UNA VISION REFLEXIVA SOBRE LA CRISIS, UNA PREDICCION SOBRE SU EVOLUCION Y ALGUNAS RECETAS PARA SALIR VIVOS DE ELLA

UNA VISION REFLEXIVA SOBRE LA CRISIS, UNA PREDICCION SOBRE SU EVOLUCION Y ALGUNAS RECETAS PARA SALIR VIVOS DE ELLA

La dramática situación actual que a todos nos preocupa y afecta y, a mi modesto entender, el desconocimiento por la mayoría de la gente, por falta de información o de formación de donde estamos actualmente y hacia donde nos dirigimos son las que motivan estas líneas.

La situación actual es fruto de una serie de causas, algunas nacionales, y otras internacionales, algunas predecibles y otras impredecibles.

1.- La causa internacional es básicamente la crisis financiera derivada del desmoronamiento de la banca de inversión, basada en la especulación pura y dura y por tanto en el engordamiento artificial del precio de las cosas, y en las hipotecas subprime, que en esencia son créditos insuficientemente garantizados, y que al ponerse en circulación mediante la titulización, han dejado al vencimiento de las mismas sin garantías, y por tanto sin posibilidad de recuperar su inversión, total o parcialmente, a los inversores. Ello ha determinado la desconfianza en los inversores y como consecuencia de ello, el cierre casi total de flujos de dinero y por tanto de crédito tanto dentro de los países, como de un país a otro. Esta causa es lo que hace que la crisis sea sentida como una crisis internacional, porque sin crédito no hay Economía, y por tanto hasta que no se depuren las inversiones toxicas, éste no se reactivará. Evidentemente las ayudas estatales, ya sean mediante apertura de crédito directamente Estado-Inversores (las Entidades de Crédito) o bien directamente mediante su nacionalización total o parcial, tienen el objetivo de sostener el sistema financiero hasta que se produzca esa depuración. A mi juicio, pese a las críticas que esta medidas sufre desde algunos sectores por el hecho de que no se esté trasladando tales créditos a las familias y las PYMES, cuestión sobre la que después volveré, es una medida absolutamente imprescindible. El colapso del sistema financiero, nos devolvería prácticamente a la Edad Media, por lo que es imprescindible apuntalarlo para que una vez superada la fase aguda de la crisis y depurada la toxicidad siga desarrollando su función, pues como antes dije, sin crédito no hay Economía.

2.- Las causas nacionales, por desgracia, son las que hacen que en España la crisis se este sintiendo de forma más acusada y a mi juicio, las que harán que sea más prolongada en el tiempo. A mi juicio son tres: el crédito, el consumo y el empleo.

2.a.- El crédito.- La falta de crédito antes explicada en España esta teniendo un efecto devastador por varios motivos:

-por un lado, porque España los últimos ocho años ha venido siendo un país fuertemente importador de crédito, es decir nuestra Economía se ha alimentado básicamente de crédito procedente del extranjero. Por tanto, cerrado el grifo de golpe, el parón económico ha sido abrupto, pues no había recursos nacionales para sustituir la falta de crédito procedente del extranjero. Es por ello que las inyecciones de capital que se están haciendo al sistema financiero para sostenerlo no esta pasando a las familias y a las PYMES. No llega, ni llegara a corto plazo, porque tales inyecciones como mucho, servirán para evitar el colapso del sistema financiero en la fase aguda de la crisis, devolviendo su dinero a los inversores que habían prestado a nuestras Entidades de Crédito, al vencimiento de las titulizaciones por ellas emitidas. Como antes dije, la prioridad es salvar el sistema financiero, y por ello, antes de seguir dando crédito a las familias y a las PYMES, es prioritario devolver su dinero a los inversores, para garantizar que los flujos sigan abiertos en el fututo para nuestro país, pues la crisis financiera internacional no tendrá una duración excesivamente larga, a mi juicio, como después explicaré.

-por otro lado, por que las continuos fraudes en los modelos de inversión, tanto nacionales como internacionales (FORUM, Madoff, hundimiento de las Bolsas en 2008, quiebra sistemática de la Banca de Negocios) han llevado a que los ahorradores huyan de todo lo que huela a inversión y por tanto a riesgo. Ello no solo ha afectado a los grandes inversores, si no también, y lo que es peor, a los pequeños ahorradores, que han visto como sus ahorros se han volatizado como consecuencia de inversiones cuyo alcance no les fue explicado nada más que por la otra parte contratante, sin luz y taquígrafos, en el momento de su contratación.

-la desconfianza ha determinado también la extinción de otra fuente de financiación que había surgido en los últimos años, en un sector concreto, pero de gran peso en nuestra Economía, como era la compra sobre plano. Dicho instrumento facilitaba financiaciación al promotor a cambio de un descuento sobre el precio final terminado. Este mecanismo de financiación entró en crisis también por dos motivos:

*por un lado porque el perfil del comprador sobre plano cambió se paso del inversor al especulador, en el que el que compraba no lo hacia en atención a sus propios recursos buscando una rentabilidad a medio plazo derivada de la reventa del producto terminado transcurrido un plazo razonable o de la rentabilidad derivada de su alquiler, si no que paso a ser el que sin recursos compraba confiando en poder vender a corto plazo sacando una rentabilidad y sin tener que asumir los compromisos adquiridos, pues por otra parte no tenia capacidad para ello. Ello fue una de las causas, no la única, de impulso de los precios de la vivienda.

*por otro lado la confianza que merecía la gran empresa promotora derivada de una apariencia de solvencia, sobre la que después volveremos, entro en crisis al comprobarse que esta no era tan solvente como aparentaba, y que existe un riesgo real de perder la inversión realizada sobre plano, pues los bienes están hipotecados a favor de la Entidad de crédito, y gravados subsidiariamente con los créditos refaccionarios de los proveedores, contando estos compradores sobre plano con un simple documento privado de compra, sin valor traditorio, ejecutivo ni preferencia alguna.

