NYR. Informe nº 191. BOE de agosto de 2010.

CONTRIBUYENTE. Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se desarrolla el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente y se determina su sede electrónica.

Esta resolución cumple con la disposición final primera del Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente, desarrollando la regulación del procedimiento para la formulación, tramitación y contestación de las quejas y sugerencias a las que el mismo se refiere.

MONTENEGRO. Sucesión con respecto a la República de Montenegro en los tratados bilaterales concluidos entre el Reino de España y la Antigua Yugoslavia o la Unión Estatal de Serbia y Montenegro.

En virtud de canje de notas, la República de Montenegro sucede, entre otros, en los siguientes tratados bilaterales existentes entre España y la Antigua Yugoslavia o la Unión Estatal de Serbia y Montenegro:

- Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Yugoslavia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 25 de junio de 2002.

- Acuerdo entre España y Serbia y Montenegro sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio, hecho en Belgrado el 17 de mayo de 2005.

TRABAJADORES AUTÓNOMOS. Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

El objeto de esta Ley es regular el sistema específico de protección para los trabajadores autónomos que, pudiendo y queriendo ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo y estando incluidos en los niveles de protección en ella recogidos, hubieren cesado en esa actividad.

Son potenciales beneficiarios los trabajadores autónomos comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El sistema de protección por cese de actividad comprende las prestaciones siguientes:

a) La prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad.

La prestación señalada se regirá exclusivamente por esta Ley y las disposiciones que la desarrollen y complementen.

b) El abono de la cotización de Seguridad Social del trabajador autónomo, por contingencias comunes, al régimen correspondiente.

*VISADOS COLEGIALES. Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

La Ley Ómnibus incluyó, entre las leyes modificadas, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, con esta doctrina sobre los visados:

- Los Colegios de profesiones técnicas no podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales. Sólo los visarán cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas actuando como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno.

b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional.

- Debe de concretar su objeto, detallando qué extremos son sometidos a control e informará sobre la responsabilidad subsidiaria que asume el Colegio.

- Su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los Colegios harán públicos los precios de los visados de los trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática.

- Se otorga al Gobierno la potestad de establecer los trabajos profesionales que exigirán visado obligatorio atendiendo a la necesaria existencia de una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas, y a la acreditación de que el visado es el medio de control más proporcionado.

Este real decreto determina los trabajos profesionales que, por quedar acreditada su necesidad y proporcionalidad entre otras alternativas posibles, obligatoriamente deben obtener el visado colegial, como excepción a la libertad de elección del cliente.

Lo en él regulado no obsta para que puedan existir otros trabajos profesionales que se sometan a visado colegial cuando así lo solicite voluntariamente el cliente.

El artículo 2 establece, con carácter exclusivo y excluyente, cuándo es obligatorio obtener el visado colegial. Los casos enumerados, de la a) a la 1) son muchos menos de los existentes hasta el momento, pues se suprimen 71. Entre los que quedan, son de destacar:

a) Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entenderá por edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley.

b) Certificado de final de obra de edificación, que incluirá la documentación prevista en el anexo II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

c) Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra que, en su caso, deban ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de obras de edificación, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable.

d) Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos, de acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística aplicable.

Excepción: No es obligatorio visar cuando el trabajo profesional deba presentarse ante la oficina de supervisión de proyectos de la Administración pública competente.

El artículo 3 establece el visado único aunque el trabajo se desarrolle en proyectos parciales.

- El profesional firmante del trabajo se dirigirá al colegio profesional competente en la materia principal del trabajo profesional, que será la que ejerza el profesional responsable del conjunto del trabajo. Cuando haya varios colegios profesionales competentes en la materia, el profesional podrá obtener el visado en cualquiera de ellos.

- En los finales de obra, la materia principal comprende la dirección de obra y la dirección de ejecución de obra, por lo que bastará el visado de un colegio profesional competente en cualquiera de estas materias.

- Cuando una organización colegial se estructure en colegios profesionales de ámbito inferior al nacional, el profesional firmante del trabajo cuyo visado sea obligatorio podrá obtener el visado en cualquiera de ellos.

Momento. El visado obligatorio deberá obtenerse antes de presentar el trabajo profesional, en su caso, ante la Administración Pública competente. En ningún caso será posible el visado posterior a esa presentación.

Profesionales comunitarios. Los profesionales establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea deberán visar sus trabajos profesionales, cuando presten servicios en España en régimen de libre prestación sin establecimiento, en los mismos términos que los profesionales españoles, de acuerdo con lo previsto en este real decreto.

Los órganos de contratación de la Administración General del Estado no exigirán el visado colegial que no sea obligatorio.

Se derogan las disposiciones relativas al visado incluidas en los estatutos de corporaciones colegiales y demás normas internas colegiales, en aquello en que se opongan a lo aquí dispuesto.

Este real decreto se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y para establecer las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Entrada en vigor: el 1º de octubre de 2010. Los trabajos profesionales presentados antes se regirán por la normativa vigente en el momento de presentación de dicha solicitud en el Colegi.

VALENCIA. Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana.

El objeto de la presente ley es la regulación de la función pública valenciana y la determinación del régimen jurídico del personal incluido en su ámbito de aplicación.

PUERTOS. Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.

Esta Ley refuerza la normativa que, partiendo de la Ley 27/1992, instauró los principios de autonomía de gestión y autosuficiencia económico-financiera de los puertos de interés general. Se ratifica la condición de tasas de las tarifas portuarias, ya introducida en la Ley 48/2003

Transformación en sociedades anónimas. Las entidades de puesta a disposición de personal estibador se acogen a dos figuras que coexisten actualmente, Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba (SEEDs), en las que las Autoridades Portuarias disponían de un 51% del capital social, y Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (APIEs), con responsabilidad mancomunada entre sus socios y en las que se integran exclusivamente las empresas estibadoras. Se dispone que se adapten o trasformen, respectivamente, en sociedades anónimas con la denominación de «Sociedad de Gestión de Estibadores Portuarios, Sociedad Anónima», estableciéndose un único modelo de sociedad de gestión de la puesta a disposición de los trabajadores de estiba.

Concesiones demaniales. Se modifica la regulación de la revisión, división y unificación, así como del rescate de las concesiones demaniales, con el objeto de que queden regulados con mayor seguridad jurídica todos los supuestos que pueden presentarse a los concesionarios y a la Autoridad Portuaria. El procedimiento de otorgamiento de una concesión se podrá iniciar a solicitud del interesado, incluyendo un trámite de competencia de proyectos, o por concurso convocado al efecto por la Autoridad Portuaria, pero también se enumeran casos en que cabe el otorgamiento directo por la Autoridad Portuaria.

Texto Refundido. Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de seis meses (antes del 7 de febrero de 2011), elabore un texto refundido de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general y de esta ley.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.

La reforma de las leyes mencionadas se debe a la publicación de la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, la cual modifica la normativa comunitaria reguladora de los recursos en materia de contratación tanto con referencia a los contratos del Sector Público, como con respecto de los que celebren las entidades contratantes en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

- Permitir que los candidatos y licitadores que intervengan en los procedimientos de adjudicación puedan interponer recurso contra las infracciones legales que se produzcan en la tramitación de los procedimientos de selección. Se regula al respecto un procedimiento ágil y se define quién es competente para la resolución, que ha de ser un órgano independiente.

- La suspensión del acuerdo de adjudicación hasta que transcurra el plazo del recurso y, si se interpone, la suspensión se mantendrá hasta que se resuelva sobre el fondo del recurso o, al menos, sobre el mantenimiento o no de la suspensión.

- Se prevé la posibilidad de declarar la nulidad de los contratos así adjudicados en los términos previstos en la Directiva

- Se concreta el comienzo del cómputo del plazo de espera y del plazo para la interposición del recurso, así como una nueva regulación del contenido de las notificaciones que deben hacerse a los licitadores para comunicarles con suficiente detalle cuál es el resultado de la licitación y las razones que han llevado al órgano de contratación a adoptar una decisión en tal sentido.

- Pero, sobre todo, se refunden en uno solo los actos de adjudicación provisional y definitiva haciendo coincidir la perfección del contrato con la formalización del mismo.

- También, atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual, el Estado puede legislar con carácter supletorio sobre materias de competencia autonómica en los supuestos en que se trate de incorporación al Derecho interno de la normativa comunitaria, se prevé en la disposición transitoria segunda un régimen para las Comunidades Autónomas aplicable en tanto no hayan creado sus propios órganos encargados de la resolución de recursos.

EXTREMADURA. Ley 7/2010, de 19 de julio, de modificación de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La reforma viene propiciada por la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los Servicios en el Mercado Interior, la cual insta a todos los Estados miembros de la Unión Europea a llevar a cabo una profunda revisión de sus legislaciones en materia de comercio, en orden a su adaptación al principio de libertad de establecimiento consagrado en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y debe llevar a la eliminación de todos aquellos preceptos que encierren mecanismos excesivamente reguladores para los prestadores de servicios en el mercado interior.

Por ello, se suprimen todos los procedimientos de autorización previa para el ejercicio de la actividad comercial, ya sean derivados de la existencia de registros administrativos, como de sistemas de licencias comerciales preceptivas, que no puedan ser justificados por razones imperiosas de interés general.

La dehesa es un paisaje humanizado que constituye un ejemplo de óptima convivencia de los hombres con el medio ambiente, modelo de una gestión sostenible en la que se utilizan los recursos que ofrece la naturaleza sin descuidar su conservación. La intervención de los hombres sobre esos espacios ha originado un agrosistema mixto, agrosilvopastoral, caracterizado fundamentalmente por formaciones arboladas abiertas con una ganadería extensiva de pastoreo.

La finalidad de la Ley es la de promover una gestión y explotación racional y sostenible de la dehesa, su mejora y conservación.

En el Título I, se definen los instrumentos para favorecer una planificación y gestión integral y sostenible de las dehesas. Se prevé la elaboración del Plan Director de las Dehesas de Andalucía como instrumento de planificación general para estos agrosistemas y, con carácter voluntario, la elaboración por parte de las personas titulares de dehesas de Planes Integrados de Gestión que se adecuen a los criterios del Plan Director.

El Título II, dedicado a la investigación y formación en torno a la dehesa, recoge el necesario impulso en estas materias mediante la definición de líneas estratégicas a seguir y a través de unidades o centros específicos.

Por último, en el Título III se prevé la puesta en marcha de medidas de fomento que vinculen contractualmente los esfuerzos adicionales que hayan de poner en práctica los gestores de la dehesa para alcanzar los objetivos que se fija esta Ley, incluyendo también medidas adicionales que garanticen la conservación y protección de estos espacios.

ANDALUCÍA. Ley 8/2010, de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Esta Ley sigue la senda del Decreto-ley 1/2010, de 9 de marzo, dictando medidas que buscan impulsar el incremento de la actividad económica en Andalucía.

En el IRPF, se regulan deducciones en la cuota íntegra autonómica, con efectos desde 1 de enero de 2010.

- Se extiende la deducción por autoempleo sin límite de edad, al mismo tiempo que se eleva el importe hasta 400 euros, con carácter general, y 600 euros para el caso de que los contribuyentes sean mayores de 45 años. - Se crea una deducción autonómica por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en las sociedades mercantiles, por importe del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio, siempre que creen y mantengan empleo.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se mejora el sistema de reducciones aplicables a la base imponible.

- Se amplían los beneficiarios en la reducción por la adquisición de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, que actualmente están limitados a cónyuges y parientes directos, a otros parientes tanto por consanguinidad como por afinidad.

- Se amplía la reducción del 99% por la adquisición por herencia de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, a las adquisiciones de las mismas por donaciones.

- Se amplía la reducción del 99% para transmisiones por herencia y donación de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, a empleados.

- Y se crea una reducción propia del 99% por donación de dinero a parientes para la constitución o ampliación de una empresa individual o negocio profesional.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

- En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y para la aplicación del tipo reducido de gravamen por la adquisición de viviendas para su reventa por profesionales inmobiliarios, se amplía el requisito del plazo máximo de transmisión de la vivienda de dos a cinco años.

- Se crea un tipo de gravamen del 8%, aplicable a las transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, para el tramo del valor real que supere la cuantía de 400.000 euros o de 30.000 euros en el caso de bienes inmuebles destinados a garaje, salvo en el caso de los garajes vinculados con la vivienda y con un máximo de dos.

- Asimismo, se aplicará un tipo incrementado del 8% a las transmisiones de determinados bienes muebles que denotan capacidad contributiva: vehículos de turismo y vehículos todoterreno que superen determinada potencia fiscal, embarcaciones de recreo con más de ocho metros de eslora y otros bienes muebles que se puedan considerar legalmente como objetos de arte y antigüedades.

El régimen de los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el apartado 3 del artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía se modifica en la disposición adicional única.

VALENCIA. Ley 12/2010, de 21 de julio, de medidas urgentes para agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creación del empleo.

La presente ley recoge un conjunto de disposiciones dirigidas, fundamentalmente, por un lado, a simplificar los procedimientos urbanísticos para facilitar la implantación de actividades productivas, y, por otro, a potenciar el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles para impulsar la inversión pública.

Es un anticipo de la reforma de la legislación urbanística autonómica que se tramita actualmente a través de un proyecto de ley. Afecta a la Ley Urbanística Valenciana, a la Ley del Suelo no Urbanizable y a la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.

- Se suprime la figura del concierto previo en la tramitación de los planes generales municipales.

- Se eliminan las restricciones que, para actuaciones en suelo urbano, introdujo el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, facilitando de este modo el desarrollo de operaciones de reforma y renovación urbana.

- Se determina qué parte de los planes urbanísticos debe ser objeto de publicación oficial.

- Con el fin de agilizar la gestión de suelo para el desarrollo de actividades productivas, se incluye en la Ley del Suelo No Urbanizable un nuevo procedimiento de urgencia, que se podrá aplicar a los procedimientos de declaración de interés comunitario que autoricen la implantación en suelo no urbanizable de actividades que generan empleo.

- Se va a permitir o facilitar el desarrollo de determinadas implantaciones en suelo no urbanizable, como establecimientos de restauración, tiendas de productos agrícolas

- Se permitirá ejecutar obras de reforma de edificios o instalaciones (las tradicionalmente conocidas como obras menores) mediante una declaración responsable que sustituya a la licencia municipal, respetando plenamente las competencias y potestades de los ayuntamientos, y por otro la determinación de un plazo máximo de un mes para que la administración de la Generalitat y las entidades locales emitan los informes que exigen las leyes que regulan la ordenación del territorio, el urbanismo y el uso del suelo en la Comunidad Valenciana.

- Se modifica el régimen jurídico de tres organismos de la Generalitat: la empresa pública Vaersa, la de Saneamiento de Aguas y el Instituto Cartográfico Valenciano.

ARAGÓN. Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón.

Se trata de adaptar la Ley de 1998 a las novedades legislativas habidas, en especial, el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, el cual, en su artículo 71.31.ª, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de «Cooperativas y entidades asimilables, con domicilio en Aragón, que incluye la regulación de su organización, funcionamiento y régimen económico, así como el fomento del movimiento cooperativo y de otras modalidades de economía social».

- dotar a este tipo de sociedades de mecanismos de actuación más ágiles y modernos que les permitan competir en igualdad de condiciones con el resto de formas societarias;

- adaptar su régimen contable al nuevo sistema de contabilidad armonizado internacionalmente sobre la base de la normativa de la Unión Europea;

- e introducir diversas modificaciones de carácter sectorial en el ámbito de las Cooperativas de Trabajo Asociado, de las Cooperativas Agrarias y de las Cooperativas de Viviendas.

- Se definen más claramente aquellas actividades que la cooperativa puede llevar a cabo directamente con terceros no socios, por tener carácter meramente preparatorio, accesorio, complementario, subordinado o instrumental. - En el Registro de Cooperativas, se prevé la adopción de los medios de gestión telemática.

- El número mínimo de socios se reduce a tres con carácter general, con excepciones.

- Respecto a los órganos sociales, se introduce la posibilidad de utilizar medios electrónicos o telemáticos para su convocatoria.

- Se establece la obligación de que en la Asamblea General Universal estén presentes de forma directa todos los socios de la cooperativa y se procede a una mejor delimitación de las facultades que pueden ser delegadas o no por el Consejo Rector y de la posición de este órgano social en relación con la figura del director o gerente.

- Se fija un capital social mínimo que no habrá de ser inferior a tres mil euros.

- Se abre la posibilidad a la adquisición en cartera de participaciones por la propia cooperativa.

- Varía el destino del remanente en los casos de disolución y liquidación o transformación, siendo principales beneficiarias las Federaciones de Cooperativas.

- Se extiende a todas las clases de cooperativas de la facultad de poder llevar a cabo actividades que, en principio, son propias de otras pertenecientes a clase distinta.

- En las Cooperativas de Trabajo Asociado, se introduce la posibilidad de constituir la cooperativa con solo dos socios trabajadores a través de la implantación de la nueva figura de la «Pequeña Empresa Cooperativa», a la que también se le facilitan los trámites de constitución y registro.

- Respecto a las Cooperativas de Viviendas, se ha llevado a cabo una reforma general, tratando aspectos relativos a su organización, gestión y régimen económico-financiero, con el fin principal de adaptarlas a la normativa que regula la vivienda protegida. También se pormenoriza en la regulación de las gestoras de viviendas, se crea la figura del promotor social de vivienda protegida y se desarrolla la normativa relativa a la construcción por fases o promociones.

- Se habilita al Gobierno de Aragón para que regule las sociedades agrarias de transformación, dada su naturaleza de entidades asimilables a las cooperativas.

ARAGÓN. Ley 5/2010, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para la reducción del déficit público.

El objetivo de la Ley, junto con la norma estatal aprobada y convalidada, es que el conjunto de retribuciones de todo el sector público autonómico experimente una reducción del 5%, en términos anuales homogéneos, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010.

Las medidas afectan a altos cargos, personal directivo, personal funcionario, laboral, eventual, estatutario, de cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia, así como al personal de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma.

Se las ha dotado de progresividad y se aplican tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario.

CATALUÑA. Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.

Esta ley tiene por objeto garantizar la defensa y la protección de los derechos de las personas consumidoras y establecer, en el ámbito territorial de Cataluña, los principios y normas que deben regirlas para mejorar la calidad de vida de las personas consumidoras.

Desde el punto de vista formal, tiene una curiosa numeración de los artículos, importada en Cataluña por el Código civil, en la que la cifra inicial corresponde al Libro, Título y Capítulo correspondiente.

Cuenta con tres libros: el libro primero contiene las disposiciones generales, el libro segundo regula los aspectos relativos a las relaciones de consumo y el libro tercero se dedica a la disciplina del mercado y los derechos de las personas consumidoras.

Adquisición de inmuebles: Se regula en el artículo 241-1 la información que ha de darse en la oferta para la venta de inmuebles.

- Debe facilitarse información suficiente sobre sus condiciones esenciales antes de que el comprador adelante cualquier cantidad a cuenta.

- Debe informarse de la titularidad jurídica, las cargas y los gravámenes, las condiciones de uso, los servicios que existan, los gastos previsibles de mantenimiento, las condiciones económicas y de financiación de la oferta y, si es posible, los gastos previsibles de mantenimiento y los importes de los tributos que graven la propiedad.

- Debe suministrarse información sobre los tipos de garantía, los plazos, las cuantías y los medios para reclamar su ejecución establecidos por la normativa aplicable.

Resolución extrajudicial de conflictos. Se regula en el Título III del Libro I.

- Se parte de la canalización de los conflictos mediante la mediación y el arbitraje de consumo, respetando su carácter voluntario y la vinculación de los acuerdos.

- Se regula la mediación tomando en consideración los principios que la fundamentan: voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad y universalidad relativa a cualquier tema en cualquier asunto que afecte a los consumidores catalanes.

