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Los próximos días 16, 17 y 18 de abril, de martes a jueves, los Registradores de toda España vamos a celebrar en Zaragoza la Asamblea General que está prevista en los Estatutos de nuestro Colegio. Se trata de un acontecimiento excepcional para el Cuerpo por su rareza, ya que tan sólo ha sido convocada en otras dos ocasiones con anterioridad: la primera, en 1935, acordó la creación de la Mutualidad y la última, en el año 1988, bajo el lema “Un Registro abierto a la sociedad”. Tuvo lugar en Barcelona y obtuvo un incuestionable éxito, impulsando la informatización de nuestras oficinas y dando un mensaje de transparencia en nuestro quehacer. Los debates se van a estructurar en cinco Comisiones, dedicadas a Procedimiento, recurso y bases gráficas; Registro Civil; Registro Electrónico; Demarcación y Organización Colegial, y a Registros Mercantiles. El desencadenante de su organización es el Anteproyecto de Reforma Integral de los Registros en su versión de noviembre de 2012, que, de salir adelante, tal como está concebido, implicaría una transformación radical de las funciones y del modo de desempeñar la profesión. Ante una reforma de tal envergadura, parecía razonable que los órganos rectores de la corporación hubiesen recabado el criterio de los colegiados, manifestado en asamblea como órgano supremo colegial. De hecho, en los foros internos ha existido una petición creciente al respecto para su convocatoria. Al no haberse producido la misma por los medios más sencillos, como sería su impulso por la Junta de Gobierno o, alternativamente, por la Asamblea de Decanos, no quedaba otro camino que el de acudir al mucho más complejo de ir recabando la solicitud formal de cada uno de los colegiados hasta superar el límite del 20% impuesto por los Estatutos para que ellos directamente fueran los que propiciaran la convocatoria. Su celebración, en sí, ya supondrá un importante éxito de la democracia participativa, máxime cuando se han tenido que salvar importantes obstáculos, entre los que merece destacar la necesidad de que la pidieran formalmente cerca de 300 personas y sufrir las dificultades del lugar y fechas elegidos por la Junta de Gobierno que aún dificultan más su constitución, pues, al optarse por fijar unos días en el centro de la semana, entre el desarrollo de las jornadas y los viajes, muchos compañeros se ven abocados a encontrarse fuera del lugar donde prestan su servicio público casi una semana laboral. El lugar elegido es una magnífica ciudad que cuenta con servicios adecuados, pero, para todos aquellos que no se encuentran en el cuadrante nororiental del país, implica tener que usar al menos una doble combinación de medios de comunicación. Hubiese sido un sitio ideal, pero, de celebrarse en fin de semana, lo que habría minimizado el número de días laborales de ausencia de los registros. Por ello, resultará todavía más gratificante su celebración porque habrá sido el resultado de grandes esfuerzos precisos para que ésta se materializase y fruto de la voluntad de una sustancial parte del colectivo. Con su desarrollo, se abre un foro de diálogo en el que, de seguro habrá debate, puede que encendido, pero no enfrentamiento, siguiendo una inveterada tradición de armonía esencial entre los miembros de este cuerpo centenario. No debe de entenderse en modo alguno su convocatoria como un pulso al Gobierno de nuestro país, surgido de las urnas, ni un enfrentamiento con él, porque no es así. No es una asamblea en contra de la política del Gobierno en general -y del Ministro de Justicia en particular-, sino que tiene la vocación de dar a conocer a la sociedad y a los poderes públicos la pluralidad de sensibilidades dentro del cuerpo y su vocación de participar constructivamente com propuestas para la mejora de la normativa que regula nuestro quehacer diario. Pero también es una llamada de atención hacia nuestros representantes corporativos que han tenido nuestro voto durante cuatro años pero que, en una sociedad democrática evolucionada, ello nunca puede significar un cheque en blanco. Los colegiados pueden en un momento determinado recabar para si la última palabra de lo que debe ser la política corporativa. Ante las argumentaciones sobre la inconveniencia de su celebración, cabe responder que difícilmente se pueden encontrar circunstancias como las actuales en la que se avecinan cambios tan trascendentales en el desarrollo de nuestra actividad profesional. Si no se celebrara la Asamblea en la situación actual, no sería descabellado plantear como alternativa la de derogar los artículos de los estatutos que regulan el órgano asambleario, por resultar éste innecesario. Por el contrario, creo que no debemos tener miedo a la participación activa y democrática en el desarrollo de las instituciones que nos hemos dado. Por ello, bienvenida sea la Asamblea de Zaragoza, como un ejercicio de nuestras derechos y responsabilidades democráticas, como un triunfo de la sociedad civil, de base, y con la ilusión de que, en su desarrollo y conclusiones, los poderes públicos y la opinión pública en general sientan que el Cuerpo de Registradores es un Cuerpo plural, abierto al diálogo y con vocación de colaborar en la mejora del servicio público que la sociedad nos tiene encomendado. José Félix Merino Escartín, Registrador de la Propiedad de Fuenlabrada, número 2.
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