-y finalmente, en España, pese a lo que se nos ha dicho sí existen créditos subprime. De varios tipos además:

-hipotecas subprime, las hay, aunque la verdad en un nivel muy inferior que en otros países. En España solo se pueden encuadrar en esta categoría las constituidas en garantía de préstamos con los que se financiaba la compra de suelo rústico con el objeto de incorporarlo a procedimientos de transformación en suelo urbano. Estos créditos son subprime pues se basaban en el artificio de tasar los terrenos por un porcentaje del valor que tendrían cuando estuvieran transformados, obviando que los plazos de desarrollo eran muy variables pues dependían de una serie variables extrínsecas cambiantes, como eran la mayor o menor agilidad de la Administración actuante, la capacidad de crédito del promotor que asumía la transformación, y sobre todo, la demanda futura de suelo transformado, y lo que es peor el suelo rústico pendiente de transformación no valía en lo que se estaba tasando, pues su valor real no era el de suelo urbano con un pequeño descuento, si no que al contrario, debía ser el de suelo rústico, con un pequeño incremento, habiendo una gran diferencia entre uno y otro. El legislador cuando descubrió el artificio limito por ley esa forma de valorar el suelo rustico pendiente de transformación, medida buena en si misma, pero que al suponer un cambio radical de la forma de tasar y por tanto de valorar, impidió la renovación de los prestamos y créditos garantizados con estos activos, que vieron disminuir su valoración en un 90% de un día para otro.

-los pagarés y su descuento bancario en masa. Esto es lo que podríamos llamar la financiación opaca. Como sabemos, muchas empresas de todos los sectores de actividad económica del país, no solo de la construcción, han creado una especie de financiación paralela a la típica de acudir a las Entidades de Crédito y esta era la del pagaré. Inicialmente su uso empezó como un instrumento de crédito complementario, es decir, allí donde no llegaba el crédito gestionado por las Entidades de Crédito (y controlado por el Banco de España, no lo olvidemos) llegaba el pagaré, por ello en un principio el pago a proveedores era en un porcentaje alto en metálico, previa financiación por las Entidades de Crédito y en un porcentaje relativamente pequeño, mediante pagares a 60 ó 90 días cuando se calculaba se habría vendido a un tercero el producto o el servicio.

El problema se ha producido cuando este sistema, bastante razonable en su origen, pero fuera de los circuitos de control institucional, se envileció de forma descontrolada.

En un primer momento, disminuyéndose el porcentaje pagado en metálico, hasta incluso desaparecer y aumentando los plazos de vencimiento de los pagares hasta los 18 e incluso los 24 meses. Con ello, se producían varios efectos perniciosos. Por un lado se desligaba al pagare de su función original, ya no cubría lo que no cubría el crédito gestionado por las entidades de crédito, si no que incluso frecuentemente se superponía a este, dándose el caso bastante frecuente, de que en atención por ejemplo a una obra que se estaba realizando se obtenía un préstamo con garantía hipotecaria sobre el inmueble pero en vez de usar ese crédito para pagar a los proveedores, se les pagaba a estos con pagares, con lo que se obtenía un doble ingreso, el del crédito, y el de la prestación de servicios y recepción de bienes cuyo pago en ambos casos se aplazaba en el tiempo, de modo que se obtenían ingresos inmediatos, y se aplazaba su devolución.

Una vuelta de tuerca más se dio cuando se desligó el vencimiento de esos pagares de la fecha estimada de transmisión a un tercero del producto o el servicio, pues ya no se pretendía abonarlos cuando se transmitiera éste, si no que se haría con parte del préstamo obtenido para financiar la siguiente obra. De esa forma, los proveedores recibían el pagare como una especie de papel moneda emitido por una determinada empresa, y cuya garantía era la confianza que merecía la Entidad Libradora, pues era imposible conocer por el que recibía el pagaré el grado de endeudamiento y por tanto de solvencia de la entidad que le daba el pagaré, pues en ningún sitio quedaba reflejado el volumen de deuda que por este medio tenia asumida cada empresa. Por tanto, la única base de esa confianza, era la apariencia de solvencia.

El sistema se envileció aun mas por dos vías, por un lado el emisor del pagaré no discutía sobre el precio, al revés ofrecían grandes beneficios a sus proveedores y grandes volúmenes de trabajo, solo había una condición innegociable, el pago se haría mediante un pagaré. Ello supuso un rally alcista de precios en los sectores donde operaba el pagaré en masa, pues los empresarios se veían abocados a ofrecerles uno beneficios similares a sus proveedores para no perderlos, y como ello no era posible con pagos en metálico, tenían que entrar en el juego de los pagarés.

Por otro lado, el descuento bancario ofrecía la posibilidad de cobrar el pagaré sin esperar al vencimiento, pero con una consecuencia trascendental: la responsabilidad solidaria del que descontaba para el caso de que el pagaré no fuera atendido a su vencimiento, lo cual de facto lo convertía en socio del librador del pagaré, y codeudor frente a la Entidad de Crédito. Con éste ultimo paso el crédito toxico pasaba al circuito financiero ordinario, y se convertía en un crédito subprime

Por ello, cuando el consumo y la actividad se reduce aparece la imposibilidad de dar salida a los productos ya elaborados y con ello está llevando a que los pagares no estén siendo atendidos a su vencimiento, por lo que empresas que han prestado sus servicios como proveedores y han pagado sus deudas a sus propios acreedores, con el metálico obtenido del descuento del pagaré, están entrando en situación de colapso al serles reclamado el importe de los pagares descontándoos y no atendidos al vencimiento, y las Entidades de Crédito tienen un volumen ingente de pagarés descontándoos que no saben si cobraran.

-los créditos a PYMES.- Su toxicidad viene por la falta de garantía en cuanto a su devolución, por ello en el estado actual de la crisis se ha cerrado su financiación. Como antes dijimos, sin crédito no hay Economía, pero sin seguridad en la recuperación de la inversión, no habrá inversión, y por tanto tampoco habrá crédito.