Registro de servicios públicos de consumo de Cataluña. Según el art. 126-11, los servicios públicos de consumo que realicen sus actividades en el ámbito territorial de Cataluña deben inscribirse en el Registro de servicios públicos de consumo de Cataluña, con finalidades informativas. Este registro depende de la Agencia Catalana de Consumo. .Se enumeran las funciones que deben de inscribirse.

CATALUÑA. Ley 24/2010, de 22 de julio, de aprobación de la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El tipo máximo del art. 63.1 LIRPF es del 21,5% para 2009 y del 27,13% para 2010. Para 2011, lo fijará la futura Ley de Presupuestos.

De haberse aplicado los nuevos tipos autonómicos a los años 2009 y 2010, éstos hubiesen sido los tipos marginales:

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. Circular 1/2010, de 28 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de información reservada de las entidades que prestan servicios de inversión.

b. Entidades de crédito mencionadas en el artículo 65 de la Ley del Mercado de Valores.

c. Determinadas entidades extranjeras autorizadas para la prestación de servicios de inversión y auxiliares en territorio español:

ILLES BALEARS. Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Esta ley regula el régimen general de organización y de funcionamiento del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Integran dicho sector público instrumental los entes que se relacionan a continuación, siempre y cuando se encuentren bajo la dependencia o vinculación de la Administración de la comunidad autónoma:

Sociedades mercantiles públicas. La creación de sociedades mercantiles públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears y las eventuales modificaciones de la escritura pública de constitución, así como los actos de adquisición o pérdida de la posición mayoritaria, directa o indirecta, de la comunidad autónoma y la extinción de la entidad, requieren el acuerdo previo del Consejo de Gobierno.

Fundaciones del sector público. La creación, la modificación de la escritura de constitución y la extinción de fundaciones del sector público requieren el acuerdo previo del Consejo de Gobierno. También requieren acuerdo las cesiones o aportaciones de bienes y derechos a una fundación previamente constituida cuando, como consecuencia de éstas, se dé la circunstancia referida en el artículo 55.1 de la presente ley, así como los actos o negocios que determinen la pérdida del carácter de fundación del sector público autonómico.

En el plazo de un año se creará y regulará un registro de entidades del sector público instrumental, como instrumento de publicidad de los principales datos y actuaciones de estas entidades.

***CATALUÑA. Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia.

Ya ha sido APROBADO el Libro IIº del C.C.Cat. relativo a Personas y Familia (ver Proyecto inicial). La votación tuvo lugar en la Sesión Plenaria del Parlamento catalán de 14 de julio de 2010. Ver noticia (en castellano).

Mantiene el régimen supletorio legal de Separación de Bienes (art. 232.1), los regímenes convencionales, pactos capitulares, situaciones de ruptura o crisis, el régimen de tutela y autotutela (y los documentos de voluntades anticipadas o "Testamentos vitales"), la adopción (impone a los adoptantes la obligación de comunicar al hijo su condición de adoptado antes de que cumpla 14 años).

El libro II (CCCat) se divide en 4 títulos, que regulan la persona física (título 1º), las instituciones de protección de la persona (título 2º), la familia (título 3º, que recoge, regula y equipara las distintas modalidades de familia, como la familia monoparental, las uniones estables de pareja y las familias recompuestas o reconstituidas) y las relaciones convivenciales de ayuda mutua (título 4º).

Matrimonio:
En cuanto al matrimonio, se cambia el deber de fidelidad entre los cónyuges por concepto de lealtad, más actual, y se mantiene el deber de compartir las responsabilidades domésticas y de contribuir al cuidado y la atención de los demás miembros de la familia que estén a su cargo y con los que convivan.

Se mantiene como régimen económico matrimonial legal el de separación de bienes (art. 232.1). Los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a la persona que es titular, si bien existe la presunción de que los bienes muebles destinados al uso familiar pertenecen a ambos cónyuges por mitades indivisas.

En cuanto al régimen de separación de bienes, se establece la compensación económica por razón del trabajo para el cónyuge que haya trabajado significativamente para el hogar (art. 232.5). Para calcular su importe se tiene en cuenta el tipo de trabajo prestado y la duración e intensidad de la dedicación, se establece un límite máximo fijado en una cuarta parte de la diferencia de los incrementos patrimoniales obtenidos por los cónyuges durante la vigencia del régimen matrimonial. Sin embargo, es posible otorgar una compensación de cuantía superior, si se puede probar que la incidencia del trabajo de un cónyuge en el incremento patrimonial del otro ha sido notablemente superior.

Además, como novedad, se puede pedir esta compensación incluso en caso de extinción del régimen por muerte de uno de los cónyuges.

El nuevo texto también permite y recomienda los pactos en previsión del cese de la convivencia. Se regulan por primera vez los llamados acuerdos amistosos de separación y se fija el régimen de validez y efectos. Se establecen determinadas cautelas para proteger al cónyuge más débil.

Se amplía el régimen de las "compras" con "Pacto de supervivencia", extendiéndolo no sólo a las compras sino a cualquier adquisición a título oneroso, y pudiendo pactarse tanto por los cónyuges como parejas de hecho, y los primeros, cualquiera sea su régimen económico matrimonial (ya no sólo el de separación de bienes o el de participación).
Ruptura de la convivencia y responsabilidad respecto de los hijos

Ante la ruptura de las parejas, se parte de la igualdad de derechos y deberes de los progenitores y busca preferentemente que compartan la responsabilidad de los hijos, sin necesidad de que estos queden encomendados de forma individual a uno solo de los progenitores. Esta responsabilidad compartida se establece en los planes de parentalidad, acuerdos en los que se fija como se afrontará el cuidado de los menores en cuanto a vivienda, alimentación, sanidad, educación, actividades extraescolares o vacaciones.

La igualdad de derechos y deberes entre los progenitores elimina las dinámicas de ganadores y perdedores y favorece la colaboración en los aspectos afectivos, educativos y económicos. Esto no quita, sin embargo, que la autoridad judicial deba decidir de acuerdo con las circunstancias de cada caso y en función del interés concreto de los hijos. A pesar de apostar preferentemente por el ejercicio conjunto de las responsabilidades parentales compartidas, si los progenitores no llegan a un acuerdo, el juez decide lo que es más beneficioso para el menor, atendiendo a su interés superior, su estabilidad emocional y a criterios como la vinculación especial de los hijos con uno de los progenitores o la dedicación de cada uno de los progenitores a los hijos antes de la ruptura.

El código define el Plan de parentalidad (art. 233-9) como un instrumento para ordenar las cuestiones principales que afectan a los hijos ante la separación de los progenitores. No impone una modalidad concreta de organización, pero anima a los progenitores, tanto si el proceso es de mutuo acuerdo como contencioso, a organizar por sí mismos y responsablemente el cuidado de sus hijos con ocasión de la ruptura, por lo que han de anticipar los criterios de resolución de los temas más importantes que les afecten. En esta línea se facilita la colaboración entre los abogados de cada una de las partes y psicólogos, psiquiatras, educadores y trabajadores sociales independientes, para que hagan una intervención focalizada en los aspectos relacionados con la ruptura antes de la presentación de la demanda.
Junto con el Plan de parentalidad, el otro instrumento que se potencia es la mediación familiar, que puede ayudar a acercar posiciones, o mejorar el diálogo.

Se atribuye, preferentemente, al cónyuge a quien corresponda la guarda de los hijos, atendidas las circunstancias de cada caso concreto y garantizando que los hijos menores tendrán una vivienda pero eliminando el automatismo actual de suerte que se podrá ceder la vivienda al cónyuge más desfavorecido en caso de que quien tenga la guarda de los hijos disponga de medios suficientes para sí mismo y para los menores. Se puede ceder la vivienda o la parte que corresponda, para cubrir la pensión alimenticia y la del cónyuge. La atribución del uso de la vivienda se contempla como temporal.

Se siguen considerando parejas estables dos personas que conviven más de 2 años ininterrumpidos, o que, iniciada la convivencia, tienen un hijo en común, o que han formalizado su relación en una escritura pública.
También se prevé la posibilidad de que constituyan una familia las parejas que mantienen una convivencia estable pero que no se pueden casar porque uno de sus miembros está casado con otra persona.

Es una regulación de mínimos, basada en la libertad de pactos de los miembros de la pareja, que se orienta a proteger, en el momento de la ruptura, al más necesitado, mediante la posible atribución de una prestación alimenticia, temporal, o el reconocimiento de una compensación económica por razón del trabajo, equivalente a la regulada en el régimen de separación de bienes.

Son las integradas por parejas que tienen a su cargo hijos no comunes. Hasta ahora, la adopción del hijo del cónyuge o el conviviente era la única vía, y aunque no siempre posible, de permitir al cónyuge o pareja del progenitor biológico intervenir en la potestad parental sobre los hijos de este, especialmente si el otro progenitor había muerto debieran desentendido del hijo y el referente paterno o materno había pasado a ser la actual pareja de la madre o el padre biológico. Ahora, la ley lo faculta para intervenir en las cuestiones referidas a las relaciones con los educadores, la atención a las necesidades ordinarias y otras determinaciones que afectan al menor y en las que, a menudo, está involucrado materialmente.

- Se incorpora la filiación ascendente y la colateral respecto del parentesco de los menores adoptados;

- Se establece la condición de madre, de la mujer que conviva con otra mujer que se somete a las técnicas de reproducción humana asistida, y que lo consiente.

Como apuntábamos, se impone a los adoptantes la obligación de informar al hijo adoptado sobre la adopción, requisito indispensable para que pueda ejercer el derecho a conocer sus progenitores biológicos (arts. 235-49 y 235-50). La mayoría de los países de donde proceden los niños adoptados exigen que el país de acogida garantice que el menor tendrá conocimiento de su origen, teniendo en cuenta el Convenio de La Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, de 1993. Para hacerlo efectivo, se establece asimismo un procedimiento confidencial de mediación. También, aunque excepcionalmente, se abren fórmulas para que el hijo adoptado pueda seguir manteniendo vínculos con la familia biológica, si ello redunda en su interés.
Dcho de Personas

Se flexibiliza la tutela de adultos dado que la incapacitación es un recurso demasiado drástico y, a veces, poco respetuoso con la capacidad de la persona protegida. Se establece un sistema que sea lo menos restrictivo posible a la autonomía personal del sujeto, regulando además:

- Los poderes preventivos que los cuales mantienen su vigencia a pesar de que la persona sea declarada incapaz, (Aunque el juez puede darlo por extinguidos para proteger a la persona.);

- y la figura de la asistencia (arts. 226.1 a 226.7) como instrumento de personas mayores de edad que necesitan que alguien cuide de su persona o bienes a causa de una disminución no incapacitante de sus facultades físicas o psíquicas. Se puede tratar de situaciones como la vejez o una discapacidad psíquica leve, la drogodependencia, la minusvalía física leve o casos similares.

En cuanto a la incapacitación se introduce la posibilidad de que no sea siempre necesario un procedimiento judicial de constitución formal de la tutela para aquellos casos en que no sea necesaria la incapacitación pero las personas necesiten un apoyo o ayuda para evitar ser víctimas de abusos por parte de terceros.
Y respecto de la guarda de hecho, se vincula a las personas que cuidan de facto de una persona en situación de desamparo o de una persona mayor de edad en la que concurre causa de incapacitación. No se deberá comunicar a la autoridad judicial, a excepción de que la persona se encuentre en un establecimiento residencial. Se evita así la carga a un familiar de tener que pedir la incapacitación.

Se dirigen a cubrir las necesidades vitales de la persona durante la vejez o en otros supuestos, como que esté afectada por una discapacidad psíquica o física, y se incluye la posibilidad de proteger los bienes a fin de que no se puedan vender ni alquilar.

CATALUÑA. Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

a) Regular el régimen jurídico de las administraciones públicas de Cataluña y regular las especificidades del procedimiento administrativo que les son propias.

b) Regular el procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias en el ámbito de la Administración de la Generalidad.

Ámbito subjetivo: La ley es de aplicación a las siguientes administraciones públicas de Cataluña:

c) Los organismos autónomos y entidades públicas dependientes o vinculados a cualquiera de las administraciones públicas catalanas cuando ejercen potestades administrativas.

d) Los consorcios en los que participan de forma mayoritaria los anteriores organismos y sus dependientes, cuando ejercen potestades administrativas.

e) Las entidades creadas por ley del Parlamento cuando ejercen potestades administrativas.

Competencias autonómicas. La ley se dicta en uso de las siguientes competencias:

- El artículo 159.1 del Estatuto de autonomía otorga a la Generalidad, en materia de régimen jurídico y procedimiento administrativo, la competencia para la regulación de las normas de procedimiento administrativo que se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Cataluña o de las especialidades de la organización de la Generalidad.

- Por el artículo 160.1 del Estatuto, corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de régimen local, respetando el principio de autonomía local.

- En virtud del artículo 2 del Estatuto, la ley es de aplicación a todas las administraciones públicas catalanas, lo que supone un régimen común para todas ellas, con excepciones.

- El título preliminar fija el objeto de la Ley, sus finalidades, ámbito de aplicación y régimen lingüístico.

- El título I establece el régimen general de los órganos administrativos sobre la base del principio de no disponibilidad de la competencia (capítulo I) y regula el régimen jurídico de los órganos colegiados (capítulo II).

- Derechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones con las AAPP. de Cataluña (capítulo I).

- El título III establece el régimen general del procedimiento administrativo:

- Finalización del procedimiento, que incluye el régimen del silencio administrativo (capítulo III).

- El título IV regula el procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias.

- Recursos administrativos y las reclamaciones previas a ejercer acciones civiles y laborales (cap. II).

- El título VI contiene las disposiciones generales del régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas catalanas y las especificidades de los procedimientos de responsabilidad patrimonial

- Y el título IX contiene las determinaciones básicas de las relaciones interadministrativas de las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley.

- La cuarta, relativa a los convenios y acuerdos con el Estado y con las comunidades autónomas y a los acuerdos para la acción exterior de las administraciones públicas de Cataluña.

- La undécima, sobre gestión de la documentación y archivo de los documentos electrónicos.

- La duodécima, relativa a los procedimientos de naturaleza tributaria. La aplicación de los tributos, así como la revisión de actos dictados en dicha materia, se rigen por la normativa específica. Si no existe norma tributaria de aplicación, rigen supletoriamente las disposiciones de la presente ley.

- La decimotercera, sobre la aplicación de los requisitos para el silencio administrativo desestimatorio regulados por normas preexistentes.

- La primera, que indica los preceptos de la Ley que reproducen legislación básica;

- la segunda, relativa a la adaptación de las administraciones públicas de Cataluña para la incorporación de medios electrónicos y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. Real Decreto-ley 12/2010, de 20 de agosto, por el que se prorroga el programa temporal de protección por desempleo e inserción, regulado en la Ley 14/2009, de 11 de noviembre.

El objeto del programa que se prorroga es el de facilitar cobertura económica, con carácter extraordinario, a personas en situación de desempleo que, habiendo agotado la prestación por desempleo contributiva o el subsidio por desempleo, carezcan de rentas y adquieran el compromiso de participar en un itinerario activo de inserción laboral.

Se prorroga de nuevo por seis meses, entre el día 16 de agosto de 2010 y el día 15 de febrero de 2011, ambos inclusive, la aplicación de lo establecido en la Ley 14/2009, de 11 de noviembre, siempre que, en la fecha de la solicitud de incorporación al programa, sean personas menores de 30 años o mayores de 45 años o, con una edad comprendida entre los 30 y 45 años, siempre que, en este último caso, tengan responsabilidades familiares.

Para acceder a la prórroga del programa señalado será necesario que, dentro del período antes indicado, los interesados hayan extinguido por agotamiento la prestación por desempleo de nivel contributivo, o los subsidios por desempleo establecidos en el articulo 215 de la Ley General de la Seguridad Social.

**CONVENIO COLECTIVO NOTARÍAS. Resolución de 12 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado.

Este I Convenio colectivo estatal de Notarios y Personal Empleado fue suscrito con fecha 14 de julio de 2010, de una parte por la Federación de Asociaciones de Notarios de España (FEDANE) en representación de las empresas del sector, y de otra por la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO. (COMFIA) y la Federación de Servicios de UGT (FES-UGT) en representación de los trabajadores.

- Prórroga tácita: por períodos anuales sucesivos, a no ser que por cualquiera de las partes se denuncie con una antelación, al menos, de dos meses a la fecha de su vencimiento inicial o de cualquiera de sus prórrogas.

- Denunciado el Convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, se entenderá que se mantiene la vigencia de su contenido normativo.

Competencias. Según el artículo 50 del Estatuto de Autonomía, en materia de aguas que transcurran íntegramente por Andalucía, le corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre:

a) Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas transcurran por Andalucía. Aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio.

c) La participación de los usuarios, la garantía del suministro, la regulación parcelaria y las obras de transformación, modernización y consolidación de regadíos y para el ahorro y uso eficiente del agua.

También le corresponde la competencia sobre la participación en la planificación y gestión hidrológica de aprovechamientos hidráulicos intercomunitarios, en los términos previstos en la legislación del Estado.

Guadalquivir. Recientemente ha asumido la Comunidad andaluza la gestión de la parte andaluza de la cuenca del Guadalquivir. Según el art. 51 del estatuto de Autonomía, ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución.

Objeto de la Ley. Esta Ley regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas en materia de agua. En concreto regula:

a) La organización y actuación de la Administración del Agua, así como la planificación y gestión integral del ciclo hidrológico.

b) La participación pública en los órganos administrativos y en la planificación y gestión del agua, así como la información al público en general sobre el medio hídrico y difusión de estadísticas del agua.

c) Las obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su régimen de ejecución.

d) El régimen de abastecimiento, saneamiento y depuración en el ciclo integral del agua de uso urbano, así como las entidades supramunicipales.

e) La evaluación y gestión de los riesgos de inundación, así como la prevención de efectos por sequía.

f) Los ingresos destinados a la ejecución de las infraestructuras del ciclo integral del agua y al funcionamiento de los servicios públicos vinculados al mismo.

g) El régimen sancionador por los incumplimientos de las normas reguladoras de los usos y obligaciones en materia de agua.

Ámbito de aplicación: aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que transcurren o se hallan en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Tendrán el carácter de corporaciones de derecho público adscritas a la consejería competente.

- Actuarán conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley y en sus estatutos u ordenanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

- El procedimiento de constitución será el que se establezca reglamentariamente, respetándose en todo caso la participación de los usuarios titulares de derechos y concesiones anteriores.

Servidumbre de protección de cauces. De ellas y de la zona de policía tratan los arts. 40 y 41.

- Por decreto del Consejo de Gobierno se creará un registro de derechos de aguas, cuya gestión corresponderá a la consejería competente en materia de agua.

- En dicho registro se inscribirán de oficio los aprovechamientos de aguas públicas adquiridos por disposición legal relativos a las zonas regables de iniciativa pública, previo procedimiento administrativo. Estas inscripciones habrán de contener los datos identificativos del aprovechamiento, el volumen anual así como la superficie regable, al igual que en los supuestos de inscripción de los títulos concesionales.

- El Registro será público, sin perjuicio de la protección de datos personales, y la información será accesible mediante medios electrónicos.

CANTABRIA. Ley 6/2010, de 30 de julio, de Medidas urgentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Esta Ley intenta propiciar la adecuación de los planeamientos al régimen jurídico emanado del Plan de Ordenación del Litoral.

Se recogen también varias modificaciones de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, con el objetivo de crear un marco normativo que ofrezca mayores certezas de las que ofrece el marco actual, fundamentalmente en dos ámbitos:

- Por un lado, se incide sobre la regulación de los mecanismos de reacción contra las conductas urbanísticas irregulares, especialmente actos de edificación y uso del suelo. Para ello, se delimitan de una forma más transparente los mecanismos impugnatorios, tratando de dotar de certeza a los hitos que van a condicionar el ejercicio de las acciones impugnatorias.

