LA CRISIS PREVISIBLE DEL SECTOR PÚBLICO: EL CASO DE LA GENERALITAT CATALANA
Daniel Iborra Fort, Notario de Vilafranca del Penedès (Barcelona)

El 8 de octubre del 2.008, nos atrevimos a realizar una previsión de lo que pasaría en el sector público si no ajustaba sus presupuestos y la gestión económica al estallido de la burbuja inmobiliaria cuyo desarrollo, los posibles efectos y las medidas que deberían acometerse para la salida de la crisis estaban contenidas en nuestro primer artículo ¿CUANDO SALDREMOS  DE LA CRISIS? Esta previsión la publicamos  en Notarios y Registradores bajo el título de “EL SECTOR PÚBLICO Y LA CRISIS”.

De este texto entresacamos lo que consideramos más adecuado para este artículo:

“Creo excesiva la atención que, en determinados círculos políticos y mediáticos, se da al tema del reparto de los impuestos dentro del sector público, como si de ello dependiera, únicamente, la solución a los problemas y a las carencias sociales de la población.

Por culpa de esta obsesión, se puede estar descuidando el mantenimiento de las fuentes donde se generan la renta y el empleo de los ciudadanos y la atención a otro factor fundamental, la disciplina del gasto público.

Una mala gestión de los recursos públicos es la garantía de que la ciudadanía no encontrará nunca satisfacción a sus necesidades. Si no se administran rigurosamente y con austeridad, con un plan de prioridades basado en el interés común y con una especial dedicación a la economía, base del bienestar general, los ingresos se perderán por resquicios, cada vez más numerosos, sin que nunca lleguen a su destino final.

Los impuestos son un recargo, un tanto por cien de la producción. Y, esta, se genera conjuntamente, por la clase empresarial y la dirección eficiente de la clase política.

Si, al empresario, los dirigentes políticos le mejoran la rentabilidad y el marco legal de sus actividades económicas, están asentando los fundamentos de una expansión económica.

El gestor político, pues, puede ampliar la renta de sus ciudadanos y, con ello, los ingresos públicos, potenciando la actividad productiva......

......Y, al contrario, si al colectivo empresarial no se le dota de financiación suficiente,..., si el desarrollo de las actividades económicas encuentra más problemas que soluciones en el sector público, si la presión fiscal y los problemas técnicos se acentúan en lugar de reducirse…y si las demandas y ayudas del sector productivo son habitualmente desatendidas, se estará creando un futuro desesperanzador.

La falta de generación de nuevas empresas y la deslocalización de las anteriores, buscando zonas más favorables, desequilibrarán los presupuestos públicos por la falta  de trabajo y rentas y la ampliación de las ayudas sociales.

Por eso, hemos venido insistiendo, en que, la consolidación de la producción, es básica para el mantenimiento del empleo, de la renta, de las prestaciones sociales y de los presupuestos de todo el sector público, que se han elaborado en base a un crecimiento que se está evaporando continuamente y que, para ello, debíamos  reconvertir nuestra economía, con un sector de la construcción en crisis, potenciando la producción competitiva, para mantener la facturación general. 

Si desciende el consumo, se producirá, en paralelo, un ajuste de la producción y, con ello del empleo. Los desempleados dejarán de aportar y pasarán a ser receptores de prestaciones sociales y la recaudación  irá descendiendo, ya que los valores y transacciones, al reducirse, devaluarán la base imponible de los impuestos.

Si la  caída de ventas se produce en sectores básicos como los de la construcción y del automóvil, el daño será mayor, ya que, son intensivos en la creación de empleo en otros sectores y, sus transacciones, tienen los valores fiscales más elevados y afectan a los ingresos de todos los segmentos de la administración pública.

Y, después de la imposición indirecta, vendrá la reducción de la directa por el decrecimiento de las rentas de trabajo y de las actividades profesionales y empresariales.

Si no se ataja la reducción de ingresos fiscales, tendrán que ajustar todos sus presupuestos  las administraciones públicas a este nuevo nivel de facturación o, posteriormente, lo deberán hacer al recurrir al endeudamiento,  para garantizar al acreedor el cobro de capital y sus intereses.