La laxitud en la concesión de crédito a las mismas ha llevado a estas al sobreendeudamiento, bien por vía directa, solicitando créditos o prestamos no respaldados por activos líquidos, sino por una contabilidad, la mayoría de las veces ni siquiera auditada, y por un capital social, generalmente de 3.006 Euros, ridículo para responder frente a sus acreedores del volumen de deuda derivado de su actividad, y por vía indirecta, como antes vimos, mediante el descuento bancario que los convertía en socios de sus clientes, con responsabilidad solidaria con ellos por los pagares descontados

-la financiación de operaciones corporativas con los propios activos de las sociedades intervinientes. Pese a estar expresamente prohibido por la Ley en los últimos años hemos presenciados con asombro múltiples operaciones corporativas en las que el pez chico se comía al pez grande contra toda lógica de mercado, en las que el advenedizo se comía al experimentado ¿Cómo era eso posible? Pues precisamente infringiendo la ley, pues la financiación de tales operaciones estaba garantizada esencialmente con las participaciones de capital social adquiridas, que al suponer una toma de control de la Sociedad, suponía en la practica que la adquisición estaba garantizada con los propios activos de la Sociedad absorbida, cuando no se acudía directamente a la hipoteca directa de tales activos para garantizar la financiación a través de la que se tomaba el control de dicha Sociedad.

2.b.- El Consumo.- Como causa cumulativa en nuestro país, el principal motor económico a diferencia de lo que muchos dicen, no ha sido la construcción, sino el consumo. En estos años de bonanza, los españoles nos hemos lanzado a una fiebre consumista y se ha instaurado una conciencia de cigarra y no de hormiga. Pese a que el paro ha estado en niveles históricamente bajos durante varios años, a niveles reales de cuasi-pleno empleo y que como consecuencia de ello una mínima cualificación profesional era bien retribuida por el mercado pues había sobredemanda, la consecuencia no ha sido una filosofía de ahorro de parte de los ingresos para cuando vinieran las vacas flacas, sino que más bien al contrario, la retribución no determinaba el nivel de gasto y ahorro, sino que al contrario, lo que determinaba era la capacidad de endeudamiento, calculada además sobre el mejor escenario posible, tipos de interés bajos y confianza en que el puesto de trabajo se mantendría indefinidamente en el tiempo. Evidentemente, se partía de un doble error de partida, por un lado se olvidaba que los tipos necesariamente serian cambiantes, pues es casi la única arma de política económica del Banco Central Europeo, y por otro que el porcentaje de trabajadores indefinidos, descontando los funcionarios, es irrisorio, lo que invitaba a predecir que ante cualquier disminución del consumo, por pequeña que fuera determinaría que un porcentaje equivalente de trabajadores serian expulsados del mercado laboral, engrosando las listas de paro y con gran dificultad para abonar las deudas asumidas. Y esa capacidad de endeudamiento ha sido usada hasta sus límites máximos, por lo que cuando los axiomas invariables en que se basaba, han variado, el sistema ha entrado en crisis.

Como es evidente, las dos causas ya aludidas se retroalimentan, el parón del crédito ha supuesto un parón en el consumo, y un parón en el consumo supone una disminución en la necesidad de producir bienes y servicios y por tanto un aumento del paro, y un aumento del paro supone mayor disminución del consumo, y por tanto una mayor disminución aun de la demanda de bienes y servicios, y por tanto mayor paro ¿y así hasta cuando? Hasta que se restablezca el equilibrio entre oferta y demanda.

Este consumo ha tenido estos años dos producto estrella, los inmuebles (especialmente la vivienda) y los coches. La capacidad de endeudamiento ha sido utilizada fundamentalmente en estos dos productos, que además son los que requieren un esfuerzo inversor mayor, y por tanto un endeudamiento más prolongado en el tiempo. Ello ha tenido como consecuencia, por un lado que se han gastado recursos aun no generados, y por otro que estos dos sectores de producción con gran peso en el empleo, directa e indirectamente, estaban sobredimensionados, y por ello, ante la disminución de la demanda, han tenido que disminuir la producción, y por tanto prescindir de trabajadores lo cual debilita aun más el consumo, entrando en la espiral antes analizada. Este endeudamiento se ha articulado fundamentalmente a través de dos vías, la hipotecaria, que en la practica supone que un crédito esta suficientemente garantizado, por el inmueble sobre la que esta se constituye, pues el axioma de que la vivienda no baja de precio es verdad a mi juicio, solo que se refiere no a subidas constantes y lineales, si no a subidas con alzas y estancamientos, y en periodos medios, no inferiores a 4 años, que son lo necesarios para amortizar los gastos que requiere su transmisión. La otra vía es la del préstamo sin garantía hipotecaria, y esta sí es y esta siendo más peligros para el banco, pues carece de un bien material directo sobre el que cobrarse, piénsese que como ni siquiera grava el bien en que se ha invertido, este puede encontrarse ya en poder de un tercero o incluso haber desaparecido, por ejemplo, un coche comprado con un préstamo a siete años que a los dos años se ha vendido a un tercero, o ha sufrido un siniestro total. En este caso, la única garantía para la Entidad de Crédito es el presupuesto del mejor escenario posible, antes aludido, que determina que el activo se convierta en peligroso, y con un riesgo alto de impago si se produce una alteración en el escenario optimo inicial.

2.c.- El empleo.- Esta causa de la crisis no es realmente una causa originaria, si no mas bien una causa derivada, que surge como consecuencia de la aparición de las dos causas anteriores, pero que una vez que entra en juego, agrava la crisis. Es como hemos venido explicando, simultáneamente causa y consecuencia, y se entrelaza con las otras dos para llevarnos a la situación actual. La disminución del crédito y del consumo, hacen que la actividad económica se adapte a la nueva situación, y en consecuencia, que disminuya la necesidad de producir bienes y servicios, y con ello que parte del empleo pase a ser innecesario y por tanto sea eliminado. Al ser eliminado como explicamos, disminuye aun más la necesidad de producir bienes y servicios, y con ello nuevos empleos serán eliminados hasta que se restablezca el equilibrio.

En resumen, para concluir la situación actual en España tiene tres causas que a su vez son consecuencias, pues se retroalimentan entre si: La cuasi-desaparición momentánea del crédito, el frenazo en el consumo y el aumento del paro.

Siguiendo el esquema antes propuesto distinguiré el doble ámbito internacional y nacional.