- Se afronta una modificación de la normativa reguladora de la protección del paisaje sobre la convicción de que el paisaje es mutable. Se trata de evitar la desaparición de edificaciones que en un primer momento eran paisajísticamente inarmónicas pero que, por circunstancias sobrevenidas motivadas por cambios en el entorno, no son ya disonantes.

SOCIEDADES DE CAPITAL. Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

ARAGÓN. Recurso de inconstitucionalidad n.º 2725-2010, en relación con la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de concejos abiertos.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensión de los artículos 3.a), 8, 16.2, 17, disposiciones adicionales primera y segunda y disposición transitoria única de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de concejos abiertos, suspensión que se produjo con la admisión del mencionado recurso.

*RECURSO GUBERNATIVO CATALUÑA. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1017-2010, en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de derecho catalán que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

- Art. 3.4: «y al menos uno se basa en normas del derecho catalán o en su infracción» e

- Art. 3.4: «incluidos los que no aleguen la infracción de una norma del derecho catalán»

Se levanta la suspensión en lo restante de los arts. 1 y 3.4 y de los arts. 3.3 y 7.2 de dicha Ley.

CONCURSO ASPIRANTES DGRN. Resolución de 28 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso entre miembros del Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, constituido por Orden JUS/1150/2010, de 26 de abril, convocado por Resolución de 21 de junio de 2010, y se dispone su comunicación a las Comunidades Autónomas para que se proceda a los nombramientos.

CONCURSO ASPIRANTES CATALUÑA. Resolución de 28 de julio de 2010, de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocado por Resolución de 21 de junio de 2010.

1.- Las sentencias se publican por ordenarlo así el artículo 327 de la Ley Hipotecaria. Sólo existe obligación de publicar aquellas que anulan en todo o en parte una resolución de la DGRN, por lo que no se publican aquellas sentencias que son confirmatorias de su doctrina.

2.- Lo resúmenes los ha realizado Juan Carlos Casas Rojo, Registrador de Vitigudino (Salamanca), quien, desde hace años, desarrolla la encomiable labor de recopilar las sentencias sobre resoluciones, tanto anulatorias como confirmatorias, las cuales, conforme se van conociendo, se indexan en esta web a continuación del resumen publicado de cada resolución.

3.- Para acudir a los resúmenes publicados en su día, pinchar en el enlace que sigue a Afecta a la Resolución de

1/2010. SOCIEDAD EN SUSPENSIÓN DE PAGOS CON CONVENIO INSCRITO: POSIBILIDAD DE CONSTITUIR HIPOTECA EN GARANTÍA DE UN PRÉSTAMO. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, sección segunda, de 29 de febrero de 2008, que ha devenido firme.

Anulada por sentencia de 26-10-2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Badajoz, y en apelación por la Sentencia firme de 29-2-2008 de la Audiencia Provincial de Badajoz, por falta de valoración del informe del Registrador. Esta última sentencia reconoce con contundencia la legitimación del Registrador para recurrir y el contenido jurídico del informe del Registrador. Y subraya el papel del Registrador como fiscal de los ausentes.

Legitimación del Registrador para recurrir las resoluciones. La Sentencia explica la divergencia entre la Exposición de Motivos de la ley 24/2005 y el texto del artículo 328-4 LH (que se debe a que aquélla correspondía con la inicial propuesta para el articulado, que efectivamente privaba de legitimación al registrador, pero que posteriormente no vio la luz) y, poniendo el acento en el derecho a la tutela judicial efectiva, que impone a los órganos jurisdiccionales una interpretación amplia y no arbitraria, irrazonable o excesivamente restrictiva de la legitimación activa para acceder a los procesos judiciales (interpretación restrictiva que es prohibida por el TC), considera que el interés o derecho del Registrador a que se refiere el artículo no puede ser el particular, ya que en tal caso se habría abstenido de intervenir (art. 102 RH) y nunca podría ser demandante, sino que puede consistir perfectamente en una ventaja o utilidad jurídica derivada de la anulación de la resolución, y que por aquel derecho o interés debe interpretarse la defensa cualificada de la legalidad registral y de la respectiva función registral, y, por extensión, la defensa de los terceros, concretamente de aquello que resultarían perjudicados si no se pudiese recurrir contra la resolución DG revocatoria de la calificación registral negativa, que lógicamente serían personas diferentes de las que hubieran promovido el recurso que a la postre estime la DG. Aparece así el Registrador como fiscal de los ausentes del procedimiento, en expresión feliz de D. Jerónimo González. En esta idea de defensa de los terceros, inscritos o no y de control de los requisitos de validez que las normas legales y registrales imponen, profundiza el FD 4º.

Con la misma contundencia se pronuncia esta sentencia sobre la cuestión del contenido del informe que ha de emitir el Registrador. Entiende que dicho informe, por su propia naturaleza y definición debe versar sobre la explicación y justificación, por razones sustantivas, de la nota impugnada, en la cual habrán de haberse expuesto sucintamente los motivos de la denegación de la inscripción, con expresión de los preceptos legales (ello permite al interesado recurrir y no le causa indefensión) pero que podrán ser completados con toda suerte de amplitud de justificación en la redacción del informe, que no puede ser ninguneado por la DG y debe ser valorado, ya que de lo contrario devendría en un trámite inútil y superfluo, en contra del art. 327 LH. No tener en cuenta el informe del Registrador por incluir nuevos argumentos o ampliar los expuestos en la nota, constituye un importante defecto formal de la resolución que permite su revocación al prescindir del procedimiento legalmente establecido. (JCC)

2. RESEÑA IDENTIFICATIVA DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR REPRESENTANTE ORGÁNICO. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, sección cuarta, de 9 de octubre de 2008, que ha devenido firme.

Afecta a la Resolución de 19 de septiembre de 2006, anulándola. Se indica con reservas, porque hay error en el texto que publica el BOE (se alude a la Resolución de fecha 19 de septiembre de 2009, en vez de 2006)

Anulada por la Sentencia de 26-9-2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Málaga, por extemporánea al haberse dictado transcurridos con creces los tres meses que marca el artículo 327-10 LH, plazo que es de caducidad, sin que admita interrupción, y sin que pueda argumentarse en contra la obligación de resolver de la Administración, ya que frente a lo dispuesto en los artículos 42-1 y 43-4 b de la LRJAPPAC, debe prevalecer el artículo 327 LH por la claridad y contundencia de su dicción literal y por su carácter especial, no remitiéndose en ningún caso a la ley 30/92, a diferencia de otros preceptos. Admite la legitimación del Registrador para recurrir la resolución revocatoria de su calificación afirmando que en el supuesto de intervención activa (como demandante) del Registrador existe el interés exigido por la ley 24/2005, ligado a su función pública en virtud de dos principios fundamentales: el de responsabilidad y el de defensa cualificada de la legalidad registral. Esta sentencia es confirmada por la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Málaga, de 9-10-2008 (publicada en el BOE de 10-8-2010), la cual:

1) reitera la legitimación activa del Registrador, transcribiendo los argumentos de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de Badajoz de 29-2-2008 (Dicha sentencia, poniendo el acento en el derecho a la tutela judicial efectiva, que impone a los órganos jurisdiccionales una interpretación amplia y no arbitraria, irrazonable o excesivamente restrictiva de la legitimación activa para acceder a los procesos judiciales (interpretación restrictiva que es prohibida por el TC), consideró que el interés o derecho del Registrador ex art. 328 LH debe interpretarse como la defensa cualificada de la legalidad registral y de la respectiva función registral, y, por extensión, la defensa de los terceros, concretamente de aquello que resultarían perjudicados si no se pudiese recurrir contra la resolución DG revocatoria de la calificación registral negativa, que lógicamente serían personas diferentes de las que hubieran promovido el recurso que a la postre estime la DG. Aparece así el Registrador como fiscal de los ausentes del procedimiento, en expresión feliz de D. Jerónimo González).

2) Igualmente, considera nula la resolución por dictarse fuera de plazo, remitiéndose a los argumentos de otras sentencias como las SAP de Valencia de 23-4-2008, SAP Valencia 5-12-2006, SAP Barcelona 17-4-2007, SAP Castellón 28-6-2007, SAP Barcelona 22-1-2008: Básicamente: a) La diferencia entre los artículos 327 LH y 43 LRJAPPAC, por cuanto el primero es un precepto específico e imperativo en la materia, con superiores consecuencias a las que con carácter general establece el segundo. El primero establece que transcurrido el plazo se entenderá desestimado el recurso y el segundo tiene solo los efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. b) Resulta contrario al principio de seguridad jurídica art. 9-3 CE- el hecho de existir una decisión desestimatoria del recurso del recurso gubernativo por así fijarlo la ley, que posteriormente es contradicha por otra decisión expresa de signo contrario. Por tanto, la resolución extemporánea del recurso ha de devenir nula porque aquel ya se había rechazado en forma automática, por ministerio de la ley, por silencio administrativo. (JCC)

3. PODERES Y JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, sección sexta, de 4 de febrero de 2009, que ha devenido firme.

Anulada por Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Málaga de 4-2-2009. Además de la cuestión de fondo (el poder para comprar todo tipo de inmuebles no autoriza para comprar participaciones indivisas, aún existiendo juicio notarial de suficiencia, siendo ajustada a derecho la calificación registral que suspendió la inscripción por tal motivo), se vuelve a reconocer legitimación activa al Registrador, se vuelve a considerar nulas las resoluciones dictadas fuera de plazo, y se vuelve a reiterar, como ya hiciera la Sentencia de 22-1-2008 de la Audiencia Provincial de Barcelona que A mayor abundamiento cabe añadir que la Exposición de Motivos de la LH señala que los Registros deben estar bajo la inspección de la autoridad judicial y bajo la dependencia exclusiva del Ministerio de Justicia, es decir, es la Administración de Justicia la llamada a decidir, en exclusiva las dudas y cuestiones que se susciten, por lo que, obviamente, todo lo relativo a derechos civiles, no puede estar subordinado a la autoridad del orden administrativo, principio de salvaguardia judicial que acoge el artículo 1 LH, y por tanto la doctrina de la DG no puede ser de superior rango que la jurisprudencia dictada por la sala 1ª del TS en lo que a derechos civiles se refiere, por lo cual, si el asunto de fondo debatido se encuentra pendiente de resolución firme por los Tribunales y sujeta al control jurisdiccional hasta tanto no se pronuncien definitivamente los Tribunales su vinculación no resulta pertinente. (JCC)

4. CALIFICACIÓN REGISTRAL. CONTENIDO DEL INFORME. PODERES. NOTIFICACIONES. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, sección sexta, de 21 de octubre de 2008, que ha devenido firme.

Anulada la Resolución de 29-9-2005 (Registro de Alora) por la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Málaga, de 21-10-2008 (publicada en el BOE de 10-8-2010), por extemporánea, entendiendo que el plazo del art. 327-9 LH para resolver es de caducidad, por lo que no admite interrupciones, y una vez transcurrido, la calificación del Registrador deviene firme. Considera que esta es la doctrina mayoritaria de las Audiencias Provinciales y que no es aplicable al procedimiento registral la ortodoxia administrativa en materia de silencio, al obedecer ambos a intereses absolutamente diversos que hacen innecesaria en el primero la garantía que rige en el segundo para el administrado de obtener en todo caso una resolución expresa. En el procedimiento registral no hay enfrentamiento administración-administrado sino entre varios administrados. Además, el art. 327 LH no contiene remisión alguna a los arts 42 y 43 LRJAPPAC, y es una norma específica, imperativa y de superiores consecuencias a las que con carácter general contempla la normativa administrativa. Por tanto, la resolución extemporánea del recurso gubernativo determina la nulidad de la resolución dictada, porque aquel ya se había rechazado, en forma automática, por silencio administrativo. Con anterioridad y por ministerio de la ley. Subraya además la incompatibilidad con el procedimiento registral de una eterna e indefinida continuidad del asiento de presentación y la posibilidad de dictarse resolución aun fuera del plazo legal (pues dicho asiento implica el cierre registral de ulteriores títulos en tanto no se decide la viabilidad del inicialmente presentado)

Además la postura contraria no tiene presente la singularidad de los asientos del Registro y de las inscripciones registrales que pueden quedar sin efecto por mor de la inactividad de la Administración y la posibilidad de dictar una resolución tardía que supere no ya solo el plazo de 3 meses sino el de un año y un día para que se cancele el asiento de presentación, con lo que una garantía del administrado puede convertirse en un perjuicio irreversible por quedar imposibilitado un derecho para acceder al Registro incluso en aquellos casos de resolución tardía estimatoria como en el presente caso.

La tesis formalista es, pues, contraria a la protección del interesado e incluso de los terceros, pues no tiene en cuenta que la reserva de prioridad que se produce con el asiento de presentación tiene un plazo temporal de vigencia, fuera del cual y con independencia de la regulación administrativa, iría en contra del principio de seguridad jurídica.

En los recursos gubernativos no subyace un derecho subjetivo público, a diferencia de lo que acontece en el procedimiento administrativo común, sino que tanto el Registrador como la propia DGRN actúan en defensa de la legalidad y de unos presuntos terceros que no se encuentran presentes pero que pueden ver alcanzados sus derechos. No reconocer lo obvio sería como desconocer el principio de prioridad base del sistema registral- y que éste quede sujeto a la voluntad o a los medios (escasos o con deficiencia estructural) de la Administración para dictar la resolución fuera de plazo legal y en cualquier momento.

Reitera además (como ya hicieran las sentencias de la Audiencia Provincial de Málaga de 4-2-2009 -publicada en el boe de 10-8-2010-, y la Sentencia de 22-1-2008 de la Audiencia Provincial de Barcelona) que A mayor abundamiento cabe añadir que la Exposición de Motivos de la LH señala que los Registros deben estar bajo la inspección de la autoridad judicial y bajo la dependencia exclusiva del Ministerio de Justicia, es decir, es la Administración de Justicia la llamada a decidir, en exclusiva las dudas y cuestiones que se susciten, por lo que, obviamente, todo lo relativo a derechos civiles, no puede estar subordinado a la autoridad del orden administrativo, principio de salvaguardia judicial que acoge el artículo 1 LH, y por tanto la doctrina de la DG no puede ser de superior rango que la jurisprudencia dictada por la sala 1ª del TS en lo que a derechos civiles se refiere, por lo cual, si el asunto de fondo debatido se encuentra pendiente de resolución firme por los Tribunales y sujeta al control jurisdiccional hasta tanto no se pronuncien definitivamente los Tribunales su vinculación no resulta pertinente.

Reconoce además la legitimación activa de la registradora, considerando que la divergencia entre la Exposición de Motivos de la ley 24/2005 y el texto del artículo 328-4 LH se debe a que aquella correspondía con la inicial redacción propuesta para dicho artículo por determinados grupos políticos, pero que finalmente no llegó a aprobarse, como demuestra la lectura del texto definitivo que indudablemente reconoce al Registrador legitimación activa cuando la resolución afecte a un derecho o interés del que sea titular, y considera que el interés o derecho del Registrador a que se refiere el artículo no puede ser uno particular, ya que en tal caso se habría abstenido de intervenir (art. 102 RH), lo que obliga a acudir a la doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, que consagra el art. 24 CE, y que impone a los órganos jurisdiccionales una interpretación amplia y flexible, en aras al principio pro actione, en esta materia, siendo censurables aquellas interpretaciones restrictivas o ilógicas. Por ello ese derecho o interés puede consistir perfectamente en una ventaja o utilidad jurídica derivada de la anulación de la resolución. Dentro de ese derecho o interés debe entenderse comprendido la defensa cualificada de la legalidad registral y de la respectiva función registral, y, por extensión, la defensa de los terceros, concretamente de aquello que resultarían perjudicados si no se pudiese recurrir contra la resolución DG revocatoria de la calificación registral negativa.

Considera además que no puede exigirse que el Registrador en su demanda exprese de forma concreta y cierta en qué forma se materializa ese interés o derecho del que sin duda es titular, pues ello supondría imponerle una carga procesal que no solo no está recogida en precepto alguno sino que además resulta de imposible cumplimiento dado su carácter intangible. (JCC)

5. REPRESENTACION ORGANICA. INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sección segunda, de 3 de noviembre de 2008, que ha devenido firme.

Esta resolución ha sido anulada por extemporánea por la sentencia de 17-7-2007 del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, que considera además que ésta es ya la doctrina mayoritaria, y en apelación por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 3-11-2008, que incide en el principio de seguridad jurídica y en el carácter especial y triangular del procedimiento registral. La incidencia de los terceros sobre la institución registral, que nació precisamente para fortalecer los efectos erga omnes de las transacciones inmobiliarias, hace necesario que en todo momento prevalezca la certidumbre de los asientos del Registro y que no pueda ser prorrogada la incertidumbre de lo que publican

Pero además, ésta última sentencia, realiza importantes pronunciamientos sobre la calificación registral en relación con el art. 98 de la ley 24/2001 y en particular respecto de la representación orgánica.

Aunque la escritura se otorgó antes de la entrada en vigor de la ley 24/2001, la sentencia aprovecha para referirse la doctrina DGRN posterior a la misma: Tras la entrada en vigor del art. 98 de la ley 24/2001, de 27 de Diciembre, la DGRN estima que los actos realizados por el administrador cuyo cargo no está inscrito en el Registro Mercantil deben tener acceso al Registro de la Propiedad, cuando media en la escritura reseña identificativa y juicio de suficiencia notariales

Pues bien, esta doctrina, según la sentencia, no tiene una argumentación consistente ni proporciona una solución ecuánime y satisfactoria en presencia de los intereses concurrentes (de terceros) potencialmente afectados.

En tal sentido señala que la acreditación o cumplida demostración de las facultades representativas de un cargo societario no puede derivar tan solo de un juicio de suficiencia formulado tras insertarse una reseña identificativa del documento público en el que figure el apoderamiento y en el que exprese el fedatario que a su juicio son suficientes las facultades

la letra y el espíritu del artículo 18 L.H impone como exigencia normativa indeclinable una complementaria e insustituible calificación registral tanto de la validez del acto dispositivo como de la capacidad de los otorgantes. Y estas conclusiones no pueden ser desmentidas o contrariadas por las disposiciones contenidas en el artículo 98 de la Ley 24/2001, que late en el fondo de la resolución. Cuando el párrafo 2º de dicho artículo expresa que su valoración de las facultades representativas harán fe suficiente por sí solas de la representación acreditada confiere indudable potestad e investidura para valorar la suficiencia de esas facultades representativas, pero no la validez del nombramiento del que dimanan tales facultades. Dicho juicio de suficiencia notarial, útil para obviar la transcripción de facultades, no lo es para acreditar la validez del nombramiento ni para marginar o excluir la calificación de su legalidad

el ámbito de la calificación registral se decide por la ley (artículo 18 L.H.) y comprende todo lo que determine la validez del negocio a calificar. No es el contenido del documento el que decide la extensión y límites de la calificación sino a la inversa: es la extensión de la materia calificable la que decide el necesario contenido del documento, si éste quiere ser inscrito. No en vano el propio art. 18 LH expresa bien a las claras que se calificará no lo que resulte del documento sino por lo que resulte, que es muy distinto.