La mejora de la participación en los impuestos, si políticamente es realizable, apenas podrá compensar el deterioro en la base imponible de la riqueza, así que, se generará una gran frustración popular al no ser alcanzados otro objetivos que el de cubrir el déficit de las cuentas públicas ¿Podrán realizarse nuevos proyectos si carecen de recursos para cumplir con las obligaciones anteriores? Y, en ese momento, se tendrá que volver a lo que hemos comentado al principio, una mejor gestión de los recursos públicos y una revisión en el modelo de producción, si aún estamos a tiempo”.

Y esto es lo que sucedió en gran parte del sector público, que no reconvirtió su gestión adaptándola a la nueva situación económica.

Este no fue el caso de Navarra que, en un artículo del 20 de abril de 2.010 que publicamos en NYR (¿SALDREMOS ESTE AÑO POR FIN DE LA RECESIÓN?), la pusimos de ejemplo. Sus buenos datos en empleo y reactivación no eran casuales. Navarra fue la primera  comunidad en aprobar un plan específico contra la crisis, a mediados de 2.008, que se sustentaba en la reducción de gastos de la administración, incremento de la inversión pública y adopción de planes sectoriales. Así fue la primera administración en aprobar un plan renove para turismos y vehículos y para autónomos.

En enero de 2.009, crearon una comisión anticrisis integrada por el Gobierno de Navarra, el Partido Socialista de Navarra, la Confederación de Empresarios y los Sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Los navarros no sólo demostraron una mejor capacidad de análisis y de la gestión de la crisis sino una mayor madurez democrática, parecían de otro país. Los que siguieron el ejemplo navarro también obtuvieron mejores resultados que el resto.

Como señalamos en nuestro artículo ”EL DESASTRE PERFECTO”, no sólo teníamos un problema en la dirección de la nave sino era más amplio y afectaba a gran parte de nuestra sociedad, de manera que concluíamos que estábamos dando un ejemplo excepcional de cara al futuro” de cómo una sociedad próspera, en una tormenta financiera histórica  puede, por una gestión incompetente, potenciada por la falta de independencia y profesionalidad de una gran parte de sus medios de información y de instituciones de representación social y la apatía de buena parte de su población y porque se olvida del principio fundamental de la navegación económica, el de que la competitividad de su sector productivo es la que determina la producción, la renta,  el empleo y hasta en nivel de ingresos públicos  y la seguridad de las prestaciones sociales, puede acabar en lo que se denominará “EL DESASTRE PERFECTO”. ¿Es normal, en pleno siglo XXI y con las posibilidades que ofrece la información cuyas fuentes se han ido democratizando, que una crisis interna, profunda y previsible como la nuestra, que estalla al finalizar el primer semestre de 2006 se consiga desplazar su origen a E.E.U.U. y al final del trimestre del 2.008 y ello arraigue en ámbitos que deberían tener un mínimo de rigor en sus análisis?  Esto lo podéis comprobar en el primer gráfico que os anexo y ampliamente, en nuestro artículo reciente sobre la BURBUJA INMOBILIARIA.

La única explicación es que, en carrera, la manipulación siempre sobrepasa a la información, tal vez porque es más rentable.

 De ahí que pienso totalmente acertadas estas consideraciones del importante artículo que el profesor D.Joaquin Muns publicó en La Vanguardia, el 6 de agosto de 2.012 “El rescate es inevitable” que entre otras razones  incluía la siguiente: “En segundo lugar, se está demostrando que España carece de madurez política para gestionar la salida de la crisis .El Gobierno cuenta cada día con menos apoyos. El líder de la oposición y los líderes sindicales viajan al exterior para hacer campaña contra el gobierno, un hecho lamentable que no se produjo ni en el caso griego.

La cooperación entre el gobierno y las autonomías se resquebraja. Visto desde fuera y también desde dentro, esta falta de colaboración de las fuerzas políticas aparece como un fenómeno incomprensible y como una decepcionante prueba de inmadurez política del país ante un reto de la envergadura del que tenemos”.

Mientras gran parte del sector productivo privado inició una profunda reconversión, algunos con anterioridad al estallido de la burbuja inmobiliaria, este proceso no se siguió en nuestro sector público.   

Uno de estos casos de más grave incompetencia se dio en Catalunya. Fijaos en el conjunto de gráficos que se anexan, los 4 últimos editados por la Generalitat que acompañan a los presupuestos del 2.011.