1.- En el ámbito internacional, en lo que a nosotros nos afecta, esto es en la normalización de los mercados financieros, en mi opinión la crisis no será excesivamente larga. Una vez detectados lo instrumentos a través de los cuales han entrado en el sistema los activos tóxicos e identificados los sujetos que no podrán ser salvados, y los que con ayuda estatal son viables, se tomaran las medidas por los organismos nacionales (USA) e internacionales (Banco Central Europeo) para evitar la entrada en el sistema de los instrumentos identificados como potencialmente tóxicos (lógicamente con el tiempo surgirán otros nuevos) y se depurara el sistema amortizando en los Balances de las Entidades que sean viables en un periodo prolongado en el tiempo para que el sapo sea digerible. Ello evidentemente conllevara durante algunos años unas políticas de mayor control institucional de tales mercados aparcando las teorías de que el mercado se puede regular plenamente por si solo, y recuperando las moderadas de que hay que dejar hacer al mercado, pero con el ojo vigilante del Estado que ha de supervisar y marcar los limites, para garantizar la sostenibilidad en el crecimiento y que el mercado sirva a la población y no al revés.

2.- En el ámbito nacional el plazo será un poco más largo. Puesto que como depende de más causas como antes explique, será necesario encontrar más soluciones.

2.a.- El crédito.- Como antes dije España ha sido en estos años un gran importador de crédito, por lo que una vez recuperados los mercados internacionales de crédito ha de aspirar a seguir importándolo, no en los volúmenes que venia haciéndolo, pero sí como complemento al crédito que pueda auto-generar. Por ello por un lado, es imprescindible atender los pagos que se vayan produciendo en las titulizaciones pues para seguir acudiendo a los mercados internacionales tenemos que mantener la confianza de los mismos y cumplir con los compromisos asumidos. Por otro lado habrá que aumentar los recursos propios de crédito, fomentando el ahorro y la inversión de dicho ahorro, para lo que habrá que recuperar la confianza de los inversores, estableciendo mecanismos para garantizar la transparencia de la contratación y la garantía de una suficiente información sobre el alcance y los riesgos reales de su inversión en el momento de realizarla. Lo primero que quiere un inversor es recuperar lo invertido, y luego, evidentemente, obtener la máxima rentabilidad posible, pero partiendo siempre, eso sí de la garantía de recuperar lo invertido. Si al inversor no le interesa la seguridad de su inversión si no la posibilidad de multiplicarla aun a costa de perder lo invertido, entonces no es inversión sino especulación, y es libre de hacerlo, pero contando en el momento de la contratación con la información adecuada de qué camino es el que esta eligiendo.

En cuanto a la depuración del mercado financiero interno, la receta será la misma que la propuesta para el ámbito internacional, eliminar lo instrumentos potencialmente tóxicos, prestamos sin garantía real y descuento desproporcionado, y seleccionar qué entidades son viables y cuales no. Apoyar a las primeras ( y no a todas como hasta ahora se esta haciendo) y dar una muerte digna a las segundas, mediante fusiones por absorción en la medida de lo posible, para evitar que su situación pase a los ahorradores que tengan en ellas sus fondos depositados. En este ámbito creo personalmente que nos encontramos en mejor situación que nuestro entorno, pues es cierto que el mayor control del Banco de España, y los mas exigentes criterios de solvencia que esté venia exigiendo, dejaran menos Entidades en el camino, y harán más digeribles para las que subsistan las perdidas que hay que asumir, pues un porcentaje de los créditos dados, los que esencialmente se calificaron como subprime en España nunca se recuperaran por completo.

2. b.- El consumo.- La solución indudablemente viene por la recuperación del equilibrio entre oferta y demanda, y en este caso, por determinar cual es la demanda realista de bienes y servicios, del mercado interno y del externo, a través de las exportaciones.

En cuanto al mercado interno, la fijación de la demanda vendrá determinada esencialmente por dos variables, el crédito y el empleo. En cuanto, al crédito como antes dije, será la variable que tanto a nivel internacional como a nivel nacional antes ser estabilizará, fijando las nuevas condiciones y los nuevos límites de acceso al mismo, por lo que despejada esa incógnita, solo nos quedará la del empleo ¿Hasta donde aumentará el paro? Pues hasta el punto en que no se pueda destruir más empleo sin que sea rentable, es decir siempre la población va a tener unas necesidades básicas de bienes y servicios, y otras accesorias; la suma de las básicas de todo la población y las accesorias de quien realmente se lo pueda permitir (y no de toda la población como venia sucediendo hasta ahora) determinará la oferta interior necesaria, y el nivel de empleo necesario para ello, de ella habrá que deducir lo que importamos del exterior; cuanto más peor para nosotros.

En cuanto al mercado externo, la oferta y por tanto el nivel de empleo necesario para ello vendrá determinado por la competitividad de nuestros productos en el exterior, es decir, qué productos podemos construir o fabricar y qué servicios prestar a consumidores de otros países. Tradicionalmente la respuesta a esta pregunta ha sido doble, por un lado, el turismo, pero hoy es insuficiente, pues la competencia ha aumentado, y la población activa también, y por otro devaluar la moneda, para hacer más atractiva la inversión extranjera, pero este mecanismo como sabemos hoy es imposible, desde la entrada en el EURO, y la salida de él no es una opción a corto o medio plazo.

Por tanto, el consumo vendrá determinado por la demanda interna real, descontando las importaciones, y por la demanda externa que logremos generar haciendo competitivos nuestros bienes y servicios.

A mi juicio esta variable también tiene un retardo en su estabilización limitado en el tiempo. Es por ello que el desempleo se ha disparado, pues es muy sensible a la evolución real del consumo, para mal, como sucede ahora, pero también para bien, cuando toque suelo.

2. c.- El empleo.- Esta es la causa-consecuencia más grave de la crisis, y además la de más difícil solución.

Restablecido el equilibrio en las variables crédito y consumo, el problema se planteará con qué hacer con el capital humano expulsado del mercado laboral, bien por ser despedidos, bien por el cierre de sus empresas de que eran titulares

Siendo realistas sus posibilidades de acceso a un empleo en los próximos 3 a 5 años son muy limitadas, y transcurrido ese plazo, bien por haber quedado sus conocimientos obsoletos, bien por su edad, para un importante porcentaje de ellos será una misión casi imposible.