Al Registro de la Propiedad sólo pueden acceder actos válidos, completos y perfectos (art. 18 y concordantes LH) y los actos realizados en nombre del tercero sin poder para ello son nulos (art. 1259 CC), por lo que el Registrador no puede abdicar de sus deberes y funciones de control en materia de vigencia de poderes, a lo que no parece referirse el art. 98 de la ley 24/2001. La competencia de calificación plena que le atribuye el meritado art. 18 LH no puede ser cercenada o desconocida sin violentar el sistema de fuentes y el principio de jerarquía normativa, de alcurnia constitucional (art. 9-1 CE)

Nulidad por extemporánea. Como ya hiciera la sentencia de instancia, la de la Audiencia confirma la nulidad de la resolución DGRN por extemporánea. Y lo hace con cita de otras muchas anteriores e incidiendo en el principio de seguridad jurídica y en el carácter especial y triangular del procedimiento registral. La incidencia de los terceros sobre la institución registral, que nació precisamente para fortalecer los efectos erga omnes de las transacciones inmobiliarias, hace necesario que en todo momento prevalezca la certidumbre de los asientos del Registro y que no pueda ser prorrogada la incertidumbre de lo que publican. (JCC)

6. ARRENDAMIENTO OTORGADO POR LA MAYORÍA DE LOS COMUNEROS. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección sexta, de 14 de enero de 2008, que ha devenido firme.

Revocada por la Sentencia de 22-5-2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Alicante, ya que es el acceso al Registro de la Propiedad lo que convierte al arrendamiento en acto de disposición, por lo que, por efecto del artículo 398 del Código Civil, requiere el concurso de todos los partícipes.

Dicha sentencia es confirmada por la Sentencia de 14-1-2008 de la Audiencia Provincial de Alicante, que desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia, y, con cita de la sentencia de 4-12-2003 de la Audiencia Provincial de Murcia se centra en la cuestión de la naturaleza del arrendamiento como acto de administración (en cuyo caso bastaría el acuerdo mayoritario de los condueños) o de disposición (en cuyo caso es precisa la unanimidad) y concluye que el criterio de la Sentencia del Tribunal Supremo de 28-3-1990 (son actos de disposición los arrendamientos de bienes inmuebles de duración superior a 6 años) no se ve modificado por la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre que dio nueva redacción al art. 2-5 LH-, ya que no cabe calificar a todo arrendamiento de inmuebles como acto de disposición por el mero hecho de ser inscribible, sino que ha de seguir considerándose un elemento esencial, en tal valoración, la duración pactada, pudiendo servir como criterio orientativo o de referencia el plazo superior a seis años que se fijaba en el precepto derogado.

Ambas sentencias admiten la legitimación activa del Registrador para recurrir las resoluciones DGRN, posibilidad que no ha eliminado la ley 24/2005 que reconoce al Registrador legitimación para recurrir cuando su calificación negativa haya sido revocada mediante resolución expresa, siempre que la misma afecte a un derecho o interés del que sea titular. Y ese derecho o interés a que se refiere el artículo 328 LH no puede ser un interés particular, ya que entonces el Registrador no podría calificar el título (art. 102 RH), y supondría negar siempre la intervención del Registrador, en contra del art. 328 y del espíritu del art. 24 CE en cuanto merma la tutela judicial efectiva de estos profesionales) sino el interés en el mantenimiento de la misión o función pública que tiene encomendada e incluso el interés en la protección de los derechos de los terceros. En definitiva, no se trata de un interés en los documentos calificados sino en las consecuencias de la revocación de la calificación. (JCC)

7. PRESENTACION TELEMATICA, ACTOS FISCALMENTE EXENTOS y CALIFICACION DEL REGISTRADOR. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Córdoba, de 18 de diciembre de 2009, que ha devenido firme.

Anulada por Sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Córdoba, de 18-12-2009 (publicada en el BOE de 10-8-2010)

Esta sentencia señala hasta cinco razones para considerar correcta la suspensión de la calificación efectuada por la Registradora por falta de acreditación del pago o exención del impuesto:

1) La postura de la DGRN trata de dotar de mayores garantías a la posición del administrado, pero se aleja de la legalidad, ya que el art. 255 LH permite la suspensión de la calificación para que se acredite el cumplimiento de la normativa tributaria.

2) El legislador ha tenido ocasión de modificar este precepto en numerosas ocasiones y no lo ha hecho.

3) La reserva de prioridad registral que dispensa el asiento de presentación durante su plazo de vigencia otorga suficiente protección al administrado, el cual debe acudir al Registro con sus deberes tributarios cumplidos.

4) El cumplimiento de la obligación del administrado con la hacienda pública es anterior a la presentación del título para su inscripción registral y por ello la suspensión tendría por objeto no el cumplimiento de tal obligación cuanto la acreditación del cumplimiento con la aportación del documento justificativo del pago o de declaración de exención.

5) Debe evitarse, en aras también a conseguir una mayor celeridad del procedimiento, una desorbitada por injustificada e innecesaria exposición de los registradores a reclamaciones de responsabilidad (art. 256 LH).

Reconoce además la legitimación activa de la registradora, considerando que son más numerosos los pronunciamientos en sentido favorable (SAP Alicante 30-6-2009 y 20-3-2009, SAP Valencia 19-12-2007, SAP Coruña 3-12-2007, SAP Málaga 4-2-2009, entre otras), lo cual justifica que se acoja el criterio más respetuoso con el principio pro actione y que plasma el TC (STC 17-7-2006), reproduce los argumentos de la Sentencia de la AP de Málaga de 4-2-2009: Dicha sentencia explica la divergencia entre la Exposición de Motivos de la ley 24/2005 y el texto del artículo 328-4 LH, que se debe a que aquella correspondía con la inicial redacción propuesta para dicho artículo por determinados grupos políticos, pero que finalmente no llegó a aprobarse, como demuestra la lectura del texto definitivo que indudablemente reconoce al Registrador legitimación activa cuando la resolución afecte a un derecho o interés del que sea titular, y considera que el interés o derecho del Registrador a que se refiere el artículo no puede ser uno particular, ya que en tal caso se habría abstenido de intervenir (art. 102 RH), lo que obliga a acudir a la doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, que consagra el art. 24 CE, y que impone a los órganos jurisdiccionales una interpretación amplia y flexible, en aras al principio pro actione, en esta materia, siendo censurables aquellas interpretaciones restrictivas o ilógicas. Por ello ese derecho o interés puede consistir perfectamente en una ventaja o utilidad jurídica derivada de la anulación de la resolución. Dentro de ese derecho o interés debe entenderse comprendido la defensa cualificada de la legalidad registral y de la respectiva función registral, y, por extensión, la defensa de los terceros, concretamente de aquello que resultarían perjudicados si no se pudiese recurrir contra la resolución DG revocatoria de la calificación registral negativa.

En el caso concreto (en el que la sentencia considera correcta la actuación de la Registradora que suspendió la calificación por falta de liquidación del impuesto, art. 255 LH), la sentencia de este Juzgado de Córdoba, considera indudable que la Registradora ostentaba un interés que puede identificarse además del interés en la defensa de la legalidad registral, indudablemente asumido también por la DGRN, el interés en la confirmación de su propia actuación profesional, más en materia de calificación respecto de la cual tiene vedado la formulación de consultas al centro directivo asumiendo la totalidad de la responsabilidad profesional que pudiera exigirse y derivarse de una correcta calificación, posibilidad esta que tiene una clara plasmación en el art. 256 LH al disponer la responsabilidad patrimonial del Registrador por aquellos tributos que no sean ingresados por la Hacienda pública. (JCC)

8. SEGURO DECENAL: NO ES EXIGIBLE SI EL AUTOPROMOTOR ES UNA SOCIEDAD INMOBILIARIA QUE CONSTRUYE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA USO PROPIO. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección catorce, de 22 de junio de 2009, que ha devenido firme.

La Sentencia de 22 de Junio de 2009 de la Audiencia Provincial de Barcelona considera no ajustada a Derecho esta Resolución

Esta sentencia admite que el concepto de autopromotor individual puede aplicarse a tanto a personas físicas como a jurídicas, pero respecto de los requisitos de ser una única vivienda y para uso propio, considera errónea la interpretación realizada por la resolución:

- no puede considerarse "única" vivienda unifamiliar cuando conste al Registrador en el caso, se acredita mediante certificación registral de otro Registro- que la sociedad ya tenía inscrita otra vivienda unifamiliar, por lo que no cabe aplicar la dispensa del seguro decenal.

- tratándose de personas jurídicas no basta la mera manifestación de uso propio de la vivienda unifamiliar, siendo necesario determinar a qué uso se refiere y acreditarlo. De ser suficiente la mera manifestación las sociedades promotoras, tendrían un camino para excluir el seguro en los casos de construcción de viviendas unifamiliares. Las garantías fijadas en la ley se vendrán abajo y lo que la D. Ad 2ª LOE contempla como una excepción se habría convertido en una regla general indiscriminada e incontrolable. (JCC)

9. TRACTO INTERRUMPIDO DE MENOS DE TREINTA AÑOS: MODO Y MOMENTO DE HACER LAS NOTIFICACIONES. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, sección quinta, de 10 de octubre de 2008, que ha devenido firme.

10. PROPIEDAD HORIZONTAL CON ASIGNACIÓN DE USO PRIVATIVO DE PARTE DEL TERRENO. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección novena, de 3 de octubre de 2008, que ha devenido firme.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 3-10-2008, estima la demanda contra esta resolución y considera necesaria la licencia.

Esta sentencia estima el recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de Primera instancia nº 55 de Madrid de 21-4-2007, que había confirmado inicialmente la resolución, y declara la legalidad y virtualidad de la calificación del Registrador. Considera que la expresión (en el artículo 151.1.a de la ley 9/2001 de la Comunidad de Madrid) parcelaciones, segregaciones ycualesquiera otros actos de división, incluye el fraccionamiento jurídico del terreno. Y esta situación se da en el caso de autos: La atribución del uso exclusivo de trozos de terreno destinados a jardín, es decir, susceptibles de constituirse físicamente fincas independientes, como aduce el Registrador, implica una verdadera división del suelo. (JCC)

11. CANCELACIÓN DE HIPOTECA SIN NOTA DE LIQUIDACIÓN. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Córdoba, de 18 de diciembre de 2009, que ha devenido firme.

Anulada por Sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Córdoba, de 18-12-2009 (publicada en el BOE de 10-8-2010)

Esta sentencia señala hasta cinco razones para considerar correcta la suspensión de la calificación efectuada por la Registradora por falta de acreditación del pago o exención del impuesto:

1) postura de la DGRN trata de dotar de mayores garantías a la posición del administrado, pero se aleja de la legalidad, ya que el art. 255 LH permite la suspensión de la calificación para que se acredite el cumplimiento de la normativa tributaria.

2) El legislador ha tenido ocasión de modificar este precepto en numerosas ocasiones y no lo ha hecho.

En el caso concreto (en el que la sentencia considera correcta la actuación de la Registradora que suspendió la calificación por falta de liquidación del impuesto, art. 255 LH), la sentencia de este Juzgado de Córdoba, considera indudable que la Registradora ostentaba un interés que puede identificarse además del interés en la defensa de la legalidad registral, indudablemente asumido también por la DGRN, el interés en la confirmación de su propia actuación profesional, más en materia de calificación respecto de la cual tiene vedado la formulación de consultas al centro directivo asumiendo la totalidad de la responsabilidad profesional que pudiera exigirse y derivarse de una correcta calificación, posibilidad esta que tiene una clara plasmación en el art. 256 LH al disponer la responsabilidad patrimonial del Registrador por aquellos tributos que no sean ingresados por la Hacienda pública. (JCC)

12. DENOMINACIÓN SOCIAL SUBJETIVA ADMISIBLE. NO ES NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR PARA SU UTILIZACIÓN. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, sección novena, de 23 de abril de 2008, que ha devenido firme.

Anulada por extemporánea por la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Valencia de 23-4-2008 (publicada en el BOE de 10-8-2010, la cual se basa en: a) La diferencia entre los artículos 327 LH y 43 LRJAPPAC, por cuanto el primero es un precepto específico e imperativo en la materia, con superiores consecuencias a las que con carácter general establece el segundo. El primero establece que transcurrido el plazo se entenderá desestimado el recurso y el segundo tiene solo los efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. b) Resulta contrario al principio de seguridad jurídica art. 9-3 CE- el hecho de existir una decisión desestimatoria del recurso del recurso gubernativo por así fijarlo la ley, que posteriormente es contradicha por otra decisión expresa de signo contrario. Por tanto, la resolución extemporánea del recurso ha de devenir nula porque aquel ya se había rechazado en forma automática, por ministerio de la ley, por silencio administrativo. Cita en similar sentido otras sentencias como las SAP Valencia 5-12-2006 y 11-12-2007, SAP Barcelona 17-4-2007, SAP Castellón 28-6-2007, SAP Barcelona 22-1-2008.

Por otro lado, la sentencia reconoce la legitimación de la Registradora para recurrir las resoluciones revocatorias de sus calificaciones y lo hace transcribiendo los argumentos del auto de la Audiencia Provincial de Valencia de 26-9-2007 (citado ya en varias sentencias) que entre otras cosas señaló que el Registrador no puede ostentar en el ejercicio de la acción un derecho o interés personal, dada la regla legal de incompatibilidad (art. 102 RH) en la calificación de instrumentos donde tenga derechos o intereses comprometidos, por lo que el derecho o interés a que se refiere el art. 328 LH ha de venir ceñido precisamente a los que se invocaron por la demandante (principio de legalidad en el funcionamiento del instituto registral, interés en la defensa de su calificación, responsabilidad a que está sometido todo Registrador), máxime en el caso, en que la calificación negativa afectaba a la inscripción de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, resultando así palmario el interés de la Registradora en defender su posición ante el principio legal de responsabilidad (arts 18, 99, 100 LH) que puede repercutir sobre su esfera patrimonial. Si se niega que por estos derechos o intereses se pueda plantear la acción no podría jamás el Registrador recurrir, lo cual contravendría claramente el texto legal dejando vacío de contenido el acceso jurisdiccional y denegándose la tutela judicial efectiva. (JCC)

13. EL JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA DEL PODER Y LA CALIFICACION REGISTRAL. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección décima, de 13 de mayo de 2009, que ha devenido firme.

Anulada por la Sentencia FIRME de 13 de Mayo de 2009 de la Audiencia Provincial de Madrid. Esta extensa sentencia, de 63 folios, discrepa de la interpretación que hace la DGRN del artículo 98 de las leyes 24/2001 y 24/2005. Remarca que el artículo 18.1º de la Ley Hipotecaria está vigente en materia de calificación registral de poderes para poder practicar válidamente un asiento y que la interpretación del artículo 98, ha de hacerse desde una perspectiva constitucional y de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico y respetuosa con el art. 18-1 LH

La sentencia considera que el Notario debe hacer un juicio de suficiencia motivado o fundamentado a través de la reseña aunque sea sucinta- de las facultades representativas tal como resulten del poder, para que el Registrador pueda calificar este juicio, en cuanto que éste, como todo juicio de valor, no es vinculante y puede ser desvirtuado en el procedimiento registral.

Considera que el art. 98-1 establece un doble requisito (reseña y juicio de suficiencia), que no puede subsumirse en uno: la reseña ha de ser una narración sucinta de los hechos que sirven de motivación y fundamento al juicio notarial de suficiencia. Todos los funcionarios públicos y el Notario también lo es- han de motivar suficientemente los actos que realicen, de modo que no es concebible efectuar un juicio de suficiencia sin motivación alguna. Dicha narración sucinta no puede referirse exclusivamente a los datos de intervinientes, autorizante y fecha de escritura de poder sino que ha de incluir una transcripción o relación suficiente (aunque sea sucinta) de las facultades representativas tomadas directamente del poder (sin que basten fórmulas genéricas o lacónicas), por tratarse de hechos, en los que después ha de basarse (motivación) el juicio notarial de suficiencia, y no de valoraciones juicio o interpretación- del Notario. La reseña de los datos identificativos se refiere a un hecho pero el juicio de suficiencia es una valoración y el Notario debe manifestar el fundamento del cual se deriva su juicio o conclusión. De otro modo se confundiría la reseña de hechos con el juicio de las facultades.

Es necesario que del propio título resulten los elementos necesarios para que el Registrador pueda cumplir su función calificadora, para que pueda comprobar si existe congruencia entre la valoración notarial de la suficiencia de las facultades representativas y el contenido de la escritura, por lo que resulte de ella y de los asientos del Registro.

a) los distintos efectos y grados de la fe notarial (la dación de fe como prueba plena (que solo puede desvirtuarse por querella de falsedad), que determina las presunciones de veracidad y de integridad y que se refiere a los hechos que el Notario percibe por sus sentidos) y los juicios de valor, que no son incontrovertibles y no tienen valor vinculante para otros procedimientos, pudiendo ser desvirtuados en cualquier procedimiento en que se planteen y concretamente también en el registral;

b) los distintos efectos de la dación de fe notarial y de la inscripción registral, que dan lugar a los dos requisitos previstos por el ordenamiento: el juicio notarial de suficiencia, junto a la reseña, para la formalización de la escritura, y el juicio del Registrador o control de legalidad registral derivado de la calificación como requisito imprescindible para que se pueda practicar cualquier asiento registral. La dación de fe se refiere a la forma del acto, modo de exteriorización de las declaraciones de voluntad del acto o negocio jurídico, y en cambio la inscripción registral se refiere a la publicidad, como exteriorización de los derechos reales inmobiliarios y demás situaciones jurídicas registradas; la dación de fe se refiere a los actos entre las partes contratantes y la calificación registral, como requisito del asiento registral y de la publicidad registral se refiere a los efectos respecto a terceros; la actuación notarial se refiere a la prueba de las obligaciones y la publicidad registral a la oponibilidad de los derechos reales respecto a terceros; La prueba de las obligaciones del documento público se refiere exclusivamente al hecho del otorgamiento y a su fecha y respecto a terceros sigue tratándose de una cuestión de prueba de obligaciones, no de derechos reales inmobiliarios, pues la oponibilidad y la prueba de estos respecto a terceros se produce a través de la inscripción, lo que requiere la previa calificación registral como requisito de forma ineludible del asiento. Por tanto, concluye, los ámbitos y efectos de la forma notarial y de la publicidad registral son diferentes y de ahí que sea perfectamente considera compatible que, una vez apreciada por el Notario la suficiencia de la representación, en su caso, se precise el juicio o control de la calificación registral para determinar si a efectos de la práctica del asiento registral, dicho juicio, teniendo en cuenta la reseña de hechos realizada por el Notario, es suficiente a efectos de la publicidad registral, sin perjuicio de los recursos existentes contra la misma.

Por lo demás, la sentencia profundiza en cuestiones de gran relieve como el alcance del juicio verbal ex art. 328 LH, que entiende más bien plenario y no sumario, o la legitimación del Registrador para impugnar las Resoluciones de la DGRN, que considera indudable, con cita de numeras sentencias, entendiendo que el interés a que se refiere el art. 328 LH no es "interés personal" del Registrador, sino "el de la propia función registral, el cumplimiento del principio de legalidad desde la labor de calificación que el ordenamiento jurídico le asigna. (JCC)

14. HIPOTECA EN GARANTIA DEL FIADOR. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Girona, de 3 de julio de 2008, que ha devenido firme.

Afecta a la Resolución de 4 de marzo de 2005, revocatoria en parte, pues no se pronuncia sobre el contenido del informe.

Anulada por la Sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Girona, de 3-7-2008 (publicada en el BOE de 10-8-2010), dado que no puede admitirse la existencia de dos hipotecas en garantía de una misma deuda (arts 104 LH, y Res DGRN 24-1-1916, 16-3-1929, 12-3-1936), por lo que si las obligaciones del presente caso son la misma (y las razones que esgrimió la resolución para negar ser las dos obligaciones la misma no pueden ser atendidas), se ha de denegar la inscripción de la escritura de hipoteca, como hizo el Registrador.

