[1] En aquel momento el tipo de gravamen era el 0,50%. Después se cedió la competencia para la determinación del tipo a las Comunidades Autónomas, lo que aprovecharon casi todas para subirlo al 1%. Hoy, Cataluña ya va por el 1,20%.

[2] Se discute entonces si  la equiparación que de la condición resolutoria en garantía del precio aplazado hace a la hipoteca el art. 7-3 del Decreto-Legislativo 1/1993 se extiende a la exención del IAJD de que goza la cancelación de hipoteca o, por el contrario, resulta gravada por este impuesto al tipo general en la práctica del 1%. En contra de la exención se ha pronunciado tradicionalmente la Dirección General de Tributos pero a favor puede verse la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 10 de junio de 2008.

[3] Lo que tradicionalmente ha aligerado de la previa liquidación la inscripción en el Registro Mercantil de actos claramente no sujetos como el cese y nombramiento de administradores, la modificación del objeto o domicilio social o el otorgamiento de poderes; si bien por lo que a la tesis de este trabajo afecta, los obstáculos para la tramitación telemática derivaban aquí de la necesidad de proveer al Registrador Mercantil de los fondos necesarios para la publicación en el BORME.

[4] Primero en papel y después, dependiendo de cada Comunidad Autónoma, telemática, pero liquidación al fin y al cabo, y todo trámite cuesta tiempo y dinero.

[5] Aunque dicha reforma fue anulada parcialmente por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008 (publicada en el BOE de 16 de junio de 2008), los arts. 284 a 286 se salvaron de la quema pretendida por el Colegio de Registradores, por entender el alto tribunal que "... no guardan relación alguna con los intereses que representa el Colegio recurrente...".

[6] Con antecedente, por ejemplo, en las Resoluciones DGRN de 23 de abril de 2007 (aceptación de una hipoteca unilateral en favor de la seguridad Social) y 9 de julio de 2007 (adjudicación en pago de deuda a favor del Instituto de Crédito Oficial): "... Lo contrario sería... entorpecer injustificadamente la necesaria agilidad en la contratación inmobiliaria y mercantil, y supondría reducir la función registral calificadora a una actuación puramente mecánica...".

[7] Funcionarios públicos, juristas cualificados... y, muchas veces, los liquidadores mismos del impuesto.

[8] Como excepción y en favor de la apreciabilidad registral de oficio de la exención de las cancelaciones hipotecarias, se manifestó en esta misma web el Registrador José-Félix Merino Escartín.

[9] Algo sesgada, pues si preguntas ¡qué te van a decir! La clave está en las ganas de apreciar de oficio la exención y no en si el acto es de objeto valuable, que lo es. Y ganas había pocas, como prueba el comentario pseudoinstitucional a la Resolución del nº 49 del Boletín Informativo Tributario editado por el Colegio de Registradores.

[10] Que supongo que están en el mismo sitio a donde van los besos que no damos, que diría Víctor Manuel.

[11] "... Y si lo que un político le pide a un experto son soluciones, a ser posibles baratas, modernas y vistosas, ahí va una: eliminemos en lo posible los obstáculos que en la práctica dificultan la presentación telemática del documento notarial en el Registro de la Propiedad, y el principal obstáculo práctico es la previa acreditación de la presentación del documento a liquidación fiscal para su inscripción (art. 254 de la Ley Hipotecaria). Claramente es una medida coactiva para que la gente pague los impuestos devengados por el acto o contrato de que se trate, pero ¿tiene actualmente razón de ser esta medida cuando dicho acto no está sujeto a impuesto alguno o, estándolo, goza de una clara exención en el mismo? Evidentemente, no. El caso paradigmático es el de las escrituras de carta de pago y cancelación de préstamos hipotecarios, que desde 2001 están exentas del Impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos documentados (art. 45-18 de su Ley reguladora). Y es que las normas deben interpretarse conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas (art. 3 del Código Civil), y el art. 254 de la Ley Hipotecaria (cuya redacción oficial fue aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946) es de un tiempo de "cartillas y cupones" y no de los modernos sistemas de información y tratamiento de datos en los que la garantía de la Administración Tributaria no es el sellito impuesto en un papel con la mano izquierda por un funcionario (muchas veces el mismo tipo que con la mano derecha ha suspendido la calificación) sino el suministro masivo de información parametrizada (por ejemplo, la remisión notarial quincenal a todas las Administraciones implicadas del Índice Único informatizado y su equivalente registral). Y es que si estuviésemos hablando de un complicado beneficio tributario que dependiera de la concurrencia de requisitos adicionales o posteriores que no pudieran apreciarse en el procedimiento registral por un profesional altamente cualificado, lo entendería, pero es que estamos refiriéndonos a la típica cancelación por pago de una hipoteca. Solución: Reforma del art. 54 del Decreto-legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y su reflejo registral, el art. 254 de la Ley Hipotecaria. Beneficios: - Se asegura la presentación por un "tercero de confianza" para todas las partes implicadas y se posibilita la tramitación telemática. - Se reducen costes al vendedor/promotor toda vez que, una vez practicado el asiento, no precisa de copia o certificación alguna en papel; ni se ve forzado a encomendar su tramitación a un extraño elegido normalmente por la entidad financiadora de su contraparte, al precio impuesto por la misma y con exigencia de provisiones previas; ni tampoco a perseguir a ese tercero extraño para que le facilite las correspondientes documentos acreditativos de los gastos deducibles. - Se garantiza al comprador/consumidor la libertad de cargas pues simultáneamente a su compra se ha presentado en el Registro la cancelación (siempre, claro está, que se potencie por parte de quienes tienen encomendada la defensa de los consumidores tal comparecencia de la entidad de crédito), evitando así diferir el otorgamiento de la correspondiente escritura de carta de pago a no se sabe cuándo. Inconvenientes: Ninguno, pues la Administración Tributaria no deja de ingresar nada porque nada había que ingresar; y tampoco experimenta merma de la información que le pueda ser necesaria para otros fines sino que, al contrario, la ha recibido ya previamente y en un formato que le es mucho más accesible...".

[12] Una sistematización parcial de la modificaciones tributarias introducidas puede verse en "Variaciones fiscales andaluzas en la documentación notarial (6ª versión)" en groups.google.es/group/levante-notarial.

[13] No ignoro que la Resolución DGRN de 19 de mayo de 2009 rechazó tal domiciliación para proveer al Registrador Mercantil de los fondos necesarios para atender éste a los gastos de publicación en el BORME, pero se trataba de una imposición unilateral del obligado... y aquí y ahora la correlación de fuerzas es la inversa.