Ello va a determinar la imposibilidad de hacer frente a corto/medio plazo a sus compromisos deudores asumidos, lo que determinara la perdida de su patrimonio liquidable, pasando de ser propietarios a inquilinos, cuando se hubiesen hipotecados para adquirir una vivienda que inevitablemente perderán, y en su caso los demás bienes adquiridos con financiación a medio y largo plazo.

Para ellos, la menos mala de las soluciones será empezar de cero, procurando llegar a acuerdos de daciones en pago con sus acreedores hipotecarios, para entregar el bien a cambio de aceptar la pérdida de lo pagado y liberarse de la deuda futura. Es la decisión más dolorosa, pero es la más inteligente para aquellos que durante estos años de bonanza han vivido al límite de su capacidad económica asumiendo obligaciones de pago irreales, pues el intentar resistir sin una perspectiva racional de recuperar los niveles de renta previos, lo único que supondrá es la acumulación de mayor deuda como consecuencia de los intereses de demora y que si llegan a ejecución perderán igualmente el bien, sin que por ello quede probablemente extinguida la deuda. Lo más razonable es intentar vender rápido, por el precio que sea que permita al menos liquidar las deudas, y en su defecto si ello no es posible, negociar la dación en pago cuanto antes para conservar algo de renta con la que afrontar el nuevo comienzo.

Esta es por tanto la variable que en España más se va a prolongar en el tiempo y que hace, a mi juicio, que el suelo de la crisis este próximo, pero la recuperación realmente lejana.

-establecer mecanismos que hagan atractiva la inversión en España bien mediante la inversión directa bien mediante la colocación en los mercados internacionales de las titulizaciones emitidas por nuestras Entidades.

Para ello, la mejor forma de atraerlas es haciendo segura su inversión, dándole preferencia a esta seguridad frente a la mayor rentabilidad con menos seguridad. La forma idónea de hacer seguras y por tanto atractivas tales inversiones es asimilándolas en la medida de lo posible al mecanismo de crédito que se ha revelado más seguro y eficiente que no es otro que el del préstamo con garantía hipotecaria sobre vivienda, que supone la garantía para el acreedor de que su inversión esta respaldada por un activo tangible, que no tiene carácter perecedero, y que además satisface una necesidad básica como es la de la vivienda

La seguridad de este crédito se apoya en la garantía de que el hipotecante es verdaderamente el propietario, conoce plenamente las obligaciones que asume y los riegos que ello conlleva, y que cualquier persona que se relacione con él y con su inmueble puede saber con toda seguridad la carga financiera que lo grava, es decir, se basa en la Escritura Publica y en el Registro de la Propiedad.

Por un lado, adaptando a este esquema las formas de financiación preexistente para dotarlas de seguridad:

-así los prestamos a consumo destinados a la adquisición de vehiculo deben gravar a dicho vehiculo hasta su total abono, haciendo obligatorio el seguro a todo riesgo durante el plazo de duración del préstamo y registrando el préstamo junto con la titularidad del vehiculo para que no sea posible su transmisión sin cancelar previamente la deuda o subrogarse el adquirente en la obligación de pago pendiente. De este modo se dotaría de seguridad al crédito pues el acreedor tendría a su disposición un bien tangible sobre el que cobrarse en caso de impago, un seguro que cubriera la destrucción no dolosa del bien adquirido y se facilitaría su reventa sin sorpresas para el adquirente.

Por ley, la financiación para adquirir estos bienes debería estar documentada en Escritura Publica documentando simultáneamente la adquisición, la financiación y el seguro a todo riesgo, gravando de esta forma el bien con carácter preferente hasta el abono de tal deuda, registrándolo obligatoriamente en un Registro con efectos jurídicos, que debería ser único para todo el territorio nacional, cuyo acceso seria público y cuya modificación se haría de forma exclusivamente telemática e inmediata por el Notario autorizante de la dicha Escritura en la que se hubiese formalizado la transmisión y su financiación, reflejando todos los datos relevantes para su conocimiento por el tercero que entre en relación con el adquirente o con el vehiculo.

Así mismo se debería limitar el importe de la financiación a un máximo del 75% de su valor de adquisición y a un plazo máximo de 4 o como mucho 5 años pues transcurrido dicho plazo el valor venal del bien es irrisorio y no cubriría la parte de crédito aun pendiente de devolución. Ello limitaría indudablemente los potenciales compradores de cada tipo de vehiculo, pues solo en función de la renta real disponible podría el adquirente aportar el 25% del valor no cubierto por la financiación y el importe de la cuota mensual que le saldría a pagar, cuyo pago se vería además incentivado por el hecho de que la falta de pago determinaría la perdida del bien y de la inversión inicial.

-fomentando la transparencia en los vehículos de inversión a través de los que se canaliza el ahorro. ¿Cómo? Pues aplicando los mismos criterios de seguridad en el cobro que rigen las relaciones Prestamista-Prestatario, siendo en este caso el inversor el Prestamista y el prestatario el que recibe la inversión para su gestión, sea una Entidad de Crédito u otra de cualquier tipo (gestores de inversión en mercados no regulados). Así también debería ser documentada por el Notario, que informaría de forma especial a la parte más débil del alcance y riesgo de su inversión, explicándolo desde su posición imparcial y de control de la legalidad el alcance de sus obligaciones, de los riesgos reales asumidos, de los plazos reales en los que está garantizada su inversión, y de quien y con qué se garantiza dicha inversión.

Por ley se debería hacer obligatorio este control de legalidad y asesoramiento imparcial para inversiones a partir de una cierta cuantía, 6.000 Euros por ejemplo, sancionando el incumplimiento de la misma con una liquidez inmediata por el valor invertido y responsabilidad solidaria de la Entidad Gestora si es una Entidad de crédito y cumulativamente con sanciones penales para el caso de no devolución integra de la inversión si es una persona o entidad no controlada por el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Con ello se lograría un doble efecto, inmediato, que es un mayor conocimiento y responsabilidad del inversor de donde va y en que condiciones su dinero, y de forma mediata reduciría practicas torciceras, como por ejemplo inversiones de alto riesgo a personas de avanza de edad o pocos recursos y poca formación.