No hace pronunciamiento alguno, como pretendía el registrador recurrente, sobre la doctrina DGRN a cerca del trámite del informe del Registrador, pues una petición de una declaración genérica sobre dicha doctrina excede con mucho del contenido de este procedimiento (a tal efecto, recuerda que la finalidad del presente procedimiento es la revisión del acto de calificación efectuado por el Registrador -art. 326 LH, SAP Barcelona de 15-3-2005-), aunque sí lo tiene en cuenta para dictar esta sentencia y considera que los nuevos argumentos que el registrador hubiera incluido en su informe puede oponerlos en esta vía jurisdiccional. (JCC)

15. PRESENTACION TELEMATICA, LIQUIDACIÓN PREVIA DE IMPUESTOS y CALIFICACION DEL REGISTRADOR. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida, sección segunda, de 30 de octubre de 2009, que ha devenido firme.

Revocada por la Sentencia de 28-7-2008 del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Lleida y en apelación por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida, de 30-10-2009.

Ambas sentencias -que, por otra parte reconocen la legitimación del Registrador (1) para recurrir la resolución- declaran conforme a derecho la suspensión de la calificación efectuada por el Registrador por falta de pago del impuesto o justificación de su exención o no sujeción. (2)

Suspensión de la calificación: Ya la sentencia de instancia rechazó que en caso de falta de pago de impuestos el Registrador haya de realizar una calificación global como interpreta la DGRN, de manera que al tiempo de suspender la calificación se efectúe una calificación del fondo del documento, pues dicha interpretación, aunque económica y práctica es meramente voluntarista porque choca con la redacción tan clara de un precepto legal. Si bien las normas se pueden interpretar, no se puede llegar a extremos que supongan su vaciado de contenido, ya que, como es evidente, suspender la calificación implica no entrar a calificar. Si no fuera así, el 255 no tendría razón de ser, pues el pago del impuesto ya se controla con el artículo 254.

La sentencia de la Audiencia comienza poniendo de manifiesto que la propia DGRN está, de facto, derogando o cuando menos vaciando de contenido los artículos 254 y 255 LH, exigiendo a los Registradores, en su labor de calificación, una actuación que no se ajusta a lo que dichos preceptos establecen y que a la postre comporta reglamentar los tramites del procedimiento registral en forma distinta a lo legalmente dispuesto.

Considera que los términos de los artículos 254-1 y 255 LH son explícitos y terminantes e imponen un veto a cualquier actuación registral, excepto el asiento de presentación, si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, todo lo cual es reiterado en la normativa tributaria -arts 54 TRLITPAJD, 33 LISUC, 100 RSUC.

Estamos ante unas normas cuya finalidad no es otra que controlar y garantizar el cumplimiento de la normativa tributaria, supeditando el acceso a los registros públicos a la previa justificación del pago de la deuda tributaria correspondiente, a modo de presupuesto o requisito que condiciona la actuación del Registrador, cuya actuación, en caso contrario, ha de detenerse en el asiento de presentación, suspendiendo la calificación y la inscripción.

Ello viene corroborado en la ley 36/2006 de 29 de Noviembre de medidas para la prevención del fraude fiscal que modifica el art. 254 LH ampliando la figura del cierre registral en caso de falta de acreditación del NIF o de los medios de pago empleados.

Añade que los criterios que pretende imponer la resolución DGRN se basan en la estricta aplicación, por remisión, a los principios ordenadores del procedimiento administrativo, anteponiendo los intereses del administrado a los de la Hacienda pública, cuando resulta que el cumplimiento de las obligaciones fiscales ha de actuar con carácter preferente (y el procedimiento registral presenta además especialidades respecto del procedimiento administrativo)

Concluye señalando que el Registrador también ha de decidir si la operación jurídica cuya inscripción se pretende se halla sujeta o no a impuestos, pudiendo en este último caso, apreciar por sí, la no sujeción fiscal del acto inscribible

Ambas sentencias, frente a la doctrina DGRN sobre el carácter vinculante de sus resoluciones, entre otras, en esta materia, resaltan:

La de instancia, que los Registradores se encuentran más vinculados a la Ley que a la DGRN y en tanto que no haya un pronunciamiento jurisprudencial que interprete el artículo 255 LH, es correcto que el Registrador se cuestione esta calificación global en caso de falta de pago de impuestos, porque la LH en su artículo 255 ordena detener su función calificadora.

La de la Audiencia, que pese a la reconocida autoridad de que las resoluciones DGRN gozan, debe diferenciarse claramente entre art. 273 RH- las cuestiones relativas a la organización y funcionamiento de las oficinas registrales, en las que los Registradores pueden consultar directamente con la DGRN, y las que se refieren a la función de calificación, en cuyo ejercicio el Registrador actúa con autonomía y responsabilidad (JCC)

(1) Legitimación activa del Registrador. La reconocen basándose en el principio pro actione que preside la interpretación de las leyes procesales en materia de legitimación activa, según el TC (la Audiencia cita a tal efecto la STC 28-9-2009) De otro modo se acabaría negando al Registrador legitimación para el ejercicio de la acción cuando efectivamente la ley si se la reconoce. Y no constituye argumento en contrario las palabras de la Exposición de Motivos de la ley 24/2005, dado que la contradicción con el articulado debe resolverse a favor de este último y además se deriva del devenir de la tramitación legislativa, apartándose finalmente el texto legal final de las afirmaciones de la Exposición. El interés a que se refiere el art. 328 LH no puede referirse a un interés particular, porque entonces el Registrador se habría abstenido de intervenir art. 108 RH-, por tanto bien puede entenderse que dentro de aquel derecho o interés del Registrador se encuentra la defensa del principio de legalidad y de la función registral que le es propia y que ejerce a través de la calificación, así como la salvaguardia de su responsabilidad. Es éste, señala, por lo demás, el criterio mayoritario de las Audiencias Provinciales (con cita de numerosas sentencias)

(2) Nota: Este claro criterio de los tribunales (existe además alguna otra sentencia en igual sentido), en la interpretación de los artículos 254 y 255 LH, parece haber sido tenido en cuenta por la nueva Directora General, por cuanto en la R. 6 de Mayo de 2009, posterior a la sentencia de instancia (sentencia de la que se dio noticia en esta web en Septiembre de 2008), el Centro Directivo parece cambiar de criterio, o al menos replanteárselo al decir textualmente: sin necesidad de entrar ahora en si tal defecto es una falta que impida la inscripción, o más bien, un defecto que debe demorar la calificación. (JCC)

16. PACTO DE VENCIMIENTO ANTICIPADO E HIPOTECA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, sección segunda, de 16 de abril de 2008, que ha devenido firme.

La Sentencia de 16-4-2008 de la Audiencia Provincial de Ciudad Real estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ciudad Real de 26-6-2007 y anula esta resolución por extemporánea.

La sentencia, que cita otras en uno u otro sentido, se decanta por la ineficacia de la resolución tardía expresa en sentido contrario al efecto presuntivo:

1) No cabe aplicar indiscriminadamente al procedimiento registral las normas del procedimiento administrativo común, pues no todas sus previsiones son coherentes con el sistema registral. Las resoluciones DGRN son actos administrativos pero fundados en Derecho privado, lo cual constituye un matiz trascendente. Ni la inscripción es un procedimiento administrativo al que se puedan aplicar las disposiciones del procedimiento administrativo común ni los recursos administrativos son idénticos al recurso gubernativo registral, hoy, además, de carácter facultativo. La calificación registral no puede tildarse, sin fisuras, de acto administrativo sino que está más próxima a los actos de jurisdicción voluntaria. La propia LH se remite de manera específica a la Ley Administrativa Común solo para determinados casos y supuestos.

El procedimiento registral es especial, de naturaleza no contenciosa y tiene por objeto la inscripción de un título. El sistema inmobiliario registral español es de amplio desenvolvimiento técnico, y las inscripciones registrales producen los efectos sustantivos de legitimación, inoponibilidad, fe pública y cierre registral. Cuando el documento objeto de calificación es una escritura pública, la calificación registral alcanza a que las declaraciones de voluntad que contienen los actos o negocios jurídicos entre particulares afecten a terceros y sean protegidas las presunciones registrales, quedando bajo la salvaguardia de los tribunales art. 1-3 LH-.

2) Los arts 327 y 328 LH contienen una especial y completa regulación del silencio, de modo diferente al régimen general (el art. 43-2 LRJAPAC regula, como norma, un silencio positivo, en tanto que en aquellos preceptos de la LH el principio es el silencio negativo)

3) Frente a la inmediata ejecutividad de los actos administrativos, en el procedimiento registral se cierra el Registro y el asiento de presentación vencerá cuando haya transcurrido el plazo previsto en el art. 327 LH (un año y un día) desde la interposición del recurso gubernativo, cuestión que no es baladí en virtud de la eficacia preferente y excluyente del principio de prioridad

4) La doctrina del TC acerca del silencio administrativo negativo (ficción legal), que se basa en la necesidad de evitar el perjuicio del interesado, para lo cual puede interponer recurso contra la resolución presunta o bien esperar sin ninguna consecuencia perniciosa para él el dictado de la resolución expresa, no es aquí aplicable: A quien se le ha denegado la inscripción ya conoce las razones a través de la motivada calificación registral, por lo que existe ya un acto previo y no la falta de acto para la que se piensa el silencio como ficción. Además las modificaciones operadas en la LH obligan a interponer la demanda en el plazo de 2 meses desde la notificación de la calificación, o en caso de resolución presunta cinco meses y un día desde la interposición del recurso, por lo que no se deja a elección del interesado.

5) Tampoco considera viable en el procedimiento registral el art. 43-5 LRJAPAC (Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada) pues el tercero, el titular de un asiento posterior que no puede acceder al Registro por el cierre registral tras la calificación negativa que el silencio confirma, no puede hacer valer este acto administrativo; tiene que esperar un año. Los terceros pueden estar perfectamente identificados cuando ostentan la titularidad de un derecho que contradice aquel que pertenece a quien insta la inscripción, y la institución registral nace para fortalecer los efectos erga omnes de las transacciones inmobiliarias, y corresponde a la administración registral velar por la legalidad tabular ante una pretensión particular de quien pretende dar certeza y seguridad jurídica a la relación jurídica-real de la que es titular.

6) Los términos del art. 327 LH son claros (in claris non fit interpretatio). Además la seguridad jurídica, citada en varias ocasiones por las exposiciones de motivos de las leyes 24/2001 y 24/2005 no debe permitir la incertidumbre ilimitada a los interesados y terceros por la inseguridad resultante de la posibilidad indefinida de recurrir a la espera de resolución expresa, aunque tardía. Por ello se les obliga a interponer demanda.

7) La certeza y seguridad jurídica resultan esenciales en el procedimiento registral, Celeridad o agilidad que la propia DG (Res 11-2-2008) tilda de necesaria en evitación de situaciones de inseguridad jurídica, consciente el Centro Directivo de que una institución como el Registro está creada para la protección y la seguridad del tráfico. (JCC)

17. GASTOS DE COMUNIDAD: LA OMISION DE SU REFERENCIA EN LA VENTA DE UNA VIVIENDA, NO IMPIDE SU INSCRIPCION. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, sección primera, de 28 de marzo de 2007, que ha devenido firme.

Declarada nula por Sentencia de 20-10-2006 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Almería porque cuando se dictó ya existía una resolución administrativa firme desestimatoria del recurso gubernativo interpuesto frente a la calificación del Registrador (arts 327 LH), no habiéndose dado ninguno de los supuestos de suspensión establecidos legalmente ni acuerdo expreso de ampliación del plazo notificado a los interesados (art. 42 LRJPAC).

Justifica la no aplicabilidad en bloque del régimen del silencio administrativo general (y la obligación de dictar resolución expresa por la DGRN) por no tratarse de los mismos intereses que en el procedimiento administrativo común, y porque los titulares de los derechos inscritos y los que pretenden que sus derechos accedan al mismo exigen respuestas rápidas, positivas o negativas. Esta sentencia es confirmada por la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Almería 28-3-2007 (publicada en el BOE de 10-8-2010), pues el plazo de tres meses para resolver es un plazo de caducidad que no admite interrupciones (arts. 327-10 LH y 43.1 de la ley 30/1992), por lo que, pasado dicho plazo sin resolver expresamente no hay duda que la DGRN resolvió desestimando el recurso por silencio negativo, y la resolución posterior es nula y no produce efecto legal alguno. (JCC)

18. HIPOTECA EN GARANTIA DE UN CREDITO. AUMENTO CONDICIONAL DE LA RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección decimosexta, de 17 de junio de 2008, que ha devenido firme.

Se trata de un recurso interpuesto por el Colegio de Registradores. Afecta a las Resoluciones de 2 de septiembre de 2005 y 3 de septiembre de 2005, anulándolas en parte. En concreto, únicamente en lo que se refiere a las condiciones señaladas con la letra c) en las escrituras mencionadas en el primer fundamento de esta sentencia, consistentes en que el tramo correspondiente de los créditos a que se refieren dichas escrituras, no haya sido completamente amortizado y no se haya otorgado escritura de cancelación de la hipoteca antes de las doce horas del día tres de junio del corriente año.

Revocadas las Resoluciones de 2-9-2005 y 3-9-2005 en la parte impugnada por el Colegio de Registradores (en concreto, en lo que se refiere a las condiciones señaladas con la letra c) en las escrituras mencionadas en el primer fundamento de esta sentencia, consistentes en que el tramo correspondiente de los créditos a que se refieren dichas escrituras, no haya sido completamente amortizado y no se haya otorgado escritura de cancelación de la hipoteca antes de las doce horas del día tres de junio del corriente año) por la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17-6-2008 (PUBLICADA EN EL BOE DE 10-8-2010), que revoca la Sentencia de 14-5-2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Barcelona.

Es de gran interés, tanto por su argumentación en la cuestión de fondo como por las precisiones que realiza sobre la estructura de la hipoteca y sobre el concepto y finalidades del Registro de la Propiedad, como instrumento de publicidad al servicio de la seguridad jurídica.

La Sentencia, sin pronunciarse sobre si cabe constituir una hipoteca bajo condición suspensiva (ya que tal cuestión no se plantea ni en la demanda ni en el recurso), deja claro que lo que no cabe es establecer una condición suspensiva del nacimiento de la hipoteca que consista en el impago de la deuda garantizada. No es inscribible, pues, una hipoteca sometida a la condición suspensiva de incumplimiento de la obligación garantizada.

No cabe, sin desestructurar la hipoteca establecer una condición suspensiva de su constitución o del incremento de la cobertura que consista en el propio impago de la obligación y no sólo al día del vencimiento sino también como en el caso- unos meses antes (pues la escasa diferencia temporal denota que lo que las partes quisieron pactar fue una condición no admisible), o incluso aunque ese tiempo fuera mayor (es irrelevante la dimensión del tiempo que medie entre el día del cumplimiento de la condición negativa y el del vencimiento formal, pues en todo caso se pretende que el incremento de la responsabilidad tenga efecto desde la fecha de constitución de la hipoteca, desde su inscripción, con su mismo rango y sobreponiéndose a cualquier derecho que ingrese en el Registro con posterioridad).

La hipoteca es una institución con vocación de futuro. Nace para garantizar que se cumplirá en el futuro una obligación y no resulta admisible que, como condición suspensiva de la existencia de la hipoteca misma, se sitúe la exigibilidad o vencimiento de la obligación principal, que son el presupuesto de la ejecución y no de la existencia de la hipoteca.

La condición señalada y que pretende acceso registral es pura apariencia, que disimula la realidad de que la cobertura es total e incondicionada desde el principio, ya que las hipotecas no podrían ejecutarse si no es con la totalidad de la cobertura potencialmente posible. La hipoteca pretende garantizar desde el principio la totalidad de los créditos, pues no se pueden ejecutar sin que se haya cumplido la condición de impago de que depende el incremento de la cobertura.

Una hipoteca que, desde el principio y de manera incondicionada garantiza una cantidad concreta, no puede presentarse en el tráfico como una cosa distinta

Todo ello es inadmisible por suponer la desestructuración de la hipoteca y por inducir a la confusión al público, con merma evidente de la seguridad a la que debe servir el Registro de la Propiedad.

En tal sentido remarca la importancia del principio de especialidad -particularmente en el caso de las hipotecas-, las limitaciones al principio de autonomía de la voluntad, y la función del Registro de la Propiedad como instrumento de publicidad al servicio de la seguridad jurídica, que exige que cuando una hipoteca publicada garantice una cantidad concreta conste expresamente que así es y que lo garantizado es, desde el principio, todo lo que realmente es.

Considera que no existe ninguna razón justificativa suficiente para el establecimiento de la condición, aunque apunta una posible motivación fiscal, aunque no profundiza en ello básicamente porque son razones civiles las que fundan la inadmisiblidad de la condición. (JCC)

19. DENOMINACIÓN SOCIAL. DISCREPANCIA ENTRE LA DENOMINACIÓN QUE CONSTA EN ESTATUTOS Y LA QUE FIGURA EN EL CERTIFICADO DEL R.M. CENTRAL. Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, de 11 de febrero de 2008, que ha devenido firme.

20. EXPEDIENTE DE DOMINIO DE TRACTO INTERRUMPIDO DE MENOS DE TREINTA AÑOS. Resolución de 20 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, sección quinta, de 29 de octubre de 2009, que ha devenido firme.

21. LICENCIA DE OBRAS: BASTA LA COMUNICACIÓN DE SU CONCESIÓN CON LA SOLA FIRMA DEL ALCALDE. Resolución de 20 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Pamplona, de 4 de julio de 2005, que ha devenido firme.

REVOCADA por Sentencia FIRME de 4-7-2005 del Juzgado de Primera Instancia de Pamplona/Iruña, nº 6 ya que la legitimación de la firma del Alcalde por parte del Notario, no supone (art. 256 RN) sino un testimonio que acredita que la firma ha sido puesta a presencia del Notario, o el juicio de éste sobre su pertenencia a persona determinada, pero sin asumir responsabilidad alguna por el contenido del documento cuya firma se legitime y sin ejercer control alguno sobre la validez, legitimidad y vigencia, control que corresponde al Secretario del Ayuntamiento, por lo que su firma en la correspondiente certificación es la única válida, no sólo para dar fe de la realidad de dicho acto administrativo, según establece el art. 162.1. b) del RDL 781/1986, sino de su validez, legitimidad y vigencia. (JCC)

82. INTERESES CONTRAPUESTOS. COMPRADORES CASADOS EN SEPARACIÓN. CUOTAS QUE ADQUIEREN. MEDIOS DE PAGO. Resolución de 2 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad interina de Almadén, por la que se suspende una escritura de elevación a público de un contrato de compraventa celebrado en documento privado.

Hechos: En el año 2007, se formaliza en Hospitalet una escritura de elevación a público de documento privado (firmado éste con fecha 19 de febrero de 2003). La escritura la suscriben los herederos del vendedor fallecido, uno de los cuales se encuentra incapacitado judicialmente y su tutor es precisamente la esposa del comprador, compareciendo ambos cónyuges compradores. Del precio establecido, 6.010,12 euros, se satisfizo en el momento de la suscripción del contrato privado la suma de 601,01 euros, y el resto de aplazó a un momento posterior, manifestando en la escritura de elevación que había sido pagado íntegramente antes del otorgamiento de la escritura.

1).- Existe una contraposición de interés entre el incapacitado vendedor, representado por su tutora que, al tiempo, es uno de los dos compradores, sin que conste el nombramiento de defensor judicial.

2).- Los compradores están casados en régimen de separación de bienes, sin que se especifique si dicho régimen es convencional o legal.

3).- No se especifica en el documento privado la proporción en que adquiere el matrimonio comprador.

4).- Recibido todo el precio antes del otorgamiento de la escritura, no consta el medio de pago (metálico, cheque, transferencia).

1).- La venta se perfeccionó al tiempo de la celebración del documento privado, y la fecha del mismo, fallecido el vendedor se debe considerar fecha fehaciente, conforme al art 1227 del c.c. No existe contraposición de intereses por cuanto el incapacitado no vende, y la propiedad se había transmitido por la firma del documento privado y la toma de posesión.

