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Los graves problemas actuales de nuestro régimen autonómico, creo que se deben al desconocimiento y por lo tanto, a la falta de preparación de la ciudadanía y de gran parte de los dirigentes políticos, sociales y medios de información, ante el enorme reto que nos planteaba este proceso de unificación europea, que ha permitido que la situación se deteriore hasta extremos inimaginables. Incomprensiblemente, el entusiasmo que provocó en nuestro país la incorporación a la CEE, en 1985 y la firma del Acta Única Europea, en 1986, no generó una respuesta interna adecuada. No hubo una segunda transición que cambiara la cultura política popular, reconvirtiera los programas de los partidos políticos, ajustara el marco legal y mejorara la competitividad de nuestro sector productivo, única manera que fuera viable nuestro ingreso en la Unión Europea. El proceso de unificación obedecía no sólo a razones económicas sino también a políticas y sociales. Las nuevas tecnologías avanzadas precisan de grandes producciones, los costes han aumentado vertiginosamente, lo que exige que los productos deban ser colocados rápidamente en un gran mercado para cubrir los gastos y reunir los fondos necesarios para las inversiones de la siguiente ronda de renovación y este proceso, en La revolución afectaría, de manera directa y estructural, a los Estados, cuyas atribuciones soberanas quedarán enormemente reducidas. ¿Se puede hablar de Estados independientes, cuando funciones tan importantes como la de las fronteras, seguridad y política exterior, buena parte de la regulación económica, política social, fiscalidad..., han de estar concertadas con el resto de miembros de la Unión Europea? Se habla de que hasta un 80% de las funciones que antes del proceso ejercitaban independientemente los Estados miembros, quedarán desplazadas a los órganos de la Unión Europea. Este proceso de armonización se irá acentuando, ya que la consecución de un mercado único precisa de una estabilidad monetaria, de una concertación de políticas fiscales y de una unificación de gran parte de la normativa económica (Régimen de Sociedades, instituciones mercantiles, circulación de capitales, normas técnicas de producción, medio ambiente….), todo ello dentro de una convergencia de políticas económicas. Esto ha de provocar una desnacionalización de la gestión pública económica que pasará a manos comunitarias Y este tema no tiene una trascendencia puramente material, sino también social, cultural y política. Tal como recogía el informe Poniatowski “de vez en cuando se hace un elogio de los valores culturales europeos y éstos son presentados como una especie de consuelo ante un eventual hundimiento tecnológico de nuestro continente. Esta fórmula es rotundamente inaceptable, la calidad de vida y la relativa armonía social que existen en Europa, dependen, sobre todo, de su capacidad de ofrecer condiciones de vida razonables a la mayoría de sus habitantes; y no será posible mantener este nivel si Europa no vuelve a hallar la competitividad .De lo contrario, la mayor parte de la Europa Occidental está condenada a la decadencia, a la pobreza y al desempleo estructural”…… O se actuaba inmediatamente o como señalaba la OCDE, Europa suministraría cada vez más productos alimenticios, materias primas y bienes manufacturados de baja tecnología. Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en una especie de provincias de un nuevo Estado, para asegurar el futuro económico y social de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que había asumido como socio de un proceso de integración política y económica generando, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes ,una estructura territorial inadecuada e inviable económicamente y desarrollando una fragmentación legal contraria a los fundamentos económicos y al régimen constitucional comunitario. Si una empresa decide traspasar una parte importante de sus funciones a otra, procurará reducir y en la misma proporción, los gastos de la escindida con el objeto de mantener el equilibrio económico y garantizar la viabilidad del proceso. De ahí que haya sido el sector empresarial el que entendió perfectamente que los incrementos de costos de la Administración después de la unificación y la proliferación normativa no casaban con los acuerdos que se habían suscrito en esta materia. Una muestra la podéis encontrar en el trascendental análisis sobre los defectos estructurales de la democracia española elaborado en base a las respuestas de grandes empresarios españoles y extranjeros que operan en nuestro país (“TRANSFORMA ESPAÑA”NYR). Como han destacado los organismos internacionales que nos han analizado, el laberinto legislativo, suponía un efecto disuasorio para la inversión extranjera y un freno para la competitividad y la creación de empleo. Si la reducida dimensión de los grandes Estados era una rémora para el futuro de sus ciudadanos, ¿cómo iba a llevar a la misma meta la fragmentación nuestra? ¿Quien nos estaba engañando? Los partidarios de la independencia dentro del territorio comunitario no tienen un problema sólo con sus constituciones, estados o gobiernos sino, especialmente, con la Unión Europea y hasta con sus propios votantes. Si les están prometiendo que su región se convertirá en un nuevo Estado dentro de la Unión les están engañando, no sólo porque el régimen legal