-en cuanto a las compras sobre plano deben establecerse mecanismos de protección al comprador, garantizándole su inversión hasta la entrega del inmueble. Al respecto actualmente existe la obligación legal de garantizarlas mediante aval bancario, pero en la practica se esta demostrando que dado que nadie controla la formalización del contrato privado de compra sobre plano, es habitual que no se aporte esa garantía en el momento de firma del mismo y entrega de la reserva inicial y de las letras de cambio de pago periódico, manifestando simplemente que se cuenta con la misma, muchas veces sin ser cierto, y otras muchas, con avales tan condicionados que quedan desnaturalizados, por ejemplo dejando el aval en suspenso para el caso de suspensión de pagos de la entidad promotora, cuando precisamente ese es el caso para el que está fundamentalmente pensado.

La forma de dotar de mayor protección a estos inversores es fijando por ley la obligación de que tales contratos sean documentados en Escritura Publica, interviniendo el promotor, el adquirente, y la Entidad Financiadota de la construcción, que deberá ser por Ley también la Avalista de las cantidades adelantadas por los adquirentes, aportando en el momento de la firma el Aval exigido por la ley de las cantidades entregadas, incluso a través de Letras de Cambio. Este Aval ha de ser un Aval a primer requerimiento y por tanto exigible de forma directa a la Entidad de crédito que habrá de abonarlo para el caso de ser requerida para ello en un plazo no superior a 30 días, y se descontarían del limite de crédito abierto al promotor, con la ventaja para este de que no abonaría interésese financieros por tales cantidades, para el comprador de la seguridad de su inversión y del descuento sobre el precio final del producto por comprarlo antes de su terminación, y para la entidad de crédito, de la reducción del riesgo del promotor al recibir financiación de tercero y el control de los compradores desde el momento de la compra sobre plano sin tener que esperar a la terminación de la obra para descubrir que una parte considerable de los compradores sobre plano eran especuladores y no inversores, sin recursos reales para subrogarse en los prestamos.

-en cuanto a las sociedades de tasación estableciendo mayores controles sobre las mismas garantizando su independencia y revisando trimestralmente los módulos de valoración, para asegurar que las tasaciones se ajustan realmente a los valores de mercado y no son artificialmente hinchadas para dar cobertura al crédito.

*por un lado, estableciendo un capital social mínimo acorde con la actividad real de la empresa, limitando de esta forma la creación sistemática de empresas insolventes o sin actividad real, y fomentando una fase de formación en la actividad antes del desarrollo autónomo de la misma. En los últimos años se había generalizado que los trabajadores incluso poco cualificados montaran su propia empresa sin la calificación y experiencia en la actividad necesaria, pues era tan fácil constituir una SL, que no existía ningún filtro de calificación o experiencia para constituirla. Endureciendo los requisitos de constitución, fundamentalmente en cuanto al capital social mínimo, se lograría por un lado fomentar un mayor periodo de formación como asalariado para ahorrar lo suficiente para constituirla, y durante ese periodo se obtendría una mayor calificación para desarrollar adecuadamente la actividad acometida, y por otro lado aumentarían las garantías que justificaran la financiación de su actividad.

*por otro lado, el capital social debería convertirse en una cifra no solo contable, si no realmente de garantía. Por ello, su aportación sólo podría ser de metálico, acciones cotizadas, vehículos o inmuebles, siendo exigible no solo su ingreso en cuenta bancaria si es metálico, , como ahora exige la ley, con la posibilidad de reintegro al día siguiente de su constitución, si no que debería ser una verdadera cifra de retención, que debería quedar depositada en poder una Entidad de Crédito, o trabada mediante hipoteca si es inmueble o vehiculo, y esta contraprestación abriría líneas de financiación equivalentes a esa cantidad depositada o al valor de los bienes trabados.

Con ello se reconduciría el crédito a las PYMES al lugar que le corresponde, recibiéndolo quien realmente tiene actividad y solvencia para su devolución, y se volvería a la función originaria del pagaré, que al tener vetado su descuento en masa, no seria aceptado por los proveedores sino como parte, pequeña, del pago de sus bienes y servicios, pues la posibilidad de su descuento vendría limitada por su propia cifra de capital social.

Cuando la actividad de la sociedad fuera creciendo de forma progresiva, los propios socios estarían interesados en aumentar el capital social de la Sociedad, reinvirtiendo beneficios en ello, pues con ello se lograría un crecimiento ordenado de las mismas, aumentando progresivamente su capacidad de obtener financiación, y se evitarían situaciones actuales que no si pueden calificar de caricaturescas es precisamente por su gravedad, en las que sociedades con capital social de 3.006 y semanas de antigüedad ponían en circulación volúmenes de pagares de ciento de miles de Euros.

Todas las medidas expuestas contribuirían notablemente a mejorar la calidad del crédito, en cuanto a la seguridad de su cobro, con lo cual haría más atractiva la inversión nacional e internacional, sin necesidad de ofrecer márgenes disparatados.

-en cuanto a las operaciones corporativas financiadas irregularmente que han hecho que ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos comprometidos hayan provocado su quiebra arrastrando a la absorbida, exigiendo responsabilidades penales a los administradores por su mala gestión, y a los analistas de riesgos que las informaron positivamente, contraviniendo la Ley, para que quede claro que la mala praxis no puede quedar impune.

-en cuanto a los créditos impagados, se debería establecer un tratamiento fiscal favorable (incluso neutro) a las daciones en pago, para evitar, como sucede ahora que partan de una minusvalía del 7% derivada del pago del ITP. Para ello, se debería facilitar, si la tasación da para ello, la liquidación de la deuda o deudas mediante la entrega del inmueble propiedad del deudor, que podría no obstante, si le interesa, permanecer en el mismo en regimen de alquiler. De este modo, la Entidad de Crédito, vería sustituido en su Balance el crédito impagado que estaría obligada a provisionar, por un activo inmobiliario, y una renta mensual (esta última permitiría abonar las obligaciones derivadas de la titulización derivada del crédito originario). Este activo inmobiliario, a su vez, podría ser, o bien mantenido, para beneficiarse de las rentas que produciría y de su revaporización a medio plazo, o bien enajenarlo a un tercero-inversor, que realmente tuviese capacidad para adquirirlo, que obtendría como rentabilidad de su inversión esa renta y la revaporización del activo adquirido.