2).- Los compradores están casados en régimen de separación de bienes ya que tienen vecindad catalana, ya que ambos habían nacido en Barcelona, allí contrajeron matrimonio y por tanto su régimen matrimonial es el de separación de bienes.

3).- Por lo que hace a las cuotas, hay que presumir que adquiriendo ambos esposos y no determinándose la participación de cada uno, la proporción es del 50% para cada cónyuge.

4).- Conforme al art 10 de la LH no se exige la determinación de los medios de pago y además la ley 36/2006 no tiene ninguna disposición transitoria que suponga su aplicación a transmisiones realizadas con anterioridad a su entrada en vigor.

1).- Si bien es cierto que la venta se perfeccionó al tiempo de la celebración del documento privado, hay que afirmar que el art 1227 c.c. sólo se refiere a la fehaciencia de la fecha, pero no a la identidad de las personas, ni a su contenido, ni acredita la capacidad de quienes lo celebraron, pero sobre todo la ley exige la autorización judicial no sólo para la transmisión o gravamen de inmuebles, sino también para la renuncia de derechos y cesión a terceros de créditos que el tutelado tenga contra el tutor (arts 271.2 y 3 y 272.7 del c.c. y concordantes del Código de Familia Catalán) por tanto las cartas de pago y confesiones de pago de precio aplazado que permiten dar por extinguidas las deudas del tutelado contra el tutor. Por tanto se produce un conflicto de intereses, y sin entrar en el tema de si se precisa o no autorización judicial, se ratifica la exigencia de la registradora de nombramiento de defensor judicial.

2).- En cuanto al régimen económico matrimonial de bienes hay que hacer constar si es convencional o legal supletorio (Rs 15 de junio de 2009 y 5 marzo de 2010), ya que ha sido anulado por el TS s. 20 de mayo de 2008) parte del texto del art 161 RN que establecía la presunción de que la vecindad civil de los comparecientes era la del lugar de otorgamiento. Por tanto es precisa la manifestación de los cónyuges si el régimen de separación es legal supletorio o convencional.

3).- En cuanto a la determinación de las cuotas de cada adquirente, basta su remisión al art 54 del RH que así lo exige.

4) Finalmente en cuanto a la exigencia de la determinación de los medios de pago, sea por acreditación o por manifestación, es verdad que la ley 36/2006 no contiene normas de dcho transitorio, y cabe la duda de si esta norma es aplicable a los medios de pago relativos a transmisiones realizadas con anterioridad. Sin embargo en base al art 177 del RN hay que estimar que su objeto no es regular la forma de los pagos, sino la forma de su constancia en los instrumentos públicos que documenten actos o contratos que tengan por objeto una mutación jco real con contraprestación en dinero y por tanto las sucesivas redacciones dadas al mismo por los RRDD 45/2007 y 1804/2008 o 1/2010, serán de aplicación a los documentos otorgados durante sus respectivos periodos de vigencia, aunque los pagos a que se refieran hubieran tenido lugar en un momento anterior. (JLN)

D*83. ESCRITURA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EXCESO DE CABIDA. Resolución de 3 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 1 de Roses, a inscribir un mandamiento judicial.

Hechos: En un procedimiento judicial de elevación a público de documento privado de compraventa, se dicta auto teniendo por emitida la declaración de voluntad de venta a favor de los herederos del comprador, y por mandamiento se ordena la inscripción a su nombre de la finca vendida, que se segrega de una finca registral.

El registrador suspende la inscripción del mandamiento, entre otros defectos no recurridos, por

- no quedar acreditado que se hayan cumplido los requisitos de los artículos 200 y 201 de la Ley Hipotecaria para inscribir el exceso de cabida en la finca matriz y

- por no aportarse la escritura pública de elevación a público del documento privado de compra.

El recurrente alegó que, según el Registro, la finca matriz dispone de superficie suficiente para llevar a cabo la segregación, por lo que no es preciso inscribir ningún exceso de cabida. También alegó que ni el artículo 3 de la ley Hipotecaria ni el 1279 del Código civil exigen el otorgamiento de escritura pública, sino que exigen que dicho negocio conste en documento público, como lo es el título presentado.

La DGRN primero recuerda su doctrina sobre el alcance de la calificación registral de los documentos judiciales.

Respecto al exceso de cabida, considera que es precisa su inscripción para segregar, porque, de las diversas parcelas que forman la finca matriz, aquélla, donde se sitúa la finca a segregar, carece de cabida.

Confirma la exigencia del registrador de cumplir con los requisitos de los artículos 200 y 201 de la Ley Hipotecaria (artículos que forman parte de la regulación del expediente de dominio), porque, aunque puede admitirse en principio el uso de un procedimiento declarativo para reconocer un exceso de cabida, a pesar de no ser el especialmente apropiado para esta finalidad, es preciso que se cumplan los requisitos exigidos para estos últimos procedimientos. Y, en concreto, no consta la citación de los titulares de los predios colindantes, por lo que podrían quedar indefensos, sin que esa omisión se pueda ver suplida por el hecho de haya una demanda genérica frente a cuantas personas puedan resultar afectadas.

También exige el Centro Directivo la aportación de escritura pública en la que intervengan los demandantes (herederos del comprador). Se basa en el art. 708 LEC que interpreta así:

- Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad las declaraciones de voluntad dictadas por el Juez en sustitución forzosa del obligado, cuando estén predeterminados los elementos esenciales del negocio; pero en nada suplen a la declaración de voluntad del demandante, que deberá someterse a las reglas generales de formalización en escritura pública

- La Ley de Enjuiciamiento Civil no dispone la inscripción directa de los documentos presentados, sino que la nueva forma de ejecución procesal permite al demandante otorgar la escritura de elevación a público del documento privado compareciendo ante el Notario por si solo, apoyándose en los testimonios de la sentencia y del auto que suple la voluntad del demandado.

- El auto del artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tan sólo viene a hacer innecesaria la comparecencia de la autoridad judicial en el otorgamiento del negocio o contrato de la persona cuya voluntad ha sido suplida judicialmente.

- Sí sería directamente inscribible, en virtud del mandamiento judicial ordenando la inscripción, el testimonio del auto firme por el que se suplan judicialmente las declaraciones de voluntad del obligado a prestarlas, si se tratara de negocios o actos unilaterales (ejercicio de un derecho de opción, el consentimiento del titular de la carga para su cancelación), siempre que no lo impida la observancia de las normas civiles y mercantiles sobre forma y documentación de actos y negocios jurídicos. (JFME)

84. CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN DE EMBARGO PRORROGADA ANTES DE LA LEC. Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad n.º 3 de Alicante, por la que se deniega la cancelación de una anotación de embargo prorrogada.

Hechos: se solicita la cancelación por caducidad de una anotación preventiva de embargo, que fue prorrogada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, concretamente en 1987.

El registrador suspende la cancelación por considerar la prórroga de duración indefinida al ser anterior a la actual LEC y en aplicación del artículo 199 del Reglamento Hipotecario.

La recurrente estima que se ha de acudir al régimen de prórrogas de la actual LEC (máxima duración de cuatro años y posibilidad de prórrogas sucesivas).

La Dirección General confirma la calificación, tras realizar un interesante análisis histórico sobre la evolución de la normativa aplicable y su interpretación.

Confirma la vigencia de los criterios expuestos en la Instrucción de 12 de diciembre de 2000, donde trata de solucionar los problemas de Derecho transitorio ante el silencio de la nueva LEC, y atendiendo sobre todo a su disposición transitoria séptima, párrafo segundo. En consecuencia, a las anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de mandamiento presentado en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000, esto es, antes del 8 de enero de 2001, se les aplica la legislación anterior, siendo la prórroga de duración indefinida y no siendo preciso solicitar nuevas prórrogas.

Confirma también el modo de cancelarlas, aplicando analógicamente el plazo del artículo 157 de la Ley Hipotecaria, por lo que, una vez transcurridos seis meses, computados desde la emisión de la resolución judicial firme en el proceso en que la anotación preventiva y su prórroga fueron decretadas, se podrá solicitar su cancelación. (JFME)

*85. ANOTACIÓN DE EMBARGO HABIENDO CONCURSO. LA DECLARACIÓN DE BIENES DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL ES COMPETENCIA DE JUEZ. Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad interina n.º 1 de Lugo, por la que se deniega la anotación preventiva de embargo, constando previamente anotada la situación de concurso.

Constando anotada la declaración de concurso, se presenta Mandamiento de embargo de la Seguridad Social, siendo las providencias de apremio de fecha anterior al Auto declarando el concurso.

La Registradora suspende la Anotación, en base al artículo 54 de la LC, ya que nada se dice acerca de que los bienes embargados no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

La Dirección confirma la calificación basándose en los siguientes argumentos: el art. 24.4 de la LC literalmente determina que practicada la anotación preventiva no podrán anotarse respecto de un bien o derecho, más embargos o secuestros posteriores a la declaración del concurso que los acordados por el Juez de éste, salvo lo establecido en el 55.1; art. que dispone que podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubiera embargado bienes del concursadosiempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

Sobre este tema además se han pronunciado: La Sala del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción y de Competencia del Tribunal Supremo, que en Sentencia de 22/6/09, afirma que: la Administración tributaria, cuando un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si la declaración judicial es negativa la Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado artículo y con los efectos previstos en el apartado tercero (sic. nulidad) para la hipótesis de contravención. Es, por tanto, improcedente que la Administración haga traba de bienes integrantes del patrimonio del deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no afectación de los bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor. Y también la STS de 3 de julio de 2008 según la cual: podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio () con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, ello sólo puede hacerse, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

En el presente caso no consta que el Juzgado de lo Mercantil se haya pronunciado sobre el carácter de los bienes trabados para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, por lo que es plenamente aplicable la doctrina expuesta en el sentido de que la ejecución no puede llevarse a cabo en ningún caso sin el previo pronunciamiento judicial acerca de la vinculación de los bienes con la continuidad de la empresa. (MN)

86. VENTA DE FINCA PERTENECIENTE A SOCIEDAD EN CONCURSO. Resolución de 8 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Olot, contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Olot, por la que se suspende una escritura de compraventa.

Hechos: Se formaliza escritura de venta, en la que la Sociedad Inmobiliaria A, declarada en concurso de acreedores voluntario y conservando la misma las facultades de administración y disposición de su patrimonio, aunque sometido su ejercicio a la autorización o conformidad de los administradores concursales, vende a otra Mercantil determinado inmueble. En la escritura se indica que no es precisa la autorización judicial al tratarse de un acto de disposición inherente a la continuación de la actividad empresarial de la concursada, ratificado por los administradores concursales (art 43 y 44 ley 22/2003).

No obstante lo anterior, se solicitó y obtuvo autorización judicial para ello, aunque en la escritura se acompañó no un testimonio, sino el mismo auto sin firma alguna.

Registradora: Estima que existe una incongruencia entre el hecho de haberse obtenido la autorización y la posterior manifestación de los administradores concursales de que la misma es innecesaria.

Dirección General: La DG revoca la calificación en base a que, si bien reconoce que el documento público correcto, si fuera necesaria su aportación, sería el testimonio judicial del auto y no éste mismo y menos una simple copia sin firma, así como de manifestar que si el juez concedió la autorización es porque la consideraba necesaria, al final razona que, ante la manifestación de los administradores de no ser precisa dicha autorización, por tratarse de acto necesario para la actividad empresarial de la concursada, la Registradora no ha alegado ninguna otra justificación, salvo la manifestación de la incongruencia entre la aportación del auto y la manifestación de los administradores de no ser necesaria. (JLN)

87. REINSCRIPCIÓN AL EJECUTAR CONDICIÓN RESOLUTORIA Y CONSIGNACIÓN. Resolución de 9 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Barcelona, don Ricardo Manén Barceló contra la nota de calificación del registrador de la propiedad n.º 21 de Barcelona, por la que se suspende la reinscripción a favor del vendedor de una finca gravada con condición resolutoria y la cancelación de la misma.

Hechos: Consta inscrita en el Registro de la Propiedad la venta de una finca con condición resolutoria. Ahora se pretende reinscribir la finca a favor del primitivo vendedor porque el comprador reconoce que ha incumplido la condición; además está de acuerdo en perder la cantidad entregada inicialmente en concepto de pena por el incumplimiento. En el momento de la presentación del documento acreditativo de la resolución (una Acta notarial) no se ha practicado ningún otro asiento intermedio, aunque con posterioridad se ha presentado un mandamiento de anotación de embargo.

El registrador deniega la inscripción del documento de resolución por cuanto considera necesario el consentimiento del titular del embargo y porque exige también que el importe monetario, que el vendedor no ha devuelto al comprador, se deposite judicialmente, conforme al criterio ya sustentado por la DGRN en numerosas resoluciones, por ejemplo en la Resolución de 28 de Mayo de 1992.

La DGRN reitera su doctrina que exige para la inscripción de la resolución el consentimiento de todos los titulares de asientos intermedios (practicados entre la compraventa y la resolución), pero, a pesar de ello, revoca el primer defecto ya que en el presente caso la resolución no se ha anticipado, no ha tenido lugar antes de que venciera el plazo, y, sobre todo, porque ha de prevalecer el principio de prioridad registral, pues en el momento de presentación del documento de resolución no existe ningún otro asiento, por lo que por aplicación de dicho principio ha de cancelarse la anotación de embargo, que es posterior a la presentación del documento de resolución.

En cuanto al segundo defecto lo confirma, pues considera que el importe a devolver al comprador por el vendedor, aunque haya cláusula penal que legitime al vendedor para no devolver nada, debe ser consignado judicialmente para que el juez determine su destino.

COMENTARIO: Estando de acuerdo vendedor y comprador en la no devolución, aún habiendo titulares de derechos o asientos intermedios, es difícil de compartir la necesidad de este segundo requisito exigido por la doctrina de la DGRN de consignación, pues los artículos 59 y 175.6 del RH presuponen para la consignación, a mi juicio, la falta de consentimiento del comprador.

En el presente caso es más difícil todavía de compartir la necesidad de consignación pues ni siquiera existen titulares de derechos intermedios sobre la finca, ya que el asiento de presentación de la anotación de embargo es un asiento provisional, temporal, que por el principio de prioridad ha de quedar cancelado automáticamente cuando se inscriba el documento de resolución. El posible conflicto de derechos sobre una cantidad de dinero se movería siempre en la esfera extrarregistral en la que el acreedor embargante, si alegara un mejor derecho que el vendedor sobre ese dinero, tiene abiertas las vías procesales que estime oportunas.

Con esta postura doctrinal el vendedor se ve ahora limitado en el ejercicio de sus derechos, en contra del principio de legitimación registral, ya que el Registro ha publicado y publica el derecho a la readquisición y a la retención del dinero como pena, desde el momento de inscripción de la compraventa con condición resolutoria. No es ya que el vendedor deba consignar judicialmente o no la cantidad inicialmente recibida, es que mientras no la consigne no se inscribirá la readquisición de la propiedad a su favor, con el consiguiente riesgo y merma de sus derechos. Esta postura es contraria también al principio de que el fraude no ha de presumirse. (AFS)

88. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE DOCUMENTO PRIVADO CON DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. Resolución de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad n.º 6 de Valladolid, por la que se suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de documento privado.

Se pretende la inscripción de un documento relativo a un piso en propiedad horizontal, en el que la descripción de la finca en el título difiere notablemente de la descripción registral. Concretamente, no coinciden ni los metros cuadrados, ni el coeficiente en los elementos comunes, ni los linderos.

Alega el recurrente que el título presentado no hace sino recoger los datos que constan en el título previo, y en cuanto a los linderos, que se produce una mera actualización de los nombres de las calles, lo que se justifica con un certificado catastral.

Resuelve la DGRN que el sistema de folio real de nuestro Registro exige la perfecta identificación de la finca objeto de inscripción, que estamos ante una cuestión de hecho más que de derecho, y que encuentra razonable la duda del registrador, por lo que confirma el defecto.

COMENTARIO: Ante la discrepancia entre la descripción de la finca según el título y según el Registro, quizá lo razonable sea insertar las dos descripciones, para evitar las dudas del Registrador, solicitando la inscripción en todo caso de la finca tal como consta en el Registro, sin perjuicio del derecho del adquirente a instar la concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad extrarregistral por los medios reglamentarios previstos, en un momento posterior. (AFS)

D*89. RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECLARACIÓN EN QUIEBRA, DICTADAS POR UN TRIBUNAL INGLÉS. Resolución de 11 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de San Javier n.º 1, por la que se deniega la inscripción de dos resoluciones judiciales de declaración en quiebra, dictadas por un tribunal inglés.

Se debate en este recurso la inscribibilidad en el Registro de la Propiedad de dos resoluciones judiciales inglesas por las que se declara la apertura de sendos procedimientos concursales frente a dos nacionales ingleses.

El Registrador deniega la inscripción al entender que, en aplicación del juego combinado de los artículos 38.1 y 39 del Reglamento 44/2001, 4 de la Ley Hipotecaria y 10.1 del Código Civil, resulta necesaria la obtención de un auto judicial previo en el que se decrete «un asiento procedente conforme a la legislación hipotecaria pertinente».

Hay que identificar, con carácter previo, las normas que resultan aplicables y la delimitación de sus respectivos ámbitos de aplicación.

El Reglamento 44/2001, no es aplicable al reconocimiento de una declaración de apertura de concurso extranjero, desde el momento en que en el artículo 1 del mencionado instrumento se excluyen de su ámbito material de aplicación los procedimientos de insolvencia (vid. Auto del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2007).

Tampoco resulta aplicable a esta cuestión el artículo 10.1 del Código Civil, un precepto en el que se contiene la norma de conflicto que determina el Derecho aplicable a la constitución y eficacia de un derecho real, cuestiones que en ningún caso se plantean en el presente supuesto.

La respuesta a la cuestión planteada debe buscarse, por el contrario, en la normativa sobre concurso internacional, normativa que, contiene, con carácter general, en el Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia y en los artículos 10-11 y 199-230 de la Ley Concursal. Las soluciones acogidas por el Reglamento de Insolvencia y por la Ley Concursal poseen una gran semejanza y responden a principios comunes. Sin embargo, existe una diferencia esencial entre una y otra norma, precisamente en la cuestión que se plantea en el presente recurso: el reconocimiento de una declaración extranjera de apertura de concurso.

El instrumento comunitario, establece en su artículo 16 el reconocimiento automático de las declaraciones de apertura adoptadas por las autoridades de un Estado miembro, al señalar que «Toda resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia adoptada por el tribunal competente de un Estado miembro en virtud del artículo 3, será reconocida en todos los demás Estados miembros desde el momento en que la resolución produzca efectos en el Estado de apertura» (vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de enero de 2010, as. C-444/2007). La regla del artículo 16 constituye una nueva expresión del ya mencionado «principio de confianza comunitaria» (vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de mayo de 2006, As. C-341/2000) y se complementa con la que contiene el artículo 17.1, según la cual, «La resolución de apertura de un procedimiento del apartado 1 del artículo 3 producirá, sin ningún otro trámite, en cualquier Estado miembro, los efectos que le atribuya la Ley del Estado en que se haya abierto el procedimiento ()». En otros términos, la declaración de apertura de un concurso adoptada por las autoridades de un Estado miembro debe reconocerse en el resto de Estados miembros ex lege y con los efectos que le atribuye el ordenamiento del Estado de origen, sin que, por lo tanto, sea necesario acudir a ningún procedimiento previo de homologación judicial de la decisión en el Estado en el que ésta se quiera hacer efectiva. A ello hay que añadir que el artículo 22 reconoce al Síndico de la quiebra la facultad de solicitar la inscripción de la declaración en cualquier Registro de un Estado miembro, siempre que se trate de una modalidad de Síndico incluida en el Anexo C del Reglamento.