Mientras duró el boom inmobiliario, los gastos fueron en paralelo al enorme crecimiento de ingresos debidos a la expansión de la construcción. Cuando, a partir del primer semestre 2.006, estalla la burbuja inmobiliaria los gastos continúan creciendo con independencia de los ingresos. Los gestores públicos continuaron gastando hasta el 2010, como si la burbuja inmobiliaria no tuviera límites y eso que en muchos pueblos de Catalunya los pisos valían tanto como en el centro de Berlín. En un momento en que los ingresos gestionados por la Generalitat habían descendido a la mitad, el número de empleados públicos pasó de 147.793 en enero del 2.007 a 165.774 en enero del 2.011 (Informe PIMEC 5/2.012).

Mientras, se paralizaron muchas inversiones en infraestructuras por el desacuerdo entre los componentes del tripartito por la visión “ecológica y social” de una buena parte de sus miembros.

La gestión pública de las condiciones de competitividad del sector productivo fue empeorando durante este periodo de manera que, un buen número de empresas y particulares, se deslocalizaron tanto al exterior como en el interior buscando un marco legal, laboral y fiscal más favorable para sus patrimonios y sus productos.   

Cuando, en el 2.010 se produce el relevo y accede el Sr.Mas a la presidencia, le dejan una herencia catastrófica en endeudamiento, déficit público, paro y recesión.

En ese momento se produce un hecho que resulta difícil de explicar. No se denunció a la ciudadanía  las causas y los responsables de la gravísima situación económica recibida que hacía prácticamente inviable el futuro de la institución que presidía. ¿Si no tenían dinero ni para pagar puntualmente a los proveedores y evitar el cierre de tantas empresas por la morosidad pública, cómo podían incentivar la creación empresarial, inyectando liquidez y reduciendo la presión fiscal, para mejorar la competitividad de la economía catalana?

Hubiera bastado que recuperaran los datos de las dos legislaturas de Jordi Pujol previas al 2.003, para demostrar que los anteriores gestores de su partido, a pesar de que la reactivación de la economía no comenzó hasta el final de la primera legislatura, dejaron a la Generalitat con un endeudamiento controlable y con unas cifras de empleo, crecimiento económico e inversión públicas notables.

Todo ello facilitó que al día siguiente de los primeros recortes sociales se convirtieran los responsables de este desastre en los principales  promotores de la protesta social ante la necesaria intervención quirúrgica de las finanzas echándole la culpa al cirujano,  con el objeto de ocultar su responsabilidad.

Esto nos lleva a las siguientes reflexiones ¿Cómo una sociedad adulta, culta y tan exigente hasta en el mínimo detalle, tenía tan mala información sobre la crisis que permitió a sus dirigentes seguir malgastando como si no existiera hasta 4 años después de su eclosión y descuidar la economía, base de los derechos sociales, aplazando la reconversión en el sector productivo, necesaria para compensar el descalabro de la construcción? ¿Qué confianza podemos tener en tantos medios, comunicadores y economistas que nos hablan de un futuro que no existe si no supieron analizar y criticar un presente en el que vivían, abandonando la defensa de los intereses de su pueblo? Entonces, ¿al servicio de quién están?¿Que crédito merece una clase política que tan torpe e incompetentemente nos ha gestionado, para que podamos confiar en ella para salir de esta catástrofe en la que nos han metido?

Y el problema es que como la ciudadanía no ha identificado  ni los orígenes ni la autoría de esta ruina, ya que sus  responsables están encabezando, sin que nadie les recrimine nada, todas las movilizaciones de protesta y todo da tantas vueltas... ¿ no existe el riesgo que la dirección  pública vuelva a la misma senda y conducida por los mismos gestores que llevaron a la quiebra actual?

Y finalmente, a la vista de la experiencia reciente en naciones tan cercanas como Grecia, Portugal o Italia, ¿es que nadie ha reparado en que en los países insolventes la dirección política, su programa de gobierno y hasta sus proyectos de futuro no los deciden sus ciudadanos sino otros que no participan en sus elecciones, el voto de los acreedores?

 DANIEL IBORRA FORT.

ANALISTA DE INVERSIONES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2.012

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