¿CUANDO SE RECUPERARÁ LA COMPRA DE VIVIENDAS EN ESPAÑA?

Estaba a punto de iniciar un artículo sobre el preocupante descenso de la compra de viviendas y me acordé que, en base a la experiencia de la anterior crisis, desde 1990 a 1994, había publicado en el periódico EXPANSIÓN, el 8 de junio de 1.998, el siguiente texto explicativo sobre el tema de la caída del consumo en los sectores motrices que vale, en su mayor parte y me permite hacer una comparación con el presente, con unas reflexiones finales que lo actualizan.

El consumo privado que había llegado a su cumbre a principios de 1991, cayó de manera catastrófica en el segundo semestre, hasta alcanzar su mínimo a finales de 1993.

¿Qué explicación se puede encontrar a semejante cambio de comportamiento en el consumidor español? Había una previsión de que, después de los grandes acontecimientos de 1992, caería la actividad en las zonas más beneficiadas, pero ¿por qué fue tan general y un año anterior al previsto? Habría que remontarse a períodos históricos excepcionales para obtener un registro semejante.

Yo creo que se debió al empeoramiento de expectativas de amplias capas de la población. Como consecuencia de la política de enfriamiento del consumo, aprobada a mitad de 1989, con sus correspondientes medidas de restricción cuantitativa de financiación para el sector privado, altos tipos de interés, revaluación de la peseta y el incremento de la presión fiscal sobre la ciudadanía, se generó un proceso depresivo que rompió la evolución positiva de la creación de empleo.

Al reducir y encarecer la financiación para los particulares, los sectores motrices se quedaron sin clientes, ya que escaseaban los compradores con liquidez.

La elevación del tipo de interés, dentro del proceso de compromisos comunitarios, produjo una revaluación de la peseta que, con el crecimiento de costes interiores, arruinó la competitividad de los productores nacionales.

Extendida la recesión, el paro creció en un millón de personas entre 1989 y 1993.

El problema del desempleo, cuando se agrava de una manera tan profunda, es que no afecta sólo a los nuevos parados, sino que sus efectos se extienden sobre otras capas sociales: sobre los que estaban en el paro y mantenían la esperanza de encontrar empleo, sobre los contratados temporales, a los que marchitaba la ilusión de la prórroga de sus contratos, y finalmente, sobre los que quedaban trabajando en las empresas que, por temor o prudencia, pospusieron toda compra de valor, ya que el aplazamiento de pago requiere una seguridad en las rentas futuras.

Disparados los gastos sociales para la atención de los nuevos parados, los prejubilados, las empresas y sectores en crisis, el sistema de distribución social quedaba abocado a la quiebra ante la reducción de las aportaciones. De manera que, el debate político más seguido, fue el de la viabilidad de la Seguridad Social. Más de siete millones de jubilados y los trabajadores próximos al retiro siguieron, conmocionados, las explicaciones del agrietamiento de los fundamentos en los que habían confiado el sostenimiento económico de su futuro.

La caída del consumo, tan dramática y profunda, se puede entender por la extensión de la angustia entre la mayoría de la ciudadanía.

A principios de 1989, con la economía en expansión, básicamente se centraba en los dos millones y medio de parados, y en 1993 afectaba a dos millones ochocientos mil trabajadores temporales, a los jubilados, a más de tres millones y medio de parados y a los trabajadores fijos que conservaban empleo, pero que vivieron la traumática experiencia de ver cómo el paro arruinaba las expectativas profesionales de sus compañeros. Con ellos seguían el mismo camino de desesperanza los fabricantes, profesionales y comerciantes, deprimidos por el descenso del consumo en el mercado interior sin que el sector exterior ofreciera una alternativa, ante la falta de competitividad de la peseta.

Con una financiación escasa y cara y sin seguridad ante el futuro, los consumidores redujeron la compra de bienes superfluos y los de alto valor que precisaban de endeudamiento, dirigiendo su renta a la adquisición de productos y servicios imprescindibles, aunque cada vez de menor calidad y precio, haciendo un notable esfuerzo para mantener cuotas de ahorro lo más amplias posible. Y es que nadie consume más que lo necesario cuando tiene su futuro en la incertidumbre.

De aquella crisis salimos a través de un proceso de devaluación de la peseta, que se inició el 17 de septiembre de 1992 contabilizándose, hasta marzo de 1995, 4 devaluaciones que permitieron corregir el diferencial de inflación, haciendo más competitivos nuestros productos y, con ello, incrementar el producto interior bruto, la recaudación fiscal y social, el empleo y, en paralelo, la seguridad de los ciudadanos en el futuro, base de las adquisiciones en los sectores motrices.

La recuperación del mercado inmobiliario necesitará, en la actualidad, no sólo de un refuerzo de liquidez sino, básicamente, de un cambio de tendencia en la destrucción de empleo. Y, la creación de puestos de trabajo, ya no puede venir de las fuentes que abastecieron el período expansivo desde el año 1996 al 2007, sino del incremento de la competencia de nuestra producción.

Lo que me extraña es la falta de memoria histórica sobre los efectos que tuvo el paro en las decisiones de los consumidores, la catástrofe social que generó y que sólo la gran devaluación de la peseta nos permitió sacar la cabeza del abismo, mecanismo que ahora no tenemos.

De ahí que me parezca asombroso que algún político manifieste que estamos en mejores condiciones que en la crisis de 1990 para superar la actual y hasta adelante una fecha para la reactivación de la producción, sin explicarnos cómo se va a producir el ajuste de precios y la mejora de la calidad que la justifiquen.

Y es que, en las crisis graves, es donde se ve más claramente la diferencia entre el político y el hombre de estado, el primero se preocupa, fundamentalmente, del porvenir suyo y de su entorno y el hombre de estado, del de todos los ciudadanos y las generaciones futuras.

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