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El tema de las balanzas fiscales está absorbiendo una cantidad de energías y creando una serie de reacciones en nuestra sociedad absolutamente injustificadas, ya que derivan de un error mayúsculo. Uno de los principios básicos para el buen funcionamiento de las democracias modernas es el de la solidaridad entre los ciudadanos en la financiación del Estado del Bienestar. La contribución social suele ser discriminatoria aportando más recursos los que generan más ingresos. Con ello se consigue fortalecer el clima social ya que, el mecanismo de distribución de renta, hace que el nivel de insatisfacción producido por el funcionamiento del mercado quede corregido. En este momento, costaría encontrar a alguien y especialmente, entre los grupos que se llaman de izquierdas que estuviera en desacuerdo con este proceso, es más, para estos últimos es una reivindicación constante el que sea más progresiva la participación de los más ricos. Y este principio de solidaridad se considera como uno de los hitos fundamentales de nuestra democracia, habiéndose materializado desde su inicio en una tarifa progresiva en nuestro impuesto sobre la renta de las personas físicas y luego se ha extendido a las autonomías. Y, gracias a que este principio está profundamente arraigado en la Unión Europea, nos hemos podido beneficiar del régimen de ayudas que hemos estado recibiendo desde nuestra incorporación Una muestra reciente de este espíritu de solidaridad, fue la aprobación por el BUNDESTAG, el 19 de julio de 2012, de la contribución alemana, con cerca de 30.000 millones de euros, a la recapitalización del sistema bancario español, por un importe total de 100.000 millones de euros. A pesar de estar en período de vacaciones, al pleno extraordinario asistieron 583 diputados de los 620 escaños, siendo aprobada por 473 votos a favor ya que se sumaron al grupo del gobierno, la oposición socialdemócrata y los verdes (con 97 votos en contra). Asentado este principio, el sistema distributivo consiste en que los más pobres (ciudadanos, autonomías y países) de la Unión perciben de los más ricos una aportación para consolidar un clima de convivencia pacífica y satisfacción social, al asegurar la financiación de las prestaciones básicas de los ciudadanos. Si los medios de información de cada país de la Unión Europea, estuvieran todo el día machacando a la población de que la culpa de sus dificultades y de las insuficiencias sociales era sólo responsabilidad de sus vecinos, los días de la institución estarían contados y los problemas futuros entre países no serían sólo de naturaleza política ni económica. ¿No fue una de las principales justificaciones del proceso de integración comunitario el evitar los dramáticos conflictos entre los países europeos? Por lo tanto, son los pobres los que se benefician. El introducir a España como principal apropiante (ESPAÑA nos roba) en una de las versiones del proceso de solidaridad, la autonómica, es un error tan injustificable y absurdo que si lo corregimos y ponemos los nombres de los auténticos beneficiarios, las autonomías con menor nivel de renta, se llevaría por delante la credibilidad no sólo de los que están insistiendo en esta falsificación sino también de todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales que hicieron de la solidaridad una de sus principales banderas de progreso y que actualmente han desatendido y hasta despreciado su defensa. ¿Quién es capaz de denunciar que, a través del proceso de redistribución de renta, los pobres (ciudadanos, autonomías o países) roban a los ricos? ¿Será el principio de solidaridad universal otro de los excluidos de las organizaciones progresistas? Lo que si agradecería la ciudadanía es que sus dirigentes dedicaran su interés preferente a mejorar sus prestaciones con una mejor utilización de los ingresos, evitando los riesgos de uno de los problemas fundamentales que ha socavado los cimientos de nuestra democracia, la utilización partidista de los recursos públicos. Son los casos en que el gestor utiliza los ingresos que recibe en régimen de administración y los desvía, para asegurar su permanencia, hacia el control de la educación, de la cultura y de la información, base de la decisión del voto y a la financiación de la servidumbre electoral de amplios sectores sociales y económicos sin que reviertan en los compromisos políticos de mejora social. En este último supuesto, el gestor habrá demostrado que los intereses que más le preocupan a su pueblo le son ajenos, al haberse apropiado en su propio interés del dinero que se le confió para la mejora del nivel de vida de sus conciudadanos. ¿Quién, entonces, roba a los pobres? VILAFRANCA DEL PENEDES, 18 DE MARZO DE 2014 DANIEL IBORRA FORT NOTARIO Y ANALISTA DE INVERSIONES
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