Dado que como antes explique las rentas se han convertido en determinantes de la capacidad de endeudamiento máxima, y estas son variables y no fijas, como hasta ahora se ha tratado, la Ley ha de marcar los limites que el mercado no ha sabido autoimponerse en cuanto el nivel cuantitativo y temporal máximo de endeudamiento.

¿Cuáles han de ser estos límites? Pues lo que no supongan asumir obligaciones de pago irreales. Siguiendo el esquema antes propuesto en relación a los vehículos, en los que propuse que por Ley se limitará la financiación a un 75% del valor y a un plazo máximo de 4/5 años, el mismo esquema debería seguirse en relación al acceso a la vivienda.

El derecho a una vivienda digna es indiscutible e innegociable, pero el error que en España se ha instaurado es que esta debe ser una vivienda en propiedad, y que ha de ser desde el momento en que una persona pretende emanciparse.

Por un lado en las primeras etapas de la emancipación las necesidades vitales son cambiantes, pudiendo pasarse por fases de vida en solitario, con pareja, otra vez en solitarios, con hijos, sin hijos además las oportunidades y cambio de empleo en la primera fase de la vida laboral son frecuentes. Por ello no se debe potenciar el acceso en propiedad a la vivienda en dichas primeras fases, si no mas bien desincentivarlo, pues actúa como lastre de decisiones futuras, tanto de consumo como de empleo. Si una persona consume una parte considerable de su renta disponible en la devolución del préstamo con el que adquirió su vivienda, por un lado limitara ostensiblemente su calidad de vida y sus posibilidades de consumo de otros bienes durante el resto de su vida y además limitara sus posibilidades de cambio de empleo ante el riesgo de no poder hacer frente a los pagos, y si ese cambio de empleo supone un desplazamiento geográfico será aun peor, pues, pese a lo que se diga, la inversión en vivienda en el corto plazo es ruinosa, pues los impuestos que la gravan (el 7% de TPO, mas los gastos de constitución de hipoteca, 1% mas lo que se abona de intereses en cada cuota mensual en los primeros años de devolución del préstamo) hacen que salvo crecimientos de dos dígitos constantes de año en año, que solo excepcionalmente se producen, sea como he dicho, un lastre su adquisición.

Por ello se deberían eliminar las deducciones para la adquisición de vivienda habitual para personas por debajo como mínimo de los 35 años, sutituyendolas por incentivos al ahorro, mediante deducciones fiscales, y al arrendamiento, y a partir de esos 35 años sí incentivar también la adquisición de viviendas, que es justo lo contrario de lo que ahora mismo se hace.

Junto a ello se debería limitar por ley el plazo máximo de duración de los préstamos hipotecarios a un máximo de 20 años, con lo que indirectamente se actuaría sobre el precio de la vivienda, al determinar la capacidad máxima de financiación de la población, a la que rápidamente se adaptarían los precios.

Se debería asimismo fomentar formas de acceso a la propiedad más realistas, como el arrendamiento con opción de compra.

Como complemento de lo anterior se debería revisar la legislación de Arrendamientos Urbanos, imponiendo su documentación en Escritura Publica en la que se incluirá Aval Bancario por las rentas correspondientes a dos años, plazo al que se debería limitar la prorroga forzosa, imponiendo por ley el abono de las rentas por medio de transferencia bancaria, de modo que se garantice el control fiscal de las mismas y que la falta de abono de la misma determine a iniciativa del arrendador y previa acreditación de tal extremo juicios rápidos de desahucio para que desde la demanda hasta su ejecución no pasasen mas de 30 días.

El parque de viviendas que directa o indirectamente va a acabar en manos de las Entidades de Crédito, bien mediante daciones en pago, bien mediante ejecuciones hipotecarias, debería ser puesto parte inmediatamente en circulación en el mercado de alquiler, a través de Sociedad constituidas para ello ( y ya se han dado algunos por nuestro gobierno en esa dirección) y parte canjeado por financiación para tales Entidades de Crédito, por vía privada, mediante su enajenación a inversores, no a especuladores, que busquen una rentabilidad a medio plazo, vía reventa o alquiler, y por vía pública mediante su adquisición por Administraciones Publicas para convertirla en VPO de exclusivo régimen de alquiler con venta prohibida por Ley.

Como complemento de estas medidas el parque de VPO no debería ser nunca enajenado, sino que debería estar destinado a cumplir el derecho de una vivienda digna, pero exclusivamente en régimen de alquiler o incluso en algunos casos, en precario. No tiene sentido interferir en el mercado de la propiedad inmobiliaria ofreciendo bienes por debajo de su valor de mercado, ni siquiera condicionando su transmisión al transcurso de un plazo. Cuando se limite la financiación a través de la duración máxima del préstamo, se controlaran los precios, y será el propio mercado el que encuentre mecanismos para ofrecer viviendas a las rentas mas bajas, como sucedía antes del boom inmobiliario de los últimos años.

El día de mañana cuando la demanda de estas VPO de alquiler decrezca se podrán descalificar y sacar al mercado progresivamente como vía de financiación de las Administraciones Publicas titulares de las mismas, en régimen libre, y a condiciones de mercado, pues reitero, no debe en el futuro traspasarse la frontera de que el derecho a una vivienda digna no implica el derecho a su propiedad.

Esto supone un importante cambio de concepto, que debe ser fomentado por los Poderes Públicos, pues ahorrara frustraciones como las que ahora se van a producir entre la población desempleada que vera como no puede hacer frente a los compromisos asumidos, perdiendo al propiedad de su vivienda, la cual es posible que conserven paradójicamente en régimen de alquiler, y perdiendo las cantidades invertidas en ella que pudieron dedicar al ahorro o al consumo.

Aprendida la lección deberíamos establecer los límites para que ello no vuelva a suceder en el futuro.

La consecuencia de ello seria un importante estimulo al consumo no financiado y al ahorro, con importante beneficios, pues disminuiría nuestra necesidad de importar crédito, porque haría falta menos, y por que los españoles tendrían más capacidad de ahorro, pues aumentaría notablemente la renta disponible de todos, y facilitaría además la movilidad laboral

1.- Por un lado, respecto de los parados que va dejar esta crisis, como hemos visto, la solución no es dar crédito artificial ni crear consumo irreal, pues luego no se podrá hacer frente a la factura, y más gente perderá su riqueza generada y no ahorrada y será expulsada del mercado laboral.