Por el contrario, la regulación de la Ley Concursal relativa a la eficacia en España de las resoluciones extranjeras en materia concursal contenida en el artículo 220, parte de una concepción radicalmente diferente y somete el reconocimiento de la declaración de apertura extranjera al régimen de exequátur, lo que obligaría, con carácter previo a la inscripción, a acudir al procedimiento contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

Dada la primacía de los reglamentos comunitarios sobre el ordenamiento nacional, la aplicación de las soluciones contempladas en la Ley Concursal depende de que el supuesto quede fuera del ámbito de aplicación del Reglamento 1346/2000. En el caso concreto de las reglas que ahora resultan de interés para la resolución del presente recurso, esto es, las relativas al reconocimiento y declaración de ejecutividad de resoluciones en materia concursal, las soluciones del Reglamento 1346/2000 se aplican a todas aquellas resoluciones extranjeras que se quieran reconocer o declarar ejecutables en un Estado miembro, siempre que cumplan tres requisitos:

1) que hubieran sido dictadas en otro Estado miembro salvo Dinamarca, para la que no está en vigor este instrumento;

2) que las autoridades de tal Estado hubieran basado su competencia en las reglas del propio Reglamento, algo que, según el artículo 3, sucederá siempre que el deudor concursal tenga su centro de intereses principales en el territorio de un Estado miembro y;

3) que las resoluciones estuvieran incluidas dentro del ámbito material del Reglamento, para lo cual es necesario que hubieran sido dictadas en el marco de un procedimiento que cumpla los requisitos contemplados en el artículo 1 y además se encuentre recogido en los Anexos A o B del Reglamento. Fuera de estos casos, el reconocimiento de una declaración extranjera de apertura, provenga o no de un Estado comunitario, quedaría sometida al artículo 220 de la Ley Concursal y, con ello, al trámite del exequátur.

Es necesario además poner de manifiesto que un modelo de reconocimiento automático como el instaurado por el Reglamento de Insolvencia no implica la ausencia absoluta de control. Por el contrario, en el caso de que se pretenda el reconocimiento de una declaración de apertura de un concurso extranjero, el Reglamento permite denegar éste cuando sus efectos resulten manifiestamente contrarios al orden público del Estado requerido (artículo 26). En cuanto al reconocimiento del resto de resoluciones derivadas de un procedimiento concursal extranjero, el Reglamento añade, al margen de la eventual vulneración del orden público del Estado requerido, un motivo adicional de denegación: la ausencia de una limitación de la libertad personal o del secreto postal (artículo 26).

El Reglamento 1346/2000 posibilita la obtención del reconocimiento incidental de una resolución extranjera ante aquella autoridad del Estado requerido frente a la cual tal resolución se quiera invocar, sea aquélla una autoridad judicial o, como acontece en el presente supuesto, un Registrador. Ello supone que, en un caso como el presente, es al propio Registrador a quien corresponde, con carácter previo a la inscripción del título extranjero, controlar con carácter incidental si la resolución extranjera de declaración de apertura de concurso reúne los requisitos.

El propio instrumento comunitario exige un comportamiento activo del Registrador que le obliga, de un lado, a constatar que la resolución concursal extranjera queda dentro del ámbito de aplicación del propio instrumento y, en consecuencia, puede beneficiarse de su régimen privilegiado de reconocimiento y, de otro, que no se encuentra inmersa en uno de los motivos de denegación

Por otro lado, el Reglamento tampoco regula la forma y el contenido de la inscripción, lo que supone que ésta ha de respetar las exigencias de la autoridad que lleve el registro nacional, exigencias, claro está, cuyo cumplimiento también deberá ser verificado por el propio Registrador y entre las que se incluyen las relativas a la inscripción de documentos extranjeros contenidas en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria y 36 del Reglamento Hipotecario.

Debe señalarse además que siempre que resulte de aplicación el régimen de reconocimiento de resoluciones extranjeras contenido en el Reglamento de Insolvencia queda sin efecto la remisión del artículo 4 de la Ley Hipotecaria al sistema interno de exequátur contemplado en los artículos 951-958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

Una vez examinadas las circunstancias que concurren en el supuesto, la aplicación del Reglamento de Insolvencia resulta indiscutible. De un lado, las resoluciones cuya inscripción se solicita son dictadas por una autoridad de un Estado comunitario. De otro, otro, en la nota de calificación no se cuestiona ni el hecho de que los deudores concursales tengan su centro de intereses principales en un Estado comunitario ni la inclusión del procedimiento inglés dentro del elenco de procedimientos incluidos en los Anexos del Reglamento, por lo que el Centro Directivo no pueda ahora entrar a discutir ambas cuestiones.

El artículo 16 del Reglamento de Insolvencia parte del reconocimiento automático de las declaraciones extranjeras de apertura y permite al Registrador realizar un control incidental de la decisión en los términos antes apuntados. El Registrador invocaba, entre otras normas los artículos 38.1 y 39 del Reglamento, para justificar la necesidad de obtener el exequátur previo de las resoluciones inglesas y, desde luego, es cierto que el Reglamento 1346/2000 realiza una remisión en su artículo 25 a la regulación contenida en los artículos 31 a 51 del Convenio de Bruselas de 1968 (actuales artículos 38-58 del Reglamento 44/2001), con la excepción del artículo 34.2 (artículo 45.1 del Reglamento 44/2001). Ahora bien, al margen de que el Reglamento 44/2001 también contempla el reconocimiento automático y es el texto que sirve de modelo en este ámbito al propio Reglamento de Insolvencia, es necesario aclarar que tal remisión, al margen de no ser aplicable a las declaraciones de apertura sino al resto de resoluciones relativas al desarrollo y conclusión de un procedimiento de insolvencia, se refiere, no al reconocimiento, sino al procedimiento de obtención de una declaración de ejecutividad de tales resoluciones, es decir, al procedimiento para declarar ejecutable una decisión extranjera como paso previo a su posterior ejecución, un problema, por tanto, distinto al suscitado en el presente recurso.

90. LA INSCRIPCIÓN DE UN TÍTULO REQUIERE DETERMINACIÓN DEL OBJETO, TRACTO SUCESIVO Y LEGALIDAD DE LAS FORMAS EXTRÍNSECAS. Resolución de 14 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Enguera, por la que se suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de contrato de promesa de compraventa y cesión de derechos de usufructo y retracto.

La inscripción de la escritura de protocolización se suspende por falta de acreditación suficiente de la representación, por aparecer las fincas inscritas a nombre de personas distintas de los otorgantes, por indeterminación de derechos de los otorgantes, y por falta de legalidad en las formas extrínsecas del documento por el que se solicita la inscripción, no siendo objeto de recurso lo relativo a la promesa de venta.

Recuerda la Dirección General que el acceso al Registro de los títulos, exige que la descripción que en ellos se contenga de la finca objeto del correspondiente acto o negocio jurídico, permita apreciar de modo indubitado la identidad del bien inscrito y el transmitido, y al no describirse ni especificarse en el título las fincas afectadas por el mismo, no cabe suplir dicha omisión mediante una instancia, siendo preciso un nuevo otorgamiento.

En el recurso se alegó que al ser la cedente titular de la participación mayoritaria en la sociedad limitada, puede comparecer en nombre de la misma, lo que, como es lógico, no es admitido por la Dirección General, pues por imperativo legal la representación de la sociedad corresponde a sus administradores, y sin que se acredite por dicho accionista poder conferido por la sociedad. Por lo tanto, al no cumplirse el tracto sucesivo por no estar inscrito el derecho del transmitente en el Registro, también se desestima el recurso, haciendo constar que no se ha cumplido por el Notario con la exigencia impuesta por el artículo 98 de la Ley 24/2001.

Por último, se aprecia total indeterminación objeto, duración, contenido, etc.- en la pretendida cesión del retracto en contra de los principios de especialidad y rogación. El Centro Directivo declara que es imprescindible la determinación del contenido y extensión de las facultades que integran el derecho que pretende su acceso al Registro.

NOTA.- Salvo que existiesen razones derivadas de una estrategia procedimental desconocida, no era lógica la interposición de un recurso que no había por donde cogerlo. Llama la atención que se protocolicen en el 2009 unos documentos privados fechados en 1991 y 1993. La idea vulgar de que el propietario de unos títulos sociales es el propietario de los bienes de la sociedad es desechada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de diciembre de 2009, Recurso 1654/2005: la compra de las acciones todas de una sociedad que significa hacerse titular de la misma, significa que todos sus bienes, derechos y obligaciones quedan bajo control y uso y disfrute del adquirente, pero el propietario de éstas no es el adquirente, sino la sociedad adquirida. Por ello, no puede afirmarse que el objeto de la compraventa lo fue un hotel, ya que quedaría fuera del contrato los demás elementos patrimoniales que formaban el patrimonio de la sociedad adquirida. Obviamente de la titularidad de unas participaciones sociales no nace la posibilidad de representar a la sociedad con facultades para disponer de sus bienes que pueda ser apreciada notarialmente. (JZM)

91. AUTO JUDICIAL QUE NO ALUDE A FINCA REGISTRAL ALGUNA. Resolución de 15 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 7, a inscribir un testimonio de un auto judicial.

Se presenta un auto judicial y se deniega su inscripción por no referirse a finca registral alguna y no contener ningún acto inscribible.

El interesado recurre aludiendo a otros documentos presentados anteriormente, uno denegado y otro inscrito y solicita la nulidad de las actuaciones registrales, así como las correspondientes indemnizaciones.

La Dirección General confirma la nota en el sentido de que no procede ninguna inscripción toda vez que el documento no contiene referencia a finca alguna ni en él se solicita ninguna operación registral: todos los documentos inscribibles deben cumplir las exigencias del sistema registral español entre las que está la debida descripción de la finca, así como la determinación de los actos o derechos cuya inscripción haya de practicarse.

En cuanto a las cuestiones referidas a los documentos anteriormente presentados no pueden ser abordadas en el seno del recurso: respecto al documento despachado porque el recurso no procede cuando lo que se pide es cancelar un asiento ya practicado, ya que entre los medios que se establecen en el art. 40 LH para rectificar el Registro no esta el recurso gubernativo; y respecto de los documentos cuya inscripción fue en su día denegada, tampoco pueden ser objeto de debate ahora, pues el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directamente con la calificación, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (art. 326 LH) (MN)

*92. EL CONVENIO REGULADOR DE PAREJA DE HECHO NO PUEDE DOCUMENTAR DISOLUCION DE COMUNIDAD ORDINARIA.. Resolución de 16 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 3 de Alicante, a inscribir la adjudicación de un inmueble mediante convenio regulador de medidas paterno filiales con ocasión del cese de la convivencia de los progenitores aprobado judicialmente.

Se presenta una Sentencia en la que por mutuo acuerdo de los progenitores pareja de hecho, se aprueba la propuesta de convenio regulador en adopción de las medidas paterno-filiales. Además en el convenio hay un pacto relativo al domicilio común -vivienda adquirida por mitades indivisas extinguiéndose el condominio, adjudicándola a uno de ellos, obligándose el otro a facilitar todos los trámites, gestiones, escrituras y otorgamientos necesarios para la formalización de dicha extinción de condominio y su inscripción en el Registro de la Propiedad.

El Registrador deniega la inscripción porque entiende que la extinción de condominio habrá de elevarse a escritura pública, ya que el convenio aprueba solo las medidas paterno filiales.

La Dirección confirma la nota porque la sentencia aprueba la propuesta de convenio regulador en adopción de las medidas paterno-filiales, entre las que no se puede comprender el acuerdo de extinción de condominio sobre una finca. Así se desprende de la propia sentencia de la que resulta que el objeto del juicio es la guarda, custodia y alimentos de mutuo acuerdo; la aprobación del convenio se justifica por analogía a la regulación del procedimiento de separación y divorcio, no puede repugnar a la conciencia jurídica la regulación entre las partes de las relaciones paterno-filiales, siempre que los acuerdos no fueren contrarios a la moral o al orden público considerando que los mismos amparan suficientemente el interés de los menores; y en el fallo se acuerda la aprobación del convenio en adopción de las medidas paterno-filiales.

Además la Dirección aclara que aun cuando la Sentencia lo hubiera aprobado TAL PACTO NO SERÍA INSCRIBIBLE. Utiliza idénticos argumentos que la R. de 22-3- 2.010, dictada para el caso de disolución de comunidad de bienes sobre un inmueble adquirido en estado de solteros por cónyuges casados en régimen de separación de bienes. Es decir, que la posibilidad de inscribir la liquidación del régimen económico matrimonial que conste en el convenio ha de interpretarse en sus justos términos sin que pueda servir de cauce formal para otros actos que tienen su significación negocial propia. Así se ha admitido por ejemplo, que con ocasión de la liquidación de la sociedad de gananciales, puedan intercambiarse bienes privativos, pero siempre que se trate de de un negocio complejo, en el que la toma de menos por un cónyuge del remanente consorcial se compense con esa adjudicación a su favor de bienes privativos del otro cónyuge y no de negocios adicionales a la liquidación, independientes jurídicamente de ésta, con su propia causa; o también se ha admitido la adjudicación en convenio regulador de bienes adquiridos vigente el régimen de separación de bienes, pero porque hay distinciones con la comunidad romana: el reg. de separación solo puede existir entre cónyuges, por la afectación de los bienes al sostenimiento de las cargas del matrimonio, las especialidades en la gestión de los bienes de un cónyuge por el otro, la presunción de donación en caso de concurso de un cónyuge y de las limitaciones que para disponer se derivan del destino a vivienda habitual de un inmueble y nada de esto sucede en una comunidad romana.

En consecuencia no es admisible el convenio regulador, aprobado judicialmente, como documento de formalización de una disolución de una comunidad de bienes, adquiridos al margen o en ausencia de todo régimen conyugal, como sucede en el presente caso en el que de la documentación presentada no se deduce en forma alguna la existencia de pactos reguladores de las relaciones económicas de la convivencia de los miembros de la unión de hecho, o para liquidarlas tras su cese, conforme prevé el artículo 4 n.º 1 de la Ley Valenciana 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho, que pudieran asimilarse a estos efectos a un régimen conyugal. (MN)

*93. NO CABE LA OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA URBANÍSTICA POR SILENCIO POSITIVO CUANDO SEA CONTRA LEGEM. Resolución de 17 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad sustituto de Álora, por la que se suspende la inscripción de escritura pública de segregación y compraventa.

Hechos: Se presenta en el Registro la copia de la escritura de compraventa, previa segregación, otorgada el 27 de diciembre del año 2000, posteriormente subsanada el 28 de julio de 2009, acompañándose instancia del interesado presentada ante el Ayuntamiento, en la que se solicitaba licencia de segregación o declaración de innecesariedad y demás documentación acreditativa, a su juicio, de haberse producido el silencio positivo, habiéndose remitido al Ayuntamiento testimonio notarial de la copia de la escritura que se pretendía inscribir.

El Registrador en una extensa y fundamentada nota deniega la inscripción al resultar de los propios asientos del Registro que existen indicios de parcelación ilegal, no cabiendo conforme a la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009 la posibilidad de apreciar el silencio positivo contra legem, resultando ello del artículo 43.2 de la Ley 30/1992 de RJAP Y PAC, que si bien admite el silencio positivo, lo excepciona siempre que otra norma con rango de Ley establezca lo contrario, y ello sucedía en este caso, pues como disponía el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y ahora resulta del artículo 8.1.b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, no pueden entenderse adquiridos por silencio administrativo positivo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística.

Como cuestión previa, afirma la Dirección General que la exigencia formal de la calificación íntegra, no puede prevalecer contra el principio de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner en conocimiento los defectos que se observen aunque sea extemporáneamente, circunstancia que no se aprecia en el caso del recurso.

A continuación, reconoce el Centro Directivo que en reiteradas resoluciones había admitido el silencio administrativo positivo, una vez transcurrido el plazo legal, por lo que la posible ineficacia del acto, requería la correspondiente declaración al efecto, mediante el procedimiento de revisión; por lo que el Registrador debía practicar el asiento correspondiente si no constare que la segregación formalizada contradijese de forma manifiesta el planeamiento. Añade que, sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009 establece una doctrina jurisprudencial distinta, habiéndose dictado en interés de Ley, por lo que de conformidad con lo dispuesto el artículo 100.7 de la LJCA vincula a los jueces y magistrados y no puede en modo alguno ser desconocida por este Centro Directivo ni tampoco por Notarios y Registradores, quienes deberán tenerla bien presente.

Cita la Dirección General los preceptos de la Ley de ordenación Urbanística de Andalucía que exigen para las parcelaciones urbanísticas licencia de innecesariedad y su acreditación ante el Notario y el Registrador, así como la definición que del concepto de reparcelación urbanística nos ofrece la citada Ley, llegando a la conclusión que ello implica un especifico régimen urbanístico de fiscalización municipal previa, imponiendo mayor rigor cuando se pretenda otorgar o inscribir títulos sin ese control previo, por lo que ante la posibilidad de que los notarios y registradores carezcan de elementos de juicio suficiente acerca de que si el acto es o no contrario al planeamiento, cobra sentido el artículo 19.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, que faculta a los notarios para solicitar a la Administración Local información sobre la situación urbanística de las parcelas, y el artículo 79 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, que atañe a los Registradores.

Y una vez expuesto lo anterior, concluye la Dirección General afirmando que no puede entenderse adquirida por silencio administrativo positivo la licencia de segregación, por resultar del Registro que el terreno estaba calificado como no urbanizable de protección especial, existiendo indicios de parcelación ilegal según comunicación del Ayuntamiento, exigiéndose licencia o declaración de innecesariedad expresa; sin que, por otro lado, se aprecie indefensión en uno de los recurrentes, abogado, pues consta que ya conocía la calificación del terreno en otro recurso contra la calificación de otra segregación verificada en la finca matriz.

Comentarios.- El silencio administrativo positivo tiene su remoto origen en el derecho canónico medieval: el aforismo Qui tacet, consentire videtur, quien calla, otorga, es la regla 43 del título XII De regulis iuris, del Liber Sextus, de Bonifacio VIII, año 1298, que se incorpora al Corpus iuris Canonici, de donde pasó al Ius commune, estando vigente hasta la codificación canónica de 1917. En dicha Regula Iuris, desconocida en el Derecho Romano, según escribe la civilista de Deusto Gema Tomás en un trabajo publicado en Revue internationale des droits de l´antiquité, número 50, 2003, páginas 383 a 400, se inspiró el BGB en los parágrafos 151 y 516 y el Codice Civile para el artículo 1333, así como el artículo 461/12.3 de la Ley 10/2008, de 10 de julio, libro IV del Código Civil de Cataluña, en cuanto a la aceptación de las herencias a favor de los menores e incapacitados, valorando como aceptación a beneficio de inventario el silencio del representante legal durante el plazo fijado judicialmente. El precepto catalán recuerda el parágrafo 516 del BGB: Si la atribución se ha realizado sin la voluntad de la otra parte, el atribuyente puede requerir a aquélla para que se pronuncie sobre la aceptación de la donación fijando un plazo adecuado. Una vez transcurrido el plazo, la donación se tiene por aceptada si la otra parte no la ha renunciado con anterioridad. En caso de renuncia, se puede reclamar la restitución de lo atribuido conforme a las disposiciones sobre la restitución por enriquecimiento injustificado. El precedente inmediato del precepto catalán está en el artículo 1005 del Código Civil.

El profesor de Bolonia Dino da Mugello, redactor material de dicho aforismo, consideró que su aplicación exigía determinados requisitos: en primer lugar, requería de quien calla, que tuviese conocimiento del contenido y efectos sobre aquello que guarda silencio; en segundo lugar, que el que calla hubiera podido impedir el acto; y por último, que el acto fuera favorable al que calla.

