil de Biedma, entre otros. Vivió fuera de España por varios años y a su regreso trabajó en el Seminario de Lexicografía de la Real Academia Española. Obtuvo el premio Boscán y de la Crítica de Poesía en 1959, el Biblioteca Breve en 1961, el de la Crítica de Novela en 1975, el de la Crítica de Poesía en 1978, el Plaza y Janés en 1988, el premio Andalucía de las Letras en 1994, el XIII Premio de Poesía Iberoamericana Reina Sofía en 2004, el Premio Nacional de Letras en 2005 y el Premio Nacional de Poesía 2008. En 1996 fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía. De su obra poética se destacan: «Las adivinaciones» en 1952, «Memorias de poco tiempo» en 1954, «Pliegos de cordel» en 1963, «Vivir para contarlo» en 1969, «La costumbre de vivir» en 1975, «Toda la noche oyeron pasar pájaros» en 1981, «Tiempo de guerras perdidas» en 1995, «Diario de Argónida» en 1997, «Copias del natural» en 1999, y «Manual de infractores »en 2005. (Wikipedia) De dicho autor he recogido una pequeña parte de su Discurso de contestación en la entrega del Premio Cervantes, en la que resalta algo que siempre he pensado: leer un libro es como conocer la vida de otras personas, que nos abren mundos desconocidos y que amplía nuestra visión del mundo. Y de otro lado destaca la eficacia de la poesía como forma de superar las dificultades, y sobre todo los momentos de crisis o desánimo, como los que nos están cayendo.
DISCURSO EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO CERVANTES “Si las cuentas no me fallan, hace ahora justamente dos tercios de siglo que empecé a adiestrarme en el oficio de escritor, por lo que quizá merezca -eso sí- un premio a la constancia…. Es posible que encontrara en aquellas lecturas algo parecido a una contrapartida, una compensación frente a la falta de asideros o los desconciertos de la edad. ¿Quién duda que leer es reconocernos en los otros, desentrañar lo que somos, recuperar lo que hemos vivido, incluso lo que no hemos vivido, resarciéndonos de nuestras propias carencias? Recuérdese que todos aquellos que se han valido de la opresión (desde los terrores inquisitoriales a los de cualquier censura dictatorial) para programar el mantenimiento de sus poderes, han coartado la libre circulación de las ideas. Los enemigos históricos de la libertad han recurrido desde siempre a una suprema barbarie: la hoguera. O quemaban herejes o quemaban libros. En las ficciones futuristas de un mundo amorfo, despersonalizado, regido por computadoras, la quema de libros representa algo más que un mandamiento atroz: es una metáfora de la esclavitud. Bien sabemos que destruir, prohibir ciertas lecturas ha supuesto siempre prohibir, destruir ciertas libertades. Quien no leía, tampoco almacenaba conocimientos. Y quien no almacenaba conocimientos era apto para la sumisión. De lo que fácilmente se deduce que conocimiento y libertad vienen a ser nutrientes complementarios de toda aspiración a ser más plenamente humanos… Aún puedo revivir las emociones que me transferían esas precisas andanzas de don Quijote. No conservo el recuerdo sino el sedimento del recuerdo, la constancia placentera de haber descubierto un mundo fascinante, de haber roto un sello, abierto una ventana por la que podía asomarme a una nueva experiencia de lector, es decir, a una nueva enseñanza de la vida. Quiero recordar que medio entendí entonces que un libro te habla, pero también te escucha, que el hecho de elegir un libro y compartir con él una misma aventura también supone un ejercicio de libertad… Y no deseo finalizar este recuento de emociones sin hacer una mención fugaz a mis débitos personales con la poesía, ese engranaje de vida y pensamiento que tanto amó Cervantes y que tan exiguas recompensas le proporcionó. La poesía también tiene algo de indemnización supletoria de una pérdida. Lo que se pierde evoca en sentido lato lo que la poesía pretende recuperar, esos innumerables extravíos de la memoria que la poesía reordena y nos devuelve enaltecidos, como para que así podamos defendernos de las averías de la historia… Creo honestamente en la capacidad paliativa de la poesía, en su potencia consoladora frente a los trastornos y desánimos que pueda depararnos la historia. En un mundo como el que hoy padecemos, asediado de tribulaciones y menosprecios a los derechos humanos, en un mundo como éste, de tan deficitaria probidad, hay que reivindicar los nobles aparejos de la inteligencia, los métodos humanísticos de la razón... Quizá se trate de una utopía, pero la utopía también es una esperanza consecutivamente aplazada, de modo que habrá que confiar en que esa esperanza también se nutra de las generosas fuentes de la inteligencia. Leer un libro, escuchar una sinfonía, contemplar un cuadro, son vehículos simples y fecundos para la salvaguardia de todo lo que impide nuestro acceso a la libertad y la felicidad.” AGUAS DE LA MEMORIA Las aguas codiciosas me han traído la huyente claridad la historia vulnerable de mis días antiguos, de los días caídos sobre mí, como yo sentiría caer a unos pájaros heridos, a esa blanda conciencia de vivir con la misma ansiedad que esos días vencidos me traen su cansancio a la memoria. Yo los miro pasar. Son azules y leves, son azules. Juntos flotan un momento a mi lado y se hunden de pronto más allá de mi vida de hoy, de este sueño que vivo, que ya se va con ellos, con los días que pasan, igual que si bajase una ramita efímera con estas aguas, con esta mi memoria vacilante, y desde mi presente la viera yo, voluble, darse huyendo y escapar entregándose igual que una muchacha, igual que mi memoria estacionándose detrás de las orillas de los años. Su paso me ha traído, encadenada en un instante, toda la fugaz inocencia del tiempo que ya es fábula, del tiempo que ya es sólo una sospecha que yo viví, que aún puedo estar viviendo ahora, niño en mi muerte diaria, como si aún pudiese ser posible que las aguas inmunes del recuerdo volvieran a subir hacia su origen, desplazando hasta hoy su realidad pasada. Y es que también es niño quien mirando correr las aguas puras, los momentos que fluyen evocados, resucita, hace ciertos los días que cayeron, que pasaron heridos, y los alza, los levanta a la luz de la memoria a esa luz que nos duele, que está sangrando ya, porque el tiempo sólo puede vivirse sabiendo que ha pasado. Alicante Mayo 2013 (JLN)
Visita nº desde el 29 de mayo de 2013.
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