Evidentemente la solución tampoco es el subsidio indefinido ni el dejarlos a su suerte.

En mi opinión el Estado no puede darles la espalda, pues conllevaría la propia muerte del Estado, que ha de cuidar y garantizar las necesidades básicas de sus ciudadanos.

Es el Estado en el que debe intervenir, allí donde el mercado no llega, como antes dije, y por ello es el Estado el que debe organizar ese capital humano para rentabilizarlo, a cambio de prestaciones de subsistencia, facilitándoles una vivienda en régimen de alquiler, o incluso gratuita mientras estén en esta situación de precariedad.

Dado que los desempleados que está produciendo esta crisis tendrán en el futuro una muy difícil recolocación en el mercado, que será aun más difícil cuanto más tiempo pase, y dado que el desempleo esta siendo multidisciplinar, con gente con formación y experiencia en casi todos los ámbitos de la actividad económica, el apoyo que el Estado tiene que dar a quienes se encuentren en esa situación no ha de ser a mi juicio un cheque todos los meses durante un periodo limitado en el tiempo, en el que tienen un porcentaje altísimo de posibilidades de no encontrar ningún empleo, pues el mercado realmente no los necesita. El Estado debe atender sus necesidades básicas a través de prestaciones económicas de subsistencia, para que cuando el mercado los reclame ofreciéndoles una mayor retribución se reintegren en éste. Pero estas prestaciones no serian gratuitas, sino que serian contraprestación de su trabajo, prestado en condiciones laborales ordinarias (con los ajustes a efectos de Seguridad Social e IRPF necesarios)

Al Estado le correspondería, con una vocación temporalmente limitada, la organización de ese capital humano fijando los objetivos con un doble límite, en el mercado interior solo podrían ofrecer servicios de carácter asistencial, y en el mercado exterior podrían ofrecer cualquier tipo de bien.

Con ello se evitaría la alteración del mercado interior, y se aumentaría la competitividad de nuestros productos en el exterior, pues el excedente de capital humano permitiría mejorar el I+D, y las retribuciones de subsistencia harían que se pudieran ofrecer productos terminados a precios competitivos hacia el exterior.

Entre esos objetivos deberían estar, indudablemente, impulsar realmente, y no de forma anecdótica como hasta hoy, sectores como las energías renovables limpias, invirtiendo en I+D para hacerlas realmente rentables, y abandonando la política de subvención para su desarrollo, o el desarrollo de tecnología, domestica e industrial a precios asequibles, por poner dos ejemplos de sectores prácticamente inexistentes en nuestro país, que tendrían gran capacidad de absorción de mano de obra y cambiaria nuestra posición en relación a ellos de importadores a exportadores, y nos harían menos dependientes de la evolución de su precio y de la situación política coyuntural en sus países de origen, por no mencionar los efectos que ello tendría en la reducción de nuestro diferencial de IPC (un punto aproximadamente) con respecto a la zona Euro.

En el medio plazo se privatizaría las empresas públicas ya en funcionamiento que por su rentabilidad lo permitieran, reintegrándose al mercado.

2.-Respecto al empleo futuro, como medida a larga plazo deberían replantearse algunos aspectos de nuestro sistema educativo, tanto en los niveles obligatorios, como en los universitarios.

En cuanto a los niveles obligatorios, no tiene ningún sentido que la duración real de los cursos escolares sea de 8 meses, pues, así resulta de descontar, los 3 meses de verano (de mitad de Junio a mitad de septiembre), 3 semanas por Navidad, 1 por Semana Santa, y los innumerables festivos, con sus correspondientes Puentes. La vía más obvia de mejorar la formación de nuestros hijos, para que sean en el futuro trabajadores más cualificados y personas más formadas, es racionalizar la duración del curso escolar extendiéndolo a unos 10 meses, de 1 de Septiembre a 22 de Diciembre, de 8 de Enero a Viernes de Dolores, y de Lunes de Pascua a 15 de Julio. Este aumento de días lectivos permitiría de forma directa, una mejor formación de las futuras generaciones, invirtiendo más tiempo en idiomas, formación en las nuevas tecnologías, actividades de formación cultural (lectura, música, teatro) y actividades deportivas, y de forma indirecta permitiría una mejor coordinación de la vida familiar y laboral de sus padres y madres.

En cuanto a los niveles Universitarios, vale lo dicho respecto de los niveles obligatorios en cuanto a la urgente necesidad de extender la duración de los cursos a un mínimo de 10 meses, aumentando de esta forma los días lectivos, y con ello la formación, y acomodando los hábitos a la realidad posterior de la vida laboral de 30 días de vacaciones. Por otro lado, hay que reformar los estudios universitarios, y en esta línea va la progresiva adaptación a Bolonia, buscando una mayor especialización en la propia Universidad, tras un máximo de 2 años de estudios generales de la rama elegida. Con ello se evitarían costosos estudios de postgrado, que además retrasan la incorporación al mercado laboral.

Finalmente, en relación a los horarios laborales, se deberían uniformizar con los países de nuestro entorno económico, comenzando la jornada a las 8 de la mañana, y terminándola a las 5 de la tarde, o empezando a las 9 y terminándola a las 6, Administración incluida, con una hora para comer al mediodía en el mismo centro de trabajo o en su entorno, evitando de esta forma desplazamientos innecesarios, y facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral a la conclusión de la jornada laboral y escolar, y posibilitando la realización de actividades familiares, personales o de ocio después del trabajo, y aumentaría sustancialmente la eficiencia y la competitividad de nuestra Economía.

Evidentemente cuanto más se tarde en adoptar medidas mayor recorrido temporal tendrá la crisis, más descenderá el consumo, y con ello más aumentará el paro, por lo que más gente quedará fuera del mercado laboral de forma indefinida.

RECETAS PARLAMENTARIAS	¿ERA TAN DIFÍCIL DE PREVER LA CRISIS?	REDUCCIÓN ARANCELARIA
MEDIDAS 22 Y 23 DEL GOBIERNO	SECTOR PÚBLICO Y CRISIS	¿CUANDO SALDREMOS DE LA CRISIS?