Edmundo Rodríguez Achútegui. Magistrado

               La STJUE de 14 de marzo de 2013, que declara no acorde al derecho de la Unión Europea nuestra legislación procesal de ejecución de hipotecas, ha puesto de manifiesto la insuficiencia de nuestra regulación legal para proteger a una de las partes en el proceso y la incapacidad del legislador para anticiparse a un problema que ya se barruntaba desde el informe de la Abogada General, y que sigue sin solucionarse en este momento, propiciando una enorme inseguridad jurídica.

               Ya desde noviembre de 2012 se conocía el informe de la Abogada General del TJUE, pero pese a sus contundentes términos, no se decidió el gobierno a modificar las previsiones de los arts. 695 y 698 LEC. Después de la sentencia, tampoco se actúa con rapidez, de modo que discurre la tramitación del proyecto de ley consecutivo al RDL 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, al que se ha incorporado la Iniciativa Legislativa Popular sobre dación en pago.

               Es realmente contradictorio apreciar como la forma de legislar depende de pulsiones que no se confiesan. En 2012 el gobierno aprobó 29 Reales Decretos Leyes que abordaron materias que se consideraban de suma urgencia. Hasta mayo de 2013 se han aprobado otros seis. Pero la gravísima situación de los afectados por los impagos de hipotecas, la evidencia de la desproporción de nuestro proceso civil en materia de ejecución hipotecaria que ha puesto de manifiesto la STJUE de 14 de marzo de 2013, y las numerosas resoluciones judiciales suspendiendo procesos de esta clase, no han determinado al gobierno a solucionar con rapidez la cuestión.

               La desidia gubernamental ha provocado que las Juntas de Jueces se hayan convertido en legisladores. Santander, Bilbao, Palma de Mallorca, Barcelona o Toledo, entre muchas más, han acordado criterios diversos para cada partido judicial que tratan de dar respuesta a la incertidumbre que ha creado una decisión judicial previsible y que se ha eludido deliberadamente. De manera que ahora tenemos soluciones distintas en cada partido judicial, que tratan de afrontar un problema que el ejecutivo no quiere resolver.

               La posición maximalista, acordada por los jueces de Bilbao, sostiene que mientras que el legislador no solucione la falta de acomodamiento de nuestra LEC a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, los procedimientos de ejecución hipotecaria no se tramitarán. En Barcelona, en cambio, se permitirá un incidente de nulidad de actuaciones para que el deudor pueda esgrimir la nulidad de cláusulas por abusivas. En otras juntas se esperará a lo que reclame el acreedor, manteniendo hasta entonces la suspensión del proceso. Y en otros casos sólo se mantendrá la suspensión si se interpone un procedimiento declarativo que reclame la nulidad de cláusulas eventualmente abusivas.

               Entretanto hay juzgados que remiten a mediación (Providencia JPI nº 52 de Barcelona de 25 de febrero 2013), que suspenden para proteger derechos de menores (AJPI nº 39 Madrid de 6 de marzo 2013), que no despachan ejecución por no estar inscrito el título por entidades sucesoras (AAP Castellón 12 julio 2012, Decreto Servicio Común Durango 23 enero 2013, AAP Madrid Secc. 19ª 30 enero 2013, AAP Valencia, Secc. 9ª, 4 febrero 2013, SAP Girona, Secc. 2ª 13 febrero 2013), o que suprimen o reducen el interés moratorio por abusivo (AAP Bizkaia, Secc. 3ª 11 abril 2013, o incluso que se llevan por delante préstamo y garantía hipotecaria por usurario (AJP nº 3 Arrecife 8 abril 2013).

               La inseguridad jurídica se podría atajar con decisión. Si además quien gobierna decidiera que los sacrificios de la crisis no sólo los hicieran los deudores, sino que se compartieran por los acreedores, se contribuiría a hacer efectivo algún grado mayor de paz social, tan necesario en estos tiempos convulsos.

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