comunitario lo impide sino porque es incompatible con el proceso de cesión general de soberanía. ¿Cómo la Unión constituida para lograr un espacio económico y social sin fronteras y en un marco de legalidad, democracia, solidaridad y armonía entre pueblos tan diversos, va a permitir que en un pequeño territorio funcione un Estado, ”como los de antes“, ajeno al espíritu general y al margen al cumplimiento de las normas comunes? Para evitar que se les denuncie de que están utilizando una publicidad engañosa, deberían corregir el lema y sustituirlo por el de que “si nos votáis tendréis un Estado, que solucionará todos vuestros problemas, pero fuera de la Unión Europea”. Una vez en el exterior, tendrán que decidir entre vivir aislados sin la cobertura legal y financiera de la Unión Europea o ponerse a la cola de los que esperan su ingreso. Allí coincidirán con Estados terminados (no por hacer), que llevan años trabajando en la homologación de su legislación y sus instituciones a la legislación comunitaria, con el objeto que le sea verificada y aprobada y que, aún con dificultades, están cumpliendo puntualmente sus compromisos con sus proveedores y los servicios y prestaciones de sus ciudadanos. Aunque encontramos otro detalle a corregir: Si en su publicidad consta que independencia es progreso y con ello se reducirá el paro y la presión fiscal, mejorarán las pensiones, estarán más seguros los depósitos y las inversiones, se elevará la renta y mejorarán los servicios y las prestaciones para los ciudadanos... ¿Por qué no intentan convencer a las instituciones comunitarias, sus gobiernos y los cientos de millones de ciudadanos (y los que esperan su ingreso) de que se están equivocando de camino y el futuro está en la creación de estados muy pequeños?, aunque... ¿quiénes tienen más credibilidad de gestores, los grandes países europeos con democracias consolidadas y eficientes, con sistemas económicos altamente competitivos y sin escándalos continuados de corrupción y despilfarro de recursos públicos o los dirigentes políticos sin competencia acreditada que proponen lo contrario?. A ello no ayuda la carencia de solvencia de sus programas y sus propuestas y en bastantes de sus miembros, la falta de respeto a la Ley, a las reglas democráticas básicas y hasta a las más elementales normas de convivencia y educación. Como ha sido el caso del político de la Liga Norte, Umberto Bossi, que estuvo empleando en su espectacular crecimiento de votos el lema agresivo de “Roma ladrona” y ha acabado envuelto, con sus hijos, ex-tesoreros y miembros del comité de control de su partido, en un proceso abierto, principalmente, por la fiscalía de Milán por apropiación indebida y estafa al Estado. Pero hay que hacerse a la idea que, si en los grandes países democráticos con alto nivel intelectual, universitario y técnico, cuesta encontrar “hombres de estado” cuando más se reduce su superficie, también acostumbra a hacerlo la calidad de la clase política (si se ocupa de las mismas materias) y como la lotería, es cada vez más difícil que te vaya a tocar, uno de ellos, en tu pequeño territorio. Sobre este tema considero recomendable la lectura de los siguientes apartados de la defensa del proceso de unificación sacados de la exposición que hicieron los representantes de Convergencia i Unió y del Partido Nacionalista Vasco en apoyo del Tratado de Maastricht en nuestro Congreso de los Diputados, en los inicios del otoño de 1992: ROCA I JUNYENT: “...Europa es, sigue siendo, debe seguir siendo y debe ser explicado como tal, un proyecto ilusionante. No es simplemente, como he dicho un capricho, es una necesidad que condiciona, que hipoteca en cierto modo las posibilidades de progreso y el futuro de cada uno de los países europeos y para España de manera muy singular. España no tiene proyecto alternativo al europeo. He leído en distintas ocasiones en estas últimas semanas la defensa de la existencia de otros proyectos alternativos. Pues bien, no dicen la verdad o como mínimo se equivocan muy gravemente. El único proyecto de futuro para España pasa por Europa... ...” Europa como proyecto económico, como área de libertad y progreso, como espacio de convivencia y estabilidad no podía seguir desarrollándose sin un salto cualitativo que avanzase en el campo de su propia construcción política. Esto es lo que representa Maastricht.” ANASAGASTI OLABEAGA:...” Nuestro grupo interpreta el Tratado de Unión Europea como una puerta abierta a lo que tiene que ser Europa si realmente quiere estar a la altura del progreso, del futuro y de los desafíos que tiene ante sí.” De ahí que no nos gusten los nacionalismos exacerbados del Estado-nación que impiden la construcción europea, porque hay nacionalismos del enfrentamiento (y ese no es el nuestro), hay nacionalismos de la expulsión (ese tampoco es el nuestro), hay también nacionalismos del teatro, de la galería y tampoco es el nuestro”.... Al unificar el tipo de cambio con los países que mejor competitividad ofrecían y a la vez, eliminar las barreras arancelarias y técnicas que permitían controlar la circulación de bienes, era vital reforzar la maquinaria productiva nacional para no destrozar nuestro futuro. Si no mejorábamos la calidad y conteníamos los precios de la producción, cada vez tendríamos más dificultades para mantener las ventas en el mercado mundial. Y desde esta base, las reformas salen solas: reconvertir