En el derecho administrativo español el silencio positivo, regulado en la Ley francesa de !7 de julio de 1900, se desarrolla plenamente en el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, 1924, Ley Municipal, 1935, y leyes administrativas de los años cincuenta del pasado siglo.

Para comprender mejor el problema reproducimos de la obra de García de Enterría y Tomás Ramón Fernández Curso de Derecho Administrativo, tomo I, 2008, página 607, la siguiente frase relativa a las doctrinas existentes sobre la admisión o no del silencio positivo contra legem : Una primera orientación entendió, en obsequio a la siempre necesaria seguridad jurídica, que, producido el silencio, el proyecto queda aprobado en sus propios términos, como si hubiese recaído un acto expreso; una segunda, más sensible a la legalidad que a la seguridad jurídica, consideró que, en cambio, siendo el silencio creación de la Ley, difícilmente podría aceptarse que por esta vía pudiera obtenerse lo que la Ley prohíba, por lo que concluyó que el silencio suple, en efecto, el acto expreso, pero solo dentro de los límites de la Ley y hasta donde esta permita; finalmente, una tercera, en fin, encontró un punto intermedio entre las dos anteriores, aceptando, en principio, la obtención por silencio de todo lo pedido con la única excepción de que la autorización o la aprobación así ganada adoleciese de vicios o defectos esenciales determinantes de su nulidad. Añadiendo que la legislación urbanística se decantó desde el año 1975 por la segunda línea de interpretación, al no admitir, en ningún caso, que se entiendan adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de la Ley, Planes, Proyectos y Programas Urbanísticos. En Andalucía el artículo 20 del Reglamento de Disciplina Urbanística, Decreto 60/2010 de 10 de marzo, después de regular el silencio administrativo, prácticamente dice lo mismo que lo dispuesto en la legislación urbanística citada.

Ahora bien, a partir de la reforma del artículo 43.2 de la Ley 30/1992 por la Ley 4/1999, comenzaron a aparecer pronunciamientos de Tribunales Superiores de Justicia contrarios a la doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo, que no admitía el silencio positivo contra legem, destacando con sus distintos matices los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia, Madrid, Navarra y Andalucía. Este nuevo criterio doctrinal incluso fue recogido por la Dirección General de los Registros y del Notariado desde el año 2002 en diversas ocasiones, quebrándose tal orientación a partir de las Resoluciones de 21 de julio y 15 de septiembre de 2009, que ya citan la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009, cuya doctrina ha sido reiterada por las posteriores sentencias del referido Tribunal de 28 de abril y 7 de julio de 2010.

En Cataluña, la Resolución de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de 24 de febrero de 2009 mantuvo también la tesis de la admisión del silencio positivo contra legem, no obstante la desestimación tardía de la solicitud de licencia de parcelación, citando en su apoyo expresamente además de la legislación autonómica, análoga a la estatal, las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado que expresamente lo admitía. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de junio de 2009, Recurso 336, citando la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009, sigue sus directrices.

El mismo catastro en la circular 03.03/2006, de 27 de abril, sobre el tratamiento en el Catastro de las alteraciones por segregación o división de parcelas de superficie inferior a la unidad mínima de cultivo, permitía la inscripción catastral de dichas parcelas, siempre que se acreditase mediante el oportuno certificado que se han producido los efectos del silencio positivo. Dicho certificado de acto presunto no era necesario en esa fecha.

La Profesora de Derecho Administrativo María Teresa Cantó, al estudiar la aludida Sentencia del Tribunal Supremo, nos dice que prima el interés general en la protección de la legalidad urbanística frente al derecho del solicitante, en base a la difícil reparación ante una posible edificación ilegal. La Profesora de Derecho Administrativo Eva Destentado Aroca criticaba que era posible que la simple tardanza o desidia de la administración permitía que se terminasen consolidando, como hechos consumados, actuaciones que nunca deberían realizarse, considerando prudente que el silencio sea negativo en materia de licencias urbanísticas. El Secretario de la Administración Local de Bailén, provincia de Jaén, y Técnico del Ayuntamiento de Granada Rodrigo J. Ortega Montoro pone el dedo en la llaga cuando escribe en El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados al estudiar el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, número 10, Junio de 2010: Debemos recordar aquí, y nos movemos en el terreno de las razones de oportunidad o conveniencia normativa, que ese retardo intolerable en el otorgamiento de licencias urbanísticas, cuando se produce, viene dado en gran parte de los casos por la inactividad consciente y dolosa de nuestros ilustres munícipes, que amparan de forma meditada estas situaciones y que llevan finalmente a la consolidación de las obras ilegales, de complicada reversibilidad dado también el defectuoso ejercicio y práctica de las potestades de restablecimiento de la legalidad urbanística por aquéllos. Al final de estas notas haremos referencia a las repercusiones penales de dichas omisiones. En esta misma línea el profesor de Derecho Civil Luis Miguel López Fernández, al comentar en número 258, junio de 2010, de la revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, página 188, la Resolución de la Dirección General de 29 de Mayo de 2009, escribía que lo que está claro es que una legislación fundada en la bondad intrínseca del ser humano en general y del poder municipal en particular sirve para poco. En este contexto se comprende perfectamente el sentido del cambio jurisprudencial.

Por el contrario, el Abogado del Estado excedente Juan José Ignacio Vega Labella, en un brillante trabajo publicado en Actum Inmobilirario y Urbanismo, número 7, Junio de 2009, páginas 186 a 199, se muestra contrario a la Sentencia de 28 de enero de 2009, considerando que eximir a la Administración de su obligación de revisar la licencia obtenida por silencio administrativo es primar dos veces a quien ha incumplido su obligación. En el mismo sentido, el Abogado Pere Joan Torrent Rivert entiende que la Sentencia es altamente favorable a los intereses municipales originando inseguridad en el promotor, que deberá estar totalmente seguro de que su proyecto es totalmente conforme a la legalidad, al admitirse sólo el silencio positivo secundum legem en materia de licencia urbanística.

El articulo 43.1 de la Ley 30/1992 ha sido modificado por la Ley Ómnibus, Ley 25/2009 de 22 de Diciembre, añadiéndose que operará el silencio positivo administrativo, excepto en los supuestos en que una norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general establezca lo contrario, entre otros supuestos. La disposición adicional cuarta de dicha Ley Ómnibus dispone que a los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de acuerdo con la redacción dada por la presente Ley, se entenderá que concurren razones imperiosas de interés general en aquellos procedimientos, que habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley por normas con rango de Ley o de Derecho Comunitario, prevean efectos desestimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto.

El Secretario de la Administración Local Antonio Cholbi Cachá y el Técnico Vicente Merino Molins, interpretan el precepto en el sentido de que con dicha redacción se sigue inadmitiendo el silencio positivo en materia de licencias urbanísticas, al haber declarado el Tribunal Supremo que conforme al artículo 8 de la Ley del Suelo mantener la aplicación del silencio positivo es una doctrina errónea y gravemente dañosa para el interés general porque elimina una garantía encaminada a preservar la legalidad urbanística. El Secretario General del Ayuntamiento de Málaga y Profesor de Derecho Administrativo Venancio Gutiérrez Colomina, al estudiar el precepto en su nueva redacción concluye que se requerirá la modificación de las legislaciones urbanísticas autónomas, determinando específicamente las razones imperiosas de interés general del ámbito urbanístico, que produjeran el silencio negativo.

Desde un punto de vista civil, toda parcelación ilegal es nula, así el efecto práctico de la vulneración de la normativa sobre unidades mínimas de cultivo es el de la nulidad. Lo ha proclamado en aplicación de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias de 1.995, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2009: La jurisprudencia ha sometido a una importante revisión la orientación general anterior (SS. 30 de septiembre y 19 de Noviembre de 2008), en las que se sienta que no cabe seguir manteniendo la irrelevancia civil de la infracción de norma administrativa y que en cualquier caso el artículo 24 de la citada Ley 24/1995 es una norma civil, declarando la nulidad de la segregación de una finca dando lugar a otra de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo. Igual efecto produce la parcelación urbanística en suelo no urbanizable. El artículo 66 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la define como la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos. Dicha nulidad para el suelo no urbanizable está declarada por el artículo 68.3 de dicha LOUA.

Por último, penalmente tenemos que citar una importante novedad, la constituida por la reforma del Código Penal, en virtud de la Ley Orgánica 5/2010, que entrará en vigor el próximo 22 de diciembre. En la reforma se introduce una novedad demandada por la doctrina, en el delito de prevaricación urbanística, constituida por la tipificación de la omisión que se practique, castigándose en el artículo 320 a la autoridad o funcionario que con motivo de inspecciones hubiere silenciado la infracción de normas urbanísticas o que hubiera omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio. Se traslada aquí una disposición que ya estaba prevista para los delitos contra el medio ambiente.

El problema de fondo de la Resolución que estamos comentando es el de que al no admitirse en esta materia el silencio negativo contra legem, sólo el positivo, se plantea al Notario y al Registrador el interrogante de cuándo el silencio es positivo y no negativo, por ser secundum legem. Al no ser competencia del Notario ni del Registrador la anterior calificación, salvo en el caso excepcional que resulte del propio Registro, siendo competencia de la Administración Local, ésta de algún modo, tendrá que dictar una resolución, lo que en la práctica hace inoperativo y lento el sistema. También podrá pensarse que, aparte de la facultad de información que atribuye al Notario el artículo 19.4 del T.R. Ley del Suelo, el Registrador aplique lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 1093/1997 de 4 de Julio. A ambas posibilidades se refiere la parte dispositiva de la Resolución que hemos comentado. Bien pensado, el artículo 79 ha de incardinarse dentro del principio de coordinación entre Administraciones Públicas, exigencia constitucional, en definitiva una coordinación entre Administración Local y la Administración Pública del derecho privado, representada, en este caso, por el Registro de la Propiedad, para el cumplimiento de la legalidad urbanística dentro del ámbito específico de sus respectivas competencias. (JZM)

94. CAMBIO DE USO EN PROPIEDAD HORIZONTAL CON CLÁUSULA ESTATUTARIA, LA CUAL VINCULA A LOS PROPIETARIOS. Resolución de 18 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Elektra Arquitectura, SL, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 13 de Madrid, a la inscripción de una escritura de obra nueva y cambio de uso de una finca perteneciente a una propiedad horizontal.

Se plantea que si constando en los Estatutos de una Propiedad Horizontal que los elementos privativos se destinarán únicamente a viviendas o locales según vengan caracterizados en el título constitutivo y que la modificación de la fachada requerirá autorización de la Comunidad, puede inscribirse el cambio de local a vivienda de un elemento privativo, con la modificación correspondiente en la fachada, por la única voluntad de su propietario.

La Dirección General confirmando la calificación, sostiene que los estatutos delimitan el contenido del derecho constituido por la propiedad horizontal de manera que no pueden dejar de aplicarse por voluntad unilateral de un propietario, ya que en otro caso podría producirse un perjuicio a los derechos de los demás, que han adquirido su piso o local en el entendimiento de la aplicación de los mismos.

Frente a la alegación del recurrente de que otra escritura análoga ya se había inscrito en el mismo Registro mantiene el Centro Directivo que al Registrador no le vinculan las calificaciones de sus antecesores en el cargo, ni siquiera las realizadas por él mismo anteriormente. (MN)

95. ACTA DE MANIFESTACIONES PRETENDIENDO MODIFICAR EL CARÁCTER GANANCIAL DE DETERMINADOS DERECHOS. Resolución de 19 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Valencia de Don Juan, a inscribir un acta notarial de manifestaciones.

Hechos: A casado con B, procede a comprar determinadas participaciones de fincas, manifestando en la escritura de compra que se encontraba casado en régimen de gananciales y que adquiría para su sociedad ganancial, y en tales términos se inscribió la escritura en el R de la P.

Años más tarde y mediante un acta de manifestaciones, formalizada unilateralmente por dicho señor A (y sin intervención de la esposa), aquel hace constar que hubo un error en aquella escritura, por cuanto no estaba casado en régimen de gananciales, sino en separación absoluta de bienes, dada su vecindad catalana, por lo que las participaciones adquiridas eran privativas del mismo. Al acta acompañaba una serie de certificados de empadronamiento con los que acreditaba su vecindad catalana, así como que había contraído matrimonio teniendo esta vecindad.

El registrador rechaza la rectificación dado que para ello sería necesaria la intervención de la esposa o resolución judicial de acuerdo con el artículo 40 de la LH.

La DG rechaza el recurso y ratifica la calificación del registrador, ya que una vez practicados, los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, siendo necesario para ello el consentimiento de los titulares o la oportuna resolución judicial.

Y si bien es cierto que en determinadas ocasiones la DG ha permitido que a través de una documentación fehaciente y auténtica se puedan rectificar determinados asientos (Rs 5-5-78, 6-11-80, 10-9-2004), no basta ahora para llevar a cabo la subsanación tabular la mera petición de parte interesada acompañada de documentos que aclaren y acrediten el error padecido, ya que en el presente caso, lo único que se acredita es la vecindad del comprador al tiempo de la compra, pero no la ausencia de una declaración contraria al cambio de vecindad o de régimen económico. (JLN)

*96. REGISTRO MERCANTIL. PUBLICIDAD FORMAL: INTERÉS LEGÍTIMO Y PROTECCIÓN DE DATOS. Resolución de 29 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Palencia n.º 2 y Mercantil, a expedir cierta información registral por medio de certificación relativas a diversas sociedades mercantiles inscritas en el citado Registro Mercantil.

Hechos: Se solicita de un Registro Mercantil certificaciones literales referidas a tres sociedades, señalando concretamente las inscripciones a las que debe referirse la certificación. Se alega como interés en la solicitud la de investigación de bienes y presentación en el Juzgado. La solicitante según manifiesta es Abogada.

El Registrador deniega la publicidad formal solicitada por estimar que el interés alegado no es suficiente para la expedición de las certificaciones referidas, aparte de que la legislación de Protección de Datos de carácter personal veda la solicitud por la amplitud de la misma.

Se recurre poniendo de manifiesto el carácter público sin cortapisas del Registro Mercantil, así como diversas sentencias que abonan la expedición de la información solicitada.

Doctrina: La DG, en una extensa y fundamentada resolución, revoca la negativa del registrador a suministrar la información solicitada, fijando de forma resumida los parámetros a los que debe ajustarse la publicidad formal en general, y en el Registro Mercantil en particular.

1. Para solicitar información registral es necesario tener un interés, directo, conocido, patrimonial y legítimo y debe justificarse ante el registrador.

2. El interés se presume en los casos de empleados públicos o funcionarios que actúen por razón de su cargo u oficio.

3. La publicidad formal debe excluir los datos carentes de trascendencia jurídica, debiendo ser precisa y fiel pero sin extenderse a más de lo que sea necesario al solicitante.

4. En el ámbito del Registro Mercantil, el interés del solicitante se presume y por ello a diferencia de lo que ocurre en el Registro de la Propiedad, no debe probarse a satisfacción del registrador.

5. No obstante lo anterior, también el Registro Mercantil queda afectado por las normas sobre protección de datos de carácter personal y por ello queda bajo la responsabilidad del registrador la atención a las consultas sobre datos personales (Art. 12.3 del RRM). Estos datos personales no son sólo los que afectan a la vida íntima de la persona, sino todos aquellos datos personales cuyo conocimiento pueda afectar a sus derechos sean o no fundamentales.

6. Los datos personales no podrán ser objeto de publicidad para finalidades distintas de la propia institución registral.

7. El titular registral tiene derecho a ser informado de las personas que recaban información sobre su persona y bienes.

8. Finalmente dice la DG, que una denegación de publicidad formal sólo puede referirse a los datos sin relevancia patrimonial ajenos a la finalidad del registro y a datos carentes de relevancia jurídica.

Comentario: Lo limitaremos al ámbito en el que se plantea la resolución, es decir en el ámbito estricto del Registro Mercantil.

Sin profundizar excesivamente en la materia, nos parece que en la publicidad registral mercantil podemos tener en cuenta estos principios:

1. La principal diferencia entre el RP y el RM, en materia de publicidad formal, es que en el RM el interés se supone y por tanto basta con solicitar la información que se desee sin más especificaciones para que la solicitud sea atendida. El RM es público (Cfr. Art. 23 Coco y 12 RRM).

2. En el RM, dado su objeto, es realmente difícil que existan datos íntimos de las personas que caigan bajo la Ley de Protección de Datos de carácter personal.

3. En cambio sí existen datos personales, referidos al NIF de las personas físicas, su estado civil, o su domicilio que en ocasiones habrá que preservar de la publicidad registral omitiéndola, bien en las notas simples literales o bien en las certificaciones de la misma clase.

4. No obstante, sólo en caso excepcionales, estimamos que deben suprimirse dichos datos de la publicidad formal que da el Registro, pues aparte de no ser datos íntimos, sino normalmente conocidos o que pueden llegar a ser conocidos por todos, en múltiples ocasiones la publicidad formal solicitada tendrá como finalidad conocer dichos datos, bien por motivos de reclamaciones judiciales o bien por motivos simplemente de saber quién puede actuar en representación de la sociedad. Es decir dichos datos caen bajo la esfera de la propia finalidad del RM: Dar seguridad al tráfico jurídico mercantil y facilitar las transacciones mercantiles.

5. Lo importante para nosotros, en materia de datos personales a reflejar en los libros del Registro y que por tanto puedan ser después objeto de publicidad registral, está en no consignar más datos de los estrictamente necesarios y que son obligados por el RRM, dependiendo de la clase de asiento que haya de practicarse.

6. Por ello para identificar a las personas sólo será necesario indicar su nombre y apellidos, su estado, si bien este último ha declarado la DG que no es estrictamente necesario, su domicilio y su NIF (Cfr. Art. 38 RRM). Por tanto ni es necesario reflejar la profesión, salvo para las sociedades profesionales, ni el nombre del cónyuge, salvo que se aporten bienes y deba prestar su consentimiento, ni su régimen económico matrimonial. El no consignar el estado civil tampoco es defecto que impida la inscripción.

7. El mismo trato debe darse al resto de los acuerdos inscribibles, no haciendo constar a suscriptores en los aumentos de capital cuando las aportaciones son dinerarias, ni los números de cuentas en las que se hacen los ingresos, ni la distribución de acciones o participaciones en casos de transformación, fusión o escisión, ni ningún otro dato que, insisto, no venga estrictamente exigido por alguna norma legal o reglamentaria.

8. Si así se hace, lo que debe darse por supuesto, la publicidad mercantil podrá ser literal a petición del solicitante, sin temor a incidir en la Ley de Protección de Datos de carácter personal, pues sabremos en todo momento que en los asientos sólo existen datos puramente económicos, o tan íntimamente relacionados con los datos económicos, que pueden ser objeto de publicidad registral sin cortapisas. De poco serviría, por ejemplo, decir que el administrador es determinada persona, si no damos más datos de identificación, pues el interesado en contratar con la sociedad a través de dicha persona no sabría realmente si está contratando con ella o con otra distinta con su mismo nombre y apellidos e incluso se puede causar un perjuicio o molestia a esa persona al ser confundida sin necesidad con el administrador o apoderado de una sociedad.

9. Podemos concluir diciendo que si cuidamos el contenido de las inscripciones evitando que en ellas se reflejen datos innecesarios o a veces incluso perturbadores, la publicidad registral mercantil puede y debe ser total y sólo en casos muy excepcionales, que no eran los del recurso, aunque tampoco sabemos qué constaba en las inscripciones solicitadas, limitar o excluir determinados datos personales o íntimos que sólo de forma muy limitada pueden figurar en los libros del registro.(JAGV)

Fuenlabrada, Santa Fé, Bilbao, La Laguna, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Boltaña, a 2 de septiembre de 2010.

LISTA DE INFORMES

NORMAS 2002-2010

RESÚMENES DE NORMAS

RES.DGRN POR MESES

INFORME Nº 191. (BOE de AGOSTO de 2010)