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¿SERVIRÁ EL PLAN ANTICRISIS DEL 28 DE NOVIEMBRE PASADO PARA, POR FIN,  REACTIVAR LA ECONOMÍA?

Daniel Iborra Fort, Notario de Vilafranca del Penedès (Barcelona)

  

 

 El Gobierno aprobó el 28 de noviembre un plan anticrisis. Dado el poco éxito de los anteriores, ha sido recibido, sobre todo por los círculos más informados, con gran frialdad como podemos comprobar en las encuestas.

Es un ejemplo de la gran diferencia entre la vida pública y la privada, en ésta última a los que presentan una estrategia que fracasa no les dan tantas oportunidades para equivocarse.

Y el problema es que estamos en una situación en que ya no tenemos ni tiempo ni recursos para errar más.

Es como si una empresa a la que le va mal el negocio porque sus productos no son competitivos ni en precio ni en calidad, se le ocurre al gerente pintar el edifico con colores modernos, llenar de plantas el interior, cambiar los muebles y darle a un artista el trabajo de una nueva marca más imaginativa.

Inicialmente puede llamar la atención pero, si el mercado continúa recibiendo los productos con la misma calidad y precio, este plan sólo habrá servido para empeorar financieramente la situación de la empresa.

Hasta que no se invierta el dinero en la mejora de la sección de producción, con la renovación de maquinaria, investigación, mejora de la productividad y reducción del absentismo laboral, control de gastos.....no se notará una mejora en las ventas.

Y de la venta depende la facturación, de ella el número de empleados, las posibilidades de financiar las necesarias inversiones y hasta los impuestos que recauda el sector público, en todas sus instancias.

Lo que ha resultado más extraño a los analistas es la gran proporción de recursos que se dedican a las obras municipales. Tal como lo demuestra  la encuesta publicada en el periódico EL ECONOMISTA el 3 de diciembre sobre si ¿SON LOS AYUNTAMIENTOS LA MEJOR FORMA DE GESTIONAR LA INVERSIÓN PÚBLICA? Más del  86 % de votantes se inclina por el no.

Y es que, si aplicamos criterios estrictamente económicos, las decisiones políticas no pueden más que provocar desconcierto. Si la inversión pública puede ser un mecanismo para la resolución de problemas económicos y sociales, es lógico que se ordene por prioridades. En un país con recursos tan escasos debería destinarse preferentemente a la mejora de la competitividad de la Economía.

Si puede ser una palanca tan eficiente ¿por qué en los 10 primeros meses de un año tan crítico para el empleo y la economía como el 2.008, el Gobierno ha reducido en un 33,7% la licitación de obras públicas, según datos de SEOPAN? .Lo que tampoco tiene sentido es que los Ayuntamientos tengan que presentar proyectos de interés particular mientras que sectores de interés general como la exportación o la investigación empresarial les estén reduciendo y hasta denegando, recursos que estaban aprobados, con la excusa de la crisis.

Pero los análisis serían más completos si se ampliaran con otras perspectivas, ya que las decisiones públicas pueden pretender otras finalidades no estrictamente económicas. ¿Es posible que se persiga una rentabilidad electoral de cara a las próximas elecciones municipales?. Entonces el plan buscaría conseguir otros resultados: preparar una campaña de promoción y ejecución de obras con un alta inversión publicitaria en la que se destaque con gran relieve que las obras iniciadas y terminadas se las debemos al administrador de recursos, tipo “Gobierno de España”, asegurarse el control del dinero para influir en los Ayuntamientos y ampliar la dependencia de los medios de información en un momento de gran precariedad económica, dado el descenso de clientes y la reducción de publicidad privada. El futuro lo testificará.

Por lo menos, se irán llenando de contenido los anuncios publicitarios del sector público que últimamente están consiguiendo cotas difícilmente superables de vacuidad, que está extendiendo el asombro a capas cada vez más alejadas de las tradicionales de malpensados.

El camino más eficaz y permanente para incrementar los recursos de los Ayuntamientos y el resto del sector público es el de ejecutar, de una vez por todas, el conjunto de medidas aprobado el 17 de septiembre por prácticamente todos los diputados del Congreso, en el que fijaba un proyecto general para mejorar la competitividad de la Economía. Ha sido el único plan responsable y competente aprobado últimamente.

Y la única manera de que esto se lleve a cabo es que la sociedad tome finalmente conciencia de la gravedad de la situación interna y exija un pacto nacional que implique a todos los sectores económicos y sociales y hasta a los medios de comunicación, tal como pidió el Circulo de Economía de Barcelona, entre otras instituciones, este verano ya que, por sí solos, los dirigentes políticos  no lo van a hacer, como lo hemos podido comprobar.

Lo que necesitan los Ayuntamientos son ciudadanos con un trabajo estable que puedan pagar impuestos y con una esperanza en el futuro que les incentive para la compra de viviendas, lo que dinamizaría una de las principales fuentes de ingresos públicos y no habitantes sin trabajo y empobrecidos que acudirán a ellos a que les atiendan las necesidades más elementales.

La inversión que se proyecta dará lugar a una ocupación temporal que apenas podrá compensar la reducción que se producirá en los propios  Ayuntamientos dada la precariedad de las finanzas municipales y mientras tanto observaremos como continuará la sangría empresarial y de puestos de trabajo en los sectores productivos y la desmoralización colectiva.

 

DANIEL IBORRA FORT ANALISTA DE INVERSIONES

VILAFRANCA DEL PENEDES 10 DE DICIEMBRE DE 2.008

 

 

ACUERDOS 28 DE NOVIEMBRE

REDUCCIÓN ARANCELARIA

RECETAS PARLAMENTARIAS

¿CUANDO SALDREMOS DE LA CRISIS?

MEDIDAS 22 Y 23 DEL GOBIERNO

SECTOR PÚBLICO Y CRISIS

 

 

desde el 8 de noviembre de 2008.

 

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