el sistema educativo haciéndolo más riguroso y de mayor calidad técnica para proporcionar trabajadores más cualificados, reducir los costos del abastecimiento energético, racionalización de la política de infraestructuras, incentivar la mejora de la productividad y reducir el absentismo laboral, potenciar la generación de emprendedores, únicos que pueden crear nuevo empleo, con una mejora en el marco legal empresarial, ayudar al sector exportador y sobre todo, dirigir los recursos financieros, fundamentalmente a las actividades productivas. Y para las zonas de más calidad productiva que les proporcionaba un superávit comercial y con ello una mayor renta, tenían un reto fundamental, el mantener y si es posible ampliar su lista de clientes. Por eso, en 1995, publicamos en Expansión (¿Cómo se pueden querer a las empresas sin estimar a sus clientes? NYR) lo siguiente: “Si la renta de las zonas más florecientes provenía fundamentalmente del mercado español y se debía a que éste se encontraba protegido de la competencia exterior, no entiendo como sus representantes políticos no estén cuidando las relaciones con el consumidor nacional con el objeto que éste les continúe siendo fiel, sino por calidad y precio, por solidaridad nacional e interés común, desde el momento que comenzó el desmantelamiento de la protección nacional y comunitaria. Si lo anterior resulta increíble, mucho más grave es el que introduzcan factores de animadversión que pueden acabar con el empobrecimiento de sus respectivas comunidades. Si la clientela es la que determina la facturación, con ello la renta y el empleo, cualquier acción que la reduzca, supone una traición a los intereses de su pueblo. Es indudable que, dada la productividad en este país de la manipulación de los instintos, obtendrá el que lo haga una buena rentabilidad electoral y, tal vez, le asegure un puesto en la vida pública pero a costa del empleo y la renta de los ciudadanos que, como siempre, serán los últimos en enterarse del engaño y los más perjudicados. Si estas actitudes acaban arraigando, los productos locales se encontrarían, en un momento que tienen que competir sin barreras con empresas más competitivas, con una barrera fraguada en su propio país, el desafecto de su clientela tradicional.” (Vilanova i la Geltrú, 1 de Marzo de 1.995). El sistema autonómico (que si se reconvierte nos parece tan fundamental como el resto de administraciones), tal como evolucionó, sin orden ni control, se ha acabado convirtiendo en un sistema obsoleto, ineficiente, ruinoso para los ciudadanos y fuente de escándalos continuados al aflorar, sin descanso, todo tipo de casos de despilfarro de recursos, de corrupción y de incompetencia en buena parte de nuestra geografía. Parece que, en determinadas zonas, esté únicamente al servicio de su clase política dirigente y los “interesados” agentes sociales, culturales y mediáticos que la apoyan y que temen perder su protagonismo y sus privilegios. A ello ha contribuido el comportamiento de buena parte de los medios que han estado ocultando sus defectos y la deriva contradictoria con el gran compromiso histórico que asumió España. De tanto en cuanto encontramos rayos de luz en nuestro particular drama, hasta en los medios que no habían sido especialmente críticos con este proceso. Por ejemplo, el periódico El País, el día 25 de julio pasado publicó un editorial “Menos regiones” en el que, en relación a la reforma territorial de Francia, exponía una visión muy cercana a lo que piensa gran parte del sector empresarial y de la ciudadanía. De él reproducimos su conclusión final. “Las regiones francesas son fruto de una operación de descentralización que apenas ha desarrollado afinidades identitarias. Sus funciones consisten en intervenir y ayudar al desarrollo económico, construir y mantener edificios para enseñanza secundaria o gestionar el turismo y los transportes .Sus 80.000 funcionarios son una cifra muy modesta comparada con el millón largo de empleados públicos que dependen de las autonomías en España, que sí constituyen un importante nivel político-administrativo. Salvando esa y otras distancias, la iniciativa de Valls debe estimular el debate sobre la reforma pendiente en España para eliminar la duplicación de estructuras y funciones de las Administraciones públicas y adaptar el tamaño y el gasto del Estado a la organización territorial de las autonomías y de la propia UE.” ¿Es normal que Francia e Italia cuando se han visto abocadas a equilibrar sus cuentas públicas, han dirigido su mirada a la reducción del coste de unos sistemas autonómicos de reducida dimensión y España, que estaba al borde de la quiebra, no se planteara una profunda reconversión? Aunque, hay que reconocer que algunas autonomías sí que han entendido el verdadero interés de sus pueblos y “están en ello”. Si centramos el debate en lo que interesa a los ciudadanos y no a sus dirigentes y los beneficiarios del sistema, la pregunta que debería hacerse en una consulta nacional podría ser la siguiente: ¿Está usted de acuerdo en ajustar el modelo autonómico a las funciones que desempeñarán nuestras autonomías cuando concluya el proceso de unificación de la Unión Europea?
DANIEL IBORRA FORT NOTARIO Y ANALISTA DE INVERSIONES VILAFRANCA DEL PENEDÉS 13-10-2014
ARTÍCULO PUBLICADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2014
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